viernes, 30 de octubre de 2020
Chile. Y que no hay más, oyes. Que si quiero peces me tengo que mojar de la cintura hacia abajo. Tal cual, como lo están leyendo
Chile: celebrar con cautela
El Viejo Topo
29 octubre, 2020
Hay motivos
para estar contentos. Los resultados son aplastantes. Las urnas han
decidido: 78.27 por ciento aprueba elaborar una nueva Constitución y 79.22 por
ciento decide que sea mediante elección popular al 100 por ciento. Son los
datos. Pero quienes votaron el apruebo no es un grupo
homogéneo. Baste considerar los partidos firmantes del Acuerdo por la paz
social y una nueva Constitución (15/11/19). Una mayoría se opone a reconocer
derechos al pueblo mapuche (Estado pluriétnico); otros rechazan un rol
protagónico del sector público en la elaboración de las políticas sociales en
materia de salud, educación, vivienda, trabajo, pensiones o desoyen el
compromiso con el medio ambiente. En definitiva, no todo lo que votó apruebo se
inscribe en un proyecto transformador que camine hacia una democrática
participativa y menos rupturista con el orden patriarcal. Podríamos asistir a
un maquillaje político en el cual la nueva redacción sea una visión edulcorada
del neoliberalismo, avalada por unos constituyentes espurios.
El triunfo
del apruebo no es resultado de la voluntad política de las dos
coaliciones que han gobernado Chile desde 1990. Su origen es la rebelión
popular iniciada el 18 de octubre de 2019 y la movilización social que, en
plena pandemia, no ha cesado. Un desborde popular que ha dejado fuera de juego
a los partidos políticos, cuyo grado de confianza y aceptación por la
ciudadanía no supera 2.4 de una horquilla de uno a 10. Igualmente, el triunfo
tiene una cara que no se debe olvidar: la represión. Fue la violencia la
respuesta gubernamental a las demandas de una nueva Constitución y el rechazo a
las políticas neoliberales. Así atestigua el informe de la Fiscalía Nacional
del 15 de junio de 2020. Desde octubre de 2019 hasta el 1º de abril de 2020, se
han computado 8 mil 510 víctimas de violaciones de derechos humanos. Se han
interpuesto 5 mil 645 denuncias por violencia policial. Existen 664 casos de
violencia sexual; 258 desnudamientos, 67 abusos diversos, 12 violaciones y 27
amenazas de tocamientos. Además, se contabilizan 411 víctimas con lesiones
oculares y otros 615 casos con traumatismos graves. Todos, perpetrados por las
fuerzas armadas y carabineros, siendo 466 de sus miembros identificados como
autores materiales de alguno de ellos.
No es una
concesión, ha sido una lucha sin cuartel, donde las víctimas pertenecen a las
clases populares, el origen del triunfo. Es un grito de dignidad, como ha sido
rebautizada la plaza Baquedano, centro neurálgico de las protestas en Santiago
donde se reúnen cientos de miles ciudadanos, reclamando el fin del
neoliberalismo y un nuevo orden social. Una síntesis de 40 años de bregar por
los cambios que una y otra vez fueron ninguneados por quienes aceptaron el
pacto de transición con las fuerzas armadas. Los mismos que desmovilizaron a la
sociedad civil, traicionaron el espíritu del No en el
referendo de 1988 y en 1990 se hicieron con el poder. En 1990, la Concertación
mantuvo la Constitución pinochetista y las reformas neoliberales se
profundizaron. Impidió juzgar al dictador, clausurando la posibilidad de
justicia y reparación. Hambre, corrupción y miseria, es el legado del
pospinochetismo y su Constitución. En abril de 2021, la elección de
constituyentes, coincidirá con las elecciones municipales y de gobernadores
regionales, la historia no puede repetirse.
Hay que
seguir movilizados, articular programa y definir estrategias, presionar,
impedir que sean los mismos que se han negado a reconocer sus vergüenzas,
quienes administren el triunfo y elaboren la nueva Constitución. Se ganó una
gran batalla, pero no se puede bajar la guardia. Las víctimas del golpe de
Estado cívico-militar, los miles de detenidos desaparecidos, torturados,
exiliados, no son fantasmas. Son la memoria viva sobre la cual se asienta este
triunfo. Sin olvidar, los más de 2 mil 500 detenidos durante la rebelión
popular, acusados de disturbios, terrorismo, agresión y resistencia a la
autoridad. También presos políticos.
Es la
primera ocasión que una Convención Constituyente en Chile será electa por
votación popular. Pero ello no garantiza que los constituyentes sean
representantes de las organizaciones y movimientos sociales que en primera
línea se han fajado por conquistar el derecho de elaborar una nueva Carta
Magna. Las candidaturas están amarradas a las coaliciones existentes. Presentar
candidaturas independientes es un camino tortuoso. Las listas de partidos
pueden cerrar el paso a candidatos provenientes de la sociedad civil que han
dado origen al referendo. Además, será necesario contar con dos tercios de los
155 constituyentes para aprobar cambios estratégicos. Y la complicidad entre la
Democracia Cristiana, la socialdemocracia y la derecha tradicional, cuando se
trata de salvar el edificio neoliberal, ha sido la norma.
Estamos en presencia de un proceso político caracterizado por la movilización popular. El gobierno y una parte de la oposición podrán revertir su derrota si logran controlar la constituyente. Es obligado estar vigilantes y sin retroceder. Salvador Allende tuvo un pensamiento premonitorio, al señalar que sólo cuando: “El pueblo […] entienda que no es desde arriba, sino desde las raíces mismas de su propia convicción de donde debe nacer la Carta Fundamental que le dará su existencia como pueblo digno, independiente y soberano”. Allende no erró; ahora, a cumplir su mandato. Hacer una Constitución democrática desde abajo. Ese es el reto.
Artículo
publicado originalmente en La Jornada.
