El emérito cambia el fisco
español por el de Emiratos tras dejar sin pagar deudas de hasta 50 millones
Por Alicia
Gutiérrez
Rebelion / España
| 01/02/2023 |
Fuentes: Info Libre
La decisión del
rey emérito de fijar su residencia fiscal en Emiratos Árabes
Unidos ha emergido como la pieza que aspira a completar el puzle de un
escándalo donde lo que la Fiscalía describió como «cuotas defraudadas»
–entre 30 y 56 millones– no pasará factura al presunto defraudador: Juan
Carlos I.
El abanico de
los requisitos forzosos para que el emérito se vea legalmente exento de pagar
impuestos en España tras haber ocultado dinero en Suiza se encuentra ya a punto
de cerrarse: como remarca El Mundo, que adelantó este viernes la
noticia sobre su nueva residencia fiscal, el anterior jefe del Estado no pasa
en España más de 183 días al año ni, al carecer ya del sueldo que le entregaba
la Casa Real, se localiza en el territorio nacional lo que Hacienda define como el
“núcleo principal” de sus intereses económicos. Las rentas
percibidas conforman ese «núcleo». Pero también, por ejemplo, el
patrimonio inmobiliario.
«El único elemento de duda es si tiene patrimonio en España. Sabemos que sí lo tiene en el extranjero pero no si también aquí». Quien
abre el melón de las dudas sobre un árbol cuya envergadura o su propia
existencia nadie conoce –el patrimonio personal del emérito– es Raúl
Burillo, el inspector de Hacienda que investigó a Iñaki Urdangarin y
sus negocios. Burillo ostentaba entonces el cargo de delegado especial de la
Agencia Tributaria (AEAT) en Baleares.
Sobre la
cuestión clave en el plan de traslado tributario, el portavoz de la Asociación
de Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, explicó este
viernes a la agencia Europa Press que para que pueda establecer su residencia
fiscal en Emiratos Árabes Unidos, Juan Carlos I tendría que ser
nacional emiratí. Mollinedo pone el acento en un aspecto del caso: el de
que si es cierto que se va a construir una casa, «la pregunta
fundamental sería de dónde sale el dinero«.
Según
Mollinedo, es el artículo 4 del Convenio suscrito entre España y Emiratos el
que señala que para que una persona física pueda ser residente fiscal en
Emiratos deben residir en este país y ser nacional emiratí.
Burillo
discrepa radicalmente de cómo Gestha interpreta lo que se desprende del
convenio. «Puedes ser residente fiscal en los Emiratos sin ser un
nacional emiratí», concluye. Es más, dejaría de ser residente fiscal en
España viviera donde viviese fuera de nuestras fronteras salvo que pasara aquí
más de 183 días al año y sus «intereses económicos» tuvieran aquí su base
central.
En marzo de
2022, Burillo alertó de que urge modificar el Código Penal para que no se
tengan por «espontáneas» regularizaciones como la del monarca, a quien ya se le
había avisado que estaba bajo investigación. Las regularizaciones a que se
refiere son las dos efectuadas por el antiguo jefe del Estado. Fue en febrero
de 2021 cuando a través del despacho de abogados que le asiste en España
anunció que había llevado a cabo una segunda regularización por
valor de casi 4,4 millones de euros abonados a Hacienda sin
requerimiento previo. La primera regularización, por 678.000 euros, la había
realizado en diciembre de 2020.
El abono a
Hacienda se correspondía con las rentas recibidas de la Fundación Zagatka,
propiedad de su primo Álvaro de Orleans. ¿En concepto de qué?
De viajes en avión y otros servicios considerados pagos en especie por los que
el anterior Jefe del Estado español tampoco había tributado, como publicó el
diario El País.
El vecino de los 100 millones de dólares
El hombre que
durante 39 años fue jefe del Estado español hasta su abdicación en junio de
2014 se instala en el país vecino a Arabia Saudí, el que le entregó 100
millones de dólares en 2008: 65 millones en euros al cambio de entonces.
Y deja tras sí y sin consecuencias penales “cuotas defraudadas” astronómicas.
El entrecomillado procede del decreto con que, el 2 de marzo de 2022, la Fiscalía dio cerrojazo
irreversible a la investigación abierta dada la “inviolabilidad” que
protege los actos del jefe del Estado durante su mandato. Lo defraudado a
Hacienda que aquel decreto puso sobre la mesa oscila entre 30,78 millones y
56,09. «En ambas hipótesis [la primera arroja un total de 30 millones y la
segunda, de 56] resulta para cada ejercicio una cuota defraudada que supera con
creces el importe de 120.000 euros que establece como umbral del delito» el
Código Penal, se lee en el informe. Pero una de dos: o el delito había
prescrito en cada caso o no era punible dada la inviolabilidad del rey.
El decreto
firmado por la Fiscalía del Supremo subrayaba que la investigación había
«puesto de manifiesto ciertos indicios que podrían sustentar la hipótesis de
que la transferencia de 100.000.000 dólares estadounidenses ordenada por el
rey Abdallah de Arabia Saudí no fuera una donación, sino que respondiera al
pago de una ilícita comisión al entonces rey D. Juan Carlos I a modo de premio
o gratificación por haber conseguido la adjudicación en favor del
consorcio hispano-saudí de las obras licitadas para construir la línea de alta
velocidad Medina-La Meca». Pero los indicios, añadía el texto, resultaban
«insuficientes para confirmar dicha hipótesis”.
Cinco días
después de que aquel informe viese la luz, la Zarzuela hizo público que el
emérito viviría “de forma permanente y
estable” en Emiratos. Para entonces, Juan Carlos de Borbón hacía ya
dos años que había dejado de recibir los fondos públicos –194.232 euros durante
2018– asignados por la Casa Real. Ahora, cierra el círculo la noticia de su
traslado fiscal al país fronterizo con Arabia Saudí, un territorio por
completo alejado del canon occidental en cuanto a derechos civiles se
refiere.
En su página
oficial de información sobre impuestos, lo primero que se lee es lo que
sigue: «Los Emiratos Árabes Unidos no
gravan el impuesto sobre la renta a las personas físicas. Sin
embargo, aplican el impuesto de sociedades a las compañías petroleras y los
bancos extranjeros. Un impuesto especial grava bienes específicos que son
habitualmente nocivos para la salud humana o el medio ambiente. El impuesto
sobre el valor añadido grava la mayoría de los bienes y servicios«.
De momento, no se sabe por tanto cómo tributará allí el emérito.
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