PP y PSOE pagan a jueces en Madrid y Andalucía
04.08.2015
La Comunidad de Madrid (PP) y la empresa
Indra abonan a magistrados y fiscales 230.000 €
Puertas
giratorias y jueces pagados por políticos: la división de poderes naufraga en
España y estanca la economía
La Junta de Andalucía (PSOE) sufraga un plus de 1.300 euros al mes al presidente del tribunal encargado
de investigar a los aforados, laComunidad de Madrid
(PP) paga a jueces y
fiscales pero a través de un tercero: la empresaIndra. Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de
Andalucía (TSJA), cobra desde diciembre de 2010 el mismo complemento para
alquiler de vivienda que reciben los altos cargos de la Junta. La ley que rige
las retribuciones de los jueces estipula que solo percibirán las que abona el
Ministerio de Justicia pero la Junta de Andalucía dice que este no es un
complemento sino una “indemnización” por servicio, denuncia
la periodista Alicia Gutiérrez. En Madrid, el
periodista José Antonio Hernández afloró el mismo
“bastardeo”: “El Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene desde 2011 un pacto con la firma tecnológica Indra para que esta
multinacional pague retribuciones periódicas,establecidas por
contrato, a jueces, fiscales, secretarios y
funcionarios judiciales a cambio del asesoramiento que estos
prestan “en el desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas que permitan
agilizar la justicia madrileña”. En total, son 32 los
juristas que han intervenido (muchos siguen haciéndolo), entre ellos el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco
Vieira, en unas tareas de asesoramiento que, de momento, han supuesto a Indra un desembolso cercano a 230.000 euros”.
El juez
Lorenzo del Río (Andalucía)
Son ya muchas las voces que se alzan
contra estas “puertas giratorias” judiciales: Rafael
Jiménez Asensio (Universidad Pompeu Fabra) sostiene que el trasvase al sector privado “les permite utilizar circuitos privilegiados porque, en definitiva, no son vistos como abogados exclusivamente, sino
como personas con un cierto parentesco, como miembros que han sido de la
carrera”. Manuel Villoria(Transparencia
Internacional) pide equipararnos a Francia, “donde la judicatura está mucho más
cerrada. Allí se establece una especie de cuarentena, como
sucede aquí en el caso de los políticos o altos cargos, pero en definitiva hay
un comité ético que es quien regula las excedencias y cuyo incumplimiento supone un delito. Puede suceder lo que
con losinspectores de Hacienda y los abogados
del Estado“, añade Villoria, “con altos porcentajes de funcionarios excedentes en empresas privadas“. Y algunos fiscales y magistrados honrados ya toman medidas: “En
las Juntas de fiscales“, dice un miembro de
la Fiscalía Anticorrupción, “hemos propuesto que quienes se marchen no puedan llevar ni asesorar en ningún asunto
vigente en el momento de salir de la fiscalía“. Y toman precauciones: “Hay fiscales
que reciben a los abogados. Otros que no reciben a nadie. Yo recibo a todo el mundo, menos a ex fiscales y ex jueces”, señala otro.
El juez
Francisco Vieira (Andalucía)
También en la prensa del régimen comienzan a vivirse situaciones de hartazgo ante esta continua mezcla de intereses entre el poder político y judicial,
con esa complicidad tan favorable hacia las
“puertas giratorias”. El nuevo director de “El Mundo”, David Jiménez, en un célebre artículo titulado “No es país para leyes”, subraya que “España ha entrado en una especie deviejo oeste legislativo donde cada cacique
local, provincial o regional decide qué leyes son de su suficiente agrado como
para molestarse en aplicarlas. La dificultad para dar la vuelta a la
creencia de que las leyes no comprometen a todos por igual es que es compartida
por los mismos partidos que las proponen,
redactan y aprueban. Partido Popular y PSOE llevan tratando de
minar la independencia judicial desde antes de que se atribuyera a Alfonso Guerra la frase “Montesquieu ha muerto” (y con él, la idea de que unos poderes deben vigilar a otros)”.
El periodista
David Jiménez
“Produce sonrojo que, como recordaba Manuel Marracoen su crónica en este diario, la votación reprodujera
“casi miméticamente la procedencia [política] del nombramiento de los vocales”.
