DE LO QUE LA
RECUPERACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA NO PUEDE OLVIDARSE
Artículo publicado en el diario Público
8 de julio de 2020
Una de las
características del Estado español (tanto a nivel central y autonómico como municipal)
es la gran escasez de recursos. Tanto el gasto como el empleo público son de
los más bajos de la UE-15, el grupo de países de semejante nivel de desarrollo
económico al español. Esta pobreza de recursos se hace visible en todas las
dimensiones del Estado y, muy en especial, en los servicios del Estado del
Bienestar, tales como la sanidad, la educación, los servicios de ayuda a las
familias (escuelas de infancia y servicios a la dependencia, incluyendo los
servicios domiciliarios y las residencias de ancianos), la vivienda y muchos
otros.
Este bajo gasto y empleo
públicos son consecuencia del enorme dominio que las fuerzas conservadoras
tuvieron sobre el Estado español, instrumentalizándolo a favor de sus intereses
económicos y financieros durante más de 40 años de dictadura, requiriendo una
enorme represión para garantizar su superviviencia, lo cual explica que incluso
hoy - y a pesar de los enormes avances que han habido en España durante la
época democrática - todavía tiene uno de los mayores números de policías por
cada 100.000 habitantes, y menos adultos que trabajan en su Estado del
Bienestar (ver mi libro El subdesarrollo social de España. Causas y
consecuencias).
Los cambios que han tenido lugar en el Estado español
durante la época democrática
Esta identificación del Estado con su carácter
represivo ha ido reduciéndose (sin desaparecer) durante el periodo democrático
y, muy en especial, durante los periodos de gobiernos socialistas en los años
ochenta e inicios de los noventa, cuando se desarrollaron 103 varias
dimensiones del Estado del Bienestar, siendo la joya de la corona el
establecimiento del Sistema Nacional de Salud. Como resultado de ello, se
inició un cambio importante de la percepción que la ciudadanía tenía del sector
público, el cual ha alcanzado su máximo exponente durante la pandemia, cuando
tales servicios públicos (especialmente la sanidad y los servicios sociales)
adquirieron un amplio reconocimiento y apoyo popular. La pandemia puso de
manifiesto el enorme valor e importancia de la dimensión social del Estado, a
la vez que mostró su escasez de recursos.
Pero el cambio de
opinión popular sobre la naturaleza del Estado que ha tenido lugar durante el
período democrático no ha alcanzado todavía a los establishments económicos y
financieros de España, y tampoco a aquellos establishments políticos y
mediáticos que están a su servicio. No existe plena consciencia en ellos de que
el Estado ha desarrollado una dimensión social de enorme importancia y
popularidad, que está ejerciendo un rol fundamental en el desarrollo económico
y social del país. En realidad, tampoco hay plena consciencia de que el retraso
económico de España, si lo comparamos con el promedio de la UE-15, se debe en
gran medida al escaso desarrollo de su sector público. Persiste en tales
establishments el pensamiento neoliberal que percibe a los servicios públicos
como una carga asfixiante que dificulta el desarrollo de la economía.
Ya han aparecido voces
neoliberales de nuevo, con gran resonancia mediática, diciendo que el gasto
público tiene que reducirse para evitar el crecimiento del déficit público, el
mismo mensaje que llevó al desastre – y no hay otra manera de definirlo - de
las políticas de austeridad que hicieron tanto daño a la mayoría de la
población española y, muy en particular, a la calidad de vida de las clases
populares. Esas políticas se llevaron a cabo en contra de toda la evidencia que
existía entonces y que señalaba que causarían el daño que han causado. Es más,
todos los países que lideran los rankings de calidad de vida son los países
escandinavos, que tienen la mayor tasa de gasto y empleo públicos de la Europa
Occidental, a la vez que están entre los más eficientes y competitivos del
mundo, tal como ha sido reconocido por el Vaticano del neoliberalismo: el Foro
de Davos. Fíjense en Suecia, con un gasto público como porcentaje del PIB del
49,3%, en Dinamarca (49,6%), en Noruega (51,8%) o en Finlandia (53,3%).