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jueves, 29 de octubre de 2020
El no al Pacto de Toledo si no me falla la memoria, es que el representado le dice a su representante: ¡ay!, que no que no, que no que no… ¿Y por qué no?, mi querido representado, con lo majete que eres y lo bien que me caes. Mira, representante mío, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar, porque ya sabes, representante mío, cuquete, que eso es lo que eres tú, muy cuco. Yo no he elegido a ninguna María Cristina ni señora Botín alguna ni nada por el estilo, ¿sabes? Así que, al grano, que viene muy a cuento esto de las mujeres trabajadoras. La mujer casada o no, que viviendo con un hombre y sus hijos no ha recibido por su trabajo un salario nunca porque nunca salió a trabajar para nadie, ¿es o no es trabajadora? Pues veamos si lo es o no. Barrer y fregar la casa es trabajo. Ir al mercado para hacer la compra es trabajo; lavar, secar, tender y planchar la ropa del hombre con el que vive y de los niños si tienen es trabajo; llevar los niños al colegio y recogerlos es trabajo, etc., etc., etc., y etcétera. Y, por qué siendo todo ello trabajo y casi con toda seguridad, dedicando más tiempo a esos trabajos que el que pueda dedicar el hombre al trabajo que realice, la mujer no recibe salario alguno ni tiene derecho (esto de que no tiene derecho es un decir, ahora lo veremos) a recibir una paga mensual como al recibe el hombre cuando se jubila? Sencillamente porque desde el punto de vista capitalista esta mujer no ha creado ningún valor. Atentos: no ha creado ningún valor de CAMBIO, que es el único valor que reconoce el capitalismo. El capitalismo lo único que crea y lo único que le interesan son los bienes de cambio, el bien que no tenga valor de cambio no le interesa, es decir, aquello que no pueda ser obtenido por una cantidad p de dinero para ser vendido por la cantidad de dinero p gastada en conseguirla + otra cantidad de dinero q que es la que gana el capitalista no le interesa. En cambio, el trabajo realizado en su casa por la mujer en cuestión lo que crea son VALORES DE USO, es decir, productos útiles a la sociedad que son consumidos en la propia casa sin ninguna contrapartida económica, es decir, no los cambia por dinero, porque de utilidad social es cuidar a los niños que más tarde serán trabajadores; de utilidad social es prepararle la comida al marido para alimentarlo para el trabajo, etc. El mismo trabajo que realiza la mujer en la casa si lo hiciera para otra casa extraña, junto al valor de uso estaría el valor de CAMBIO, por lo que lógicamente al vender el producto de su trabajo (que es lo que hace en su casa, pero sin venta) sí recibiría un salario. La pregunta que antes nos hicimos acerca de si la mujer que siempre trabaja en su casa era o no trabajadora y si tenía derecho a una paga es taxativamente afirmativa. Claro que, esta cuestión laboral de la mujer en su casa no tiene solución posible en una economía capitalista, se ponga como se ponga el moño Pablo Iglesias, porque no es cuestión de moños ni de palabras ni de magistrales gestos, sino de relaciones de producción, y en el tipo de producción capitalista lo que impera sin posibilidad de cambio son las relaciones de explotación: tú a mí me tienes que dar más de forma inexorable de lo que yo te de a ti (que además de todo lo que yo te pueda dar a ti lo has creado antes tú), que esa es la esencia de las relaciones de explotación. ¿Te vas enterando o no?
El Pacto de Toledo y las pensiones de las mujeres
en la CAPV
VIENTOSUR
24 OCTUBRE 2020 | EUSKAL
HERRIA, MUJERES, PENSIONES, SOCIEDAD, TRIBUNA
Concentración de pensionistas en Bilbao
En un documento de la revisión del
Pacto de Toledo (PT) de 2020 sobre la reforma de las pensiones, se reconoce
abiertamente “la baja proporción de mujeres que acceden a la pensión de
jubilación, la brecha existente en la cuantía y la elevada edad de acceso a la
pensión de viudedad”. Se reconoce asimismo que no ha tenido efecto importante
la equiparación en la cobertura por pensiones entre mujeres y hombres, a pesar
de las medidas que han adoptado hasta la fecha con ese objetivo.
Se
concluye en el documento del PT que para lograr ese objetivo es necesario
adoptar medidas estructurales, tanto en materia laboral como en la específica
de Seguridad Social. No se puede más que estar de acuerdo con esa
consideración, pero hay que ser escéptico sobre la voluntad de la mayoría de
los partidos del PT para aprobarlas y ponerlas en práctica. La historia del PT
muestra que las recomendaciones socialmente más avanzadas se han puesto en
práctica de forma muy restrictiva. El rechazo de la mayoría del gobierno
español a derogar las reformas laborales de 2010 y 2012 y el mantenimiento de
la mayor parte de las reformas de pensiones de 2011 y 2013, en algún caso
incluso empeorándolas, muestra que tampoco en la actualidad se manifiesta esa
voluntad. Este escrito tiene por objetivo presentar brevemente que tipo de
medidas son necesarias para mejorar las pensiones de las mujeres, especialmente
de quienes son ya pensionistas[1].
La brecha de género entre mujeres y
hombres se manifiesta tanto en la dificultad de acceso a las pensiones, en el
tipo de pensiones a las que mayoritariamente acceden y, ligado con este último
aspecto, a su menor cuantía. En la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV),
las mujeres son mayoría de las personas perceptoras de pensiones no
contributivas (más del 51%) y de las provenientes del extinto seguro
obligatorio de vejez e invalidez, en ambos casos de cuantía muy baja.
En el 2018 la diferencia entre hombres
y mujeres en la pensión contributiva más frecuente y, en general, de mayor
cuantía, la de jubilación, era de más de 25 puntos (la cobraban el 62,7% de los
hombres frente a un 37,2% de las mujeres), la más elevada de la Unión Europea
junto al Estado español. Está aumentando el porcentaje de mujeres que cobra la
pensión de jubilación, pero a un ritmo lento, de solo 4 puntos entre el 2006 y
el 2018. Este hecho está relacionado con que, como resultado de su menor tasa
de empleo y de su mayor participación en el trabajo no declarado o “sumergido”,
el número medio de mujeres cotizantes a la seguridad social es más bajo que el
de los hombres (47,3% frente al 52,7% en el 2018).
Las mujeres son muy mayoritarias
entre las pensiones de viudedad: son percibidas en el 93,4% por las mujeres
frente a un 6,5% por los hombres (datos de 2018). Como una parte de las
pensionistas de viudedad perciben también pensiones por derecho propio, es
decir basadas en sus cotizaciones, en el 2018 las mujeres percibían el 51,2% de
las pensiones contributivas.
La cuantía media del conjunto de las
pensiones en diciembre de 2018 era de 1.491 euros mensuales para los hombres y
de 869 para las mujeres, es decir, 622 euros de diferencia, lo que da lugar a
una brecha de género en la cuantía de casi el 42%. La diferencia era mayor aún
en la de jubilación: 934 frente a 1.592 euros . Solo en las pensiones de
viudedad la diferencia es a favor de las mujeres (835 frente a 619), pero los
perceptores hombres de esta pensión simultanean en proporción mucho más elevada
que las mujeres esta pensión con ingresos del trabajo u otras pensiones (de
jubilación e incapacidad permanente).
Medidas
de compensación de la brecha de género y sus límites
La reforma de 2011 y disposiciones
posteriores acordaron algunas medidas para mejorar el acceso a las pensiones de
las mujeres, entre las que se pueden señalar las siguientes, pero con tantas
limitaciones que su efecto ha sido muy escaso:
·
El reconocimiento como cotizado de
las excedencias familiares: tres años por cuidado de hijxs o menores acogidxs y
un año por cuidado de otrxs familiares (hasta el segundo grado). El límite de
un año contrasta con la gran duración de la actividad de cuidado a sus padres,
cónyuges u otros familiares que realizan muchas mujeres. Además no es aplicable
para uno de los objetivos más fundamentales que debiera cumplir esta medida: la
de facilitar conseguir el período mínimo de acceso a la pensión (15 años en el
caso de la jubilación, de los más amplios de la Unión Europea).
·
Bonificaciones por cuidado de hijo
mediante el cómputo como cotizado de la interrupción por extinción de la
relación laboral con anterioridad al nacimiento o la adopción/acogimiento y la
finalización , desde los 112 días en el año 2013 hasta un máximo de 270 días en
el 2019, por hijo/a o menor adoptado. Tampoco es aplicable para el período
mínimo de acceso a la pensión.
