España (y no me diga usted tonterías, porque es que me entra la risa, eso sí, después de que se me pasa la mala leche) necesitaba un gobierno en plan Primo de Zumosol, o sea, fortachón, con capacidad para amedrentar el barrio; con experiencia, equilicúa y esto y lo otro. En resumidas cuentas, que los litroneros del capital querían que estuviera en el gobierno Mariano Rajoy, porque para gobernar ya estaba la litronería capitalista, teniendo como fuente de las ordenes correspondientes la alemana Ángela, amiga mía guay.
En fin, que como a Mariano Rajoy no le gusta la gaseosa, y es más cuco-embustero que la fábrica donde los hacen, se apaña su gobierno con la derecha encorvada que es Ciudadanos y la derecha petiminí que es el PSOE, y todos más felices que si comiéramos perdices: España tiene un gobierno fortachón, y gracias a esto, ya digo, hoy la electricidad es más cara que ayer, pero menos que mañana.
Yo que soy opositor al gobierno tripartito de Mariano Rajoy llevo siete días seguidos meando desde el balcón de mi casa, porque dijo el Mariano que mientras más agua cayera más barata sería la electricidad, pero ¡kía!, no hay manera, la electricidad sigue subiendo.
* * *
¿CUÁNTO GANAN LAS EMPRESAS
ELÉCTRICAS EN ESPAÑA?
Rebelión
La Marea
06.02.2017
El Observatorio Crítico de la
Energía considera que el nuevo decreto del Gobierno que carga el bono social
solo a las empresas comercializadoras beneficia a las tres grandes eléctricas
-Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa- que obtienen beneficios
multimillonarios
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El sector eléctrico vuelve a
estar en el candelero tras la enésima subida sospechosa del
precio de la electricidad. Regresa con ello a los debates televisivos y rara
vez falta el tertuliano que clama a la defensiva que las eléctricas pierden
dinero en España y que, si sobreviven, es gracias a sus negocios en el
extranjero. Esto es sencillamente falso.
Resulta
legítimo que las empresas que participan en el sistema eléctrico español
obtengan beneficios derivados de su actividad. Esto es válido en principio para
cooperativas, pequeñas compañías o grandes multinacionales. Pero es también
legítimo preguntarnos si estos beneficios son razonables. Al fin y al cabo, las
compañías eléctricas operan en un sector estratégico regulado (aunque no
lo suficientemente y además mal) por el Estado y que determina el acceso de los
consumidores a la electricidad, un bien básico que hasta hace unos años era
considerado un servicio público.
Y
“razonable” es, significativamente, la palabra que el Gobierno ha utilizado
hace unos años para reformar la remuneración de las empresas que generan
electricidad utilizando fuentes renovables [1]. Asimismo, disponer de esta
información es útil para abordar de forma razonada y razonable el reciente
debate sobre cómo debe costearse el bono social. Confrontar los
beneficios anuales de las empresas eléctricas con los 200 millones de euros que
en promedio aproximado representa cada año el bono social permite evaluar el
esfuerzo económico que supone a estas compañías cumplir con el servicio público
que se les exige.
Una
buena forma de hacer esta valoración es comparar los beneficios de las
principales empresas eléctricas operando en nuestro país con los que
obtienen sus homólogas que operan en otros países europeos y con el coste del
bono social. Los tres gráficos que acompañan a este artículo permiten obtener
una visión de conjunto.
En
la figura superior hemos recopilado el beneficio neto o EBIT (beneficios
antes de intereses e impuestos) de Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa
para los años comprendidos entre 2008 y 2015. Los datos proceden de las cuentas
de resultados que publican cada una de estas compañías en sus informes anuales.
Las cifras de beneficio neto incluyen las actividades de generación,
distribución y comercialización de electricidad en España y Portugal. Entre
2008 y 2015 esta cifra asciende a 37.260 millones de euros.
En
la figura intermedia se muestra la evolución, para cada empresa y año, del
margen operativo, es decir, el ratio entre el beneficio neto y la cifra de
negocio. Como referencia, en la figura se ha añadido también el margen
operativo medio de las empresas eléctricas que operan en Reino Unido
[2], cuyo valor estimado entre 2007 y 2011 es 8,6%. Las “Big 6”
suponen un buen elemento de referencia a la hora de comparar directamente
beneficios: son empresas operando en el mismo sector, que además en ambos
países tienen un mix de tecnologías de generación similar y un mercado
liberalizado parecido, ya que la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico fue
inspirada por el sistema del Reino Unido.