¿Eran jueces o políticos los que votaban? Y en efecto: votaron
a favor de Díez-Picazocomo sustituto de José Manuel Sieira en el Tribunal Supremo los vocales
nombrados a propuesta del PP:Ángeles Carmona, Juan
Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Fernando Grande-Marlaska, Vicente
Guilarte, Nuria Díaz Abad, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez
Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea, así como el
presidente, Carlos Lesmes. Y a favor de Sieira los vocales progresistas María Victoria Cinto, Álvaro Cuesta, Roser Bach, Clara Martínez de Careaga,
Concepción Sáez, Pilar Sepúlveda, Rafael Mozo, además de Enrique Lucas, propuesto por el PNV.
Pérez de los
Cobos, presidente del Tribunal Constitucional y residente en el barrio de
Chueca (Madrid), con Rajoy
“Su constante intromisión nos aleja del
ideal del abogado Atticus Finch en Matar a un Ruiseñor, cuando sostiene que la justicia de un
verdadero Estado de Derecho “hace a un pobre el igual de un Rockefeller, a un estúpido el igual de unEinstein, y al hombre ignorante, el igual de un director de colegio”. Nuestros políticos siempre han buscado lo contrario: asegurarse un
trato privilegiado, haciendo que las carreras de
los magistrados dependan de sus decisiones y obligándoles
a definirse políticamente para entrar en el juego de los premios y castigos. Si la estrategia no
les ha salido bien del todo es porque la magnitud
del saqueo de estos años lo hacía imposible y por ladignidad de magistrados dispuestos a sacrificar futuros ascensos por un concepto de la justicia más cercano al de Atticus que al de Mariano Rajoy”, concluye el
periodista David Jiménez.
El periodista
Jesús Cacho
En la misma línea, el periodista Jesús Cacho ve como cobra especial relevancia el
papel de Emilio de Llera, consejero de
Interior y Justicia de la Junta de Andalucía y fiscal en excedencia
(34 años de ejercicio en Sevilla, donde ha llegado a ser fiscal decano de la
Fiscalía Provincial). “Busque usted un juez en Sevilla que no
sea amigo mío, búsquelo a ver si es capaz de encontrarlo”, respuesta del propio Llera a un periodista el pasado 14 de julio. Se cuenta en
Sevilla que Llera habría estadoenviando supuestos mensajes (tratándose de jueces, todo es siempre
“supuesto”) a sus amigos los magistrados de la Audiencia, a fin de evitar que la confirmación de la imputación de los de IDEA fuera
notificada antes de la investidura de Susana. En situación especialmente
comprometida podría hallarse el magistrado Javier
González, presidente de la Sección,cuya relación de
amistad con De Llera es de sobra conocida”.
“Así están las cosas en la Justicia
española. Politizada hasta la náusea, como el viernes puso
de manifiesto la publicación de un escrito remitido por la juez Alaya al CGPJ, en el que cuestiona con gran dureza la
capacidad de su sucesora en el Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla -ese
almacén nuclear donde se apilan los ERE, los cursos de formación y los avales a
empresas-, María Núñez Bolaños, para asumir con
“seriedad” y “rigor” esas grandes causas. Tras afirmar que “la nueva titular me genera una gran inquietud” por “sus escasos
conocimientos de la jurisdicción penal”,Alaya lanza la bomba: “Me inquieta que la
señora Núñez Bolaños mantenga una estrecha amistad con el consejero de Justicia, don Emilio de Llera”.
El ex fiscal
Emilio de Llera (Junta de Andalucía)
“El escándalo de
los ERE andaluces vuelve a poner de manifiesto el error que para muchos supuso la cesión a las CC. AA. de las
competencias de Justicia y de nuevo remite ala necesidad de devolverlas al Estado, vía reforma constitucional, si
queremos de verdadrecuperar calidad democrática y
eficiencia económica. Fue Eduardo Torres-Dulce,entonces FGE, quien en
2012 dio la voz de alarma sobre el error en cuestión, abogando por devolver las
competencias traspasadas al Estado si ello fuera posible: “Un Estado en el que no hay un núcleo importante en Justicia, Sanidad y
Educación, difícilmente podrá funcionar”, advirtió. En parecidos términos se
había manifestado la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. No deja de resultar
significativo, por eso, que uno de los que con más vigor se opuso entonces al
debate suscitado por Torres-Dulce fuera precisamente el consejero de Justicia andaluz, Emilio de Llera, al calificar de “proceso irreversible”
la transferencia de competencias a las CC. AA. en materias tales como
Educación, Sanidad o Justicia” concluye Jesús Cacho.
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