martes, 7 de enero de 2014

AL MINISTRO GALLARDÓN, BORRACHUZO GRACIOSÍN EN SUS RATOS LIBRES, Y DEMÁS CONCOMITANCIA NECESARIA PARA LA COMISIÓN DEL INDULTO, LE ACABAN DE DAR EN MITAD DE LA BOCA

 
Al ministro Gallardón, miembro de una secta religiosa de un Estado extranjero, dado él a la defensa del derecho a la vida del esperma contrincante, no tuvo escrúpulos, ni falta que le hacia, para indultar a una persona que mató a otra. Pero que la cosa le ha salido rana, y yo lo siento por el prestigio de su hijo laborante del derecho en el despacho que se tramitó el indulto. Otra vez será, Gallardones, que con la corrupción que hay para redimir bondadosamente con los principiso morales de los jefes del PP trabajo no os faltará.
 
El kamikaze del polémico indulto de Gallardón tendrá que ingresar en prisión
La medida de gracia, anulada por el Supremo, provocó alarma social, sobre todo tras conocerse los vínculos de la defensa con el entorno del PP y el ministro de Justicia

La Justicia, pero también la presión social, ha ganado el pulso al Gobierno, y el kamikaze indultado gracias a una decisión más que polémica, el pasado diciembre de 2012, tendrá que ingresar en prisión el 7 de febrero próximo, según adelanta El País. El Tribunal Supremo entendió que el indulto no estaba suficientemente motivado. Este caso levantó una gran polémica tras conocerse que el abogado que defendió al kamikaze es hermano de un exalto cargo del PP y, además, trabaja en el mismo bufete que el hijo del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

El Supremo dio un plazo al Gobierno para que se explique

El próximo 7 de febrero expiran los tres meses de plazo que el Tribunal Supremo concedió al Gobierno para que explique los motivos por los que indultó a Ramón Jorge Ríos Salgado, una medida de gracia propuesta por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón al Consejo de Ministros, y que éste terminó avalando.

La acción temeraria provocó la muerte de un joven

El 11 de enero de 2011, la Audiencia de Valencia condenó a Ramón Jorge Ríos Salgado a 13 años de cárcel por un delito grave de conducción temeraria “con desprecio para la vida de los demás” en concurso ideal con otro delito de homicidio. Este hombre condujo su coche , el 1 de diciembre de 2003, durante cinco minutos en sentido contrario por la autovía AP-7 y provocó la muerte a José Alfredo Dolz España, de 25 años, que circulaba con su coche correctamente, en un tramo entre la localidad valenciana de Silla y la alicantina de San Juan. La familia del fallecido recurrió al Supremo al oponerse al indulto, ya que el condenado sólo había cumplido 10 meses de prisión y pagado una multa de 4.000 euros).

El Ejecutivo esperará la decisión del Constitucional

El Gobierno no ha decretado un nuevo indulto y ha optado por esperar a que se manifieste el Tribunal Constitucional, ante el que ha recurrido la familia del condenado, que deberá esperar en prisión la decisión del Alto Tribunal.

Los vínculos de la defensa con el PP y Gallardón

El indulto del Ejecutivo provocó una gran alarma social, sobre todo después de que el diario Información de Alicante desvelara que el abogado del kamikaze era Esteban Astarloa Huarte-Mendioca, hermano de Ignacio Astarloa, un exalto cargo del PP en el Ministerio del Interior. Y no sólo esto, sino que el abogado trabajaba para el despacho Uría y Menéndez, en el que también está empleado un hijo del ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Ante el escándalo, mayúsculo, el ministro negó cualquier trato de favor y dijo que el indulto siguió la misma tramitación que otros “que ha otorgado este Gobierno y los anteriores”.

El actual presidente del Poder Judicial avaló el indulto

La sentencia del Supremo contra el indulto del Gobierno no fue nada fácil y al final se decidió por un estrecho margen: 19 votos contra 17. El ponente inicial de este asunto, que se posicionó a favor del indulto, fue Carlos Lesmes, exalto cargo del Gobierno de José María Aznar y a quien el PP y Ruiz-Gallardón convirtieron el pasado diciembre, merced a los votos de los vocales afines, en presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.

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