México
División en la élite y ruido de sables
02/06/2020 | José Luis Hernández Ayala
Vientosur
02.06.2020
El huracán
electoral que barrió el dominio hegemónico a los dos principales partidos
burgueses en México –el Revolucionario Institucional (PRI) y el de Acción
Nacional (PAN)-, en la elección presidencial de julio del 2018, no se ha
disipado, antes bien, está recobrando renovado ímpetu.
A pesar de que
en dicho proceso electoral se repitieron los mismos mecanismos de fraude,
compra de votos y decenas de candidatos asesinados -que impidieron el triunfo
de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 y de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2006-
el abrumador descontento en contra de la corrupción, antidemocracia y la
miseria generada por más de 30 años de neoliberalismo, otorgó más de 30
millones de votos al candidato triunfante o sea el 53% del total. No se trató,
como opina un sector de la izquierda mexicana, de una maniobra palaciega para
que todo siguiera igual, se trató de un auténtico descontento popular que, de
no haber respetado el resultado en las urnas, habría desatado una violenta
irrupción de las masas capaz de destruir el orden establecido. López Obrador no
era el candidato de una oligarquía clasista y racista -que siempre lo ha visto
como un incómodo advenedizo- sino de un sapo que se tuvo que tragar para evitar
un mal mayor. Ante la evidencia de que el régimen autoritario y semidictatoral
del PRI-PAN estaba agonizando, hubo un sector –encabezado por Alfonso Romo y en
menor medida por Carlos Slim, Salinas Pliego y Televisa-, que optaron por
otorgarle un discreto apoyo a diferencia de un sector mayoritario que decidió
confrontarlo.
División en la
élite
Esta división
en la élite viene de antes. Algunos sectores de la oligarquía coincidían con la
corriente de economistas, entre los cuales se encuentra Joseph Stiglitz, Paul
Krugman o Jeffrey Sachs, que sostenían que el neoliberalismo ortodoxo es
inviable y demandaban ajustes al modelo. Además de que cada vez se sentían más
incomodos en sostener a un régimen autoritario, corrupto, ligado al
narcotráfico y que cobijaba a sectores burgueses arribistas o carroñeros que
les hacían competencia, aunque continuaran haciendo negocios comunes. Frente a
ellos se ubican otros sectores oligárquicos fuertemente dependientes de su
relación con el Estado, que son los más conservadores (patriarcales, homófobos,
racistas y clasistas) y ortodoxamente neoliberales que siguen siendo férreos
opositores al gobierno de AMLO. Esta división, en el seno de una oligarquía
sólidamente unida durante décadas, auguraba importantes desacuerdos con el
gobierno que se avecinaba.
Las diferencias
entre el conjunto de la oligarquía y López Obrador no se centran en la
continuidad del capitalismo. El gobierno de López Obrador es un gobierno
burgués sin duda alguna. Pero también refleja diferencias centrales sobre el
papel que debe jugar el Estado como regulador de la política económica. Estas
diferencias se han hecho más agudas durante la pandemia del Covid-19. Mientras
los órganos de representación patronal esperaban la declaración de un estado de
contingencia de salud, que
obliga a la parte patronal a pagar un salario mínimo al día hasta por un mes, a
modo de indemnización, el gobierno federal decretó un estado de emergencia sanitaria por causa de
fuerza mayor, que garantiza el pago íntegro de salarios y
prestaciones. Lo más conflictivo fue la exigencia patronal de solicitar en
incremento de la deuda pública para subsidiar el pago de impuestos o
rescatarlos ante posibles quiebras, tal y como estaban acostumbrados bajo en el
viejo régimen. Ninguno de estos privilegios se les ha concedido y, por el
contrario, se ha continuado el gasto en asistencia social y canalizado recursos
a los pequeños y medianos empresarios.