·
El complemento de maternidad, que
establece recargos de la pensión de jubilación, viudedad o incapacidad
permanente a favor de las mujeres por su “aportación demográfica a la seguridad
social”, en función del número de hijas/os, naturales o adoptivos: del 5% por
dos, 10% por tres; 15% por más de tres. Es decir, no se tiene en cuenta la
citada “aportación demográfica” de las mujeres que solo hayan tenido una hija/o,
a pesar de que en muchos casos se haya debido a que se trataba de mujeres muy
precarizadas, cuyo escaso salario les impedía acceder al cuidado pagados de los
hijxs, en un contexto de carencia de servicios públicos gratuitos de guardería.
Sólo se aplica a partir del 2016 y a las pensiones causadas a partir de ese
año, no a las anteriores, por lo que solo tiene efectos para mujeres nacidas a
partir de la década de los cincuenta del pasado siglo, mientras que son las
mujeres de más edad las que tuvieron más hijos/as y sus pensiones son más
bajas.
El complemento no se absorbe por el
complemento de mínimos de la pensión, si existiese; pero no se aplica sobre la
pensión mínima sino sobre la que corresponda según las cotizaciones y
revalorizaciones correspondientes, lo que da lugar en muchos casos a
complementos de cuantía muy reducida. Tampoco se aplica a todas las modalidades
de jubilación: quedan excluidas las anticipadas. Hasta septiembre del 2018
habrían percibido el recargo, en cualquiera de sus porcentajes, algo más de
450.000 mil mujeres en el conjunto del Estado, sin que exista información
desagregada por comunidades autónomas y es una cifra muy inferior a la que
resultaría si no existiesen las mencionadas limitaciones, que se debieran
abolir inmediatamente. Habida cuenta de que mayoritariamente se han aplicado a
las pensiones de viudedad, de muy baja cuantía media, los complementos son de
escaso importe, de entre 40 y 60 euros.
La
contributividad contra las mujeres
Las medidas compensatorias de la
brecha de género de las pensiones que se han aprobado en los últimos años para
atenuar las diferencias de pensión entre mujeres y hombres han sido de menor
impacto que las que operan en sentido contrario y que se han adoptado con el
objetivo de aumentar la llamada contributividad, es decir del estrechamiento de
la relación entre la suma de las pensiones percibidas durante el período de
percepción de las mismas y el valor actualizado de las cotizaciones pagadas a
lo largo de toda la vida laboral, en la lógica de los criterios que inspiran a
las pensiones privadas.
El reforzamiento de la relación entre
cotizaciones y pensiones y de endurecimiento de las reglas que ha caracterizado
no solo a las reformas de pensiones de 2011 y 2013 sino también a las
anteriores, perjudica especialmente a las pensiones por derecho propio de las
mujeres. A continuación se indican algunos de sus aspectos.
·
El aumento de la edad de jubilación
de 65 a 67 años perjudica a las mujeres por la menor duración media de sus
tiempos cotizados (unos diez años), debida las frecuentes interrupciones de las
cotizaciones por las salidas frecuentes de la actividad laboral. Ese aumento de
la edad da lugar a la aplicación de penalizaciones para quienes se vean
obligadas a jubilarse anticipadamente y/o a períodos sin ningún tipo de
remuneración, ni salarial, ni de desempleo, ni de pensiones. En la CAPV se
podrá percibir la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) solo en el caso de que el
cónyuge no disponga de ingresos o sean éstos muy bajos.
·
La ampliación del período mínimo de
cotización de 10 a 15 años para acceder a la jubilación, que se realizó en 1985
pero que se ha agravado en el 2011 bajo gobierno del PSOE (al eliminar el
cómputo de las pagas extra, que permitían alcanzar los 15 años en algo menos de
13 cotizados), impide el acceso a la pensión a un número más importante de
mujeres que de hombres y es de los períodos más amplios de la Unión Europea. La
última guinda en este asunto fue la eliminación a partir del 15 de julio de
2012 de la asunción por el Estado de la cotización a las cuidadoras de las
personas en situación de dependencia, que supuso una reducción del 90% de los convenios
especiales suscritos. A partir del 1 de abril de 2019 se recuperó esa
financiación a cargo del Estado, pero sin efectos retroactivos, por lo que la
suspensión de ese convenio durante casi siete años ha supuesto la imposibilidad
de acceso a la pensión de jubilación de miles de cuidadores (la gran mayoría
mujeres) por no haber llegado a los 15 años de cotización necesarios y la
reducción de la pensión a otras miles de ellas.
·
Sucesivas ampliaciones del período de
cálculo de la pensión de jubilación en base a las cotizaciones, desde los dos
últimos años a los 8 últimos (en 1985), los 15 (1997) y los 25 años (2011).
·
Cobertura de vacíos (períodos sin
cotizar) en el cálculo de la pensión: 48 meses se sustituyen por la base mínima
de cotización y el resto por la mitad de la misma (mientras que anteriormente
se aplicaba la base mínima a todo el período sin cotizar).
·
Ampliación de los períodos cotización
exigido para alcanzar el 100% de la pensión, de 35 a 37 años.
·
Aumento de las edades de jubilación
ordinaria y anticipada y endurecimiento de los requisitos, entre ellos el
aumento del tiempo cotizado, que dificultan el acceso a la pensión y reducen su
cuantía.
·
Limitación de la cuantía que se puede
cobrar como complemento de mínimos de las pensiones contributivas a la cuantía
de las pensiones no contributivas (395,60 euros mensuales en el 2020), lo que
reduce ese complemento de quienes tengan muy cortas y antiguas cotizaciones.
·
Aumento de la contratación a tiempo
parcial de las mujeres – el 28,5% de las mujeres que trabajaban en el 4º
trimestre de 2019 lo hacían a tiempo parcial y el 68% de esos trabajos eran
ocupados por mujeres- que les impide alcanzar porcentajes altos de pensión. De
forma mayoritaria se realiza de forma involuntaria, por no poder acceder a un
trabajo a tiempo completo (el 52%) o por no poder costear el cuidado de
personas adultas enfermas, discapacitadas o mayores (el 14%).
·
Medidas que favorecen la permanencia
de las mujeres en la economía sumergida e impiden así el acceso a las pensiones
y/o limitan su cuantía. En julio de 2012, durante el gobierno de Rajoy el
subsidio de desempleo para mayores de 52 años, además de pasar a percibirse a
partir de los 55 años, se condicionó a los ingresos del conjunto de la unidad
de convivencia, en lugar de tener en cuenta solo los de la persona beneficiaria
desempleada, de forma que en la CAPV más del 80% de quienes cumplían con las
condiciones anteriores se vieron privados de ese subsidio, que iba acompañado
del mantenimiento de la cotización (por la base mínima) a cargo del Servicio
Estatal de Desempleo (SEPE). Aunque en marzo de 2019 se volvió a la normativa
anterior, las personas afectadas por la ley de 2012 se vieron privadas de hasta
siete años de cotización, con las consecuencias de no poder acceder a la
pensión de jubilación o de hacerlo con una de menor cuantía.
