POR OBRA Y DESGRACIA DE JOSE MARIA AZNAR

Miguel Ángel Gómez
(Libre Pensamiento nº 43, otoño 2003)

DESPIDOS TRAS LA PRIVATIZACION DE TELEFONICA: OTRO CLARO EJEMPLO DE EXPOLIO SOCIAL PREMEDITADO

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El mayor Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la historia en una empresa privada, que supondrá la destrucción de 15.000 puestos de trabajo fijos, ha sido presentado por Telefónica y aprobado por el gobierno sin ninguna traba o impedimento. Se da la paradoja que Telefónica, siendo pública, disponía de más de 75.000 trabajadores y obtenía grandiosos beneficios que repercutían en las arcas del estado, tras su privatización en 1997 el estado ha subvencionado a la empresa la destrucción de 25.000 puestos de trabajo fijos. Esto es simplemente un paso más de un plan elaborado desde hace años por la dirección de la empresa.
l escándalo salto a la luz publica tras las pasadas elecciones municipales, primero fue el anuncio de Telefónica para reducir su plantilla en 15.000 personas, pero esto sólo era un avance de lo que se venia encima. Más de 100.000 empleos están siendo destruidos a través de ERE´s en empresas como RENFE, Vía Digital, Altadis, Ebro, Iberdrola, Juliatours, Iberdrola, Nissan, Valeo, Iveco, Hildisa, etc.
Esto, que difícilmente podría justificarse ante la necesidad de una reconversión industrial, se produce en una empresa privatizada hace tan sólo unos años por el mismo gobierno que subvenciona la destrucción de más de 25.000 puestos de trabajo.
Hagamos historia:
1924 -La primera privatización del servicio telefónico
La Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE) nace como Sociedad Anónima el 19 de abril de 1924, su capital ascendía a un millón de pesetas, repartido en 2000 acciones ordinarias cuyo control ostentaba la empresa americana ITT.
Cuatro meses después Alfonso XII autoriza al gobierno a contratar con la Compañía Telefónica la organización, reforma y ampliación del servicio telefónico nacional. Como consecuencia se fiema el primer contrato entre el Estado y la CTNE, según el cual éste cedía a la nueva empresa, todas las instalaciones y líneas que explotaba directamente, es decir se produce la primera privatización.
Al poco tiempo de su fundación la Compañía Telefónica se había hecho con todas las concesiones excepto dos: la de Guipúzcoa, que no caducaba hasta 1950 y la urbana de San Sebastián, de concesión ilimitada, naciendo así el monopolio de un servicio público a manos de una empresa privada.
Primero tras la expropiación durante la dictadura de Primo de Rivera y después con la llegada de la República se cuestionó la legalidad del contrato firmado por el anterior gobierno y se solicitaba su anulación. Era demasiado escandaloso que una empresa, a los 4 meses de su creación, se hiciera con el control absoluto de las telecomunicaciones en España, tras ceder el estado todas las líneas e instalaciones de su propiedad. En diciembre 1932, Manuel Azaña valida definitivamente el contrato, dejando en manos de una multinacional americana (ITT) el control de las comunicaciones estatales.
1945- De empresa privada a empresa pública
En 1945, la dictadura franquista decidió que las acciones de la CTNE, propiedad dela International Telephone and Telegraph Corporation pasaran a ser propiedad del estado, pasando así el estado a controlar el 79,6% del total de acciones. Este hecho tuvo consecuencias favorables para los trabajadores, estableciendo un nuevo régimen de remuneraciones saláriales y aumentando la plantilla hasta llegar a los 14.723 empleados en 1950.
Sin duda el estado compró las acciones ante la necesidad de realizar grandes inversiones en ampliar la red telefónica, ya que la demanda de líneas nuevas era muy superior a la capacidad de instalarlas. Una vez más el estado se hace cargo de una empresa privada para invertir grandes fondos públicos.
En 1965 la CTNE era la primera empresa del país, con 20.000 millones de capital y 32.000 empleados en su plantilla. La expansión era continua y cada vez más rápida.
1995- Liberalización del sector y segregación de la empresa
En enero de 1988 se publicó la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT) que regulaba el nuevo marco de actuaciones, comenzando así un nuevo periodo de grandes cambios en la empresa y sobretodo para usuarios y trabajadores.
Poco a poco se fue elaborando un plan para eliminar miles de puestos de trabajo fijos y con unas condiciones laborales dignas, fruto de la lucha durante años de los trabajadores de la empresa. La precarización creciente del mercado laboral, con personas jóvenes y cualificadas laboralmente, hacían que ya no fuese necesario disponer de plantilla propia a la cual se debía formar durante meses para que pudiesen desarrollar correctamente su trabajo. Ahora era posible disponer personal formado y de titulados universitarios para realizar trabajos especializaos, pero con condiciones económicas muy bajas, subcontratados y además eventuales.
