SEGURIDAD Y POLITICA DE ESTADO
(I)
La
Jornada
Rebelión
08-04-2014
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Este artículo,
primera de dos partes, está adaptado de una conferencia dictada por Noam
Chomsky el 28 de febrero, bajo el auspicio de la Fundación para la Paz en la
Era Nuclear, en Santa Bárbara, California
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Un principio rector de la teoría de las relaciones
internacionales es que la mayor prioridad del Estado es garantizar la
seguridad. Según la fórmula aceptada de George F. Kennan, estratega de la guerra
fría, el gobierno es creado para garantizar el orden y la justicia en el
interior y proveer a la defensa común.
Parece una proposición plausible, casi evidente por sí
misma, hasta que miramos más de cerca y preguntamos: ¿seguridad para quién?
¿Para la población en general? ¿Para el poder del Estado mismo? ¿Para los
sectores dominantes?
Según a lo que nos refiramos, la credibilidad de la
proposición varía de desdeñable a muy alta.
La seguridad para el poder del Estado está en el punto
más alto, como ilustran los esfuerzos de los estados por protegerse del
escrutinio de sus propias poblaciones.
En una entrevista en la televisión alemana, Edward J.
Snowden señaló que su momento de decisión llegó cuando vio al director de
inteligencia nacional, James Clapper, mentir abiertamente bajo juramento en el
Congreso, al negar la existencia de un programa de espionaje interno dirigido
por la Agencia de Seguridad Nacional.
Snowden explicó: El público tenía derecho a saber de
esos programas. A saber lo que el gobierno hace en su nombre, y lo que hace en
contra del público.
Lo mismo pudieron haber dicho con justicia Daniel
Ellsberg, Chelsea Manning y otras valerosas figuras que actuaron con base en el
mismo principio democrático.
La postura del gobierno es muy diferente: el público
no tiene derecho a saber, porque de ese modo se vulnera la seguridad… en grado
severo, afirman los funcionarios.
Existen varias razones para tomar con escepticismo esa
respuesta. La primera es que es casi por completo predecible: siempre que se
expone un acto del gobierno, éste por reflejo aduce la seguridad. Por tanto, la
respuesta predecible conlleva poca información.
Una segunda razón para el escepticismo es la
naturaleza de la evidencia presentada. John Mearsheimer, especialista en
relaciones internacionales, escribe: “En un principio, de modo nada
sorprendente, el gobierno de Obama sostuvo que el espionaje de la NSA tuvo un
papel esencial para detener 54 conjuras terroristas contra Estados Unidos, con
lo que dio a entender que tuvo una buena razón para violar la cuarta enmienda.
Sin embargo, era mentira. El general Keith Alexander,
director de la agencia, reconoció a la larga, ante el Congreso, que sólo en un
caso se podía hablar de éxito, y se refirió a atrapar un migrante somalí y tres
compañeros que vivían en San Diego, quienes habían enviado 8 mil 500 dólares a
un grupo terrorista en Somalia.
A una conclusión similar llegó el Consejo de
Supervisión de la Privacidad y las Libertades Civiles, instituido por el
gobierno para investigar los programas de la NSA y que, por consiguiente, tuvo
acceso extensivo a materiales clasificados y a funcionarios de seguridad.
Existe, desde luego, un sentido en el cual la
seguridad está amenazada por la conciencia pública: la seguridad del poder del
Estado al ser expuesto.
El concepto fundamental fue bien expresado por el
economista político Samuel P. Huntington, de Harvard: Los arquitectos del poder
en Estados Unidos deben crear una fuerza que sea sentida, pero no vista. El
poder sigue siendo fuerte cuando permanece en la oscuridad; expuesto a la luz,
comienza a evaporarse.
En Estados Unidos, como en todas partes, los
arquitectos del poder entienden bien ese aserto. Quienes han examinado la
enorme masa de documentos desclasificados en, por ejemplo, la historia del
Departamento de Estado, no dejan de notar con cuánta frecuencia la primera
preocupación es la seguridad del poder del Estado frente al público, no la seguridad
nacional en cualquier sentido significativo.
A menudo el intento de mantener el secreto es motivado
por la necesidad de garantizar la seguridad de poderosos sectores nacionales.
Un ejemplo persistente es conocido erróneamente como acuerdos de libre
comercio, erróneamente porque violan de manera radical los principios del libre
comercio y en esencia no tienen nada que ver con el comercio, sino más bien con
los derechos del inversionista.
Estos instrumentos, por lo regular, se negocian en
secreto, como la actual Asociación Transpacífico… no en completo secreto, por
supuesto. No son secretos para los cientos de cabilderos empresariales y
abogados que redactan las detalladas normas, cuyo impacto es revelado por las
pocas partes que han llegado al público por medio de Wikileaks.