Un gran número de mujeres, de edad
avanzada, que fueron expulsadas del mercado de trabajo durante el franquismo no
han podido alcanzar los períodos de cotización necesarios para acceder a la pensión
de jubilación. En otros casos por haberse dedicado al cuidado de hijos/as y
otros familiares. Si estuvieron casadas perciben pensiones de viudedad de baja
cuantía, muy inferiores al salario mínimo interprofesional. Si no lo estuvieron
ni siquiera eso. En la CAPV, en el mejor de los casos cobrarán la RGI, siempre
y cuando no convivan en unidades de convivencia cuyos ingresos no superen los
límites fijados.
Una amplia parte del movimiento de
pensionistas, especialmente en Euskalherria, ha entendido la necesidad de
derogar las reformas laborales y de pensiones, no sólo las aprobadas por el PP
en el 2013 sino también por el PSOE en el 2011, aunque su percepción social
está condicionada por una entrada en vigor progresiva y dilatada en el tiempo.
De no hacerlo es muy probable que la leve reducción de la brecha de pensiones
que ha tenido lugar durante los últimos años se amplíe de nuevo cuando se
desplieguen plenamente las reformas.
Para las actuales pensionistas, no
basta con derogar esas reformas regresivas sino que se deben mejorar y extender
las medidas de derechos familiares, eliminando las restricciones temporales y
de otro tipo de las que están en vigor. Muy importante es el aumento de las
pensiones mínimas, tanto de las no contributivas como de las contributivas, en
línea con la exigencia de 1080 euros por pensionista para estas últimas
planteada de forma unitaria por el movimiento vasco de pensionistas y que ha
sido asumida también por algunas organizaciones y plataformas en otros puntos
del Estado español, a la que deben poder acceder las mujeres de más edad que
sufrieron las consecuencias de la dictadura franquista.
Notas:
[1] Este escrito se basa
en uno anterior, actualizado parcialmente, “La brecha de género de las
pensiones: sus razones y políticas para combatirla”,
https://vientosur.info/la-brecha-de-genero-de-las-pensiones-sus-razones-y-politicas-para-combatirla/
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Todos los españoles son iguales ante la ley así sean súbditos del común o reyes de pies para que os quiero, lo mismo que yo soy el toro que mató a Manolete.
Suiza: La Justicia y los
Borbones
De nuevo el prestigioso diario suizo
Swiss Info vuelve a hacerse eco de las demandas de justicia que llegan de
diferentes puntos y asociaciones del estado español
Kaosenlared
28 Oct, 2020
Suiza sigue siendo la esperanza para que se haga
justicia sobre la monarquía española
El canal público suizo publica hoy en primer plana
el articulo: Grupos antimonárquicos quieren que se juzgue a Juan Carlos I en
Suiza (1), elaborado por las periodistas Belen Couceiro y Sibilla Bondofi, en
el que recogen las distintas estrategias de incidencia para que sea la justicia
suiza la que juzgue al rey Emérito, ante la total falta de confianza en la
justicia española:
“La entidad catalana Òmnium Cultural y la
asociación Mujeres x la República han emprendido campañas de lobbying en Suiza
para conseguir que se juzgue al rey emérito en el país alpino. Desconfían de la
justicia española. Consideran que si Juan Carlos I fuera condenado en Suiza, se
abriría una puerta para poder investigar en España otros casos de corrupción de
la Casa Real.”
En ocasiones anteriores desde LoQueSomos hemos
informado de estas iniciativas. Por parte de Òmnium Cultural (2) en el mes de
julio difundimos su iniciativa en la que anunciaba que el Consejo Federal Suizo
había empezado a tramitar la petición de bloqueo de fondos del rey emérito Juan
Carlos I que solicitó la entidad cultural catalana.
En el artículo de la prensa suiza de hoy tienen muy en cuenta esa iniciativa:
“Según Òmnium Cultural, el sistema jurídico actual
garantiza al rey una inmunidad muy amplia que, según la interpretación del
Tribunal Supremo, cubriría también actos ilícitos hechos en su vida privada,
sin ningún relación con su mandato – en contra de lo que dicen los tratados
internacionales. ‘Pensamos que otro país, como Suiza, tiene la distancia y la
capacidad suficientes para asumir esta investigación’, recalca el portavoz de
la organización.”
La otra propuesta a la que se hace mención expresa
la nota de Swiss Info es la iniciativa de varios grupos republicanos
madrileños, que encabezó el grupo de Mujeres x la República, con la entrega de
una carta con varias firmas que pedían la intermediación del embajador suizo en
España para que se juzgue al rey emérito en Suiza, la carta fue tramitada por
la misma embajada hacia la fiscalía suiza, y desde Madrid se envío copia a
tod@s los parlamentari@s suizos… Juzgar al “emérito” ¡SOS a Suiza! (3)
La nota del periódico suizo recuerda que el rey
emérito está siendo investigado en España por los presuntos delitos de
corrupción, blanqueo de capitales y fraude fiscal. Y la fiscalía de Ginebra
está investigando a varias personas del entorno del rey Juan Carlos. Y
recapitula sobre estas dos asociaciones que intentan conseguir que se abra una
investigación penal contra el rey emérito en Suiza: Òmnium Cultural, una de las
principales entidades independentistas en Cataluña, y la asociación Mujeres x
la República, que defiende la celebración de un referéndum oficial en España
sobre la forma de Estado.
“Para Mujeres x la República no se trata solo del
enjuiciamiento del rey Juan Carlos. La organización cuestiona la Monarquía en
su conjunto y señala que se multiplican las iniciativas en ese sentido en
España. Según los resultados de una consulta popular celebrada en Madrid, la
asociación asume que una clara mayoría de la población española prefiere una
República a la Monarquía.”
“También Òmnium Cultural duda de la imparcialidad
de la justicia española. ‘Consideramos que España no juzgará nunca a la familia
real de manera efectiva, independiente e imparcial, porque eso significaría
reconocer que durante cuarenta años el país fue gobernado por una persona que
ha vivido de la corrupción’, declara un portavoz de la entidad catalana.”
El artículo del diario helvético tampoco oculta que
las esperanzas de estas organizaciones podrían verse truncadas… “existe
la duda de si Suiza responderá a las expectativas depositadas en ella”.
Más allá de las repercusiones o acciones legales
que se sigan emprendiendo por la corrupción de la casa real española, la
información que siguen dando los medios periodísticos internacionales esta
sirviendo para sumar reflexiones en torno al anacrónico sistema de jefatura de
estado español.
miércoles, 28 de octubre de 2020
El lenguaje. La importancia de expresar correctamente lo que se piensa y se siente.
El lenguaje y la izquierda
"Seamos creativas. Inventemos nuestras propias palabras, pero no
basadas en extranjerismos ni otras culturas", defiende la autora
CHRISTINE
LEWIS CARROL | Hace unos años organicé
con un grupo de jóvenes un taller que analizaba la importancia del
lenguaje tanto hablado como escrito. Ahora –en momentos de la pandemia
del coronavirus– no solo sigo pensando que es un tema importante, sino que se
habla y se escribe cada vez más con menos precisión y cuidado. Cuando hablamos
y escribimos, el lenguaje que utilizamos debería reflejar que no nos
conformamos con los términos manidos y manipulados; demostraría que hemos
ampliado la perspectiva con la que abordamos una información o tema.
