Al principio, creíamos que el nuevo
orden informático nos haría más libres. Ahora, algunos son conscientes de cómo
se nos está sometiendo y desinformando gracias a esas nuevas tecnologías que
debían haber sido “salvadoras”. Probablemente, esto no tiene ya remedio.
Sobre plataformas y democracia
Nicola Lacetera
El Viejo Topo
13 marzo, 2023
Han pasado diez
años desde que Aaron Swartz, de 26 años, se quitara la vida en su piso de
Brooklyn el 11 de enero de 2013. El joven informático y activista social fue
acusado de descargar casi cinco millones de artículos académicos de la
biblioteca digital Jstor con la intención de ponerlos gratuitamente a
disposición de quienes no estuvieran suscritos, cometiendo así fraude
informático. Junto con otros cargos relacionados, la condena podría haber sido
de hasta treinta y cinco años de prisión.
La difusión de
estos artículos a través de la Red fue la última batalla de Swartz para hacer
de Internet un lugar donde compartir y difundir completamente el conocimiento y
el pensamiento, sin influencias ni condicionamientos políticos o económicos.
Por sus
antecedentes e ideas, Aaron Swartz recordaba a los pioneros de la informática
tal y como la conocemos hoy. Por un lado, Swartz tenía un gran talento para la
programación, en parte debido a su exposición a los lenguajes informáticos a
una edad temprana, al igual que muchas de las principales figuras de la
revolución digital (pensemos en Bill Gates, por ejemplo). Por otra parte, el
joven activista creía firmemente en una sociedad abierta, democrática y
organizada de abajo arriba, y en la capacidad de las tecnologías digitales para
ser el vehículo del conocimiento necesario para que este tipo de sociedad se
hiciera realidad. No es casualidad que los pioneros de las tecnologías de la
información empezaran a trabajar a principios de los años 70 en la California
de las protestas estudiantiles y los nuevos movimientos juveniles, de las
comunas y el amor libre, de la igualdad y el compartir. En su ensayo De
la contracultura a la cibercultura Fred Turner
(Universidad de Stanford) defiende la expresión «aldea global», acuñada por el
sociólogo de los medios de comunicación Marshall McLuhan, que representaba en
aquellos años, al mismo tiempo, la utopía «hippie» y la realidad potencial de
un mundo totalmente conectado que, especialmente el ordenador personal,
introducido en los años 70, pronto haría posible, llevando a todos los hogares
la herramienta para interactuar, en pie de igualdad, con cualquiera. Los primeros
experimentos con la Red expresaron este espíritu en el carácter público de
estos servicios, en el apoyo de las agencias federales de Estados Unidos y en
el uso de la Red casi exclusivamente con fines educativos y de investigación.
Con el tiempo,
sin embargo, esta base cultural pasó de ser un fundamento ideal a una narración
simple y cómoda de una realidad profundamente distinta. La visión comunitaria
de la Red fue sustituida progresivamente por un enfoque más libertario que
contaba una historia similar de igualdad y difusión del conocimiento, pero veía
el mercado y la propiedad privada como los vehículos para alcanzar estos
objetivos. La ola conservadora en la política de los años 80 y el colapso del
comunismo real proporcionaron más material ideológico para una rápida
«privatizaciónde la Red». Esta narrativa resultó tan poderosa que muchos
gobiernos llegaron a suspender la aplicación de las normas antimonopolio para
las empresas que operaban en línea. La explosión del comercio electrónico
parecía garantizar a las «start-ups» un acceso fácil a los mercados, en pie de
igualdad con las grandes empresas, y la competencia resultante reducía los
precios de los productos y los servicios relacionados (como la entrega a
domicilio): una ventaja indudable para los usuarios.
La aparición de
plataformas digitales, como las que permitieron a la gente llevar «diarios» en
línea (blogs) o las que crearon los primeros medios de comunicación social
(Myspace, luego Facebook y todas las demás que le siguieron) ofreció a individuos
y organizaciones un lugar libre para expresar sus ideas, intercambiarlas con
otros y adquirir información. A primera vista, se trataba de un triunfo de la
competencia y de un indudable aumento del bienestar económico y social.