El futuro laboral que esperaba a la generación de personas más preparada de la historia se estaba forjando y los gestores de Telefónica no estaban dispuestos a quedarse al margen de semejante rapiña laboral.
Lo primero que necesitaba le empresa era librarse de cargas, hasta ese momento la plantilla de Telefónica tenia su propia Institución Telefónica de Previsión (ITP), estando al margen de la propia Seguridad Social. Era la empresa la responsable de pagar la jubilación de los trabajadores o cubrir sus bajas laborales y además en unas condiciones muy superiores a lo establecido por la Seguridad Social. La jubilación era a los 60 años y con el 100% de las prestaciones, frente a los 65 años de la Seguridad Social.
En varias ocasiones intentó la empresa eliminar la ITP, siempre en colaboración de UGT o CCOO. En esa época estos sindicatos estaban enfrentados por alcanzar sus respectivas cotas de poder, así primero fue UGT quién sometió a la plantilla de la empresa a un referéndum para disolver la ITP, el rechazo fue rotundo. Pero poco más tarde CCOO realizó de nuevo otro referéndum, fracasando también en sus pretensiones.
Tras dos referéndum y dos fracasos tanto de la empresa como de UGT y CCOO que la abalaban hubo un cambio de estrategia. Mientras la empresa seguía defendiendo la necesidad de eliminar la ITP, desde estos sindicatos y ante la exigencia de la plantilla, se inició un periodo de movilizaciones, que todos recuerdan como las mayores de todas las realizadas nunca en Telefónica. Mientras los trabajadores de todo el estado se manifiestan en Madrid, UGT y CCOO, ahora juntos, pactaban con al empresa la disolución de la ITP y la creación de un Plan de Pensiones, donde actualmente UGT-CCOO monopolizan la comisión de control del mismo y disponen de un 19% de las acciones ofertadas por la empresa a un precio simbólico. La plantilla se siente traicionada y muchas personas abandonan la afiliación a estos sindicatos. El descontento es generalizado y hoy en día aún hay personas que se niegan a movilizar recordando estos hechos.
La Confederación General del Trabajo (CGT) en la empresa, con una pequeña implantación en ese momento, advirtió que tras la disolución de la ITP la empresa tenia las puertas abiertas para proceder a los despidos, reducción de plantilla y división de la empresa. La mayoría, como el avestruz, preferían no creer en ese mensaje, tachándole de catastrofista. Por desgracia, el tiempo desde 1988 hasta la actualidad ha ido dando la razón en la empresa.
Pronto comenzaron a surgir nuevas áreas de negocio, sin duda la más emergente fue la Telefónica Móvil. Con el patrimonio de lo que era una empresa todavía pública, se creó una red de cobertura, primero para la telefónica móvil analógica y unos años más tarde para la digital (GSM). La inversiones en ese momento eran aún muy costosas y sólo una gran empresa pública como telefónica podía permitirse prestar este servicio que tenia apenas unos miles de clientes y su rentabilidad era negativa.

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Pero la innovación tecnológica hico posible que un aparato de telefónica móvil pasase de costar unas 500.000 de las antiguas pesetas a unas 40.000 y su tamaño del de una caja de zapatos o otro 10 veces más ligero y pequeño.
En poco tiempo se alcanzó 1 millón de usuarios, algo extraordinario para la época y en los años posteriores la previsiones quedaron siempre cortas superando con creces los 10 o 12 millones actuales. El negocio de la telefonía móvil era ahora lo más rentable de la empresa y como siempre pasa, el gran capital no estaba dispuesto a quedarse al margen de ese negocio.
En 1994 se aprobó la segregación de Telefónica en varias empresas, que supuso la transmisión de negocios a algunas empresas filiales constituidas el efecto, con la consiguiente transferencia de activos, personal y sistemas de gestión.
Desde el Sindicato Federal de Telefónica de la CGT, que en los últimos años había incrementado fuertemente su implantación en la empresa, se inició una campaña de movilizaciones en contra de las segregaciones, especialmente contra la de la Telefónica Móvil, con la consiguiente transferencia de personal y patrimonio. Una vez más la cúpulas de los sindicatos UGT-CCOO en la empresa sirven a los intereses de la empresas acordando el pase "voluntario" de plantilla y permitiendo la segregación de actividad.
Como las telecomunicaciones son un gran negocio y el gobierno autoriza en diciembre de 1995 la segunda licencia de telefónica móvil GSM a manos de la empresa privada Airtel. Ese mismo año Telefónica finaliza la segregación de móviles, pasando la gestión de este negocio a manos de Telefónica Servicios Móviles SA.
Ese mismo año se el Gobierno decide desprenderse de un 12% del capital de la Compañía Telefónica, hasta entonces en manos del Patrimonio del Estado. Es el propio estado el que promueve un "núcleo estable de accionistas", formado por los bancos Bilbao-Vizcaya, Argentaria y la Caixa, antes de sacar a bolsa 100 millones de acciones. El estado conservaba aún 20% del capital de la empresa.