La derecha y los medios de
comunicación dominantes transmiten los mensajes del sistema económico. Por
desgracia, la izquierda –al menos la que está presente en las instituciones del
estado– también lo hace porque no está realmente en contra del
capitalismo, o, al menos, no plantea una alternativa al mismo.* En mi
opinión, los medios de comunicación independientes (en papel y digitales)
tienen la obligación de cuidar el lenguaje, porque es cómo penetra
la cultura de la clase dirigente en nuestras vidas. Zygmunt Bauman ha
afirmado que “el capitalismo gana la batalla política porque ganó la
batalla cultural e ideológica”. El poder (es decir las grandes empresas y
los gobiernos que actúan de portavoz de éstas) decide cuál debe ser la
interpretación de una noticia. El mensaje ya está creado y se transmite
copiando y pegando. Estos mensajes son, con demasiada frecuencia mediocres,
llenos de retórica, demagogia y conceptos vacíos. El mensaje llega a adormecer
y encuentra el terreno abonado. Se rechaza primero la crítica, luego la
disidencia y, finalmente, la transformación o la revolución.
Los idiomas son algo vivo y
esto está bien. Nada es estático y tampoco lo son las lenguas. Pero el lenguaje
sirve para entendernos, bien sea oralmente o por escrito y a nadie le gusta no
entender lo que lee, y menos la pedantería. También es cierto que para debatir
a fondo los temas hay que abordar su complejidad, pero esto no debe entrañar el
uso de un lenguaje incomprensible. El lingüista y activista Noam
Chomsky decía que “el lenguaje es el modo en que interactuamos y nos
comunicamos, así que, naturalmente, los medios de comunicación y el
trasfondo conceptual que hay tras el lenguaje, que es más importante, son
usados para tratar de dar forma a actitudes y opiniones e inculcar conformismo
y subordinación. No es extraño que fuera creado en las sociedades más
democráticas”.
La lengua española dispone de
un diccionario que, supuestamente, ayuda a que no se degrade la misma. Sin
embargo, en mi opinión, esto no significa que esté exento de la influencia de
la lengua y la cultura dominantes, es decir el inglés. América del Norte es un
subcontinente del continente americano formado por Canadá, Estados Unidos y
México. Una acepción del Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) de
«norteamericano» es «estadounidense», pero no canadiense ni mexicano. ¿No es
esto permitir la influencia de una cultura dominante? El idioma inglés
no dispone del equivalente del DRAE y tiene mucha más libertad para inventar
nuevas palabras y frases. Seamos creativas. Inventemos nuestras propias
palabras, pero no basadas en extranjerismos ni otras culturas.
Después de mucho dudar, por fin
hemos aprendido que con la palabra «migrante» basta, que sobran
«inmigrante» y «emigrante», y que ofenden «ilegal», «no regulado» y «sin
papeles». La palabra globalización pretendió en su momento
vendernos el concepto de la interacción en la aldea global. Durante un tiempo
el sistema intentó lavarse la cara, inventando términos como el «capitalismo
ético», pero en seguida nos dimos cuenta de que fue un proceso más del mismo
sistema, cuyos fines son siempre trasladar sus negocios donde más rentabilidad
obtenga, y sin ningún principio ético.
Y cuidado con cambiar el
significado de las palabras: las redes sociales para mí no son Facebook,
Twitter, WhatsApp. Las redes sociales son tejidos de apoyo y
solidaridad que existen en las familias, las comunidades de vecinos, los
barrios, etc. ¿Cuántas veces hemos oído y leído la palabra «radical»
(definición DRAE: partidario de reformas extremas) cuando se está informando de
un acontecimiento en el que está presente la violencia?
Asimismo, el poder no sólo roba
nuestro lenguaje. Estudia los valores que defiende la izquierda transformadora
y hacen suyos los que le interesan: la «ética revolucionaria» ahora se
reivindica en todo: «banca ética», «capitalismo amable», «energía verde». (Por
cierto, la utilización que está haciendo el mundo de la publicidad –transmisor
principal del consumismo capitalista– de la lucha actual contra el coronavirus
me parece repugnante.)
España ocupaba hace unos años
el puesto 24 del mundo en el dominio de inglés. El dato en sí no es más que una
estadística e importa poco. Sin embargo, si nos guiamos por la cantidad de
anglicismos (ni siquiera extranjerismos porque leer latín o francés podría ser
refrescante) que inundan nuestros medios, también los que luchan por un mundo
distinto, parece que lo dominamos todos: «fake news» por
«bulo», «must» por «deber» u «obligación», «fact check» por
«verificación de la información». El problema no es sólo que se cuele el
extranjerismo, sino que las lenguas se degradan si no traducimos las palabras
nuevas, aunque sea mediante una frase más larga y explicativa. Las
lenguas se transmiten desde una organización mental y una cultura distintas y
si no las traducimos, parte de esa cultura se queda en la lengua de recepción.
Por otra parte, tengo la impresión de que el uso de anglicismos se considera
sofisticado en ciertos sectores, como parece indicar su profusión entre los
‘todólogos’, como decía Javier Couso, a quien agradezco tan elocuente término.
No sabemos más por decir algo en inglés.
Dario
Azzellini y Marina Sitrin analizan en Occupying Language las
palabras «territorio», «asamblea», «ruptura», «poder popular»,
«horizontalidad», «autogestión» y «protagonismo». “El lenguaje no es neutro y las palabras transportan y expresan los
conceptos y los modos de pensar. Éstas pueden consolidar y perpetuar jerarquías,
dominación y control, igual que pueden subrayar la igualdad y fortalecer la
conciencia. Las luchas latinoamericanas por la dignidad, la libertad y
la liberación tienen su raíz en más de quinientos años de resistencia. El
lenguaje derivado de estas luchas llega acompañado de antecedentes históricos.”
(La traducción es mía.) En Occupying Language se nos explica
de manera muy hermosa los conceptos, los modos de pensar y la historia detrás
de las palabras. Existen palabras en algunos idiomas que no se pueden traducir
porque representan hechos, a veces históricos, que no se entienden en la lengua
de recepción. Recuerdo al final de la dictadura cuando intentaba explicar a mis
compatriotas británicos la lucha por la amnistía de los presos políticos. La
palabra «amnistía» existe en inglés, pero no lograban captar toda la carga
conceptual e histórica de la misma.
Desde hace tiempo nos hemos
dado cuenta de que el lenguaje que utilizamos puede ser patriarcal o machista. Pero
hay usos más sutiles que si no ponemos cuidado, nos
tragamos con toda su carga ideológica. En el libro sobre feminismo de Black,
Buller, Hoyle y Todd se señala cómo difieren los adjetivos según se trate de
hombres o mujeres:
HOMBRE MUJER
Emprendedor Agresiva
Poderoso
Ambiciosa
Resuelto Egoísta
Decidido Controladora
Enojado Malhumorada
Experto Terca
Los roles tradicionales
asignados a los hombres y a las mujeres han contribuido a la creación
de diferentes adjetivos según se trata de uno u otro género. Las mujeres no
sólo hemos tenido que esforzarnos más que los hombres para demostrar nuestra
valía en todos los ámbitos, sino que también tenemos que aguantar la
desigualdad y la discriminación, y sin cabrearnos, no vaya a ser que se nos
insulte.
Y podemos aprender mucho de
otras lenguas menos dominantes. Teresa Villaverde, en la revista Pícara Magazine, habla
del idioma maya tojolabal que “utiliza dos verbos, correspondientes a dos
acciones, y elimina así la estructura de subordinación y jerarquía”.