Recordemos que en España el gasto público es del 41,9% del PIB (Eurostat,
2019).
Continúa el enorme dominio del pensamiento neoliberal en la
cultura económica del país
La bien conocida falta
de diversidad de los medios de comunicación españoles determina que auténticas
frivolidades se presenten como dogmas económicos. El gran dominio del capital
financiero en configurar la cultura económica y sus medios explica la
permanencia y promoción del neoliberalismo en España. El gran daño causado por
su pensamiento e ideología neoliberal era fácilmente predecible, como algunos
ya hicimos al inicio de la crisis, cuando presentamos alternativas que habrían
podido evitar tanto daño y dolor (ver el libro Hay alternativas. Propuestas
para crear empleo y bienestar social en España, escrito por Juan Torres,
Alberto Garzón y Vicenç Navarro). Hoy este pensamiento neoliberal está en total
descredito. Incluso el Financial Times subraya “la necesidad de revertir las
políticas económicas de las últimas cuatro décadas”. En España, sin embargo,
todavía se continúa con la misma ideología en establishments políticos y mediáticos
que, además de causar tanto daño (y un enorme aumento de las desigualdades) han
promovido políticas enormemente ineficientes. El retraso económico de España se
debe en gran parte a esa pobreza de su sector público, que es consecuencia y
causa al mismo tiempo de su subdesarrollo.
Uno de los mayores problemas de España: la baja tasa de
ocupación
En España, uno de los mayores problemas es el
llamado desempleo. Sin embargo, se ha dado poca atención al bajo porcentaje de
la población ocupada (la tasa de ocupación), resultado del escaso número de
puestos de trabajo (incluso más acentuado en cuanto a “buenos” puestos de
trabajo) en la economía española. El porcentaje de la población ocupada entre
20 y 64 años en España es del 68%, frente al 74,2% de promedio en la UE[1]15.
Este diferencial es incluso más acentuado entre las mujeres: 61,2% en España
versus 69,3% de promedio en la UE-15. Si lo comparamos con Suecia, país
gobernado por coaliciones de izquierdas durante la mayor parte del período
posterior a la Segunda Guerra Mundial, estos diferenciales son todavía mayores,
con una tasa de ocupación del 82,1% y una tasa de ocupación femenina del 80%
(Eurostat, 2019). Este déficit, así como 105 el bajo nivel de los salarios,
explican que la masa salarial sea baja y de que la demanda doméstica (el
principal motor del desarrollo económico) lo sea también. Ello explica también,
por cierto, el alto nivel de endeudamiento privado de la población. Estos son
precisamente algunos de los puntos flacos de la economía española, los cuales
se han acentuado todavía más durante la pandemia, y que más han dañado el
bienestar de sus clases populares, que han vivido una etapa dura y difícil
durante la Gran Recesión (crisis que sigue sin estar resuelta) y que ahora se
agudiza todavía más por la enorme crisis causada por la pandemia.
La enorme urgencia de
que el Estado cree ocupación A la luz de estos hechos, es preocupante que no
tenga mayor resonancia mediática y política la propuesta de crear empleo
público por parte del gobierno actual, propuesta que adquiere incluso mayor
influencia en la crisis económica y social actual debida al coronavirus. Lo que
se ha hecho hasta ahora ha sido, predominantemente, proveer de ayudas
económicas y financieras para facilitar que las empresas retengan a sus
trabajadores durante esta crisis económica. No obstante, existen otras dos
maneras de crear empleo. Una es la de repartir el trabajo mediante la reducción
de la jornada laboral (del tiempo de trabajo de cada empleado), revirtiendo la
situación actual donde el trabajador español es el que trabaja, de promedio,
más horas en la UE-15. Aunque pocos se han atrevido a proveer una cifra exacta,
existe un amplio consenso entre los expertos sobre que la reducción de la
jornada laboral, pasando de 40 a 35 horas semanales en cinco días, sería una
política que crearía una cantidad considerable de puestos de trabajo, sin
mencionar el impacto positivo en términos de conciliación laboral-familiar, un
derecho que no es plenamente reconocido ni en la Constitución ni en el
ordenamiento jurídico español.
