La
Ley de Planes Privados de Empresa y su reglamento: un torpedo en la línea de
flotación de las pensiones públicas y la Seguridad Social
Publicado el 8 de diciembre de 2022 /
Por Coordinadora
Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE)
Las leyes son un texto
teórico, su puesta en práctica (la realidad de su aplicación) recae en el
reglamento de las mismas. Un Reglamento que “bien articulado” puede alterar
completamente el sentido de la Ley e introducir cambios que beneficien
selectivamente a grupos políticos o financieros determinados. Esto es lo que ha
ocurrido con la Ley de impulso de los Planes de Pensiones de Empleo (en
realidad, planes privados de pensiones) y su reglamento. El reglamento de la
ley 12/2022, del 30 junio para el impulso de los planes privados de empleo, ha
alterado absolutamente el contenido de la rechazada ley.
El proyecto de
Reglamento que se sometió a información pública, ya aumentó la comisión
financiera prevista por manejar los fondos de pensiones que se crearan al 0,4%
en lugar del 0,3% que siempre había habituado el gobierno. El “truco” estuvo en
establecer un 0,3 para las entidades gestoras de los fondos y un 0,1% para las
entidades depositarias, que pertenecerán al mismo grupo. Pensemos que en la
motivación de la necesidad de la Ley se prevé que en unos años (bastantes)
estos fondos alcancen los 300.000 millones de euros. ¡Bingo!, sin comerlo ni
beberlo ya son 300 millones anuales de beneficios anuales más para la gran
banca sin hacer nada, de paso unas migajas para las direcciones sindicales y
patronales que forman parte de la gestión de los fondos.
Pero en el Reglamento
definitivo ha vuelto a saltar la sorpresa o la puñalada trapera. Por arte de
birlibirloque aparece la posibilidad de cobrar nuevas comisiones de hasta un
0,55% más si los gestores del fondo deciden invertir literalmente en “. en
otros fondos de pensiones abiertos, instituciones de inversión colectiva o en
entidades de capital riesgo que no pertenezcan al mismo grupo de la entidad
gestora.”. Dicho de manera clara, si un fondo decide invertir en otros fondos
de pensiones, letras del tesoro, productos derivados de gran riesgo, u otros
instrumentos que no sean propios, podrá repercutir, aparte del 0,4% hasta un
0,55% añadido. De golpe pueden ser 1.650 millones de euros anuales más a
repartirse entre todas las entidades financieras. Y de paso las y los
dirigentes de las organizaciones patronales y sindicales acompañantes.
¿Alguien duda que se
pondrán de acuerdo en hacer inversiones cruzadas para “rentabilizar” sus
comisiones? ¿Qué organismo controlará que esto no se produzca? ¿Dónde queda el
tope del 0,3% de comisión máxima para estos planes tan cacareados por el
gobierno? ¿Cómo es posible un cambio tan importante entre el primer Reglamento
expuesto a información pública y el definitivo publicado en el BOE? ¿Qué
personas o grupos de intereses presentaron estas propuestas de modificación tan
ventajosas para la oligarquía financiera y tan perjudiciales para los posibles
depositantes? ¿Por qué el gobierno se ha olvidado del 0,3% máximo? ¿Conocían
los diputados y diputadas que votaron favorablemente la ley que en el
Reglamento se iban a aumentar de tapadillo las comisiones a cobrar?
Temamos lo peor, ni lo
conocían, porque no se les dijo, ni lo conocen porque no se leen los
reglamentos. Este es un caso de libro en el que el reglamento altera
considerablemente el espíritu de la Ley. El “caballo de Troya” para el
debilitamiento y destrucción del Sistema Público de Pensiones. El
desconocimiento o la mirada hacia otro lado, no exime de responsabilidad de los
gestores de la ley y del reglamento.
El reglamento ha sido
publicado en el BOE en la sección de Presidencia y no en la del Ministerio de
Escrivá y desde el Consulado General de España en Fráncfort. alevosía y nocturnidad
total.
Otro factor importante
es, ¿de donde va a nutrirse este negocio fraudulento contra las y los
trabajadores y el Sistema Público de Pensiones? La fuente de financiación de
esta acción destructora del Sistema Público de Pensiones, son las cotizaciones
sociales de los salarios de las y los trabajadores en activo, a través de las
negociaciones de los convenios, de ahí pretenden extraer las cantidades
económicas que nutran este negocio fraudulento privado, detraen fondos de nuevo
de la Seguridad Social y de las cantidades del salario diferido, derivándolos a
la banca, entidades financieras ( de ahí a los fondos buitre) y a los
dirigentes colaboradores empresariales y sindicales.
