El triunfo talibán malogra 20 años de sacrificio
español con 104 muertos y más de 3.500 millones en gasto militar
Por Ángel
Munárriz
Rebelión
18/08/2021
Fuentes: Info Libre [Foto: Milicias talibanes patrullan este lunes las calles de
Kabul (EFE)]
«Fallecieron
dando lo mejor de sí mismos, sus vidas jóvenes, para dar la paz y la libertad a
otros”, solemnizó Margarita Robles hace poco más de tres meses en
referencia a los más de 100 militares españoles muertos en Afganistán. La toma
de Kabul por los talibanes, con su ideología fundamentalista y opresiva a
cuestas, oscurece hoy las palabras de la ministra de Defensa, pronunciadas el
13 de mayo con motivo del regreso a España de las últimas tropas destinadas al
país centroasiático. Sí, la palabra «libertad» suena ahora casi a sarcasmo.
Tras cerca
de 20 años de participación en el conflicto, con el servicio de más
de 27.000 hombres y mujeres, más de 3.500 millones de euros gastados y 104
muertos, entre ellos los 62 del Yak 42, España deja su operación
internacional más larga y que más bajas ha causado en democracia –según recalca
en un informe el Instituto de Seguridad y Cultura–, sin haber cumplido el
objetivo central de consolidar un Estado estable, democrático y con derechos
garantizados en el que los fundamentalistas no fuesen un actor político clave.
Todas las
sombras que se pretendía disipar –Afganistán como infierno para la mujer,
refugio de terroristas y epicentro de una crisis de refugiados– se ciernen
ahora sobre la tierra de los «señores de la guerra».
La participación española
El
análisis del papel español obliga a mirar al 11S. Bush reaccionó de manera
fulminante tras concluir que el régimen talibán daba amparo a Bin Laden. Era el
inicio de la «guerra global contra el terrorismo», que encontraría continuidad
en Irak bajo la falsa excusa de las armas de destrucción masiva. A diferencia
de la invasión de Irak, la invasión de Afganistán sí tuvo amparo de la ONU.
España se sumó desde el minuto 1. El Consejo de Ministros, en sesión de 27 de
diciembre de 2001, aprobó el despliegue con José María Aznar como presidente y
Federico Trillo como ministro de Defensa.
Las primeras tropas, 350 militares, llegaron en enero de 2002. El primer objetivo era prestar apoyo médico y logístico, así como buques y
helicópteros, a la misión «Libertad Duradera», nombre que casi 20 años después
ha quedado dramáticamente desmentido con la toma de Kabul por los talibanes.
Hasta
2014, la participación española se enmarcó en la Fuerza Internacional de
Asistencia para la Seguridad (ISAF), una coalición de la OTAN liderada por
Estados Unidos. España se hizo cargo de la reconstrucción de la
provincia de Bādgīs, al noroeste, con capital en Qala-i-Naw. La
participación española estuvo «principalmente dirigida a contribuir a la
estabilización y la gobernanza de Afganistán», según el balance del
Instituto de Seguridad y Defensa, centrado en asuntos de defensa y
extremismo.
El grueso
de las fuerzas españolas empezó a retirarse a partir de 2015, con la práctica
finalización de las operaciones de combate y el comienzo de la operación Apoyo
Decisivo, bajo mando de la OTAN. España mantuvo en torno a medio millar de
efectivos, «centrados en el adiestramiento, asesoramiento y mentorización» de
militares y policías afganos, según Defensa. A ello se sumaba el control del
aeropuerto de Herat, al oeste del país. A finales de 2015, una vez Obama había
anunciado ya la salida progresiva de sus tropas, España dejó Herat y
redujo su despliegue a un contingente mínimo en Kabul. En 2018 adaptó
su aportación a esta misión con el despliegue de una Fuerza de Operaciones
Especiales, unidad que se replegó el en mayo de 2021, en lo que
supuso el regreso a casa de las últimas tropas en el país centroasiático, en
la estela de Estados Unidos.
104 muertos, 3.500 millones y el Yak 42
La guerra
ha supuesto para España 104 muertos, según el Departamento de Seguridad
Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Los fallecidos son 97
militares, tres guardias civiles, dos policías nacionales y dos intérpretes.
Tres
hechos trágicos marcan el capítulo luctuoso. El primero es el accidente en 2003
del avión Yak 42, cerca del aeropuerto de Trebisonda, en Turquía,
con 62 militares muertos. La responsabilidad del accidente fue de Defensa,
siendo ministro Federico Trillo, según dictaminó el Consejo de Estado. El caso
se elevó a escándalo por las deficiencias del vehículo, la errónea
identificación de los cuerpos y las mentiras denunciadas por los familiares.