La segunda alternativa
sería crear empleo público. Y de esto no se habla tanto como se debería por su
urgencia, pues además de crear trabajo y riqueza, generando mayores ingresos
para las arcas del Estado, la creación directa de empleo reduciría el enorme
déficit de empleo público que ya he señalado al principio del artículo,
mejorando así los servicios del Estado del Bienestar y, con ellos, la calidad
de vida y bienestar de la 106 población. No hay plena conciencia en los
establishments financieros y económicos españoles, totalmente imbuidos por el
dogma neoliberal de que la dimensión social del Estado es fundamental para
garantizar el bienestar de la población y, a la vez, la eficiencia de su
economía. Un ejemplo de esta falta de conciencia o ignorancia son las
declaraciones del que fue el director de El País durante muchos años, el Sr.
Juan Luis Cebrián, el cual en un artículo (Sobre cómo afrontar la crisis
constituyente, El País, 15 de junio de 2020) ampliamente citado por el
establishment conservador-liberal que tal rotativo representa, intentó
infravalorar la medida propuesta por Unidas Podemos, aprobada por el gobierno
de coalición y ratificada por el Congreso -el ingreso mínimo vital- minimizando
la importancia de tal intervención, afirmando que era una medida que todos los
países habían realizado, hasta el punto en que incluso el presidente Trump la
había aplicado en EEUU. Juan Luís Cebrián ignora que la medida aprobada por el
presidente Trump consistía en la distribución de cheques de dinero una sola vez
y no cada mes, como en España. Sorprende que ningún economista haya denunciado
tal ignorancia, agresividad y arrogancia que personajes como el señor Cebrián
pontifican desde los fórums a su alcance. Yo lo hice enviando una carta a El
País para que corrigieran tal afirmación la cual, como de costumbre, fue
ignorada y no se publicó.
La urgente necesidad de
establecer el 4º pilar del Estado del Bienestar Entre todas las opciones a
nuestro alcance, la que más ocupación crearía es la de desarrollar lo que se
llama el 4º pilar del Estado del Bienestar, es decir, los servicios de ayuda a
las familias, que incluyen los servicios de atención y educación de la primera
infancia (0-3 años) y los servicios de atención a la dependencia. Según el
reciente informe “El Cuarto Pilar del Estado del Bienestar: una propuesta para
cubrir necesidades esenciales de cuidado, crear empleo y avanzar hacia la
igualdad de género”, los primeros (los servicios de atención y educación de la
primera infancia), crearían 143.000 puestos de trabajo directos como
profesionales del sistema educativo en la primera infancia (de 0 a 3 años); y,
los segundos (los servicios de atención a la dependencia), entre 432.000 y
584.000 nuevos empleos, que corresponderían a (1) atención directa y cuidados,
(2) funciones de hostelería en centros de día o residencias, (3) mantenimiento
de centros y servicios, (4) personal especializado (médicos, trabajadores
sociales, etc.), y (5) administración y gestión de los centros. Además de estos
empleos directos, se generarían 107 otros empleos indirectos consecuencia de la
necesidad de ampliar y adaptar la red de infraestructuras necesarias para
suministrar los servicios de forma adecuada y suficiente. De ahí que se
generarían empleos indirectos en empresas proveedoras de productos y servicios
relacionados con la actividad hotelera o de actividades relacionadas con la
rehabilitación y cuidado de la salud. No debemos olvidar tampoco que tales
servicios públicos contribuirían a la afloración de empleo sumergido y a la
dignificación de miles de empleos, al convertirse el empleo privado precario en
empleo público. Ni que decir tiene que tales cambios aumentarían las rentas
disponibles de las familias empleadas, con el consiguiente aumento del consumo
y de la demanda de empleo. Es todo un círculo virtuoso.