Conforme a la razonable conclusión del economista
Joseph E. Stiglitz, la oficina del representante comercial de Estados Unidos
representa los intereses de los consorcios, no los del público, y por tanto la
probabilidad de que los resultados de las negociaciones sirvan a los intereses
de los ciudadanos comunes y corrientes del país es baja; la perspectiva para
los ciudadanos comunes de otros países es aún más débil.
La seguridad del sector empresarial es una
preocupación regular de las políticas del gobierno, lo cual apenas si
sorprende, dado que en principio ese sector es el que formula las políticas
públicas.
En contraste, existe evidencia sustancial de que la
seguridad de la población del país –que es como se supone que se debe entender
el término seguridad nacional– no es una alta prioridad de la política del
Estado.
Por ejemplo, el programa global de asesinatos con drones
que impulsa el presidente Obama, con mucho la campaña terrorista más grande
del planeta, es también una campaña generadora de terror. El general Stanley A.
McChrystal, comandante de las fuerzas de Estados Unidos y de la OTAN hasta que
fue relevado del cargo, hablaba de las matemáticas de la insurgencia: por cada
persona inocente que se mata, se crean 10 nuevos enemigos.
Este concepto de la persona inocente nos dice hasta
dónde hemos llegado en los últimos 800 años, desde la Magna Carta, la cual
sentó el principio de la presunción de inocencia, que alguna vez se creyó que
era el fundamento del derecho angloestadunidense.
Hoy, la palabra culpable significa designado por Obama
para ser asesinado, e inocente quiere decir aún no investido con ese estatus.
La Institución Brookings acaba de publicar The
Thistle and the Drone (literalmente, El cardo y el zángano, en alusión al
sentir de la tribu y a los aviones no tripulados /T.), muy elogiado estudio
antropológico de las sociedades tribales escrito por Akbar Ahmed, subtitulado “Cómo
la guerra de EU contra el terrorismo se convirtió en una guerra global contra
el islam tribal”.
Esta guerra global presiona a gobiernos centrales
represivos para que emprendan ataques contra los enemigos tribales de
Washington. La guerra, advierte Ahmed, puede llevar a algunas tribus a la
extinción, con graves costos para las sociedades mismas, como se observa ahora
en Afganistán, Pakistán, Somalia y Yemen. Y, a final de cuentas, a los propios
estadunidenses.
Las culturas tribales, señala Ahmed, se basan en el
honor y la venganza: Todo acto de violencia en esas sociedad tribales provoca
un contrataque: mientras más duros los ataques contra los hombres de la tribu,
más crueles y sanguinarios los contrataques.
El ataque al terror puede volverse contra el país de
origen. En la revista británica International Affairs, David Hastings
Dunn describe la forma en que los drones, cada vez más sofisticados, son
un arma perfecta para grupos terroristas: son baratos, se pueden adquirir con
facilidad y poseen muchas cualidades que, al combinarlas, los convierten
potencialmente en el medio ideal para un ataque terrorista en el siglo XXI.
El senador Adlai Stevenson III, en referencia a sus
muchos años de servicio en el Comité de Inteligencia del Senado, escribe: “La
cibervigilancia y el acopio de metadatos forman parte de la reacción continuada
al 11-S, que ha producido pocas capturas de terroristas y enfrenta una condena
casi universal. En muchas partes se percibe que Estados Unidos está empeñado en
una guerra contra el islam, contra chiítas y sunitas por igual, en el terreno,
con drones, y mediante testaferros en Palestina, desde el golfo Pérsico
hasta Asia central. Alemania y Brasil resienten nuestras intrusiones y, ¿qué se
ha ganado con ellas?”
La respuesta es que se ha ganado una creciente amenaza
de terror, así como un aislamiento internacional.
Las campañas de asesinatos con drones son un
mecanismo por el cual la política de Estado pone a sabiendas en peligro la
seguridad. Lo mismo puede decirse de las operaciones de asesinato mediante
fuerzas especiales. Y de la invasión a Irak, que aumentó en gran medida el
terror en Occidente, confirmando las predicciones de la inteligencia británica
y estadunidense.
Estos actos de agresión fueron, una vez más, asuntos
de poca monta para sus planificadores, que están guiados por conceptos de
seguridad enteramente diferentes. Ni siquiera la destrucción instantánea con
armas nucleares ha tenido nunca alta prioridad para las autoridades del Estado.
Esto lo veremos en el artículo siguiente.
Chomsky es profesor emérito de lingüística y filosofía
en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Cambridge, Massachusets, EU). Su libro más
reciente es Power systems: conversations on global democratic uprisings and
the new challenges to US empire. Interviews with David Barsamian (Sistemas de poder:
conversaciones sobre levantamientos democráticos en el mundo y nuevos desafíos
al imperio estadunidense: entrevistas con David Barsamian).
Traducción: Jorge Anaya.
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