Todas las personas que se
dedican a la palabra –principalmente los periodistas y nuestros representantes
políticos que nos deben convencer con la misma– deben cuidar el lenguaje. Los
siguientes ejemplos son sólo una pequeña muestra en una larga lista de la
degradación -y a veces la intencionalidad ideológica- del lenguaje:
- No se puede
sustituir la «Unión Europea» por «Europa». Europa no es
responsable de lo que hace mal la Unión Europea. Eso sí, en vez de
responsabilizarla por sus errores, es mucho más fácil y etéreo echarle la
culpa a Europa. Los responsables de los recortes en el gasto social tienen
nombre y apellidos.
- Cuando nuestros
representantes políticos se dirigen a sus representadas, hablan
de «españoles» cuando no de «compatriotas», términos que encuentro excluyentes;
no se acuerdan de todas las personas (migrantes o personas que eligen
vivir en España sin nacionalizarse) que pagan impuestos y hacen
comunidad. Ya no se utiliza la palabra «pueblo» que, además de ser
inclusiva, es hermosa.
- Casi ya no oímos la
palabra «paro»; se utiliza «desempleo». No sólo es un extranjerismo
(procede del inglés unemployment), es también una utilización
desideologizada del término. El paro es un término de
‘obreros’ y como se nos ha intentado convencer
machaconamente, ya no hay obreros ni trabajadores, sino
‘empleados’, cuando no ‘operarios’. No se crean nuevos conceptos por
inventar palabras nuevas ni se cambia su significado o historia. Las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad seguirán siendo policía por mucho nombre
rimbombante que se les dé. De la misma manera, las personas que antes
hacían jogging, luego footing y ahora running siguen
siendo las que corren al aire libre, por mucho que se les asigne un nombre
en inglés.
- Me molesta
profundamente cuando se me considera «consumidora». No existo en
función de lo que consumo, sino como persona (ni siquiera como
ciudadana, que es una cosa bastante concreta). Compro patatas, escucho e
intento hacer música, leo y aprendo de los libros. Pero no consumo ninguna
de estas cosas. Según qué caso, puedo ser usuaria, cliente, pero
‘consumidora’ sólo me confiere la condición de contribuyente al Producto
Interior Bruto.
El discurso de la izquierda
debe reflejarse también en el lenguaje que utiliza. No dudo de que haya
sectores y personas dentro de la izquierda y los medios de comunicación
independientes que sean sinceros en sus intenciones, pero les creo menos
cuando utilizan el mismo lenguaje que la derecha.
*Algunas os preguntaréis cuál
es la alternativa; os propongo que leamos a Luis González Reyes y estudiemos su
“economía poscapitalista, basada en gran medida en una desmercantilización y
desalarización de nuestras vidas”.
martes, 27 de octubre de 2020
Bolivia, punto de referencia. Ganarle las elecciones al capital (el mandante de la derecha política, pero también el mandante de la que se denomina izquierda que en la práctica realiza las mismas políticas que la derecha) es algo a celebrar desde el punto de vista de la izquierda. Pero celebrar no es tocar las campanas, en todo caso, pero nada más, es para engrasar los goznes y el badajo de la campana para que cuando se empiecen a tocar suene bien. Disponer del gobierno es sin duda importante, pero eso es únicamente y como mucho, disponer del poder político, pero junto a lo “político” está lo “económico”, y eso no se gana en unas elecciones, y también ésta el poder “ideológico” que tampoco se puede ganar e unas elecciones. Quien ingenuamente espere que los problemas de los trabajadores se pueden resolver tan solo por ganar las elecciones y disponer del gobierno no obtendrá más que una frustración personal y política porque no le podrá llegar el resultado esperado. Es el caso del gobierno del PSOE y Unidas Podemos en España, en el que muchos vieron de buena fe la solución a los problemas de los trabajadores y no obtendrán más que una frustración personal y política, porque tanto lo económico y lo ideológico permanece en manos del capital. Disponer del gobierno, de lo político, en manos de los representantes de las clases trabajadoras representa inicialmente partir de una relativa ventaja en la lucha política contra el capital, pero este sigue disponiendo de lo económico y de lo ideológico, elementos básicos e imprescindibles para poder realizar unas políticas a favor de la inmensa mayoría de la sociedad que es en la que se encuadran los trabajadores o para no realizarlas. La lucha ideológica se tiene que dar en el terreno ideológico. La ideología no es otra cosa que una determinada forma de representación de la realidad, de modo que un hecho idéntico (objetivamente invariable) puede ser visto de forma diametralmente opuesta, y a la vez las dos formas opuestas de ver e interpretar el mismo hecho pueden resultar igualmente verdaderas, ¿y por qué?, pues porque se interpretan desde puntos de vista diametralmente opuestos. Por ejemplo, el salario. Para quien paga el salario constituye desde su punto de vista un gasto, y por tanto, de forma natural y desde el punto de vista de sus intereses tenderá a reducir ese gasto cuanto le sea posible, y el salario lo paga el capitalista, en consecuencia, tenderá a reducirlo todo lo que le sea posible puesto que para él representa un gasto. El mismo salario para quien lo recibe, el asalariado, constituye un ingreso y no solo un ingreso, sino el único ingreso del que depende la subsistencia propia y la de los suyos, por tanto, intentará incrementarlo cuanto pueda porque para él representa un ingreso, lo contrario que para el capitalista. De manera que el mismo hecho, el salario, es interpretado de manera absolutamente opuesta entre el capitalista y el asalariado y sin ninguna posibilidad real de poder resolver esta contradicción entre ambos. En un mundo idealizado, inexistente, quimérico, podría resolverse esa contradicción estableciendo la dulzaina intelectual de que el capitalista tiene que portarse bien, no ser avaricioso, no quererlo todo para él, poner buena voluntad de su parte y acceder de buen grado a darle al trabajador un salario digno, cuyo asalariado también tiene que portarse bien, no ser egoísta y conformarse con el salario que le da el capitalista. Pero esto solo puede pasar en la ficción idealizada de la realidad y en ningún sitio más, porque el capitalismo tiene una dinámica interna propia de funcionamiento que no puede abandonar, salvo que decida auto extinguir si la abandona, con independencia de la bondad o malevolencia del capitalista que obliga este a tener que acrecentar sus capitales permanentemente para poder supervivir frente a la competencia que le presentan otros capitalistas. Esta cuestión ideológica (el punto de vista de clase) se le tiene que explicar al trabajador (casos concretos del PSOE, Podemos, Izquierda Unida, en las Asambleas locales; Círculos y Asambleas locales respectivamente) para que una vez entendida se traslade al terreno político que es donde se establecerá el importe del salario (ni justo ni injusto) en función de la fuerza política que entren en liza en cada momento entre los capitalistas y los trabajadores. El salario quedará fijado por el contendiente que en la lucha política tenga más fuerza (el acuerdo, el consenso, la responsabilidad, la justicia social, etc., para fijar los salarios son cuentos de hadas que para lo tebeos de hadas está bien, pero no para la realidad en la que las hadas no existen), de ahí la imperiosa necesidad de la organización social y política de los trabajadores. Respecto del poder económico también tiene que serle explicado previamente a los trabajadores para que obtengan un conocimiento claro y objetivo del papel que desempeñan en la producción y no limitarse a la exclusiva subida de salarios (a la que no se puede renunciar nunca mientras exista el capitalismo, pero no como único y exclusivo objeto), sino en base a la cuestión que plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo es esto de que siendo los trabajadores los únicos productores de la riqueza no disfrutamos de ella porque de la misma se la apropia el capital que es precisamente quien no la produce? La respuesta de esta pregunta que pasa por lo “ideológico” vuelve al campo “político” en el que se elabora y acuerda una actuación concreta que tiene como finalidad nuevamente lo “económico”. Y, con lo dicho que ni siquiera se podría considerar el a, b, c de lo que se podría decir y debe decirse acerca de la cuestión planteada se ha pretendido demostrar razonada y lógicamente la conexión indefectible que existe entre lo político, lo económico y lo ideológico, que son los tres poderes que tienen que ser dominados por los trabajadores para resolver efectivamente sus problemas, al tiempo que también se ha pretendido justificar el por qué el solo hecho de ganar las elecciones (un solo poder) no es motivo suficiente (es condición necesaria pero en ningún caso suficiente) para echar a repicar las campanas. Con engrasarlas y siendo consciente de que se están engrasando para que cuando suenen lo hagan de acuerdo a la partitura escrita por los trabajadores ya vamos bien.
