El del PSOE ha sido un
congreso apacible en medio de un mar embravecido. Una contradicción que solo lo
es en apariencia: para Sánchez, se trata de aguantar. Nada más.
Con el cierre de filas en torno al líder no se para a
la derecha
El Viejo Topo
12 diciembre, 2024
La celebración del reciente Congreso del PSOE se ha producido en un contexto internacional y geopolítico crecientemente inestable, por un lado, y de centralidad mediática y judicial de la nueva sombra de corrupción que afecta al denominado sanchismo, especialmente la que afecta a quien fue número 2 de ese partido, José Luis Ábalos, por otro.
A la vista de
estos condicionantes, el desarrollo de este mitin congresual en Sevilla era
previsible: máxima demostración de cierre de filas en torno al líder
carismático y a su Manual de resistencia, así como
reafirmación de la apuesta por seguir jugando a fondo la baza del
chantaje (“que vienen la derecha y la extrema derecha”) para poder
disciplinar a sus socios en el gobierno y en el parlamento. Por esas vías,
Sánchez busca alcanzar su propósito de aguantar en Moncloa hasta 2027 y, pese a
los malos augurios de las encuestas, ganar las próximas elecciones. Como era de
esperar, tampoco ha habido ningún conato de autocrítica en relación a muchas de
las políticas desarrolladas en estos años, ni siquiera por su
corresponsabilidad en la inacción inicial ante la trágica catástrofe de la
dana, pese a que los reproches han venido de muy distintos sectores, incluso de
algunos de sus socios, como Compromís y Podemos.
Retórica
social-liberal, asistencialismo en precario y euroatlantismo
Si prestamos atención a la Ponencia-Marco del
Congreso, titulada “España 2030. Un socialismo que avanza, una España que
lidera”, es justo reconocer algunos signos de una retórica más radical contra
los “megarricos” en defensa de “la clase media y trabajadora”, pero pocas
novedades programáticas. En efecto, el documento empieza anunciando cuatro
grandes retos en el horizonte de 2030, lo que suena muy lejano en estos tiempos
de aceleración reaccionaria: desarrollar un patrón de crecimiento distinto
y hacer frente a la emergencia climática (tendrían que explicar cómo pueden ser
compatibles lo primero y lo segundo…); enfrentarse a la transformación del
orden global y, finalmente, responder al “auge de los valores autoritarios y de
la internacional ultra”.
Sigue a
continuación el intento de magnificar los “imposibles que logramos” en la
última etapa (con la reforma laboral, pese a sus limitaciones, en primer lugar)
y el anuncio de los “imposibles que lograremos” (con el proyecto –difícilmente
viable con sus aliados PNV y Junts- de blindaje constitucional de las
conquistas sociales), para luego pasar a definir un proyecto de país con diez
metas: la primera de ellas (“Una economía más competitiva, justa y sostenible”)
sitúa ya el marco de las que van exponiéndose luego: reducción de la jornada
laboral, educación de calidad, viviendas para todos, combatir la desigualdad en
todas sus formas, Estado autonómico reforzado, democracia plena que plante cara
a la desinformación, vocación de liderazgo del proyecto europeo, apoyo a
la (falsa) “solución de los dos Estados en Israel y Palestina” y refuerzo de la
“autonomía estratégica” de la UE en materia de defensa con la coartada de la
guerra de Ucrania.
Junto a la
medida más difundida de una reducción de jornada, cuyo contenido concreto está
por ver, entre las novedades concretas que pueden llamar la atención cabría
destacar la creación de un “escaño ciudadano” en el Congreso y en el Senado
para que puedan intervenir representantes de la sociedad civil; el derecho a
voto a partir de los 16 años y la convocatoria de Convenciones ciudadanas
deliberativas; la prohibición de la conversión de viviendas residenciales en
turísticas y de temporada, la creación de una empresa estatal para creación de
vivienda pública y la exigencia de que las hipotecas y los alquileres no
superen el 30% de los salarios; la reforma del sistema de financiación
autonómica (con una formulación lo suficientemente ambigua para contentar a
todas la baronías…); o, en fin, la derogación del Acuerdo de 1979 con la
Iglesia católica en asuntos culturales y educativos…
Algunas de esas
promesas suenan ya a mera repetición de las incluidas en anteriores Congresos,
mientras que destaca la escasa atención que se presta a la (necro)política
migratoria (solo se menciona la necesidad de “un modelo de inmigración que
garantice un flujo constante”) o la ausencia de una política fiscal que vaya
más allá de una genérica referencia a que se obligará (¿cómo?) a las grandes
empresas a repartir una parte de los escandalosos beneficios alcanzados en
estos últimos años1. Por no hablar de la siempre aplazada derogación de la ley
mordaza y de la ley de secretos oficiales; o de la reforma democrática y
urgente del poder judicial (¿dónde queda aquel anuncio de regeneración
democrática?); o de la falta de concreción de lo que puede significar
“ahondar en el proceso de federalización del Estado”; o, last but not
least, el silencio total sobre el derecho de autodeterminación del pueblo
saharaui, confirmando una vez más su
complicidad con el régimen represor marroquí .
