El presupuesto de Defensa no tiene nada de progresista
El Viejo Topo
17.12.2020
Después de tres
años con un presupuesto prorrogado, el actual Gobierno de coalición entre PSOE
y Unidas Podemos ha conseguido aprobar en el Congreso de Diputados el
presupuesto para el año 2021. Este presupuesto alcanza la cifra nada desdeñable
de 550.486 millones de euros, 416.498 millones sin incluir las operaciones
financieras, y representa un aumento de un 19,4% respecto al de 2020.
Un incremento
que hay que celebrar, dado que demuestra la voluntad del Gobierno de hacer
frente a la crisis con una política económica expansiva y de corte progresista
destinada a incrementar el gasto social y las inversiones públicas para
promover el consumo y la generación de empleo, y así poder combatir la enorme
crisis producida por la pandemia del coronavirus. Entre otros servicios, se
pretende aumentar el presupuesto de Sanidad en un 75%; el de Educación un 70%;
los servicios sociales un 70%; la I+D un 75%; en Ciencia un 60%; en acceso a la
vivienda un 368%; en políticas de igualdad un 157%; en transferencias de
capital para inversiones a organismos un 229%; el Ministerio de Trabajo un
1.167%.
Pero esas
alegrías en el ámbito de las coberturas de las políticas sociales y de impulso
al empleo, tienen en el ámbito militar su lado más negativo: el presupuesto del
Ministerio de Defensa consolidado (que incluye Organismos Autónomos, el Centro
Nacional de Inteligencia y transferencias) crece en 664 millones, un 6,5%
respecto a 2020, y alcanza la cifra de 10.863 millones. Y si se tienen en cuenta
las partidas repartidas entre otros ministerios de carácter militar se alcanza
un aumento del 10,3%. Y esto no es una buena noticia. No se corresponde con un
presupuesto que se califica de progresista, porque la mayor parte de ese
aumento se destinará a promover los Programas Especiales de Armamentos (PEA).
Unos PEA que
fueron aprobados durante el Gobierno provisional del PSOE, antes de su
coalición con Unidas-Podemos, y que alcanzan la colosal cifra de 13.736
millones en su fase de desarrollo durante los próximos diez años. Están
destinados a la adquisición de unos armamentos, que el presupuesto de Defensa
prevé en el pago de 2.342 millones para el próximo año; y para la fase de su
desarrollo, 676,5 millones en concepto de I+D militar destinados a las industrias
militares que los han de fabricar. Unas inversiones militares que aumentan en
un 20,4% con respecto a 2020.
En el análisis
del presupuesto de Defensa no solo se deben incluir los créditos del Ministerio
de Defensa y sus organismos autónomos, sino que también se deben añadir todas
aquellas partidas que están repartidas por otros ministerios, algo que
aconsejan organismos tan dispares como la OTAN y un centro de estudios sobre la
paz, el SIPRI. Algo que es ineludible para saber con exactitud el gasto militar
real que realiza cualquier estado. En España, además, se debe incluir la
diferencia entre el gasto inicial cuando se aprueba el presupuesto en el
Congreso de Diputados y el gasto liquidado al finalizar el año y que este año
2020, según Hacienda, Defensa gastará 933 millones más que los aprobados
inicialmente.
El presupuesto oculto
Además, hay que
añadir las clases pasivas militares, la mutua militar, las pensiones de guerra
de los damnificados por la Guerra Civil española, la I+D militar que surge desde
el Ministerio de Industria, el pago a organizaciones internacionales como la
OTAN, la Guardia Civil que se rige por ordenanzas militares, y finalmente, la
parte proporcional de los intereses de la deuda, pues si el Gobierno se endeuda
para hacer inversiones en armamentos e infraestructuras militares, es de recibo
que la parte proporcional que corresponde a Defensa se incluya como gasto
militar. Entonces, el presupuesto final de Defensa alcanza la colosal cifra de
21.622 millones de euros, que suponen un 1,8% del PIB español.
Cierto es que
podría haber más partidas que tengan un carácter militar repartidas por otros
ministerios, donde quizás se hagan aportaciones a cuestiones que tengan que ver
con la defensa, pero que a nuestro parecer no muestran la evidencia que en
nuestro análisis se explicita, y es mejor mostrarse rigurosos y desestimar
aquello que se mueve en el terreno de lo impreciso.
