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VI.- Medidas
para facilitar la investigación, el control y la fiscalización de las cuentas
públicas
34.-
Reforzamiento de la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas sobre el
sector público, las instituciones y las formaciones políticas, con el fin de
vigilar el buen uso de los recursos públicos. Establecimiento de sanciones
económicas imperativas por el Tribunal de Cuentas del Estado y sus equivalentes
autonómicos; imposibilidad de cobrar subvenciones a los Ayuntamientos que no
presenten sus cuentas anuales; generalización de la implantación telemática de
rendición de cuentas; simplificación del procedimiento establecido para los
Ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes.
35.-
Reforzamiento de las auditorías y fiscalización de la gestión de los recursos
públicos, que serán obligadas en el caso de procesos judiciales que afecten a
la Administración.
36.-
Reglamentación de los lobbies o grupos de presión, que han de acreditarse en
registro público ante las instituciones públicas correspondientes.
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