Existen otros
temas que han confrontado a la elite y el gobierno de López Obrador, mencionaré
los más importantes: la suspensión de la construcción del aeropuerto en el Lago
de Texcoco, por antiecológico y ser un negocio corrupto; la cancelación de la
mal llamada “Reforma Educativa”, por ser contraria a los intereses del
magisterio y abrir el camino a la privatización de la educación pública; la
cancelación de la construcción de la planta cervecera de Constellation Brands
en la ciudad de Mexicali, Baja California, respetando una consulta popular,
debido a que amenazaba el abasto de agua a una ciudad en zona semidesértica; la
recuperación de la soberanía energética con la construcción de una nueva refinería
y la reconfiguración y modernización de las cinco existentes, en materia
eléctrica se estableció un nuevo marco operativo que anula privilegios a las
empresas generadoras de energía fotovoltaica y eólica que hizo que las empresas
trasnacionales, principalmente Iberdrola, pegaran el grito en el cielo; las
continuas denuncias sobre la corrupción de los gobiernos neoliberales que, si
bien ha alcanzado a algunos peces gordos, están aún muy lejos de llevar a
tribunales y decomisar los bienes de todos aquellos que han saqueado la nación.
Este aspecto
progresista de la política obradorista contrasta con otras que reafirman la
continuidad de políticas neoliberales como mantener y reforzar el acuerdo
comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC); impulsar megaproyectos (Tren
Maya y el que cruza el Istmo de Tehuantepec) que, si bien podrían ser
importantes palancas para el desarrollo de estas empobrecidas regiones y
reducir drásticamente el consumo de hidrocarburos, son funcionales al
desarrollo del gran turismo depredador, de parques industriales y, lo más
grave, se han aprobado mediante consultas simuladas a los pueblos originarios;
no se contempla ningún tipo de auditoria a la deuda pública; continua la
aplicación de una férrea austeridad que ha causado el despido de decenas de
miles de empleados públicos y limitado la posibilidad de impulsar el mercado
interno; a pesar de prometer la desmilitarización del país, el gobierno se ha
visto sobrepasado por el crecimiento de la violencia criminal y ha decidido
prolongar la presencia del ejército en las calles durante lo que resta del
sexenio y sin crear instancias civiles o humanitarias que lo vigilen o evalúen;
muy criticable también es que su gobierno se haya sometido a la política
migratoria de Donald Trump.
Ruido de sables
Este es el
marco que explica la ofensiva de la extrema derecha empresarial en contra del
gobierno de López Obrador y de porqué existe una seria preocupación por la
irrupción de movimientos con un claro discurso golpista. Lamentablemente en
México existen diversos sectores de la izquierda radical para los cuales este
gobierno es igual al PRI o al PAN, y, por tanto, no ven ningún peligro en la
existencia de fuerzas golpistas. Incluso consideran que hablar de “fuerzas
golpistas”, es solo un “fantasma” destinado a blindar al actual gobierno de
cualquier crítica y “dividir a la izquierda”.
Ciertamente que
la posibilidad de un golpe de estado en México no representa un peligro
inmediato, sobre todo por la enorme popularidad de que aún goza López Obrador,
el desprestigio de las fuerzas identificadas con el PRI y el PAN y la carencia
de un liderazgo alternativo que los sustituya, pero esto no quiere decir que
tomemos a la ligera los siguientes hechos.
Desde el inicio
de su mandato, el gobierno de López Obrador se ha encontrado con una clara
hostilidad de los medios de comunicación y rumores sobre la “necesidad” de un
golpe de estado. Dichos rumores incluso provenían de medios castrenses. Tanta
fue la inquietud que, el 15 de julio del 2019, ameritaron un oficio de la
Secretaría de la Defensa Nacional, en donde se advierte a militares en retiro
que se abstengan de hacer comentarios contra el presidente y les recuerda que
siguen sujetos a su jurisdicción (https://politica.expansion.mx/mexico/2019/06/15/piden-a-militares-en-retiro-abstenerse-de-hacer-comentarios-contra-amlo
).