Todo el poder
al pueblo
Rebelión
20/10/2020
Fuentes: Jacobin [Foto: Gastón Brito Miserocchi / Getty
Images]
El
triunfo del pueblo boliviano contra los golpistas y la derecha en las
elecciones, la contundencia del resultado y la posibilidad de avanzar hacia la
profundización de un proceso de cambios marcado por la descolonización del
Estado Plurinacional constituyen hoy un gran aliento para los pueblos de todo
el continente.
Todavía
no es posible distraernos en festejos, aunque nuestros corazones laten a ritmo
frenético. Porque, a pesar de que el resultado reconocido permite que la
fórmula encabezada por Luis Arce y David Choquehuanca llegue a la presidencia y
vicepresidencia en la primera vuelta, este resultado tendrá que ser defendido
de las acciones mafiosas de la derecha, que buscará caminos para desestabilizar
e impedir que se desmonte la retórica del fraude con la que se buscó legitimar
el golpe de Estado un año atrás.
Tampoco
podemos distraernos: sabemos que la derecha fascista, civil, militar y
paramilitar, y sus custodios –la embajada yanqui, la OEA, las corporaciones
transnacionales que ganaron mucho poder económico y control político con el
beneficio del Gobierno golpista– ya están preparando su respuesta criminal.
La
fórmula del Movimiento al Socialismo (MAS) fue el camino que el pueblo
boliviano eligió para derrotar al golpe de Estado. A pesar de todas las
maniobras tendientes a restar votos a los candidatos del pueblo, impidiendo el
voto en el exterior, generando miedo con la saturación militar y policial en
las calles, intentando manipular el escrutinio eliminando horas antes del mismo
la difusión de resultados preliminares, el pueblo impuso su voluntad. La fórmula
encabezada por Arce y Choquehuanca obtuvo más del 53,4% de los votos, 22 puntos
más que su seguidor, el derechista Carlos Mesa, que logró el 31,5%, y casi 40
puntos más que el golpista fascista Fernando Camacho, que quedó con 14,1%.
En
un lugar absurdo quedan la OEA y su portavoz, Luis Almagro, que un año atrás
legitimaron la idea de fraude que permitió la destitución de Evo Morales. En un
lugar absurdo quedan quienes, desde discursos izquierdistas o feministas,
responsabilizaron del golpe de Estado a las víctimas del mismo y no al poder
hegemónico del país y del mundo que conspiró para interrumpir el proceso de
cambio no por sus debilidades, no por sus extravíos, sino por lo que contenía
de amenaza para sus intereses (capitalistas).
Los
errores cometidos por el gobierno de Evo serán analizados y balanceados por su
pueblo y por las organizaciones que, un año después, regresan al Gobierno. Pero
nada justifica el golpe de Estado, la dictadura cívico militar paramilitar y
religiosa, las masacres, los crímenes de lesa humanidad, la proscripción
política, la persecución y prisión de líderes políticos/as y sociales
(especialmente indígenas), el exilio, el cierre de los medios de comunicación
comunitarios, la persecución al periodismo que cuestionaba al golpe, la
violencia patriarcal y racista contra las mujeres de pollera, la falta de
respeto a la wiphala y a los símbolos del Estado
Plurinacional.
Ese
mismo pueblo será el que ahora construya los caminos para que haya justicia y
para que haya memoria. Para que sean juzgados los criminales que produjeron las
masacres de Senkata y Sacaba, los responsables de la muerte de Sebastián Moro,
periodista argentino asesinado por los fascistas.
Seremos
los pueblos quienes seguiremos exigiendo la libertad de Facundo Molares,
periodista argentino rehén de la dictadura boliviana en la cárcel de
Chonchocoro, y por la libertad de todos los presos y presas políticas. El
triunfo del MAS tendrá que ser confirmado con acciones cotidianas que
pacifiquen al país a partir de la justicia y no de la impunidad o la
desmemoria.
Este
resultado alegra, estimula la lucha de todos los pueblos, y también obliga a
mirar críticamente el camino de modo que en este nuevo momento, con la fuerza y
legitimidad que da el resultado electoral, se pueda profundizar el proceso de
cambio, para que no quede atrapado en las lógicas institucionales de las
democracias condicionadas por el lobby mundial transnacional y
sus gobiernos títeres.
Desmontar
la militarización, las fuerzas represivas entrenadas en el fascismo y el
racismo, la cultura del miedo internalizada a sangre y fuego, es parte
inalienable de la posibilidad de recuperación de una democracia del pueblo y
para el pueblo.
El
poder popular, feminista, anticolonial, ganó una segunda oportunidad que no puede
desperdiciar. El pueblo que resistió en las calles la dictadura, que salió a
cortar rutas a pesar de la pandemia frente al aplazamiento de las elecciones,
que controló voto a voto cuando se decidió que esa fuera la estrategia de
lucha, merece ahora ser la fuente de todo el poder.
La
dignidad de los rostros que hoy celebran la derrota política de la dictadura
quedará grabada en nuestra historia colectiva. ¡Jallalla las mujeres de
pollera! ¡Jallalla el pueblo boliviano! ¡La wiphala se
respeta, carajo!!
Claudia Korol. Comunicadora, feminista e integrante
del equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía.
