La mercantil de la salud particular que muchos llaman privada debe devolver al Estado lo robado al Estado mediante fórmulas jurídicas del toco mocho y sus malhechores y políticos colaboradores deben ser conducidos a los tribunales para ser juzgados por el saqueo al Estado y perjuicios causados

Privatizaciones sanitarias, enemigas de la vida, no nacieron ayer

Diario Octubre / 16.06.2020

Redacción UyL.— Como en la célebre película francesa de 1993 Les visiteurs (Los visitantes ¡No nacieron ayer! fue titulada en nuestro país), las privatizaciones en la sanidad madrileña y española tampoco comenzaron ayer. Aunque resulta difícil situar una fecha que marque su inicio exacto, lo cierto es que el germen privatizador fue inoculado ya cuando Felipe González, insigne representante de la socialdemocracia hispana y según los documentos desclasificados parcialmente por la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) creador de los GAL, nombró en 1990 a un banquero y político franquista para presidir la Comisión “de expertos” (siete de sus nueve miembros tenían intereses directos en la sanidad privada y/o el negocio farmacéutico) encargada del “análisis y evaluación del Sistema Nacional de Salud (SNS)”.

El 25 de septiembre de 1991 la citada Comisión parió el conocido como Informe Abril Martorell, en honor al insigne fascista que la había presidido. Las 64 recomendaciones de dicho informe no pudieron ser aplicadas en ese momento por la fuerte oposición popular que hubieran levantado, pero precisamente para eso la democracia burguesa monta la farsa de la alternancia política: el PSOE abre el camino y luego un PP “de refresco” profundiza en la senda privatizadora ya trazada. Y si eso no funciona siempre cuentan con fuerzas “progresistas” reclamando fervientemente la firma de un “Pacto de Estado” en este caso “por la Sanidad”.

Tanto gobiernos centrales como autonómicos han ido aplicando paulatina y obedientemente las líneas maestras que marcaba el “Informe Abril” para desmantelar y privatizar la sanidad pública en todo el Estado. El rubicón legal fue la aprobación de la Ley 15/97 de nuevas formas de gestión del SNS, ya bajo el gobierno de un “centrista” Aznar (pero contando con el necesario voto favorable del PSOE y el apoyo público de CCOO).

Y de aquellos polvos estos lodos. La privatización de la sanidad madrileña, al igual que en el resto del Estado es, por tanto, un proceso con un desarrollo de más de 20 años llevado a cabo silenciosamente gracias a la complicidad de sindicatos corporativos y “de clase”, colegios profesionales y organizaciones satélites de la socialdemocracia y el reformismo como la FADSP (Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública). ¿Dónde se encontraban cuando se “externalizaron” los servicios de limpieza, mantenimiento, cocina, lavandería, ambulancias, historias clínicas,…? ¿O mientras se abrían los 11 hospitales de gestión privada en la Comunidad de Madrid (CM), se cerraban laboratorios públicos de análisis clínicos para centralizarlos en un laboratorio privado, más de 5000 sanitarios eran transferidos desde hospitales públicos a los nuevos de gestión privada o se cerraban miles de camas en los grandes hospitales públicos madrileños?

El deterioro y recortes en la sanidad madrileña no son de hoy. Ayuso viene a efectuar el remate final del maltrecho sistema público de salud. Sus antecesoras y antecesores en el cargo le dejan el trabajo bastante adelantado y criticar los actuales recortes pero sin ir a la raíz del modelo que ha originado y posibilitado el lento desmantelamiento de una sanidad pública, gratuita y de calidad es, además de poco efectivo, generar un placebo de protesta pero permitir que las cosas sigan igual de mal.

En los territorios de “gobiernos de progreso” las cosas no han ido de diferente manera. Por citar tal vez uno de los ejemplos más paradigmáticos, en el País Valencià nos vendieron y se vendió como un éxito de gestión gobernante progresista el regreso a la gestión pública del Hospital de la Ribera Alta y el correspondiente Departamento de Salud, aquel que dio nombre al desastroso modelo de gestión sanitaria privada financiada con fondos públicos, el “modelo Alzira. No se trató de ningún “rescate” o retorno a lo público de lo privatizado, sino, sencillamente, de la no renovación de una concesión administrativa que caducaba después de 20 años parasitando a la sanidad pública, además se obvia explicar que la vida útil de un hospital no va más allá de 25 años y, probablemente, en el próximo período requerirá una fuerte inversión para su reforma (ya no era tan rentable para la empresa adjudicataria). El nuevo “Botànic” asume claramente que dejará al parásito empresarial desangrándonos hasta el final permitiendo que concluyan las concesiones todavía existentes; quedan por recuperar para la gestión pública directa los hospitales de Torrevieja, Elx-Vinalopó, Dénia y Manises cuyas respectivas concesiones finalizan entre 2023 y 2025. Ahí siguen, como siguen privatizadas las lucrativas resonancias magnéticas, las listas de espera o como sigue el serio déficit de personal sanitario que sufre la sanidad pública valenciana.

No nos equivoquemos, en la defensa de una sanidad pública, sin repagos, universal y de calidad no basta con el mal menor. No basta con no privatizar más. Es necesario exigir y- luchar hasta lograrlo- la reversión de todo lo privatizado y de todos los servicios que conforman la atención sanitaria (de limpieza, a lavanderías, a pruebas especiales, etc…) y la derogación de la Ley 15/97.

Mientras existan las empresas en el ámbito de un servicio público éste deja de ser un servicio para el pueblo trabajador y pasa a ser un nicho de mercado. No hay pacientes sino clientes y no se trata a la persona como un ser humano, sino que se la trata (o no) en términos de rentabilidad. Tenemos el doloroso ejemplo de las personas ancianas que fueron abandonadas sin atención médica, enfermas de covi-19, y sólo fueron atendidas aquellas que tenían un seguro privado y podían pagar la atención sanitaria.

La defensa de la Sanidad Pública no debe quedar cautiva de organizaciones médicas o sectores profesionales. Ahora, más que nunca, debemos resaltar la lucha coherente que organizaciones como la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS-Madrid) llevan a cabo desde hace décadas. También debemos pasar a una contraofensiva obrera y popular en defensa de la sanidad pública y en retorno de todo lo privatizado. Ahora ya sabemos que es la única salida viable. Nos va la vida en ello.#TuLuchaDecide.

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