Adjudicaciones por debajo de precio e incumplimientos de los pliegos:
así se privatizaron seis residencias públicas en Aragón
El 70% de
las residencias en Aragón son privadas. Entre las, teóricamente, públicas, hay
15 que dependen del Gobierno de Aragón. Seis de ellas (todas en Zaragoza) son
de gestión privada.
Kaosenlared
Oct 2, 2020
El 70% de
las residencias en Aragón son privadas. Entre las, teóricamente, públicas, hay
15 que dependen del Gobierno de Aragón. Seis de ellas (todas en Zaragoza) son
de gestión privada. Las adjudicaciones se hicieron, de media, con una rebaja de
4,44 millones de euros sobre el presupuesto base. Además, el Ejecutivo tiene
1.290 plazas concertadas y paga alrededor de 1.480 euros mensuales por cada una
de ellas.
Nueva ola, rebrote, segunda parte de la primera
ola… Aún no se había alcanzado una pizca de normalidad (ni nueva ni vieja) y la
situación vuelve a ser sumamente preocupante. Y otra vez, el foco
se pone en las residencias. No en su personal –héroes y heroínas– pero sí en su
gestión, dentro de un sector que lleva años viviendo bajo la sombra del afán
privatizador.
El pasado 24 de septiembre eran 42 los brotes
activos en estos centros en Aragón, que afectaban a 780 residentes y 222
trabajadores. Las cifras han crecido tras detectarse un nuevo brote en la
residencia municipal de Calatayud.
En Aragón, según el recién publicado Informe del
Justicia sobre las Residencias de Personas Mayores, hay 278 residencias, con
capacidad para 18.972 personas. El 70 % son privadas. Del 30 %, teóricamente,
públicas, la gran mayoría es de propiedad municipal o comarcal y hay 15 que dependen
directamente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). De ellas,
seis son de gestión privada.
Para más inri, el IASS, a través del Acuerdo Marco de plazas en centros residenciales para
personas mayores en situación de dependencia, tiene plazas
concertadas en 148 residencias, tanto públicas (las municipales o comarcales)
como privadas. En la actualidad, por cada plaza concertada, el Gobierno
aragonés paga unos 1.480 euros mensuales, aunque esta no es una cantidad fija,
ya que depende de distintas variables.
A tenor de lo publicado por el Instituto Aragonés de Estadística, a 31 de
diciembre de 2017, el IASS tenía 467 plazas concertadas en residencias de
corporaciones locales o comarcales, 321 en residencias sociales y 502 en
residencias mercantiles. En total, 1.290 plazas, lo que (multiplicado por los
alrededor de 1.480 euros que se abonan en la actualidad) supondría una
aportación de 1,9 millones de euros al mes. Si se reduce la ecuación a las
concertadas en centros privados (502), el Gobierno de Aragón pagaría, cada
mensualidad, más de 740.000 euros a estas entidades.
En julio de 2018, se aprobó el nuevo Acuerdo Marco
con un presupuesto de 76,3 millones de euros para cuatro años, es decir, algo
más de 19 millones de euros anuales, lo que suponía un incremento del 21 % respecto al anterior.
Cantidad que, no obstante, se puntualizaba que era un presupuesto mínimo
inicial, “que puede incrementarse año a año dependiendo de la disponibilidad
presupuestaria”. En lo que iba de esa legislatura (tres años), el Gobierno de
Aragón había aumentado en un 60 % el número de plazas concertadas.
Tres privatizaciones del PSOE y otras tres del PP
De las 15 residencias que son propiedad del
Ejecutivo aragonés, tres están en Teruel (todas de gestión pública), dos en
Huesca (también de propiedad y gestión pública) y 10 en Zaragoza (cuatro
públicas y seis privadas). Si el tiro se centra únicamente en Zaragoza capital,
hay cuatro centros (uno de gestión pública –la Residencia para Personas Mayores
Romareda– y tres dependientes de entidades privadas). Tras el dibujo general,
es interesante inquirir en el proceso privatizador que ha afectado a algunos de
estos centros.
La privatización de los mismos se la reparten a
partes iguales administraciones socialistas y populares: en 1998 (con Gobierno
del PP y el PAR y Santiago Lanzuela al mando) nació con gestión privada la
Residencia de Alagón; en 2005 y 2009 se privatizaron tres centros (siempre con
gobiernos del PSOE y el PAR liderados por Marcelino Iglesias), y en 2014 llegó
el turno de otros dos, con un Gobierno PP-PAR, que tenía a Luisa Fernanda Rudi
a la cabeza.