Los servicios del 4º pilar del Estado del Bienestar
facilitan la integración de las mujeres en el mercado de trabajo
A la cantidad de empleo directo e indirecto
creado en el sector de los cuidados, habría que añadir la incorporación al
mercado de trabajo de las mujeres liberadas de parte de las tareas que realizan
al percibir los servicios públicos de cuidados citados anteriormente. Si se
aplicara el criterio de que por cada puesto de trabajo en los servicios de
ayuda a las familias se facilita la integración de otras dos mujeres al mercado
de trabajo, resulta que tal inversión puede llegar a facilitar un incremento de
la ocupación de casi dos millones de personas más, además de la cantidad creada
directamente, lo cual convierte esta inversión en la más eficaz que el Estado
puede impulsar para facilitar la creación de empleo.
Qué nos ha enseñado la
pandemia que no podemos olvidar La pandemia ha mostrado claramente lo que ya
había señalado la Gran Recesión. El Estado no puede continuar facilitando el
liderazgo económico ofrecido por el mundo empresarial. Éste tiene sus objetivos
legítimos dentro de un sistema democrático, pero no pueden confundirse tales
objetivos -la acumulación de beneficios empresariales- con los objetivos del
Estado, que deben regirse por la obtención del bien común. Y esto lo ha 108
mostrado la pandemia de una forma muy clara. Aquellos países que no han
protegido el bien común y han facilitado o cedido a los intereses empresariales
han acabado en desastre. EEUU, el modelo neoliberal por excelencia, es un
ejemplo de ello, mostrando claramente las consecuencias de anteponer el interés
empresarial por encima de todo lo demás. Esta es la marca de la administración
Trump.
Este compromiso con el
bien común tiene que significar poner en el centro de la recuperación las
inversiones sociales y, dentro de ellas, los servicios como la sanidad, la
vivienda, la educación y otros servicios del Estado del Bienestar. Es más que
preocupante ver que en las propuestas que se están haciendo para garantizar la
recuperación de la economía española este tipo de inversiones se pongan casi al
final de una larga lista, cuando deberían ser prioritarias y constituir el
centro de tal reconstrucción. Se escribe, con razón, sobre la necesidad de
priorizar la digitalización y la inversión verde en la reforma industrial, pero
tales propuestas, aunque son necesarias, son también insuficientes. No es
creíble pedir un mundo mejor que nos proteja del cambio climático cuando ya
ahora se están muriendo miles y miles de personas por falta de servicios y
atención. El New Deal Verde es insuficiente si no va acompañado y es parte de
un New Deal Social, que incluya una inversión masiva sobre los servicios sanitarios
y sociales, así como el establecimiento de la parte menos desarrollada del
Estado del Bienestar español: el 4º pilar del Estado del Bienestar, es decir,
de los servicios de ayuda a las familias. Éstos facilitan la liberación e
igualdad de la mujer, así como el pleno desarrollo de cada miembro de la
familia creando, con ello, una gran riqueza y demanda que nos permitirá salir
de la crisis rápidamente y con notable incremento del bienestar. En este
aspecto, es necesario ir más allá en las intervenciones del Estado, a fin de
avanzar en el camino hacia una sociedad más justa y solidaria. No es suficiente
ayudar a las empresas a que mantengan sus puestos de trabajo. Las ayudas deben
condicionarse también a que se paguen buenos salarios y que se facilite la integración
de las y los trabajadores en la dirección de las empresas. Y tampoco es
suficiente que en la reconversión industrial se exija que haya inversiones
verdes sin también exigir que haya inversiones sociales como, por ejemplo,
construir aparatos de aire acondicionado que saneen los ambientes, eliminando
la transmisión del virus o bacterias presentes en aerosoles, o que hagan
mascarillas que aíslen al usuario transmitido por la misma vía. El muy
necesario New Deal Verde necesita de un New Deal Social, pues el primero no
conduce al segundo a no 109 ser que esté diseñado para que así lo sea. Se tiene
que utilizar el proceso de reconstrucción para mejorar la sociedad anterior a
la pandemia en lugar de mantener la que teníamos pues ésta era enormemente insuficiente
e injusta para millones de españoles. Así de claro
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