El tema subió
de tono, el 22 de octubre del mismo año, cuando el General de División en
retiro, Carlos Gaytán Ochoa, emitió un discurso, en presencia del Secretario de
la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, en donde se cuestionaba las decisiones
tomadas por el “comandante Supremo” en un operativo fallido realizado en la
ciudad de Culiacán, capital del estado de Sinaloa, y se criticaba la situación
de “polarización” es que se encuentra el país. Ver el discurso del general en: https://aristeguinoticias.com/3010/mexico/cuestiona-general-decisiones-estrategicas-del-ejecutivo-que-no-han-convencido-a-todos/
El 4 de
noviembre Obrador calificó como imprudente y poco mesurada la declaración del
general Carlos Gaytán Ochoa. Ver https://www.eleconomista.com.mx/politica/Lopez-Obrador-critica-postura-del-general-Carlos-Gaytan-Ochoa-20191104-0098.html
.
A continuación, rechazó que haya condiciones para realizar un golpe de
estado, toda vez que se cuenta con el apoyo del pueblo de México, el cual
incluye a los militares. “Esto luego de que este fin de semana trascendiera que
había generales inconformes con el actual gobierno”. Ver https://d.elhorizonte.mx/nacional/rechaza-amlo-que-haya-condiciones-para-un-golpe-de-estado/2685653
Quién de manera
más clara y abierta, desde los primeros días de actual gobierno, está incitado
al ejército para dar un golpe de estado en contra de López Obrador es el
empresario de la ciudad de Monterrey (la más industrializada del país), Nuevo
León, Gilberto Lozano. El martes 12 de noviembre del 2019, el también líder del
Congreso Nacional Ciudadano, Gilberto Lozano, acudió a la Séptima Zona Militar,
ubicada en Escobedo, Nuevo León, para solicitar al Ejército que efectúe un
Golpe de Estado para sacar a Andrés Manuel López Obrador de la Presidencia de
México. Ver https://polemon.mx/gilberto-lozano-quiere-derrocar-a-amlo-pide-al-ejercito-dar-golpe-de-estado
Gilberto
Lozano, a quién ya llaman “El Bolsonaro de México” no es un lunático. Fue
director de la multinacional mexicana FEMSA y fundador del Congreso Nacional
Ciudadano, que se anunciaba como una "organización ciudadana apartidista
que busca derrumbar el sistema político mexicano para ir al México nuevo".
FEMSA, la
empresa que dirigió, tiene su sede en la capital regia y es la mayor
embotelladora de Coca-Cola en el mundo, también pertenece a esta empresa la
cadena de tiendas de autoservicio OXXO, y distribuye distintas marcas, entre
las que figura Heineken.
Con las fiestas
de fin de año y la pandemia del coronavirus se abrió una especie de tregua que
duró muy poco. El 15 abril el portal de la periodista Carmen Aristegui público
un editorial de periódico Financial Times, vocero de la oligarquía británica,
en donde se advierte que: “Más y más voces en la élite de México hablan de que
se avecina una tragedia. Los líderes empresariales propusieron una alternativa
al plan de respuesta contra el virus.” Y se queja de que “el líder de México ha
descartado préstamos adicionales, exenciones de impuestos o rescates…” Ver https://aristeguinoticias.com/1504/mexico/pandemia-evidencia-debilidades-de-amlo-financial-times/
El pasado 20 de
abril apareció, en las redes sociales, una filtración en donde un conocido
periodista, Pedro Ferriz de Con, revela su plan para «derrocar» a AMLO,
distintas voces criticaron la postura del periodista detractor de la Cuarta
Transformación. Ver https://regeneracion.mx/por-audio-en-redes-acusan-de-golpista-a-pedro-ferriz-de-con/
Más
recientemente, el sábado 9 de mayo, otro prominente empresario irrumpió en las
redes sociales en contra del gobierno de López Obrador en tono lindante con una
abierta conspiración. La gravedad del hecho mereció un editorial del periódico La
Jornada (11 de mayo), titulado “Martín Bringas: golpismo inadmisible”, cuyo
primer párrafo reproduzco: “El empresario Pedro Luis Martín Bringas, accionista
de Grupo Soriana, anunció el sábado pasado, en un mensaje en video difundido
enredes sociales, que asumía el liderazgo de un Frente nacional anti-AMLO
(Frenaaa), grupo irregular constituido por algunos industriales de extrema
derecha entre los que destaca Gilberto Lozano, ex oficial mayor de la
Secretaría de Gobernación y ex director corporativo de Femsa (Coca-Cola). La