Pero el tipo de
mercado que se desarrollaba en la Red era muy distinto del que parecía. Las
plataformas digitales en las que se encuentran la «demanda» y la «oferta» (por
ejemplo, compradores y vendedores en las plataformas de comercio electrónico,
usuarios/lectores y anunciantes en las redes sociales) se benefician de los
«efectos de red»: cuantos más usuarios consigan atraer estas plataformas, más
cómodo les resultará a los vendedores/anunciantes operar en ellas; y cuantos
más productos y servicios, más personas decidirán sumarse, y así sucesivamente.
La ventaja de operar en la misma plataforma conduce, en definitiva, al dominio
de unos pocos grandes actores en el mercado. Para obtener esta ventaja, hay que
crecer antes y más rápido que los demás. Amazon, por ejemplo, lo ha conseguido
ofreciendo precios bajos y condiciones de envío muy favorables a los
consumidores, a menudo en detrimento de los proveedores. Las redes sociales (y
los motores de búsqueda como Google) ofrecen su servicio de forma gratuita a
los usuarios, para atraer al mayor número posible y hacer sus plataformas
atractivas para los anunciantes (de pago).
Cuantos más
usuarios consigan atraer estas plataformas, más cómodo les resultará a los
vendedores/insercionistas operar en ellas; y cuantos más productos y servicios,
más gente decidirá unirse a ellas.
La cantidad de
participantes, sin embargo, no basta por sí sola para que una plataforma resulte
atractiva a los anunciantes; es esencial que haya «tráfico» y «compromiso», es
decir, que los usuarios pasen mucho tiempo en estos sitios, sigan los enlaces
propuestos, compartan entradas, dejen comentarios, etc. Y no hay nada más
poderoso para motivar la implicación repetida de la gente que estimular sus
emociones en lugar de la razón, sobre todo si las emociones son negativas, como
la ira, el miedo y el descontento. Sin embargo, no siempre (de hecho, rara vez)
es la información más verificada y consecuente la que estimula las emociones
fuertes. En cambio, a menudo son las noticias más tendenciosas, no verificadas
o descaradamente falsas las que tienen este efecto, pero que la mayoría de los
usuarios no pueden distinguir de las demás. Y cuanto más responden estos
usuarios a los estímulos de estas noticias, más ‘aprenden’ los algoritmos que
determinan lo que vemos en nuestras páginas sociales que esas son las cosas que
nos enganchan y nos propondrán más de lo mismo. Todo esto no sólo es gratis,
sino que mantiene una apariencia de libertad y respeto por los consumidores, a
los que se ofrece precisamente lo que revelan que les resulta más interesante.
Pero la
información no es una mercancía como las demás. Una información correcta y
verificable es fundamental para el buen funcionamiento de una democracia, para
que exista un equilibrio de poderes y un control de los mismos por parte de la
opinión pública. La cacareada «democratización» que supuestamente traería la
revolución digital, permitiendo a todo el mundo el acceso a la información y al
conocimiento a bajo coste, no es el caso si los incentivos de quienes
proporcionan o transmiten esta información están distorsionados y tienen poco
que ver con la calidad de la propia información. Desde las elecciones presidenciales
estadounidenses de 2016 y 2020, con el consiguiente asalto al Congreso, pasando
por el referéndum del Brexit, hasta el desastre comunicativo durante la
pandemia de Covid, el envenenamiento del discurso público y el auge de la
polarización política y cultural han tenido en las redes sociales un prodigioso
combustible.
Con el traslado
de gran parte del discurso social, político y cultural a las redes sociales, la
ciudadanía delega de facto la organización de este debate y la calidad de la
información en la que se basa en unas pocas entidades privadas ultrarricas,
cuyas motivaciones y objetivos no están claros pero casi seguro que no
incluyen, como predominante, el de hacer del mundo un lugar más justo, libre e
igualitario a través de una información transparente y de calidad.
Con la
transferencia de gran parte del discurso social, político y cultural a las
redes sociales, la ciudadanía delega de facto la organización de este debate en
unos pocos actores privados ultra ricos.
La adquisición
de Twitter por parte de Elon Musk en los últimos meses, y su (al menos hasta
ahora) grotesca gestión representan la culminación tanto de la narrativa
panglossiana de la Red como de los riesgos que ésta entraña para la democracia.
