El Gobierno de
Daniel Noboa se caracteriza por políticas neoliberales de austeridad dictadas
por el FMI, la represión violenta de las protestas y una serie de reformas
orientadas a alinear al país con la política exterior estadounidense.
La crisis en Ecuador
El Viejo Topo
12 octubre, 2025
AUTORITARISMO,
AUSTERIDAD, REPRESIÓN Y FALSAS NARRATIVAS: LA CRISIS EN ECUADOR
El Gobierno de
Daniel Noboa en Ecuador se caracteriza por la implementación de políticas
neoliberales de austeridad dictadas por el FMI, la represión violenta de las
protestas sociales y una serie de reformas legales orientadas a incrementar el
autoritarismo estatal y alinear al país con la política exterior
estadounidense. Todo esto ocurre en medio de una crisis de seguridad sin
precedentes.
La crisis de
seguridad
Durante el
primer semestre de 2025, Ecuador registró 4.619
homicidios, estableciendo un nuevo récord histórico y representando
un aumento del 47% respecto al mismo período de 2024. Esta cifra convierte al
país en el más violento del continente. El Plan Fénix, implementado por el
Gobierno de Noboa desde 2024, nadie sabe en qué
consiste y no ha producido resultados positivos; por el contrario, la
inseguridad ciudadana ha empeorado. Los constantes estados de emergencia que
han militarizado el país tampoco han logrado revertir la situación.
Las políticas
de austeridad
Reelecto en
abril de 2025, Daniel Noboa ha implementado un programa de extrema derecha
alineado con las exigencias del FMI. En junio despidió a 5.000 funcionarios
públicos y fusionó cuatro ministerios. En el caso más grave, las competencias
relacionadas con el medio ambiente fueron transferidas al Ministerio de
Recursos Naturales e Hidrocarburos, evidenciando la orientación extractivista
del Gobierno. Estas medidas representan el camino hacia el Estado mínimo que
pregona el neoliberalismo y responden a las condiciones del último préstamo del
FMI.
El 12 de
septiembre, Noboa retiró el subsidio al diesel, cuyo precio pasó de 1,80 a 2,80
dólares por galón hasta diciembre. Posteriormente, el precio dependería de un
sistema de bandas atado a los precios del mercado internacional. Esta medida
detonó un paro nacional de transportistas el 13 de septiembre, quienes pactaron
rápidamente con el Gobierno a cambio de subsidios, y posteriormente el paro
nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
(CONAIE) el 18 de septiembre, exigiendo la derogatoria de la medida, bajar el
IVA del 15% al 12%, no a la minería, respeto a la consulta previa y más
inversión en educación y salud. Cabe destacar que los hospitales públicos están
en condiciones precarias, sin
medicamentos ni insumos. Los medios reportan pacientes que
requerían diálisis y murieron por
falta de ella.
Sumisión a los
Estados Unidos y reformas constitucionales
El 3 de junio,
la Asamblea Nacional, en la que el Gobierno tiene mayoría, aprobó un cambio en
el artículo 5 de la Constitución para permitir bases militares extranjeras.
Esta modificación requería la aprobación de la Corte Constitucional y
posteriormente un referéndum. El 5 de septiembre, la Corte Constitucional
rechazó cuatro de las ocho preguntas que Noboa había enviado para consulta
popular y referéndum, incluyendo esta cuestión.
Leyes
autoritarias y la Corte Constitucional como último bastión
En junio de
2025, el Gobierno logró aprobar tres nuevas leyes enviadas como económicamente
urgentes sin serlo: de Inteligencia, de Solidaridad Nacional y de Integridad
Pública. El campo progresista presentó 23 demandas de inconstitucionalidad ante
la Corte Constitucional porque violan derechos relacionados con la niñez y
adolescencia, la libertad de expresión, la intimidad y la privacidad, entre
otros. La Corte suspendió provisionalmente 16 artículos de estas leyes,
provocando una campaña de descrédito organizada por el Gobierno que acusó a la
Corte de dejar al país en indefensión frente al crimen.
La Ley de
Solidaridad Nacional buscaba institucionalizar la figura de “conflicto armado
interno” que Noboa utilizó en un decreto en enero de 2024. Esto implicaba: uso
libre de militares en operativos policiales; indulto previo al personal de
seguridad por potenciales crímenes y violaciones de derechos humanos;
criminalización de organizaciones opositoras catalogándolas como grupos
armados; y tratamiento de zonas, bienes muebles e inmuebles que se presumen de
grupos delincuenciales como objetivos militares.
La Ley de
Inteligencia pretendía interceptar cualquier comunicación sin orden judicial,
requerir información en dos días sin necesidad de orden judicial, acceder a
datos personales sin orden judicial, el regreso de los gastos reservados
(fondos discrecionales no transparentes), y no mantener archivos de documentos
sino incinerarlos.
El 27 de
septiembre, la Corte Constitucional rechazó definitivamente dos de las leyes,
la de Seguridad Nacional y la de Integridad Pública, por ser flagrantemente
inconstitucionales.