Sin embargo,
del interés que haya podido tener esta ponencia-marco en el Congreso sólo ha
trascendido el triunfo de las mal llamadas feministas clásicas con
su enmienda destinada a impedir la inclusión de la Q+ junto a LGTBI. Algo que
se consiguió gracias al lobby encabezado por la ex
vicepresidenta Carmen Calvo, y que finalmente fue aprobado en el pleno con un
muy bajo porcentaje de participación2. Una decisión que supone un grave paso atrás en el reconocimiento de la
diversidad, contribuye a fomentar la transfobia, envalentona a las derechas en
su guerra cultural y aleja al PSOE de una posición que cuenta
con un amplio consenso en el grueso del movimiento feminista; sobre todo, entre
sus nuevas generaciones.
En resumen,
Sánchez ha aprovechado el Congreso para exigir fidelidad a la militancia frente
al acoso judicial, político y mediático que está sufriendo, sobre todo, desde
la aprobación de la ley de amnistía (queriendo dejar en el olvido que no
protestó e incluso fue cómplice del que en el pasado afectó al soberanismo
catalán y a Podemos). Al mismo tiempo, ofrece un proyecto de gobierno lo
suficientemente ambiguo en las cuestiones fundamentales que le confrontan con
el PP para intentar atraer a una parte de su electorado e incluso restablecer
con ese partido un bipartidismo por sentido de Estado. Tarea esta
difícilmente viable, incluso como estamos viendo ante la emergencia
migratoria en Canarias, ya que el PP sigue bajo la presión no sólo de
Vox (dispuesto a reivindicar sin complejo alguno el legado de la dictadura
franquista cuando se acerca el 50 aniversario de la muerte de su fundador),
sino también de la procedente de la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Isabel Díaz Ayuso, ambos reforzados por la victoria electoral de Trump. Además,
teniendo en cuenta la heterogeneidad de sus aliados en el parlamento, tampoco
es previsible que algunas de las leyes y medidas progresistas prometidas,
empezando por su inclusión en los presupuestos, lleguen a buen puerto.
Así pues, nos
vamos a encontrar con un PSOE que va a seguir por la senda de un reformismo
sin reformas estructurales que cuestionen los intereses del gran
capital y las bases del régimen monárquico del que este mismo partido ha sido y
es un pilar fundamental. No será por ese camino como va a poder frenar la
amenaza real del bloque reaccionario ni tampoco, pese a los buenos datos
macroeconómicos, atenuar la agravación de las desigualdades. Sólo cabe, en la
mejor de las hipótesis, que trate de neutralizar la conflictividad social
atendiendo a determinadas demandas, como en el caso de la lucha por una
vivienda digna; pero difícilmente lo logrará si ni siquiera pudo salir adelante
en el parlamento el impuesto sobre los alquileres de temporada.
Este impasse estratégico
en el que ha entrado el PSOE no es ajeno a la evolución que caracteriza desde
hace tiempo a un social-liberalismo atlantista que tiende a perder centralidad
en muchos países, como estamos viendo ahora en Francia y muy probablemente en
Alemania tras las elecciones generales de febrero. En ese contexto, en el caso
español, la resiliencia en el gobierno aparece cada vez más
como una anomalía gracias a que ha conseguido anular el potencial rupturista de
los partidos que emergieron a su izquierda –Podemos y luego Sumar–, y, a la
vez, mantener una política de pactos con fuerzas de ámbito no estatal, en
Euskal Herria y Catalunya principalmente, a cambio de modestas concesiones
prácticas.
Con todo, esta
política del miedo frente al mal mayor no va a durar siempre
en unos tiempos en los que el malestar social y la desafección política,
acrecentados ahora por las consecuencias de la catástrofe de la dana, van a
seguir aumentando. No serán las políticas de este gobierno las que vayan a
evitar que el bloque reaccionario logre capitalizar la extensión de la antipolítica entre
nuevos sectores del electorado.
