La
Comisión Europea considera que el gasto en "Patrimonio Sindical
Acumulado" formaría parte de las inversiones previstas para la
"transición energética en la Administración pública".
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Lanueve.info
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febrero 10,
2022
La Comisión Europea ve con buenos ojos los 100
millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere gastar en la
renovación de 42 sedes sindicales. Así consta en una respuesta escrita de
la Comisión Europea a varios eurodiputados del PP que ha trascendido a la
prensa. La Comisión considera en su escrito que ese dinero se enmarca en
la “Inversión 4 del componente 11” del Plan de Recuperación Transformación y
Resiliencia por el que se destinan 1.070,7 millones de euros para
la llamada “transición energética de la Administración General del Estado”.
Los 100 millones para la reforma de las sedes sindicales salen de esa partida.
En la respuesta del comisario de Comercio de la
Comisión Europea, Valdis Dombrovskis considera que “el
Patrimonio Sindical Acumulado es un activo inmobiliario propiedad de la
Administración central española que se pone a disposición de los sindicatos y
de las asociaciones patronales” y justifica la partida con el argumento de que
se destinarán a “renovar los edificios para aumentar el número de
instalaciones con alta calificación energética y fomentar la
implantación de sistemas solares fotovoltaicos u otras energías
renovables en las instalaciones de la Administración central”. Es decir, la
Comisión Europea considera que las sedes sindicales se pueden calificar como
bienes de titularidad pública susceptibles de recibir esas ayudas para la
transición energética.
Más lluvia de millones: Aumento de la financiación
pública de los sindicatos
Además de esa financiación extraordinaria procedente
de fondos europeos, el Ministerio de Trabajo ha elevado en
2022 hasta 17 millones de euros la subvención destinada a las
organizaciones sindicales “en proporción a su representatividad, según los
resultados globales obtenidos en elecciones sindicales”, una cifra
récord. Ya en 2021 la subvención fue de 13.883.890 euros (un
56,3% más) frente a los 8.883.890 del año anterior. Es decir, el
Gobierno ha casi duplicado (un 92,3% más) la
financiación pública de los sindicatos en sólo dos años, entre 2021 y 2022.
Para concluir cabe recordar que las direcciones de UGT
y CCOO han sido un puntal clave para el gobierno de PSOE-Unidas Podemos en
negociaciones cruciales como ERTES, pensiones, salario mínimo
interprofesional y la reforma laboral, algunas de ellas
fuertemente contestadas por movimientos sociales como el pensionista o
el sindicalismo alternativo por incumplir promesas electorales
y empeorar derechos sociales básicos de la clase trabajadora. Y conviene también
hacer memoria sobre el hecho de que la UE, que tan adecuados ve los 100
millones para reformar las sedes sindicales, condicionó la aprobación de los
fondos ‘Next Generation’ al Estado Español a que el gobierno aprobara nuevos
recortes en el derecho de jubilación y a que mantuviera lo sustancial de las
reformas laborales anteriores. Y es que, apelando al conocido aforismo
popular, parece que efectivamente “quien paga manda“.
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