«Privatización
encubierta. CNT contra las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social»
Desde
la CNT consideramos que este acuerdo, cuya efectividad va a depender de la
voluntad de cada una de las diferentes CCAA, es un paso más hacia la
privatización de la sanidad pública.
Comunicado Secretaría
Jurídica SPCC CNT
El Ministerio de Inclusión, Seguridad y
Migraciones y los “llamados interlocutores sociales” acordaron el pasado mes de
julio promover la celebración de convenios de colaboración a suscribir entre la
Consejería de Sanidad de cada una de las Comunidades Autónomas, las Mutuas
Colaboradoras con la Seguridad Social, y el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, a fin de que las mutuas gestionen las bajas traumatológicas por
contingencias comunes.
La tramitación de las bajas, su continuación y
las altas médicas, seguirán siendo competencia de los servicios públicos de
salud, siendo necesario el consentimiento informado del paciente que podrá ser
revocado en cualquier momento.
Desde la CNT consideramos
que este acuerdo, cuya efectividad va a depender de la voluntad de cada una de
las diferentes CCAA, es un paso más hacia la privatización de
la sanidad pública bajo el pretexto de “agilizar” el tratamiento durante las
bajas, y se inscribe en un movimiento de fondo cuyos origines podrían buscarse
en la ley 35/2014, de 26 de diciembre, que abrió la puerta a la gestión por las
mutuas de la prestación económica de las bajas por contingencias comunes
El falso problema del “absentismo laboral”,
concepto que integra, según pretende la patronal, las bajas médicas acordadas por
los servicios médicos; las licencias y permisos autorizados o la conciliación
familiar, unido a la “duración excesiva de las bajas” son las coartadas para
dar este nuevo paso que respondería, en palabras de un representante de la
patronal, a “un plan” bien estructurado y meditado.
Esta nueva medida, si se
implanta, contribuirá a empequeñecer aún más el perímetro de nuestra sanidad
pública; no aborda los verdaderos problemas como son su falta
de recursos y de inversión; obvia que las mutuas son entidades privadas
constituidas por empresas y velando por sus intereses y que el objetivo de
reducir, a cualquier precio, la duración de las bajas, es un serio atentado a
la salud de las personas trabajadoras, vulnerándose lo dispuesto en los arts.
15, 40 y 43 CE, de ahí nuestra radical oposición: nos va en ello nuestra salud
y el futuro de la sanidad pública.
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