Miedo a la
democracia interna
En el plano organizativo, también ha quedado evidente
la consolidación de un modelo de partido basado en un cesarismo cada
vez más reforzado en torno al líder máximo, como ya ha criticado uno de los
pocos delegados de Izquierda Socialista que asistieron al Congreso, Manuel de
la Rocha Rubí3: según él
mismo ha comprobado, ha habido una demostración clara de “miedo a la
democracia”, manifestada incluso en la “negativa a debatir la gestión en el
Congreso, vulnerando un principio democrático básico y un artículo clave de
nuestros Estatutos”, y se ha instalado una total subordinación del partido al
propio gobierno; algo que ha quedado más visible si cabe con el número de
ministros y ministras que forman parte de la nueva Comisión Ejecutiva Federal;
definitivamente, concluye, “la posición del Partido la fija el Gobierno y no al
contrario, ni siquiera con posibilidad de que haya una influencia mutua”.
El caso de
Madrid, con la dimisión forzada de Juan Lobato como secretario general del PSM,
independientemente de la opinión que se tenga sobre su comportamiento ante el
caso de la pareja de Díaz Ayuso, es otra muestra clara de esas prácticas, como
justamente ha criticado Izquierda Socialista de Madrid (“¡Las formas
importan!”) ante la prohibición de reuniones para poner en pie alguna
candidatura frente a la oficialista, encabezada por el actual ministro Oscar
López.
Así que,
definitivamente, bajo la máxima hacer de la necesidad virtud, se ha
consumado el triunfo de un modelo de liderazgo plebiscitario que sólo aspira a
mantenerse en el gobierno haciendo algunas concesiones a sus aliados de
investidura en áreas que no afecten al núcleo duro de la economía política que
se dicta desde la UE, principalmente desde la Comisión Europea y el Banco
Central Europeo.
Vacío a la
izquierda
A estas perspectivas sombrías se añade la trágica
ausencia de fuerzas políticas a la izquierda del PSOE capaces de construir una
alternativa frente a las políticas divisoras de las clases populares que
practican las derechas, pero también al social-liberalismo menguante de
Sánchez. Ni Sumar –adaptado cada vez más a los límites que marcan la Moncloa y
la UE–, ni Podemos –pese a sus esfuerzos por aparecer ahora hipercrítico de un
PSOE con el que, sin embargo, sigue aspirando a gobernar– tienen ya
credibilidad para ser referentes en la ardua tarea de recomponer una izquierda
dispuesta a extraer las lecciones del ciclo abierto por el 15M y el procés catalán
con el fin de ofrecer un camino de refundación que no esté subordinado a la
política institucional.
Tampoco en el
plano más social las direcciones de los grandes sindicatos, CCOO y UGT,
subordinadas a su vez a lo que marque el gobierno, aparecen hoy como el marco
de referencia para una recomposición de un movimiento obrero dispuesto a hacer
frente a una patronal y a un gran capital cada vez más propensos a favorecer la
llegada al gobierno del bloque reaccionario.
Con todo, las
movilizaciones por una vivienda digna en prácticamente todo el territorio del
Estado español –expresiones reales de una lucha de clases que atenta
directamente contra el capitalismo rentista–, al igual que la admirable
respuesta solidaria del pueblo valenciano y de otros lugares del Estado frente
a la catástrofe ecosocial de la dana, así como las distintas formas de
resistencia que se están dando en distintos sectores –como en la sanidad y la
educación– o en la solidaridad con Palestina muestran síntomas esperanzadores
de que se pueda ir reabriendo un nuevo ciclo de movilizaciones desde abajo y a
la izquierda en el próximo periodo. Será de esas experiencias de las que habrá
que ir aprendiendo para buscar nuevas formas de confluencia en las luchas y en
los debates de actores colectivos renovados; y, con ellos, generar nuevas
iniciativas que permitan construir un frente común político y social, capaz de
hacer frente a la amenaza reaccionaria y de acumular un potencial
contrahegemónico desde los barrios y los centros de trabajo. Sólo así podremos
volver a poner en el centro la necesidad de una estrategia de transición
ecosocial y de ruptura democrática con este régimen y con el bloque de poder
que lo sustenta.
Notas
- 1. Como critica Andreu Missé: “La reforma fiscal llevada a cabo por el
Gobierno (PSOE y Sumar) y sus socios es de mínimos. Más bien, parece una
sucesión de parches. El acuerdo alcanzado en el Congreso ha aprobado el
impuesto a la banca, el aumento de las rentas de capital, a los
hidrocarburos y al tabaco. Pero ha tenido que dejar para una nueva ley el
impuesto a las energéticas. Y han sido descartados los impuestos a las
inmobiliarias (Socimis), los seguros privados, bienes de lujo y diesel y
el IVA a los pisos turísticos”, “Insolidaridad de bancos y energéticas”,
Alternativas económicas, diciembre 2024, 130, p. 3).
- 2. “La historia tras las enmiendas del PSOE sobre las siglas
LGTBIQ+”, Ana Requena y José Enrique Monrosi, 3/12, 24
- 3. “Congreso socialista y crítica a la gestión”, eldiario.es,
6/12/24
Fuente: viento sur