María Dolores de Cospedal, siendo ministra de Defensa, llegó a pedir perdón «en nombre del Estado«. Otro accidente, en este
caso de un helicóptero Cougar, costó la vida a 17 soldados
españoles en 2005 al sur de Herat. El tercer acontecimiento fue el ataque a
la embajada en Kabul en 2015, que causó la muerte de dos policías. La embajada «no
contaba con la seguridad necesaria», según el Instituto de Seguridad y Cultura,
que considera que los dos accidentes y el asalto «plantearon dudas sobre la
gestión del despliegue, tanto a nivel de recursos como operativo».
El coste
de la participación española ha superado holgadamente los 3.500 millones.
La cifra fue aportada por Defensa al cierre de la misión de la ISAF. Es decir,
se deja fuera al menos el periodo 2015-2021. infoLibre preguntó al ministerio
por el coste total, sin respuesta. Álvaro De Argüelles, especialista en estudios
internacionales y derecho y colaborador de El Orden Mundial,
recalca que el grueso del esfuerzo se realizó entre 2002 y 2014, con lo que
esos 3.500 millones pueden ser una cifra «representativa» del coste de la
guerra para las arcas públicas, aunque lógicamente por lo bajo. «Desde 2015, el
papel español ha sido mucho menos relevante», añade. El Centro Delàs de
Estudios por Paz suma a los 3.500 millones casi 198 millones más de la
participación española en la operación paralela Libertad Duradera.
Un legado en peligro
El
balance de Defensa destaca la tarea de adiestramiento, 1.400 misiones de
desactivación de explosivos, los trabajos en el aeropuerto de Herat y la
creación de infraestructuras de primera necesidad. «Las misiones
españolas han tenido esa impronta humanitaria y de empatía con los más
vulnerables, en orfanatos y colegios de Qala-i-Naw, siendo testigos de
la integración de niños y niñas en sus aulas», señalaba Defensa en mayo.
De
Argüelles, de El Orden Mundial, coincide en destacar que, al haber
sido asignada a España una provincia «relativamente estable, sin máximo riesgo
militar», las tareas se centraron en el «desarrollo de la zona». «Cuando llegó
España [a Bādgīs], ni siquiera podía hacer aterrizajes, porque no había un
kilómetro de carretera asfaltada. A veces se habla de áreas medievales, y es en
cierto modo un cliché, pero lo cierto es que es una zona muy atrasada», señala
De Argüelles, que destaca el papel de la Agencia de Cooperación.
El avance
talibán, señala De Argüelles, tendrá un impacto especialmente negativo en todo
lo relacionado con las fuerzas policiales y militares afganas, así como con el
intento de construir un «nuevo Estado». ¿Qué quedará ahora de eso, elementos
centrales del empeño español? Poco, es de temer. «Quizás lo que quede sean las
infraestructuras», añade el investigador, pendiente aún de qué uso les darán
los talibanes. Y está también, dice, «la semilla» dejada, sobre todo en
derechos de las mujeres. Semilla que ahora puede ser pisoteada. Le preocupa
además el destino de todas las armas facilitadas por Occidente a policías y militares
locales.
En la estela de Estados Unidos
En un
artículo de mayo en eldiario.es, Jesús
Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre
Conflictos y Acción Humanitaria, hacía un balance aún más
sombrío, poniendo el énfasis en el «férreo secretismo», así como en el
«empeño en hacer pasar por acción humanitaria» la reconstrucción de Qala-i-Naw,
«cuando en realidad eran acciones que servían al cumplimiento de la misión
militar». No obstante, la causa central de crítica es que el papel de
España haya venido determinado, más que por la realidad de Afganistán, por el deseo
de contentar a Washington, en especial como compensación de la retirada de Irak
en 2004 con José Luis Rodríguez Zapatero.
«La manera de restañar la herida […] fue aumentar el volumen del
contingente en Afganistán, aunque para ello hubiera
que retirar el desplegado hasta aquel momento (marzo de 2006) en Haití. Se
atendía, así, no a las necesidades afganas, sino a la urgencia por recuperar
una buena relación con EEUU, aunque eso conllevara el subsiguiente enfado de
Brasil (como líder de la operación de la ONU en Haití) y una pérdida de
protagonismo en el ámbito latinoamericano», añade Núñez Villaverde, para quien
ningún gobierno ha tenido «estrategia propia».
Es un
diagnóstico de todos los analistas: España ha ido actuando conforme guiaba la
Casa Blanca, tanto con Bush como con Obama, Trump –cuya Administración acordó
con los talibanes en 2020 la salida de las tropas de EEUU– y finalmente con
Biden, que aceleró la salida. «Eso, inevitablemente, nos hace compartir
sus equivocados enfoques y, del mismo modo, una derrota sin paliativos»,
analiza Núñez Villaverde.
