Eco Republicano
19.02.2015
Con la llegada
del PSOE al poder, todos los negocios, incluidos los de armas, empiezan a
cambiar de manos. Se impulsa la industria de armamento como la
"locomotora" de la economía del país. Los beneficios de los grandes
negocios, sin embargo, vienen a engrosar solo las vías de financiación del
partido, como desde hace años venía ocurriendo en el Partido Socialista Italiano,
o se quedan en los bolsillos de los más destacados empresarios afines al
partido en el poder.
CN-235
El 28 de agosto
de 1989 atraca en Saint-Tropez, puerto de la Costa Azul francesa, un yate
que se encuentra realizando un crucero por el Mediterráneo del que desembarca
Enrique Sarasola, amigo personal y hombre de confianza de Felipe González. Le
acompañan además de su mujer, su secretaria personal y el novio de ésta José
Luis Alcocer, encargado de la seguridad de su primo Alberto Cortina y de su
hermano Alberto Alcocer, conocidos popularmente como “Los Albertos”. Del yate
bajan también María Fernández Longoria y su marido, el empresario libanés,
Abderramán El Assir, considerado uno de los más importantes traficantes de
armas del momento.
El Assir llegó
a España a finales de los 70, de la mano del multimillonario Adnam Khasogui. Se
instaló en Madrid, en un piso que el constructor Antonio García, padre de
Ana García Obregón le alquiló en El Viso, posiblemente una de las zonas más caras
de Madrid. Comienza a colaborar con Khashogui a través de la empresa de éste
(Triad International) y Alkantara Iberian Exports (1), sociedad que tiene a
medias con el Gobierno español. Ambas sociedades comparten un piso de 1.200
metros cuadrados en el número 91 del Paseo de la Castellana de Madrid. Después
de destaparse el escándalo Irangate (1986), Khashogui deja el terreno libre a El
Assir, que comienza a funcionar con su empresa, Exel. El Assir sigue
conservando a unos buenos amigos, habituales en las fiestas de Khashogui en
Marbella, como son el ministro Carlos Solchaga y el empresario Sarasola.
Terminado el
crucero, a mediados de septiembre, El Assir toma un vuelo privado que le
conducirá a Madrid y luego a Rabat. El motivo del viaje no es otro que la venta
a Marruecos de siete aviones de transporte CN-235 fabricados por Construcciones
Aeronáuticas (CASA). El precio de cada aparato se fija en 1.100 millones de
pesetas. El montante total del negocio es de unos 7.700 millones de pesetas, de
los cuales unos 2.750 se van a pagar con créditos del Fondo de Ayuda al
Desarrollo (FAD) y el resto con créditos blandos españoles, a un interés que
oscilaba entre el 7 y el 9% (en aquellos tiempos el tipo en España para los
préstamos al consumo superaba el 18% y los destinados a Vivienda de Protección
Oficial se movían alrededor del 11.25%). Al Assir y sus socios compañeros de
crucero se embolsaban una comisión del 20% sobre el precio de la operación,
unos 1.500 millones de pesetas, por supuesto pagada por el Gobierno español.
Tras esta
operación El Assir consigue una carta de intenciones firmada por el secretario
general de la Administración de la Defensa Nacional de Marruecos, que le va a
permitir la venta de armas a Marruecos durante los próximos años por un importe
de 570 millones de dólares. Esa carta de intenciones o precontrato satisfacía
las aspiraciones de las empresas de armamento españolas. ENASA y Land Rover
Santana iban a poder colocar sus vehículos militares; la Empresa Nacional Santa
Bárbara, Esperanza y Cia. y Explosivos Alaveses sus minas y proyectiles de todo
tipo y ENOSA, Amper e Inisel, diverso material de electrónica y comunicaciones.
La operación constituye la mayor venta de armamento realizada hasta la fecha
por el Gobierno español a Marruecos. Las comisiones a repartir ascienden a
12.500 millones de pesetas.
Si se analiza
el periodo netamente socialista, comprendido entre 1982 y 1990, se observa que
las ventas de armamento en el exterior superan los 800.000 millones y por tanto
las comisiones pagadas por España a los los intermediarios podrían aproximarse
a los 160.000 millones de pesetas en solo ocho años. En 1988 España ocupa el
noveno lugar mundial del ranking de exportadores de pertrechos de guerra. Estas
operaciones armamentísticas contrastaban con la filosofía del PSOE, que
preconizaba internacionalmente la búsqueda del desarme, la paz y la
distensión....pero poderoso caballero es Don Dinero.
De esta manera
la guerra se convierte en un lucrativo negocio -las operaciones antes citadas
solo son una mínima parte de las llevadas a cabo- no solo para los
fabricantes tradicionales de material militar sino también para muchos
políticos. A modo de ejemplo podemos citar a Joan Majó, el ministro de
Industria y Energía que sustituyó a Solchaga y a Eduardo Santos, otro amigo de
Solchaga, que era en ese momento subsecretario del Ministerio. Tras la
generales de 1.986 ambos abandonan la política activa y se pasan al sector
armamentístico. Santos aparece como presidente de Instalaza, una industria
privada de armas con sede en Zaragoza. Majó se convierte en un alto cargo de
Ceselsa, hoy integrada en INDRA,
fabricante de sistemas de radar, simuladores de vuelo y material de
comunicaciones. Ceselsa, constituida con 2.000 millones de pesetas, se
convierte rápidamente en uno de los principales proveedores de material militar
del Ministerio de Defensa.
La industria
del armamento convierte en millonarios a otros importantes empresarios
socialistas, cuando no sirve de vía para la financiación del PSOE. Tras las
elecciones de 1986, otro de los altos cargos socialistas que abandona la
política para dedicarse al mundo de los negocios es Julián Sancristobal, hasta
entonces Director de Seguridad del Estado y exsecretario personal del
presidente de PSOE, Ramón Rubial.