La Corte
Constitucional es el único organismo de Estado que el Gobierno de Noboa no
controla. La Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía General del Estado han
apoyado al Gobierno implementando lawfare contra la oposición,
especialmente la Revolución Ciudadana, partido de Rafael Correa, a la par que
no investiga ninguno de los indicios de corrupción del actual Gobierno. Entre
ellos, contratos
millonarios con empresas de familiares de Noboa, nuevas concesiones
mineras que también conducen a sus parientes, 48 generadores
comprados para provisión de energía eléctrica de los cuales 30 no son
compatibles con el sistema ecuatoriano, y el escándalo del
contrato con Progen para
el sistema eléctrico del que se pagaron 149 millones de dólares sin resultados,
dejando la posibilidad de que los apagones de
14 horas diarias del año pasado se repitan.
Abusos,
protestas y represión
El 16 de
septiembre, en Cuenca, la tercera ciudad del país con 800.000 habitantes, se
dio la mayor marcha ambiental de la historia del país: 100.000 personas marcharon contra
el proyecto minero Loma Larga en la zona de Quimsacocha, que pondría en riesgo
las fuentes de agua para uso agrícola y humano. El proyecto había sido
suspendido por un tribunal local por no cumplir con los requisitos de consulta
previa y ambiental.
El 19 de
septiembre, Noboa ordenó al Consejo Nacional Electoral, mediante decreto,
organizar una Asamblea Nacional Constituyente sin pedir el dictamen de la Corte
Constitucional, lo cual constituye una violación de la Constitución y fue
interpretado como un intento de golpe de Estado. La Corte admitió a trámite
cinco demandas de inconstitucionalidad y la ejecución del decreto está
bloqueada, aunque el CNE lanzó rápidamente la convocatoria a elecciones para la
Constituyente.
Al momento de
publicación de este artículo, el paro nacional convocado por la CONAIE
continuaba tras 20 días, con apoyo en varias ciudades, especialmente de
estudiantes. Los cortes de vías, protestas y paralizaciones se extienden por todo el país, pero con
más fuerza en la Sierra, donde el movimiento indígena es el principal actor del
campo popular.
Tanques y
vehículos militares reprimieron las protestas en la provincia de Imbabura
disparando inclusive contra comunidades indígenas desarmadas. La ministra de
Gobierno, Zaida Rovira, dijo que se trataba de un convoy humanitario «emboscado
por estructuras terroristas». El tal convoy llegó sin aviso previo mientras
toda la comunicación por internet se interrumpía y no hay ningún grupo terrorista
vinculado. Efraín Fuérez murió en una zona cercana a manos de militares. Un
periodista español que reportaba desde la zona, Lautaro Bernat, fue deportado.
Hay al menos
100 personas detenidas y 10 desaparecidas. Doce detenidos fueron enviados el 26
de septiembre a una de las cárceles de
máxima seguridad donde el día anterior se produjo una masacre
carcelaria en la que murieron 17 personas.
Masacres que se repiten incluso con las cárceles bajo control militar desde
2024. Estas personas fueron falsamente
acusadas de terrorismo y de tener antecedentes penales. El Gobierno
ha bloqueado sin
mandato judicial cuentas bancarias de dirigentes y organizaciones populares,
alegando sin pruebas que el financiamiento del paro viene de la organización
venezolana de narcotráfico “Tren de Aragua”.
El expresidente
de la CONAIE, Leonidas Iza, líder de los levantamientos de 2019 y 2022, sufrió
un atentado contra
su vida por parte de agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia el 18 de
agosto de 2025. Cuatro niños de
un suburbio de Guayaquil fueron torturados y ejecutados extrajudicialmente
por militares en
diciembre de 2024. El nivel de autoritarismo es tal que el propio Departamento
de Estado de los Estados Unidos lo denuncia en un informe que
señala graves vulneraciones a los derechos humanos en Ecuador entre 2024 y
2025. Informes internacionales muestran que desde 2024 han aumentado los
delitos de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, tortura,
desaparición forzada y ejecución extrajudicial.
La respuesta de
Noboa al rechazo de las dos leyes por la Corte Constitucional fue, el 30 de
septiembre, el envío de una nueva ley económica urgente para facilitar
donaciones para la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
No hay ninguna
negociación con los actores en paro. Frente a las demandas de más democracia e
inversión estatal, el Gobierno responde con austeridad, aumento de la represión
y una estrategia comunicacional que busca establecer la falsa narrativa de que
todas las personas que protestan son delincuentes y/o terroristas. En esta
línea, el 8 de octubre, los miliares de la escolta presidencial, tras atacar una
manifestación de indígenas en la provincia de Cañar, rompieron ventanas de los
vehículos de la comitiva presidencial para después decir que se trató de un
intento de asesinato del presidente. Sería la primera vez que se intenta
asesinar a un presidente mediante pedradas a la comitiva presidencial
resguardada por militares, policía y seguridad privada, avisados de
la protesta por el alcalde días antes.
Fuente: Globetrotter
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