Ahora al final de noviembre, volvemos a conocer que derivado de la ley, se
anuncia el segundo reglamento, que tratará de dar forma a la gestión de los
fondos privados de pensiones, (banca, entidades financieras y las
organizaciones patronales y sindicales), sus dirigentes serán beneficiados por
las comisiones y gastos de gestión.
Sin embargo, cada día
conocemos que los fondos privados de pensiones son un desastre para l@s
trabajador@s y solo sirven para el enriquecimiento de sus gestores, sirva como
ejemplo:
CaixaBank – 4.15 %
Telefónica – 6.06%
Naturgy – 6.26%
Banco Sabadell – 6.31%
Mapfre – 6.38%
FUCAS Generalitat 6.81%
Repsol petróleo -7.72%
Central nuclear Asco Vandellós -7.87 %
BBVA – 8.36%
FUCAS del Estado -8.92%
Telefónica móviles España -9.14%
Iberdrola -9.19%
Banco de España -9.31%
Ibercaja – 9.69%
ABANCA -10.0%
Endesa -10.4%
Unicaja -10.4%
Santander FUCAS CCAA Aragón -11.0%
NESTLÉ -11.4%
(Datos del 2 de
diciembre del periódico El Economista)
Desde COESPE, VEMOS
IMPRESCINDIBLES LOS CONVENIOS COLECTIVOS Y LA NEGOCIACION COLECTIVA, así como
la necesidad de que los sindicatos sean la fuerza de las y los trabajadores, en
las empresas y la administración pública, pero hacemos un llamamiento al
conjunto de las y los trabajadores, a las y los sindicalistas, de todas las
organizaciones sindicales a todos los niveles, para que digan no a este modelo
que pretenden implantar, un modelo que abre una vía a la privatización del
sistema público de pensiones.
Y a un futuro de
pensiones precarias públicas, junto al aumento de la división entre las
trabajadoras y trabajadores, al establecer dos claros niveles de pensionistas,
los que tengan alto poder económico, con pensiones suficientes, y aquell@s que
con bajos salarios tengan una pensión mínima o de beneficencia.
Resulta escandaloso
que los dirigentes políticos, empresariales y sindicales articulen este sistema
de enriquecimiento a la banca, y los grandes capitales, en la situación de
recesión y crisis económica y social.
Desde COESPE, llamamos
a las y los trabajadores de todo el Estado, a no aceptar en los convenios o
acuerdos colectivos privados o públicos estos manejos, que en la practica
derivan salarios y pensiones públicas a la banca, denunciamos también, a los
que pretendan engañar con falsas argumentaciones de futuro.
Las pensiones públicas
del futuro, del pasado y del presente, se han sostenido y garantizado a través
del modelo público con nuestras aportaciones al sistema y a la Seguridad
Social, el modelo universal, solidario, entre generaciones e interterritorial,
nos ha permitido tener pensiones públicas sostenibles, el modelo que pretenden
imponer desploma dicho modelo, no lo permitamos.
Esta ignominia, tiene
también otra deriva importante, la financiación de la Seguridad Social, se verá
mermada, y por lo tanto los servicios universales de la Sanidad Pública
disminuirán.
Otro elemento de
análisis es las partidas de presupuestos del Estado para el año 2023, desde el
movimiento pensionista hemos realizado una serie de peticiones a los grupos
parlamentarios, en una reciente ronda tras las movilizaciones realizadas en
octubre y noviembre, las pensiones mínimas, contributivas y no contributivas,
la brecha de género, la recuperación del poder adquisitivo de pensiones
públicas y salarios, con la paga compensatoria, la celebración de la auditoría
pública de la Seguridad Social, aumento de las pensiones de viudedad, etc.
A expensas de una
respuesta de los grupos, por lo conocido en los medios de comunicación, las
expectativas son muy deficientes, tan solo de lo reivindicado hay conocimiento
del mantenimiento del 15% de aumento de las no contributivas, hasta el 31 de
diciembre del 2023, del resto de peticiones aún no hemos sido informados. Y por
la opacidad de las informaciones, hay pocas esperanzas de poder conseguir
dichas peticiones.
Por último, otro
elemento preocupante es la negociación en secreto que se está desarrollando de
la tercera fase de la reforma del SPP, el aumento de la edad de jubilación, la
jubilación demorada, el periodo de cálculo de la pensión.
La no derogación de la
ley mordaza y otras situaciones también es preocupante, así como otros
elementos reales que van a incidir en el futuro del Estado.
DESDE
COESPE, DENUNCIAMOS ESTAS PRÁCTICAS OSCURAS, DISUASORIAS Y ALEVOSAS.
GOBIERNE
QUIEN GOBIERNE LOS DERECHOS Y LAS PENSIONES PUBLICAS SE DEFIENDEN.
Diciembre 2022
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