¿Quién está detrás de la demanda millonaria a España por las renovables?
Rebelión
Público.es
22.06.2019
La Carta de la
Energía está siendo el instrumento por el que el Estado Español está
siendo demandado por los recortes en los programas de ayudas las
renovables hecho por el gobierno del PP. Según un informe de Corporate
Europe Observatory y el Transnational Institute, en el 88% por ciento de
las demandas presentadas no es una empresa de energía renovable sino un
fondo de inversión, a menudo vinculado con el sector del carbón, del
gas o del petróleo. Además muchos de estos fondos están radicados en
espacios de baja fiscalidad como Luxemburgo.
El 31 de mayo el
Estado español fue condenado a pagar 41,8 millones de euros a la
sociedad radicada en Luxemburgo 9REN Holding tras perder el arbitraje de
inversiones interpuesto ante el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). A esta suma se añaden casi
seis millones de euros en costes del procedimiento y gastos del tribunal
más los intereses generados desde junio de 2014.
Desde 2011,
España se ha visto afectada por 45 demandas al amparo del Tratado sobre
la Carta de la Energía, debido a los recortes en las ayudas a las
energías renovables que se iniciaron en medio de una dura crisis
financiera y que acabaron con los precios bonificados para la
electricidad generada de manera renovable. Esto afectó a personas
corrientes, a cooperativas de energía renovable y a pequeñas y medianas
empresas, pero son los fondos de inversión quiénes se han beneficiado
del arbitraje de inversiones lo cual revela uno de los defectos más
graves del Tratado. El Tratado sobre la Carta de la Energía es un
acuerdo internacional firmado en 1994 sobre el sector energético y que
incluye a casi 50 países de Europa occidental y del este, Asia Central, y
Japón. El acuerdo se compone de un amplio número de reglas, incluyendo
aquellas sobre la circulación energética y el comercio. Sin embargo, las
provisiones relacionadas a la protección de las inversiones extranjeras
en materia energética son la piedra angular del mismo.
El
Tratado contiene el polémico mecanismo de resolución de controversias
entre inversor-Estado (ISDS por sus siglas en inglés) según el cual los
inversores pueden demandar a los Estados por cambios legislativos o
regulatorios que afecten a los beneficios de sus inversiones. Esto,
además de suponer un coste enorme para las arcas del Estado, compromete
la necesaria transición ecológica, al posibilitar a las multinacionales
que se lucran de los combustibles fósiles demandar al Estado en el caso
de que éste legisle con el objetivo de hacer disminuir o desaparecer su
consumo.
A día de hoy, España es el país del mundo más demandado
invocando el Tratado sobre la Carta de la Energía. De los 45 casos, ocho
–teniendo en cuenta la nueva condena– ya han sido resueltos a favor del
inversor, por los cuales España ha sido condenada a pagar la cantidad
aproximada de 729 millones de euros. Sin duda, nuevas sentencias
surgirán en lo que queda de año.
¿Quién está demandando?
Según
un informe de Corporate Europe Observatory y el Transnational
Institute, en el 88% por ciento de las demandas presentadas contra
España por los recortes en los programas de ayuda a la energía
renovable, no es una empresa de energía renovable sino un fondo de
inversión, a menudo vinculado con el sector del carbón, del gas o del
petróleo. Por otro lado, dado que la definición de “inversor” o
“inversión” que establece el Tratado es tan amplia, los Estados pueden
ser demandados por inversores de todo el mundo. Esto propicia a que el
TCE sea objeto de abuso por parte de sociedades pantalla, que por lo
general sólo existen sobre el papel y se suelen usar para la evasión de
impuestos.
9REN Holding fue creada por el fondo de capital riesgo
estadounidense First Reserve tras la compra en 2008 de Gamesa Solar, la
filial de Gamesa especializada en parques fotovoltaicos. Bajo esta
sociedad, domiciliada en Luxemburgo probablemente por motivos fiscales,
9REN aglutina diversos negocios de generación y venta de energía solar
en España e Italia (estos últimos fueron traspasados exitosamente en
2016). El modelo se benefició de la recepción de los subsidios que
habían entonces del Estado para construir y explotar instalaciones de
energía renovable.
First Reserve es una de las principales
gestoras de fondos del mundo especializada en el sector de la energía,
con más de 35 años de experiencia y 32.000 millones de dólares
invertidos. Entre las inversiones que ha realizado, se encuentran
compañías de alto riesgo como Abengoa. El Tratado sobre la Carta de la
Energía está siendo cada vez más utilizado por inversores financieros o
sociedades de cartera.