El importe de adjudicación fue, de media, un 15,1 %
más bajo que el presupuesto base
En 1998 (Gobierno PP-PAR) se inauguró la residencia de Alagón. Su
gestión, desde el primer momento, correspondió a la Fundación Rey Ardid, y el
Ejecutivo aragonés destinó 107 millones de euros para su mantenimiento durante
los años 1998 y 1999. En 2005 (PSOE-PAR), la adjudicación salió a concurso y,
de nuevo, la beneficiaria fue la Fundación antedicha por un importe final de
2.462.100 euros para dos años. Coincide en este caso (no es en absoluto la
práctica habitual) con el presupuesto base de licitación.
Cambió de gestión en enero de 2014 (PP-PAR). La
adjudicación fue para Albertia Servicios Sociosanitarios S. L., por un importe
final de 13.000.129,40 euros. O lo que es lo mismo, 3,45 millones de euros
menos que el presupuesto base (un 21 %).
En los pliegos elaborados por el IASS a la hora de
convocar la licitación del contrato de gestión se estatuye el número mínimo de
trabajadores que debe haber. En él se exige la presencia de ocho auxiliares de
servicios generales a jornada completa de lunes a domingo. De hecho, en el
mismo pliego se especificaba –en el apartado de subrogación del personal– que
ya había ocho personas ejerciendo esta labor.
Sin embargo, según la Memoria de la Residencia, a
la que ha tenido acceso AraInfo, en 2018 eran siete las personas contratadas
con esta categoría, de las que, además, tres tenían una relación laboral
eventual. Sí cumplen con el resto de exigencias y, en algún caso, como el de
auxiliares gerocultores o fisioterapeutas, con más efectivos de los requeridos.
No en todas las ocasiones la adjudicación y
posterior gestión presenta irregularidades (pero casi). Nada que objetar en ese
sentido sobre la Residencia de Las Fuentes. Abrió sus puertas en abril de 1997
y, en 2005, fue adjudicada a la UTE formada por Valoriza Facilities y Fundación
Salud y Comunidad por, exactamente, el presupuesto base: 3.576.220. En 2013,
este centro fue el mejor valorado por usuarios y familiares en
una encuesta elaborada por la Administración.
Residencia Elías Martínez de Torrero: Aralia
Servicios y su reguero de sanciones
El 18 de marzo de 2010, el entonces presidente de
Aragón, Marcelino Iglesias, inauguró la Residencia y Centro de Día Elías Martínez
Santiago, en el barrio de Torrero. Unos meses antes, el 19 de
noviembre de 2009, se publicó en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) la
adjudicación de su gestión a favor de Aralia Servicios Sociosanitarios S. A. por
un importe final de 42.450.129,74 euros, lo que supone una rebaja de 7,5
millones respecto al presupuesto base (-14,9 %).
Como en otros casos, en el Pliego de Prescripciones
Técnicas se estatuyen los profesionales que debe haber para cada uno de los diferentes
servicios. En la Memoria de 2018 de esta residencia indican el número total de
trabajadores y trabajadoras (169), pero sin especificar ni cuáles son sus
responsabilidades ni si son personal fijo o eventual. Ergo, es imposible saber
si está cumpliendo con los pliegos. Se dice, de igual forma, que el centro
cuenta con 216 plazas, mientras que en la Memoria indican que son 206.
Inspección de Trabajo ya sancionó a Aralia por
incumplir la normativa en materia de periodos de descanso de la plantilla con
trabajo a turnos de todos los días de la semana -principalmente personal de
limpieza, cocina y auxiliares- y por no existir causa justificativa acreditada
de los contratos temporales eventuales por circunstancias de la producción.
Es intenso el trabajo que realiza el departamento
jurídico de esta empresa –fundada por José Luis Ulibarri, imputado
en Gürtel, Púnica y Enredadera–, ya que arrastra un reguero de sanciones. A
tres de sus centros en Madrid se les ha abierto expediente durante la crisis
del coronavirus y otro acumulaba tres denuncias previas.
Antes que la de Torrero, se adjudicó, en este caso
a la Fundación Rey Ardid, la Residencia de Delicias, sita en Vía Universitas.
No acumula acusaciones como la anterior, aunque sí se cumplió con la
tradicional rebaja en el importe: los 26.461.264,19 millones iniciales se
quedaron en 22.492.083,06. Por tanto, una minoración de 3,96 millones de euros,
de nuevo un 14,9 %.
Las polémicas privatizaciones de Rudi: Movera y
Utebo
Impregnada de controversia estuvo la doble
privatización que, en 2014, llevó a cabo el Gobierno de PP y PAR liderado por
Luisa Fernanda Rudi. La primera fue la de la Residencia Santa Ana, de Utebo,
cuya adjudicación a Sar Residencial y Asistencial (SARquavitae) –posteriormente
DomusVi– se publicó en el BOA el 1 de abril de 2014 con un descenso
en el precio final de 6,9 millones de euros (21 %): de 33.071.144,08 a
26.123.470,71 millones.