También
observa enfoques equivocados Alejandro Pozo, investigador del Centro Delàs de
Estudios por la Paz, que ya hacía un diagnóstico crítico en un análisis de 2014, donde
recalcaba que «la misión más costosa de la historia del intervencionismo
militar español, tanto en términos humanos como económicos», se había servido
de un barniz humanitario que disimulaba la realidad. «Al menos 92 de cada 100
euros destinados por España a Afganistán han sido estrictamente militares, para
financiar las operaciones ISAF y Libertad Duradera. Los 8 euros restantes
tendrían una lógica […] de mejora de la aceptación de la población local y de
facilitación de la presencia militar y su seguridad. En España, esos proyectos
han contribuido a justificar políticamente la presencia militar en Afganistán»,
escribía Pozo, que alertaba de que ni el desarrollo en infraestructuras se
prolongaría más allá de la intervención militar, ni el terrorismo había sido
neutralizado, ni el avance en derechos se había consolidado. Ahora, en
conversación con infoLibre tras la toma de Kabul por los talibanes, se expresa
desde la «tristeza», pero también desde la «rabia» por una intervención militar
que considera errónea y de la que ve a España como comparsa de los intereses de
Estados Unidos.
«Entre no
hacer nada, que era lo que Estados Unidos hacía en Afganistán por su población
antes del 11S, y desplegar cientos de miles de soldados hay muchas opciones que
no se han explorado. Se optó por la intervención militar y ahí entró
España, sin chistar», señala Pozo, que rechaza el argumento a favor de
la guerra, usado durante las últimas dos décadas, según el cual Afganistán
había mejorado significativamente gracias a la intervención. «EEUU ha
gastado 1 billón de dólares, que era 400 veces el PIB de Afganistán en 2001, a
pesar de lo cual sigue ocupando la antepenúltima posición en el Índice de
Desarrollo de Género de 2019 del PNUD y la última en el Índice de Paz Global
del Instituto por la Economía y la Paz. Lo que está pasando es tristísimo,
pero no es que se haya pasado del cielo al infierno. Las mejoras alcanzadas no
se corresponden ni de lejos con un gasto de esas dimensiones».
¿Qué se
podía haber hecho? Pozo señala que Afganistán arrastra un problema histórico de
intervencionismo, siendo escenario de «miniguerras frías» entre India y
Pakistán o Arabia Saudí e Irán, entre otras. «La estrategia de EEUU, en vez de
trabajar para reducir esas injerencias y crear relaciones diplomáticas y de
cooperación, ha sido tirar bombas. Se han dedicado a intentar ganar influencia
y reducir la de rivales directos, observando a Afganistán como un espacio vacío
que se podía ocupar», explica.
¿Y
España? El Gobierno, dice Pozo, «tiene que dar una explicación». Como recuerda
el investigador, el comandante del mando de Operaciones, general Francisco
Braco, le dijo al rey «misión cumplida» en
mayo, una afirmación que el tiempo pone más que en cuestión. «Si la
misión era echar un cable a Estados Unidos, en efecto, sí, ha sido una misión
cumplida. Pero esto jamás se ha explicado. Estados Unidos no
necesitaba nuestra fuerza militar. Hemos sido más útiles con la cesión de
espacio aéreo y bases militares y dando cobertura política internacional a la
intervención. El coste ha sido de más de cien vidas y 3.500 millones. ¿Para qué
ha servido, exactamente? Ahora deben explicarlo».
La teoría y la realidad
La
situación actual, con los talibanes dominando Kabul, conmociona al mundo. Pero
había voces que advertían de un escenario así. El Instituto Español de Estudios
Estratégicos, un think tank encuadrado en Defensa, publicaba
esta alerta en marzo, en un informe de Óscar
Ruiz, militar destinado en el Cuartel General de la OTAN en Bélgica, y
Pilar Rangel, profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales de la Universidad de Málaga: «La multitud de factores
(terrorismo, drogas, Pakistán, corrupción, refugiados, pobreza extrema…) hacen
temer lo peor si se produce una salida del país poco planeada y precipitada por
parte de las tropas aliadas, pudiendo dejar esta situación a Afganistán
a merced de los talibanes, que ni ocultan su deseo de instaurar un
Estado Islámico con estricta aplicación de la sharía, ni por
el momento han cortado sus vínculos con Al Qaeda».
Esta
advertencia contrasta con las palabras optimistas de la ministra de Defensa,
Margarita Robes, en abril: «Las líneas generales del plan de repliegue
propuesto por los EEUU ofrecen margen suficiente para asegurar que se
consoliden los progresos democráticos alcanzados en el país en materia
de derechos humanos, educación y el bienestar de las mujeres y los
niños».
Álvaro De
Argüelles advierte de otro flanco todavía abierto: la salida de los residentes
españoles, el personal de la embajada y los afganos que han colaborado. En
descargo del Gobierno, señala, puede alegarse que «nadie esperaba que el avance
talibán fuera de tal velocidad, si bien deja una pregunta en el aire: «¿Por qué
no se hizo al revés? ¿Por qué no se sacó primero a toda la gente y después se
hizo la retirada militar?».
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