En definitiva,
un enorme dispendio que no se justifica por las amenazas militares que se
ciernen sobre España, pues éstas, tal como sostiene la Directiva de Defensa
Nacional aprobada en junio de 2020, no prevén ningún ataque ni amenaza exterior
en que España ni la UE se puedan ver envueltas. Entonces, ¿por qué ese colosal
gasto e inversiones en armamentos que acabaran su vida útil sin haber cumplido
otra misión que la disuasión? Falso es que salvaguarda y crea nuevos puestos de
trabajo o que ayuda a relanzar la economía mediante el trasvase de tecnologías
del ámbito militar al civil, cuando diversos estudios realizados desde la
economía crítica (Leontief y Melmann, entre otros), demuestran que cualquier
inversión militar es mucho más rentable en la fabricación de bienes civiles,
debido a los costes de oportunidad que generarían más empleo y competitividad
en productos civiles. Y, por otro lado, reducirían la deuda pública del Estado,
dado que la inmensa mayoría de las armas (un 97% o 98%) son adquiridas por los
estados, y sólo un 2% o 3% (armas cortas y ligeras) salen al mercado y sólo en
algunos países.
Inversiones
militares negativas por aquello que hemos repetido en innumerables ocasiones.
El gasto y las inversiones militares no contribuyen al desarrollo de la
economía. Por el contrario, la entorpecen, dado que las armas no son bienes que
circulen por el mercado y eso les impide tener un valor social. Además, al
adquirir armamentos y llevar a cabo inversiones militares, el Estado se
endeuda, y por ello esas inversiones son menos productivas que las destinadas a
la economía civil, la real, la que sí contribuye a crear empleo. Esa es la
razón por la que tienen un mayor valor social. Pues, ¿quién contribuye a
mejorar la sociedad y su economía un sanitario, un educador o un militar?
Y esto invalida
decir que el presupuesto para el año 2021 es progresista. Tamaño dispendio va
en contra de la creación de empleo o el progreso social de la ciudadanía.
Entre las
inversiones militares previstas en 2021 para los Programas Especiales de
Armamentos destacan por su cuantía:
- el avión de combate Eurofighter (EF-2000) que recibirá más del doble
de aportación que en 2020, 488 millones, un programa que tiene un coste
final previsto de 13.749 millones
- el avión de transporte A/400M recibirá 321,5 millones, un programa que
ascenderá a más de 5.000 millones para adquirir cuatro unidades del
Submarino S-80, se prevén 300 millones, que sino hay más modificaciones un
coste final de 4.572 millones
- 348 vehículos blindados de combate Dragón 8×8 que recibirán 245
millones con un coste total de 2.100 millones
- los 18 helicópteros de ataque Tigre se les asignan 60 millones y
tienen un coste final de 1.738 millones
- la modernización de 23 helicópteros multipropósito NH-90 dispondrán de
280 millones con un coste final de 1.451 millones
- la modernización de los 17 helicópteros Chinook 165 millones y tienen
un coste final de 1.200 millones
- las cinco nuevas fragatas F-110 que fabrica Navantia se destinarán 218
millones y su coste final será de 4.326 millones
- dos buques de acción marítima BAM, tienen un crédito de 58,4 millones
y el coste final previsto es de 333 millones
- los 239 tanques Leopardo y los 139 Pizarro recibirán 119 millones y su
coste final es de 3.338 millones
- los misiles contracarro Spike 20 millones sobre un coste de 364
millones
- el nuevo avión de combate europeo FCAS (Futuro Sistema de Combate
Aéreo), Future Combat Air System a fabricar entre
Alemania, Francia y España, al que España ha asignado 10 millones en 2019,
40 millones en 2020 y en 2021 se prevé un crédito de 53,7 millones, y que
tendrá un coste final entre 40.000 y 50.000 millones entre los tres
países.
Unos PEA que no tienen justificación desde el ámbito de la seguridad, pues la ciudadanía no se siente amenazada por posibles ataques exteriores sino por cuestiones relacionadas con su bienestar como: salud, trabajo, vivienda, educación, servicios sociales… En definitiva, un colosal gasto en armamentos del que solo se beneficiará el lobby militar-industrial español, donde se unen los intereses de los principales accionistas de las industrias militares y los intereses corporativos de las cúpulas militares que proseguirán jugando a la disuasión y a la geoestrategia al servicio del sistema de seguridad destinado a salvaguardar los intereses de las grandes corporaciones del capitalismo global.
Texto publicado
originalmente en El Salto.