Fuente: https://jacobinlat.com/2020/10/19/todo-el-poder-al-pueblo/
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lunes, 26 de octubre de 2020
El coronavirus y la pandemia intrínseca del Fondo Monetario Internacional (FMI), antes, durante y después del coronavirus. De criminales y el FMI es un criminal no puede esperarse más que crímenes, salvo que, la lógica cambie sus leyes y métodos, si es que crimen es como yo creo, el condenar irremisiblemente a la humanidad a la miseria, sufrimientos y violencia física (la violencia psíquica es otro tipo de violencia, que por cierto, se puede fomentar e intensificar muy bien con los toques de queda y confinamientos a los que ha dado lugar el coronavirus, que también está presente), sobre todo cuando medios materiales, técnicos y humanos existen más que sobradamente tanto para erradicar la miseria y sufrimientos actuales y prevenir los próximos a llegar que están más cerca de lo que pudiera parecer. Pero además es un criminal cínico, porque el dinero que utiliza para perpetrar sus crímenes es dinero público, o sea, de los trabajadores, y no dinero propio que sus dirigentes arriesguen para hacer sus negocios particulares, que es el fin último de los crímenes que cometen. ¿Que qué tiene que ver esto con los trabajadores españoles?, pues que al Estado español le va a prestar dinero la Unión Europea, que es hija del mismo padre y de la misma madre que el FMI.
El FMI se aprovecha de la pandemia para allanar el
camino de la privatización en 81 países
76 de los 91 préstamos que el
FMI ha negociado desde el inicio de la pandemia de coronavirus llegan
vinculados a demandas de profundos recortes en servicios públicos y políticas
que benefician a las corporaciones por encima de las personas.
En las protestas contra Lenin Moreno coincidieron sectores urbanos, campesinos e indígenas. FLUXUS
El Salto
25 OCT 2020 04:09
El enorme
trastorno económico causado por la pandemia de covid-19 ofrece una oportunidad
única para alterar radicalmente la estructura de la sociedad, y el Fondo
Monetario Internacional (FMI) está utilizando la crisis para implementar
medidas de austeridad cuasi permanente en todo el mundo.
76 de los 91 préstamos que ha negociado con 81
países desde el inicio de la pandemia mundial en marzo han llegado vinculados a
demandas de que los países adopten medidas como profundos recortes en los
servicios públicos y las pensiones, medidas que indudablemente conllevarán
privatizaciones, congelaciones o recortes salariales, o el despido de
trabajadores del sector público como médicos, enfermeros, profesores y
bomberos.
Principal animador de las medidas de austeridad neoliberal
en todo el planeta durante décadas, el FMI ha empezado recientemente (de forma
discreta) a admitir que estas políticas no han funcionado y generalmente crean
problemas como pobreza, crecimiento desigual y una desigualdad aún peor.
Además, tampoco han conseguido traer el prometido crecimiento económico que se
suponía que iba a contrarrestar estos efectos negativos. En 2016, describió sus
propias políticas como “promocionadas en exceso” y anteriormente resumió sus
experimentos en América Latina como “todo dolor, sin beneficios”. Así, sus
propios informes afirman explícitamente que sus políticas no funcionan.
“El FMI ha hecho sonar la alarma sobre una gran
intensificación de la desigualdad tras la pandemia. Pero está conduciendo a los
países a pagar los gastos de la pandemia mediante recortes de austeridad que
alimentarán la pobreza y la desigualdad”, dice Chema Vera, director ejecutivo
interino de Oxfam International. “Estas medidas podrían dejar a millones de
personas sin acceso a la sanidad o ayuda económica mientras buscan trabajo, y
podrían frustrar cualquier esperanza de recuperación sostenible. Al adoptar
este enfoque, el FMI está cometiendo una injusticia a sus propias
investigaciones. Su cabeza debe empezar a hablar con sus manos”.
Moreno redujo el presupuesto sanitario nacional en un 36% a cambio de un
préstamo de 4.200 millones de dólares del FMI, un movimiento que provocó
enormes protestas nacionales que amenazaron con hacer descarrilar a su Gobierno
Oxfam ha identificado al menos 14 países que espera
que congelen o recorten de forma inminente los salarios y puestos de trabajo
del sector público. Túnez, por ejemplo, solo tiene 13 médicos por cada 10.000
personas. Cualquier recorte a su ya exiguo sistema sanitario lo debilitaría en
su lucha contra el coronavirus. “Si la gente no se puede permitir el testeo y
el cuidado del covid-19 y otras necesidades sanitarias, el virus seguirá
expandiéndose sin control y más gente morirá. Los gastos corrientes en sanidad
eran una tragedia antes de la pandemia, y ahora son una sentencia de muerte”,
añade Vera.
UN CASO PRÁCTICO DEL FMI
Ecuador es un ejemplo perfecto de las consecuencias
del FMI. Anteriormente dirigido por el Gobierno radical de Rafael Correa, que
hizo de la reducción de la pobreza una prioridad, condenó al FMI y a su
organización hermana, el Banco Mundial, y dio asilo a disidentes occidentales
como Julian Assange, el país ha sido dirigido por Lenin Moreno desde 2017.
Moreno comenzó inmediatamente a deshacer el legado de Correa, incluso intentando
procesarle. En 2019, bajo órdenes del FMI, Moreno redujo el presupuesto
sanitario nacional en un 36% a cambio de un préstamo de 4.200 millones de
dólares del FMI, un movimiento que provocó enormes protestas nacionales que
amenazaron con hacer descarrilar a su Gobierno.
Si la organización se sale con la suya, serán los pobres quienes paguen
por la pandemia, mientras los ricos prosperan
Los resultados fueron casi apocalípticos cuando la
ciudad más grande del país, Guayaquil, se convirtió en el centro mundial del
coronavirus, con cadáveres abandonados en las calles durante días mientras los
servicios estaban saturados. La ciudad sufrió más muertes que Nueva York en su
pico, y con mucha menos infraestructura para tratar el problema. Aunque el
número oficial de casos en el país es bajo, la tasa de mortalidad ha estado
entre las más altas del mundo, lo que sugiere que los servicios han estado
completamente colapsados.
A principios de este mes, Moreno anunció un nuevo
acuerdo por 6.500 millones de dólares con el FMI, que ha aconsejado a su
Gobierno dar marcha atrás en los aumentos de emergencia en el gasto sanitario,
detener las transferencias de efectivo para aquellos incapaces de trabajar
debido al virus y recortar los subsidios de combustible para los pobres.
EN LA CRISIS, OPORTUNIDAD
El FMI también interfiere directamente con la
política interna de naciones soberanas. En marzo, se negó a hacer préstamos al
Gobierno venezolano debido a la “falta de claridad” sobre quién estaba al
mando, sugiriendo que el democráticamente electo Nicolás Maduro tendría que
dimitir antes de que consideraran hacer préstamos al país. Al mismo tiempo, sin
embargo, el autodeclarado presidente y figura de la oposición Juan Guaidó
anunció que había asegurado un compromiso de 1.200 millones de dólares de la
organización con la condición de que Maduro dimita y permita que un “Gobierno
de emergencia” tome el control del país. Una encuesta realizada el mismo mes
por una empresa de encuestas simpatizante descubrió que solo el 3% de los
venezolanos apoyaba a Guaidó.
En la crisis siempre hay oportunidad. Para muchos,
la pandemia es una oportunidad de reorientar la economía alejándose del consumo
de masas y hacia un sistema más sostenible ecológicamente. Para el FMI, sin
embargo, se está utilizando para impulsar más privatizaciones y medidas de
austeridad que invariablemente enriquecen a los ricos y debilitan a los pobres
y a los indefensos. Parece que, si la organización se sale con la suya, serán
los pobres quienes paguen por la pandemia, mientras los ricos prosperan.
MPN
Artículo publicado originalmente en Mint Press News.
Traducido para El Salto por Eduardo Pérez.
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