Los argumentos de desamparo legal de este
tipo de compañías son más que cuestionables. Con este perfil inversor,
es indudable que First Reserve debería realizar durante la ejecución de
sus numerosas inversiones un riguroso análisis para asegurar que cumple
con sus obligaciones en materia de debida diligencia.
9REN
Holding inicia sus operaciones en España en 2008, cuando ya estábamos en
plena crisis económica y se empezaban a introducir algunos cambios en
los programa de ayuda a las energías renovables. Resulta sorprendente
que incluso dos años más tarde, tras anunciar el Gobierno en 2010 planes
para recortar la retribución a las renovables, en diciembre de 2011,
First Reserve decidiera incrementar su exposición al sector con una
nueva inversión. En esta ocasión, fueron 150 millones de dólares
invertidos de la mano de la promotora española Renovalia, creando
Renovalia Reserve para desarrollar y explotar conjuntamente parques
eólicos.
Pese al impacto mediático de la condena a su favor en el
caso 9Ren por el recorte a las renovables, la mayoría de las
inversiones de First Reserve se dirigen a compañías productoras de
combustibles fósiles. Entre sus empresas participadas en cartera se
encuentran desde extractoras de petróleo y gas hasta constructoras de
oleoductos. No obstante, en el apartado de su web sobre sus criterios en
materia medioambiental, social y gobernanza (ESG por sus siglas en
inglés), la compañía dice buscar la protección del medio ambiente
colaborando en programas con el Departamento de Energía de EE UU para
“la implantación de las mejores prácticas en la producción de gas de
esquisto”.
Salirse del Tratado sobre la Carta de la Energía
La
campaña ‘Derechos para las personas, obligaciones para las
multinacionales’, de la que forma parte Ecologistas en Acción, pide al
gobierno de España salirse del Tratado sobre la Carta de la Energía para
evitar nuevas demandas de arbitraje internacional y garantizar la
soberanía de los gobiernos nacionales y autonómicos en su capacidad de
legislar a favor de un marco regulatorio que favorezca las energías
limpias.
Según el Artículo 37 Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de
Tratados y otros Acuerdos Internacionales y el Artículo 94.1 de la
Constitución española, salirse de un tratado internacional como el TCE
requiere de la autorización de las Cortes. Una vez aprobada la salida
por las Cortes, el Estado español deberá remitir una carta al
depositario, el gobierno de Portugal, manifestando su denuncia del
tratado, tal y como se recoge en el Artículo 47 de este. Es decir,
recuperar nuestra soberanía legislativa y regulatoria en materia
energética, combatir el cambio climático con una urgente transición
energética y ahorrarnos el coste de futuras demandas millonarias
requiere principalmente de voluntad política.
Notas
- Aquí pueden descargar el laudo “9REN Holding S.A.R.L contra el Reino de España. Caso No. ARB/15/15” del 31 de mayo 2019: https://globalarbitrationreview.com/digital_assets/2c9cb839-5a88-4685-9429-5df935e466a2/Award-(SP).pdf
- Sexto laudo emitido contra España en los arbitrajes por las renovables: http://ciarglobal.com/sexto-laudo-emitido-contra-espana-en-los-arbitrajes-por-las-renovables/
- El fondo 9Ren gana otro laudo a España por las renovables: 42 millones más costas: https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-06-04/laudo-renovables-9ren-espana-ciadi-ribera_2051982/
- Informe “Un Tratado para gobernarlos a todos: El Tratado sobre la Carta de la Energía, en constante ampliación, garantiza a las corporaciones poderes para frenar la transición energética”: https://www.energy-charter-dirty-secrets.org/
- Análisis “España: un caso paradigmático en de los arbitrajes de invesrión en el sector de las energías” http://www.noalttip.org/wp-content/uploads/2017/05/casos_Espana.pdf
- Los pleitos por el recorte a las renovables costarán 7.000 millones a las arcas públicas: https://www.publico.es/economia/pleitos-recorte-renovables-costaran-7000-millones-arcas-publicas.html
- Los secretos de las empresas que demandaron a España por 8.500 millones por los recortes a las renovables: https://blogs.publico.es/otrasmiradas/14001/los-secretos-de-las-empresas-que-demandaron-a-espana-por-8-500-millones-por-los-recortes-a-las-renovables
José Ariza de la Cruz es portavoz de Ecologistas en Acción y Lucía Bárcena es investigadora en Transnational Institute.
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