Ahora
podemos calcular el beneficio neto “excesivo” como la diferencia entre el
beneficio que ha obtenido cada empresa española y el que hubiese obtenido si su
margen operativo hubiera sido igual al que han obtenido sus homólogas en Reino
Unido. En este paso, alguien podría argumentar que el beneficio de las empresas
eléctricas en España podría ser superior porque sus decisiones inversoras han
sido más acertadas. Sin embargo el hecho de que la mayor parte de centrales
hidroeléctricas, térmicas de carbón y nucleares sean previas a la
implantación de este mercado, junto con la masiva inversión en centrales de ciclo
combinado que ahora operan un número de horas muy inferior al previsto,
parece indicar que este no es el caso y, por tanto, la hipótesis asumida es
razonable.
El
gráfico inferior muestra los beneficios netos “excesivos” que han obtenido
Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, cuya suma asciende a 11.053 millones
de euros entre los años 2008 y 2015 [3]. Si, por ser conservadores,
limitamos la comparación al intervalo 2008-2011, en que los datos del Reino
Unido nos sirven de referencia, el resultado es 8.844 millones de euros.
Durante
el periodo de tiempo analizado, el coste del bono social ha representado
aproximadamente 1.300 millones de euros (100 millones en 2009 y 200 millones de
euros al año entre 2010 y 2015). Para visualizar la magnitud del bono social en
comparación con los beneficios de las grandes eléctricas, en las figuras
superior e inferior hemos añadido las cantidades aproximadas con que cada una
de estas empresas debería financiar del bono social según estableció el
Gobierno para el año 2016
(previamente a que el Tribunal Supremo invalidase este mecanismo). Las
gráficas hablan por sí solas.
Las
sucesivas sentencias del Tribunal Supremo anularon los distintos mecanismos por
los que la financiación del bono social corría a cargo de las eléctricas (el Real
Decreto-Ley 6/2009 fijó la forma de costear el bono de los años 2009-2013 y
el Real Decreto 968/2014 determinó el funcionamiento en el período
2014-2016) estableciendo que el coste debía ser reintegrado a dichas empresas.
En ambas sentencias, el mecanismo correspondiente es invalidado porque es
considerado discriminatorio pero, en ningún caso, el Tribunal Supremo rechaza
la posibilidad de que sean las empresas eléctricas quienes financiasen el bono
social.
El
Gobierno ha propuesto recientemente en el Real Decreto-Ley 7/2016 que
sean las comercializadoras las que carguen en exclusiva con dicho coste. Nos
parece una decisión errónea en base a dos argumentos. En primer lugar, uno de
tipo legal: que no participen en la financiación empresas generadoras o
distribuidoras puede provocar que el Tribunal Supremo también considere
este mecanismo discriminatorio. En segundo lugar, uno de tipo económico: la
comercialización es la actividad donde se obtienen los menores márgenes de
operación: sería más razonable incluir también los segmentos de donde provienen
los beneficios excesivos de las grandes eléctricas, generación y
distribución.
Precisamente
por no hacerlo, la propuesta puede finalmente tener un efecto regulatorio muy
perverso: beneficiar de facto a comercializadoras que forman parte de grupos
verticalmente integrados (grupos que tienen enormes beneficios en otros
segmentos) con respecto a aquellas que no, como las comercializadoras
cooperativas verdes. Eso sería una decisión de política energética
inadecuada de cara a la necesaria transición a un nuevo modelo energético.
En
conclusión, y a la vista de los resultados, exigir que todas las empresas que
participan del sistema eléctrico financien, de manera proporcional a la energía
que gestionen, el bono social es, además de algo posible desde el punto de
vista legal, lo mínimo razonable a la luz de los beneficios que obtiene las
tres principales empresas que operan en este sistema.
Notas:
[1]
A nadie debería escapársele, que el establecimiento de una “rentabilidad
razonable” no fue sino un recorte retroactivo a retribuciones comprometidas; en
este artículo nos limitamos a fijarnos en la retórica utilizada.
[2]
Los beneficios se refieren al EBIT (beneficios antes de intereses e impuestos).
Los datos de España se han comparado con los beneficios netos obtenidos en
Reino Unido por las 6 mayores empresas eléctricas: Scottish Power, SEE, EDF
Energy, Centrica, RWE Npower, EON, reportados en el documento “UK Big 6
utility investment trends, Bloomberg”.
[3]
Cabe mencionar que todos estos enormes beneficios han ido a empresas privadas,
ya que en España no existen grandes compañías eléctricas públicas desde finales
de los noventa. Un repaso detallado a cómo se llevó a cabo la privatización de
Endesa y la liberalización del sector eléctrico puede leerse en el libro del
Observatorio Critico de la Energía “Crónicas eléctricas. Breve y trágica
historia del sector eléctrico español”, editado por Akal.
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