familia Martín Bringas es poseedora de una fortuna estimada por la revista
Forbes en 3 mil 200 millones de dólares. En su alocución, Martín Bringas
declaró que el propósito del grupo referido es remover del cargo al presidente
Andrés Manuel López Obrador antes del próximo primero de diciembre.” Ver https://www.jornada.com.mx/2020/05/11/edito
Intelectuales
ligados al movimiento que encabeza el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional, como Carlos Antonio Aguirre Rojas y Gilberto López y Rivas, que
también califican al gobierno obradorista de ser igual al PRI y al PAN,
coinciden en que se está fraguando “un golpe de estado blando contra AMLO”. Ver
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/05/05/oposicion-fragua-golpe-de-estado-blando-contra-amlo-expertos/
Reconocer la
existencia de estas fuerzas golpistas no significa, en modo alguno, que debamos
“alinearnos” al gobierno de López Obrador, pero sí nos obliga a realizar un
examen más mesurado del análisis de estas contradicciones y de tener la
capacidad de anticipar que una futura crisis política no desemboque en un
auténtico golpe de estado, “blando o duro”, como acontece en países hermanos de
Sudamérica.
López Obrador y
la clase trabajadora
Dentro del
débil y fragmentado sindicalismo democrático se guardaba gran esperanza en que
el arribo del nuevo gobierno sirviera para desmantelar las viejas estructuras
corporativas y corruptas que mantienen maniatada al grueso de la clase
trabajadora y revertir las reformas neoliberales en materia laboral. Ese
control corporativo fue la clave que explica la relativa estabilidad del
régimen emanado de la Revolución Mexicana de 1910.
A continuación,
haremos un rápido examen de la política laboral del obradorismo.
Por la parte
positiva está el reconocimiento del convenio 98 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) relativo al derecho de sindicación y
contratación colectiva y se ha hecho una reforma laboral que, aunque introduce
severos controles a la vida interna de las organizaciones sindicales, impulsa
la elección de sus directivas mediante el voto libre, directo y secreto; obliga
a las directivas sindicales a dar cuenta precisa del manejo de las cuotas y de
la negociación de los contratos colectivos de trabajo; bloquea la existencia de
contratos colectivos de protección patronal; transparenta el registro de
organizaciones sindicales y de contratos colectivos de trabajo al hacerlos
públicos; permite una mayor libertad sindical al reconocer la existencia de más
de una organización sindical en cada empresa, aunque ello signifique un arma de
doble filo; y la mencionada derogación de la reforma educativa.
En los dos
últimos años los salarios mínimos generales se han incrementado en 39,45% y
110% en la franja fronteriza del norte, aunque este beneficio no se ha
extendido a los salarios contractuales; el establecimiento de una renta básica
para los adultos mayores de 68 años y 65 para los grupos indígenas ($1,275
pesos mensuales); y el establecimiento del programa de capacitación para
jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, que no estudian y no trabajan, en
empresas, talleres, instituciones o negocios, con un apoyo mensual de $3,748.00
y seguro médico contra enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo, el
problema es que este programa está siendo monopolizado por grandes empresas que
obtienen mano de obra gratuita y no otorgan ninguna garantía de permanencia en
el trabajo.
Por la negativa
observamos que aún se mantienen los topes salariales en las revisiones
contractuales; no se ha emprendido una reforma legislativa para desterrar el outsourcing
y otras formas perversas de contratación laboral; éstas formas de contratación
aún persisten dentro de la misma administración pública.
Ante la crisis
de las Afores (sistema privado de pensiones copiado del fracasado modelo de la
dictadura chilena), generado en el periodo neoliberal, Obrador aún no deja en
claro cuál es su propuesta para garantizar una vejez digna para las nuevas
generaciones. Lo que necesitamos es su completa derogación, regresar a un
sistema solidario acompañado del control de los trabajadores sobre sus fondos
de pensión y realizar una auditoría sobre su mal manejo.