La principal plataforma en línea de comunicación y debate político está en
manos de una sola persona que se autoproclama defensora de la libertad de
expresión, pero sus antecedentes y debilidades, bien relatados por la
historiadora Jill Lepore en el podcast «El cohete de la tarde» dicen otra cosa.
Un entorno familiar caracterizado por la adhesión a los «tecnócratas»de los
años 30, que imaginaban el mundo como un mecanismo gobernado por ingenieros, y
la emigración a Sudáfrica para llevar una vida más serena como blancos en el
régimen del Apartheid, en lugar de permanecer en el Canadá más amenazador y
multicultural. Un bagaje cultural basado en los elementos más tradicionales y
retrógrados de la literatura de de ciencia ficción de los años 50 a los
80, especialmente los superhombristas y patriarcales. Un ego desmesurado
exhibido en cada oportunidad, mientras muchas de sus empresas, como Tesla,
perdían miles de millones de dólares y a menudo sobrevivían gracias a las
subvenciones y la regulación pública. ¿Realmente nos sentimos cómodos delegando
en este hombre la última palabra sobre qué información debe circular en una
plataforma tan grande?
Como escribió
Stefano Feltri en «Mañana», la responsabilidad de esta evolución es general y
no puede atribuirse a un solo individuo. Toda la política, tanto de derechas
como de izquierdas (o al menos su versión «Tercera Vía»), ha ensalzado este
tipo de progreso tecnológico y económico. Y, por desgracia, muchos colegas
académicos han ofrecido legitimidad científica e intelectual, limitando su
atención únicamente a ciertos aspectos objetivamente positivos de la revolución
digital, como la reducción de los costes de adquisición y difusión del
conocimiento, pero pasando por alto las posibles distorsiones que algunos
observadores habían empezado, en vano, a denunciar, como el propio Aaron
Swartz, Meredith Whitaker, Jaron Lanier, Frank Foer y Cathy O’Neil, entre
otros. La exaltación especialmente por parte de académicos de departamentos de
economía y escuelas de negocios también plantea la duda de si este entusiasmo
no era (y es) totalmente ingenuo y desinteresado.
¿Qué hacer
entonces? El economista alemán Albert Hirschman formalizó, en 1970, las
categorías de deserción y protesta («salida» y «voz») para describir las formas
que puede adoptar la disidencia en una comunidad o mercado. Con la deserción,
los ciudadanos, trabajadores o consumidores «abandonan» la organización o el
mercado en cuestión, absteniéndose de votar, renunciando a su trabajo o dejando
de comprar un producto. El ejercicio de la protesta, en cambio, incluye la
expresión de la disconformidad desde dentro, en diversas formas de
participación activa. Esta segunda forma puede parecer superior a la primera,
porque genera más información e implica la participación directa en el cambio.
Pero en el caso de los medios sociales, participación significa «tráfico» y
tráfico significa más beneficios; en resumen, cualquier crítica desde dentro
sólo refuerza, en lugar de debilitar, los modelos de negocio de las plataformas
de medios sociales. Más eficaz, en definitiva, podría ser la deserción, o al
menos una reducción significativa de la actividad de los usuarios (quien esto
escribe borró su perfil de Twitter el día de la adquisición de Elon Musk). El
mecanismo «virtuoso» del crecimiento autosostenido y la narrativa que lo rodea
podrían verse finalmente atascados, obligando a reconsiderar el papel de estas
herramientas tan poderosas como peligrosas.
Y si el
mercado, abandonado a sí mismo, fuera incapaz de corregirse, entonces no
debería ser tabú una mayor regulación pública, incluido el control directo
sobre los principios de los algoritmos y la propiedad de las plataformas. Por
otra parte, justo en los albores de Facebook, Mark Zuckerberg definió su
servicio como una «utilidad”, es decir, un servicio a los ciudadanos como la
distribución y venta de electricidad, el suministro de agua o la eliminación de
residuos. En resumen, en el siglo XXI es imposible ser un ciudadano de pleno
derecho sin acceso a una información digital de calidad. Y si esta información
pasa principalmente por las plataformas de los medios sociales, ¿por qué el
sector público, activo de diversas maneras en la regulación de la prestación de
otros servicios, no debería implicarse más también en esto?
Fuente: Il Mulino.
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