El gran capital desembarca así en la telecomunicaciones siguiendo los pasos ya realizados en EEUU e Inglaterra y repitiéndose una vez más lo ya ocurrido en otros sectores: Inversión pública cuando no hay rentabilidad y privatización de las empresas cuando se producen grandes beneficios.
1996-1999: Mercado liberalizado, trabajador eliminado.
En este periodo comienza la eliminación definitiva de lo que era la Compañía Telefónica con casi 80.000 trabajadores. Ya no era suficiente subcontratar todo el trabajo nuevo que no podía ser cubierto con la plantilla actual y tampoco se conformaban con las segregaciones de actividad pasada a empresas del grupo. El capitalismo salvaje que en estos años comenzaba a imponerse, quería disponer del mayor beneficio posible y para ello, ante la incapacidad de los gestores, solamente supieron destruir las acondiciones laborales.
Recogido en el propio Convenio Colectivo 97-98 , firmado por los sindicatos socios y accionistas junto con Telefónica, se inicia el proceso de reducción de plantilla. Un plan de bajas "voluntario" pagado íntegramente por la empresa comenzó con la primera reducción de plantilla.
Con la llegada del PP al gobierno se incrementan y aceleran las medidas capitalistas. Así, en 1997 el gobierno tomó la decisión de mal vender el paquete de acciones que el estado aún poseía y que equivalía al 20,9% del capital. Un año más tarde el gobierno decidió que el segundo operador de telefonía se construyera en torno a la empresa pública Retevisión. Finalmente, se adjudico el 70% a un consorcio encabezado por Endesa y Telecom. Italia, manteniendo el estado 30% de Retevisión. Produciéndose la paradoja que el segundo operador resultaba se "más público" que Telefónica ya totalmente privatizada.
1999-2001: Primer ERE aprobado por el gobierno
Para continuar con el proceso de destrucción de empleo, el Gobierno pone de presidente de Telefónica al especulador bursátil Juan Villalonga, amigo personal del presidente Aznar. Este inicia un periodo de burbuja especulativa creando empresa ficticias como Terra, invirtiendo grandes cantidades de dinero en países de América latina, adquiriendo nuevas licencias a costes desorbitados y comprando emisoras de radio y TV (onda 0 y Antena 3 entre otros) que han servido fiel mente a los intereses del actual gobierno.
Con este panorama y tan sólo unos meses después de desprenderse el estado de la empresa, Telefónica, UGT y CCOO firman el primer Expediente de Regulación de Empleo(ERE), cuya financiación corría a cargo de los presupuestos del Estado. Más de 12.000 personas se verían afectadas de nuevo por unas medidas "voluntarias" que como ya pasó en el plan de bajas de 1997, no tuvieron nada de voluntarias y las presiones y amenazas llegaron a ser recogidos por algunos medios de comunicación.
Mientras todo esto ocurre, la subcontratación en telefónica aumenta cada día y las empresas del grupo, especialmente las que disponen de unas condiciones laborales más precarias, como la de telemarketin Atento, pasan en sólo 5 años de 300 trabajadores a 8.000, con un porcentaje de eventualidad del 98% y con sueldo una tercera parte que el recibido por la plantilla de Telefónica en esa misma actividad. Cada trabajador prejubilado en Telefónica es sustituido por un contrato eventual en una subcontrata o empresa del propio Grupo Telefónica, que ya está formado por más de 100 empresa.
2003-2005: ¿Fase final o paso previo?
El pasado mes de junio, es autorizado por el Gobierno el mayor Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la historia en una empresa privada, que supondrá la destrucción de 15.000 puestos de trabajo fijos, ha sido presentado por Telefónica y aprobado por el gobierno sin ninguna traba o impedimento.
Una empresa que llegó a tener hace apenas 12 años una plantilla de casi 80.000 trabajadores, todos fijos y regulados por un convenio de empresa especifico que garantiza unas condiciones mínimas se quedará en 2005 con tan sólo 25.000 empleados.
El proceso histórico de la Compañía Telefónica, ejemplo de lo ocurrido con otras muchas empresas, evidencia como los estados se convierten en meras marionetas del las multinacionales y el gran capital. Invirtiendo cuando no es rentable para ellos y privatizando la empresa cuando se producen beneficios.
Da igual que se incumpla los requisitos por el Estatuto de los Trabajadores para proceder a un Expediente de Regulación de Empleo, no importa que el estado malvendiera una empresa que tenia grandiosos ingreso y ahora, no solo no perciba el ingreso de esos dividendo, sino que además subvenciona la destrucción de empleo con el dinero de todos los contribuyentes.
Los jueces, medios de comunicación y administración en general se convierten junto con UGT-CCOO, Telefónica y Gobierno en cómplices de un modelo social basado en la explotación laboral, la subcontratación y la des regularización de todos los derechos laborales adquiridos tras años de luchas y movilizaciones.