Aunque la
reforma laboral propicia la depuración y democratización de las organizaciones
sindicales, no se ha podido alcanzar este objetivo debido a la extrema
debilidad, fragmentación y gremialismo del sindicalismo independiente y los
trabajadores, bajo el yugo del corporativismo, aún no son capaces de recuperar
sus organizaciones sindicales. En México apenas el 3% de la clase trabajadora
cuenta con sindicatos auténticos, los sindicatos burocráticos representan al 8%
y casi el 90% no tienen organización sindical o han pertenecido a sindicatos de
protección patronal. En la tarea de reorganizar a la clase trabajadora -de
manera independiente, democrática y con un programa clasista-, destaca el
esfuerzo de la Nueva Central de Trabajadores. Es de notar la negativa del
gobierno de López Obrador a reunirse con las dirigencias sindicales
democráticas, cosa que si ha hecho con el sindicalismo “charro”.
¿Cómo debemos
posicionarnos ante el gobierno de López Obrador?
Coincidir en la
caracterización del gobierno de López Obrador como un gobierno burgués es
importante, pero del todo insuficiente. López Obrador, como lo hemos descrito
anteriormente, no es igual al PRI o al PAN, pues no se subordina a los dictados
de la oligarquía, aunque tampoco se atreve a romper con ella. Para poder sacar
del poder al viejo régimen, tuvo que apoyarse en una intensa movilización
popular y también en una alianza con una fracción de la clase dominante. Este
origen le confiere a su gobierno rasgos de un bonapartismo progresista. ¿Qué
queremos decir con esto? Cuando la clase dominante ya no puede gobernar como
antes y la clase trabajadora aún no cuenta con la conciencia, organización y
disciplina para ponerse al frente de la nación, surge una tercera alternativa,
normalmente concentrada en una sola persona, que se presenta por “encima de las
clases sociales” y que, sin pretender cambiar de fondo el orden capitalista,
intenta conciliarlas haciendo concesiones a unos y luego a los otros en interés
de la “Nación”. El actual gobierno oscila entre el capital extranjero y el
doméstico, entre una oligarquía nacional y un proletariado relativamente débil
y dividido. Se eleva, por así decirlo, por encima de las clases sociales. Desde
una perspectiva nacional, López Obrador forma parte de esa vieja corriente
“nacionalista revolucionaria o cardenista (por el presidente Lázaro Cárdenas)”,
que intenta establecer un Estado de Bienestar sobre bases democráticas.
Por esta razón,
podemos reivindicar, sin el menor rubor, que podemos coincidir, en algunos
puntos, con el programa democrático-progresista de López Obrador, sobre todo
cuando retoma banderas que los movimientos sociales hemos levantado durante
décadas, aunque también discrepemos y critiquemos las inconsecuencias y
limitaciones que hemos mencionado. La clave estriba en mantenernos por fuera de
las instituciones y defender, con todo, nuestra independencia política.
Un claro
ejemplo de esta posición, es la actitud del Sindicato Mexicano de Electricistas
ante la airada respuesta de las empresas extranjeras de generación fotovoltaica
y eólica por la pérdida de sus contratos leoninos con Comisión Federal de
Electricidad. ¿Apoyamos esta medida? Por supuesto que sí, pero insistiendo en
la renacionalización del sector eléctrico y la solución de su conflicto. Esta
postura en nada redujo la autonomía de esta combativa organización sindical
hacia el gobierno.
Ante las
fuerzas golpistas de extrema derecha, no debemos cerrar los ojos a su
existencia o pensar que es “su problema” de López Obrador. Si estas fuerzas
retoman el poder, en su versión de extrema derecha, vendrán a por todos y todas
nostr@s. La extrema derecha también es nuestra enemiga y, en caso de una mayor
crisis política, se hará necesario recurrir a la unidad de acción de todas las
fuerzas democráticas para derrotarla.
Yautepec,
Morelos, México, a 2 de junio de 2020
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