Este centro abrió sus puertas el 14 de abril de
2014 y los primeros residentes que recibió fueron los de la Residencia de
Movera, que se había cerrado por obras. El debate no cesó con su inauguración,
ya que son varias las quejas presentadas ante Inspección de Trabajo por la
Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ).
A una de ellas respondió Inspección, en abril de
2015, reconociendo una serie de carencias como la inexistencia de Libro de
Edificio, Lista de Industriales, Libro de Mantenimiento y Contrato de
Mantenimiento de Extintores. En febrero de 2016, ya con el PSOE y el PAR en el
Gobierno encabezado por Javier Lambán, se reconoció, por parte de la consejera
de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, que el centro había
estado funcionando durante casi dos años sin Plan de Autoprotección y
Emergencias, “uno de los requisitos mínimos que exige la legislación para abrir
un centro de estas características”.
Domus Vi es el grupo que más residencias gestiona
en España, sus principales accionistas son el fondo de inversión británico
Intermediate Capital Group (IGC) y el multimillonario francés Yves Journel, y
su reputación está quedando bajo mínimos durante esta pandemia.
Tras funcionar con gestión pública desde 1977, la
Residencia de Movera pasó a manos privadas con la excusa de “llevar a cabo
obras para adaptarla a la normativa vigente y la falta de liquidez para
hacerlo”.
Así se explicita en la queja presentada ante el
Justicia, el 23 de octubre de 2013, por la Plataforma para la Defensa de las Personas Mayores de
Aragón (Plademar). En ella se subraya que, unos meses antes de que
el Ejecutivo de Rudi utilizará el ardid de las obras para ofertar la gestión
del centro al sector privado, “la residencia había pasado una inspección
técnica que dio su aprobación sin poner ninguna traba”.
Acusan en dicho texto al, por entonces, consejero
de Sanidad, Ricardo Oliván, y a la directora del IASS, Cristina Gavín, de
“trasvasar recursos-dinero público al sector privado para que unos pocos se
coman la tarta y hagan negocio con el patrimonio de todos”. También les
señalaban por no dar ninguna explicación a los residentes en el centro de
Movera para “entrar en sus vidas y cambiarles las condiciones hasta el punto de
trasladarlos de casa”.
La Residencia de Movera fue adjudicada a Clece que,
por supuesto, consiguió un sustancial abaratamiento: de 25.880.012,59 a
21.028.000 (-18,7 %). Se inauguró el 13 de abril de 2015 con una importante
pérdida en el número de plazas. Clece es una filial del Grupo ACS, propiedad de
Florentino Pérez.
“Ha habido inacción respecto a la asistencia
sanitaria en residencias”
El ya comentado informe elaborado por el Justicia
de Aragón se realizó con encuestas a 98 centros. Su primera conclusión es
meridiana: “El número de personas fallecidas en centros residenciales de
mayores en Aragón, no tiene una correlación lógica con las defunciones de otros
sectores de la sociedad en sus domicilios particulares, al igual que no lo
tienen las situaciones de deterioro y sufrimiento acaecidos en dichos ámbitos
residenciales durante la pandemia del Covid-19, lo que debe llevar a la
adopción de medidas para evitar su repetición”.
Destaca que algunos residentes han tenido más
dificultades para acceder a la asistencia sanitaria que los que viven en un
domicilio particular. Llegándose a dar casos, “afortunadamente minoritarios”,
puntualiza, en los que ha existido “incluso inacción respecto a la asistencia
sanitaria in situ en las residencias”.
Hace hincapié también en la “escasez de
profesionales suficientemente cualificados en muchos centros residenciales, con
ratios escasas, y sin que se tenga en cuenta en estas las reales funciones que
cada trabajador realiza”.
Respecto a esto, es basilar mencionar que las ratios en Aragón se establecen en una normativa
de hace 28 años, el Decreto 111/1992, de 26 de mayo, de la Diputación
General de Aragón, por el que se regulan las condiciones mínimas que han de
reunir los servicios y establecimientos sociales especializados. En
él se determina que, en las residencias de ancianos válidos, la ratio de
personal ha de ser, como mínimo, del 0,25 (25 trabajadores por cada 100
internos), la exigencia sube al 0,30 en el caso de las residencias de ancianos
mixtas y llega al 0,35 en las asistidas. Pero no se pormenoriza ni la
especialidad, ni la categoría, ni los turnos que deben tener.
Apunta, por añadidura, el Justicia, que la mayoría
de residencias manifestaron que tuvieron problemas para disponer de equipos de
protección y que no fue hasta el 7 de abril cuando el IASS comenzó a
suministrarlos, aunque de forma muy escasa en un principio.
Entre las recomendaciones, invita a las
instituciones a pensar que, quizás, “ha llegado el momento de plantearse
alternativa al fenómeno residencial tradicional al que, parece ser, se ha
tendido en España de forma mayoritaria como casi única alternativa”.
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