San Cristóbal
pasa a presidir la empresa Marconi, fabricante de radares y sistema de guerra
electrónica. Según publicó Cambio 16, se le entregaron 500 millones de pesetas
para el saneamiento de la sociedad y la mayor parte del dinero desapareció. En
1998 fue hallado culpable de malversación de fondos públicos y del secuestro de
Segundo Marey, y condenado por ello a la pena de diez años de prisión y doce de
inhabilitación absoluta. Cuatro años más tarde fue juzgado por el llamado
caso de los fondos reservados, por el que también fue condenado.
Por supuesto el Partido Popular ha seguido manteniendo estas políticas armamentísticas. Como dato curioso, muy curioso y de gran actualidad en relación con los furibundos ataques del Partido Popular a Venezuela, (*) según informe de la Subdirección General de Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso, adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, se pone de manifiesto que entre enero y junio de 2013 se concedieron a Venezuela seis licencias de elementos antidisturbios por valor de 2,6 millones de euros. En lo relativo al material de “doble uso” (tanto civil como militar) se vendió a manos privadas de la república bolivariana equipamiento por 2.707.710 euros, principalmente de la categoría 1 (máscaras antigás, trajes blindados, herramientas, troqueles, fluidos y sustancias lubricantes, cianuros y derivados halogenados). Además, el Gobierno de Rajoy permitió vender a las Fuerzas Armadas venezolanas “bloques para la construcción de un buque de vigilancia litoral” por 15,2 millones de euros. En respuesta a una interpelación de IU en julio de 2012, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, manifestó en el Congreso su conformidad con que empresas como Navantia vendan material y equipamiento militar a Venezuela.
Por supuesto el Partido Popular ha seguido manteniendo estas políticas armamentísticas. Como dato curioso, muy curioso y de gran actualidad en relación con los furibundos ataques del Partido Popular a Venezuela, (*) según informe de la Subdirección General de Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso, adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, se pone de manifiesto que entre enero y junio de 2013 se concedieron a Venezuela seis licencias de elementos antidisturbios por valor de 2,6 millones de euros. En lo relativo al material de “doble uso” (tanto civil como militar) se vendió a manos privadas de la república bolivariana equipamiento por 2.707.710 euros, principalmente de la categoría 1 (máscaras antigás, trajes blindados, herramientas, troqueles, fluidos y sustancias lubricantes, cianuros y derivados halogenados). Además, el Gobierno de Rajoy permitió vender a las Fuerzas Armadas venezolanas “bloques para la construcción de un buque de vigilancia litoral” por 15,2 millones de euros. En respuesta a una interpelación de IU en julio de 2012, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, manifestó en el Congreso su conformidad con que empresas como Navantia vendan material y equipamiento militar a Venezuela.
(1) La sociedad
Alkantara, con la que El Assir hizo sus primeros negocios de venta de armas,
tiene sus orígenes durante el primer viaje que hace a España, en 1977, el rey
Fahd de Arabia Saudí, apenas dos años después del asesinato de su padre, el rey
Faisal, para entrevistarse con el rey Juan Carlos I. Fahd propone a las
autoridades españolas crear dos empresas mixtas entre ambos países. Una de
ellas es un banco dedicado a canalizar el flujo de dinero generado por las
ventas de petróleo del golfo Pérsico a España. La otra debe ser un trading
dedicado a la venta de "bienes de equipo" y fabricas llave en manos
españolas en Arabia Saudí. Como se trata de un compromiso entre las dos
monarquías se piensa que los representantes de una y otra parte sean dos personas
de la confianza de las respectivas familias reales. Por parte española, el
Gobierno de Adolfo Suárez nombra a Manuel Prado y Colón de Carvajal, mientras
del lado saudí se designa al antiguo aliado del rey Faisal, el multimillonario
Adnam Khashogui, presidente de Triad Internacional.
Mucho se ha
escrito y hablado del origen de la fortuna personal de Juan Carlos I, la teoría
más extendida es que procede de las operaciones de importación de petróleo
procedente del Golfo Pérsico. La existencia de la sociedad Alkantara Iberian
Exports, diseñada entre la monarquía española y la saudí y en la que como
representante español figura Manuel Prado y Colón de Carvajal hace que la
teoría tome cuerpo y no solo en lo que al petróleo se refiere. Prado fue
administrador privado del Rey Juan Carlos I durante más de 20 años y senador
por designación real en 1977. Resultó implicado y condenado en varios procesos
judiciales, en 2004 ingresó en la cárcel de Sevilla para cumplir una condena de
dos años por el caso Wardbase, en 2007 fue condenado a un año de prisión
por desvío de dinero del Grupo Torras y como responsable de Grand
Tibidabo, fue condenado en 2008 por apropiación indebida a tres meses de
prisión por la Audiencia Nacional en el caso de la descapitalización de la compañía
catalana. Todo lo anterior no impide que su hijo Borja Prado Eulate sea actualmente el presidente de
la eléctrica española Endesa (Grupo Enel), además de vicepresidente de la
energética chilena Enersis, presidente de Mediobanca, Sucursal en España para
Iberia y Sudamérica y miembro del Grupo Español de la todopoderosa
Comisión Trilateral, una organización privada fundada por iniciativa de David
Rockefeller, sobre el papel destinada a defender los intereses económicos de
USA, Europa y Japón. Una organización que representa la concentración más
grande de riqueza y de poder económico que se haya podido reunir nunca en la
historia, una especie de gobierno mundial en la sombra, en cierto modo
vinculada al Club Bilderberg.
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