Más de 2.100
personas defensoras del medioambiente fueron asesinadas entre 2012 y 2023.
Colombia registró el mayor número de asesinatos, al alcanzar la cifra récord de
79 personas asesinadas, por encima de Brasil (con 25), México (con 18) y
Honduras (con 18)
Un trágico informe
El Viejo
26 septiembre, 2024
Londres, martes
10 de septiembre de 2024. Al menos 196 personas defensoras de la tierra y el medioambiente
fueron asesinadas el año pasado por intentar proteger el planeta, según un
nuevo informe de Global Witness publicado en colaboración con socios de
todo el mundo. Las nuevas cifras elevan a 2.106 el total de asesinatos de
personas defensoras entre 2012 y 2023.
El año pasado,
Colombia resultó ser el país con la mayor tasa de homicidios de todo mundo, con
79 muertes en total, frente a las 60 de 2022 y las 33 de 2021. Se trata de
la cifra más alta registrada por Global Witness de personas defensoras
asesinadas en un país en un solo año. Con 461 asesinatos entre 2012 y
2023, Colombia ha acumulado el mayor número de homicidios de activistas
ambientales registrados en todo el mundo.
El año pasado,
otros países latinoamericanos con una elevada tasa de ataques mortales fueron
Brasil, con 25, y México y Honduras, con 18 cada uno.
Centroamérica
se ha convertido también en uno de los lugares más peligrosos del mundo para
las personas defensoras. En 2023 Honduras registró el mayor número de
homicidios de personas defensoras per cápita, con un total de 18. Ese mismo año
también se asesinó a 10 personas defensoras en Nicaragua, 4 en Guatemala y
4 en Panamá.
En todo el
mundo, los pueblos indígenas y afrodescendientes siguieron siendo víctimas de
una cantidad desproporcionada de ataques mortales: el 49 %.
Laura Furones,
autora y asesora principal de la campaña de las personas defensoras de la
tierra y el medioambiente de Global Witness, declaró:
Mientras la
crisis climática avanza apresuradamente, quienes alzan voz con valentía para
defender nuestro planeta se enfrentan a actos de violencia, intimidación y
asesinato. Nuestros datos indican que el número de homicidios sigue siendo
escandaloso y los Gobiernos no pueden mantenerse impasibles ante esta situación
completamente inaceptable: deben tomar medidas contundentes para proteger a las
personas defensoras y abordar las causas ocultas de la violencia que sufren. Las
personas activistas y sus comunidades son esenciales en cualquier labor para
prevenir y reparar los daños y perjuicios causados por las industrias nocivas
para el medioambiente. No podemos permitirnos la pérdida de más vidas; no lo
toleraremos.
Si bien sigue
siendo difícil establecer una relación directa entre el homicidio de una
persona defensora e intereses empresariales concretos, Global Witness
determinó que la minería fue el mayor móvil industrial con diferencia, con
25 personas defensoras asesinadas tras oponerse a operaciones mineras en
2023. Otros sectores involucrados fueron la pesca (5), la explotación forestal
(5), la agroindustria (4), las carreteras e infraestructuras (4) y la energía
hidroeléctrica (2).
En total, 23 de
los 25 asesinatos vinculados a la minería en todo el mundo el año pasado
ocurrieron en América Latina. Por otra parte, más del 40 % de todos
los asesinatos relacionados con esta industria entre 2012 y 2023 tuvieron lugar
en Asia, región que cuenta con importantes reservas naturales de los
principales minerales críticos para las tecnologías energéticas limpias.
Además de
señalarse el número de homicidios a escala mundial, en el informe también se
ponen al descubierto las tendencias más generales de las agresiones sin
consecuencias mortales y los efectos dañinos que estas tienen en las
comunidades de todo el mundo. Se destacan casos de desapariciones forzadas y
detenciones ilegales, tácticas crueles que se usan en Filipinas y México en
particular, así como el uso generalizado de la criminalización para silenciar a
personas activistas en todo el mundo.
En el informe
se analiza también la represión del activismo ambiental en el Reino Unido,
Europa y los Estados Unidos, donde cada vez se usa más la legislación para
atacar a las personas defensoras y se imponen condenas más duras a quienes han
participado en protestas contra el cambio climático. Estas conclusiones van de
la mano de una tendencia preocupante de criminalización que está surgiendo en
todo el mundo.
En el informe
se expone la criminalización a la que se enfrenta Jonila Castro, activista
filipina secuestrada por el Ejército de su país en 2023, quien manifestó:
Incluso después
de ser liberadas de nuestro secuestro, las amenazas continuaron. La vuelta a
nuestro hogar y comunidad está siendo difícil. Siguen vigilándonos,
señalándonos e intimidándonos. Los ataques para silenciar a quienes trabajamos
en defensa del medioambiente entorpecen nuestras labores de protección del
planeta y de los derechos de las personas.
Existe un
vínculo estrecho entre la devastación ambiental y las violaciones de los
derechos humanos que potencian los Gobiernos y los sistemas extractivos que
ellos promueven. Nuestra experiencia pone de relieve la urgente necesidad de un
mayor reconocimiento y protección de activistas de la comunidad y ecologistas
que luchan por la justicia climática en el mundo.
A pesar de la
escalada de la crisis climática y de las promesas de los Gobiernos de alcanzar
el objetivo establecido en el Acuerdo de París de limitar el calentamiento
mundial a 1,5 °C, las personas defensoras de la tierra y el medioambiente
cada vez sufren más las diversas agresiones con las que se intenta frenar sus
esfuerzos por proteger el planeta. Al menos 1.500 de estas personas han sido
asesinadas desde la aprobación del Acuerdo de París, el 12 de diciembre de
2015.
Nonhle
Mbuthuma, autora del prólogo del informe y ganadora del premio Goldman de
Medioambiente en 2024, comentó:
En todos los
rincones del planeta, quienes se atreven a denunciar los efectos devastadores
de las industrias extractivas, como la deforestación, la contaminación y el
acaparamiento de tierras, se enfrentan a actos de violencia e intimidación.
Particularmente notorio es el caso de los pueblos indígenas, que son
imprescindibles en la lucha contra el cambio climático y, sin embargo, año tras
año sufren un número desproporcionado de agresiones.
Sin embargo, la
brutalidad de esos ataques saca a la luz una realidad oculta: el poder que
ejerce la gente corriente cuando se une por la justicia. Los dirigentes tienen
el deber de escucharnos y garantizar que las personas que defendemos la tierra
y el medioambiente podamos ponernos en pie, estemos donde estemos, sin temor a
represalias. Esta responsabilidad recae directamente sobre todas las naciones
ricas y con recursos del mundo.
Fuente: Espai
Marx
Comunicado de
prensa de Global Witness, 10 de septiembre de 2024
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