La apología del franquismo como delito, verdades y mentiras
15.02.2020
La colisión entre el derecho a la libertad de expresión y la noticia de que el Gobierno pretende legislar para perseguir la “apología del franquismo”, es materia tratada hoy por los juristas consultados por El País en el artículo “El delito de apología del franquismo, un debate espinoso que afecta a la libertad de expresión”, que afirman debe primar el derecho a la libertad de expresión sobre el significado y las consecuencias del enaltecimiento del franquismo.
Según estos juristas -de apreciable
corte conservador- existen graves obstáculos para que la ley pretendida
por el gobierno de Sánchez pueda salir adelante en el Parlamento, y que,
si así fuera, habría un grave problema de aplicación por la más que
probable cadena de recursos judiciales que traerían parejas las
sentencias condenatorias, ante la dificultad de perfilar los límites
entre el derecho a opinar y la valoración penal de un régimen, el
franquista, que no ha sido ilegalizado.
La derecha política,
social, económica y religiosa, se rasga las vestiduras ante lo que
consideran un ataque a la libertad de expresión que pretende implantar
un relato “oficial” único sobre el franquismo, mientras que la noticia
es celebrada con alborozo entre la izquierda y los sectores
memorialistas y republicanos, como una señal de que la impunidad de que
se ha rodeado el universo totalitario del franquismo parece toca a su
fin.
Ni una cosa ni la otra, por cuanto –aunque desconocemos el
texto gubernamental- las fuerzas conservadoras profranquistas no tienen
serio motivo de preocupación, ya que llevados los litigios al ámbito
judicial no habrá mayor problema, como no lo hay en la actualidad, en
que los jueces y fiscales continúen amparando estas prácticas de
tolerancia e incluso de glorificación del franquismo, basándose en el
derecho constitucional a la libertad de expresión.
Consecuente
con lo anterior, las fuerzas democráticas carecen de fundados motivos de
esperanza visto el talante mantenido hasta aquí por jueces y fiscales,
que ignoran a sabiendas la aplicación de las leyes de la ONU a que hacen
referencia en sus informes los dos Comisionados del Comité de Derechos
Humanos, y que colocan en evidente desamparo a las víctimas del
franquismo y a la conciencia democrática de los españoles que consideran
incompatible –incluso- con la Constitución de 1978, la apología del
franquismo, como una agresión directa y perceptible al derecho al honor,
no solo de las víctimas, si no de sus familiares legitimados para
demandarlo.
Los juristas elegidos por El
País para esta consulta se olvidan de una posibilidad: la de que
previamente el Gobierno promueva una ley de ilegalización del
franquismo, con amplios visos de poder ser aprobada en esta legislatura
de existir voluntad política, ante la que la apología de aquel régimen
ya no podría disfrutar de coartadas de amparo y justificación, como no
las tiene en la actualidad la exaltación del terrorismo (Art. 578 del
CP) que califica como delito castigado con penas de prisión, cualquier
expresión de apología del amplio catálogos de delitos comprendidos entre
el 571 y 577, entre los que se encuentran también los calificados como
“delitos de lesa humanidad” a que se refiere en vigente artículo 607 bis
del código penal.
Sin la ilegalización jurídica y penal del
franquismo, la batalla contra la impunidad de todo el orbe totalitario
representado por los golpistas de 1936 y la posterior dictadura de
Franco, proseguirá con un rosario inacabable de recursos y el más que
probable triunfo de los recurrentes profranquistas ...porque no se puede ilegalizar la apología de algo que es legal.
Y el franquismo, con un gobierno de izquierdas, lo sigue siendo.
Floren Dimas. Oficial del Ejército del Aire (R)
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