“Negamos
legitimidad a la Mesa de Diálogo Social para decidir acuerdos que nos afectan
como pensionistas”
KAOSENLARED
7 de agosto de 2024
OTRO “ACUERDO” QUE DEBILITA
LAS PENSIONES PÚBLICAS
Las plataformas y
movimientos de pensionistas de diferentes pueblos del Estado valoramos
negativamente el acuerdo alcanzado el 31 de Julio de 2024 por el gobierno del
Estado, las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME y las organizaciones
sindicales CCOO y UGT.
De entrada, decimos que esa
mesa de Diálogo Social no nos representa y les negamos legitimidad para decidir
acuerdos que nos afectan como personas pensionistas.
Por lo tanto este acuerdo, negociado con opacidad y oportunismo en medio del
verano, tampoco nos representa, tanto mas cuanto las movilizaciones pensionistas,
que desde hace 10 años se vienen desarrollando, suponen una clara expresión de
este colectivo. Por lo tanto, exigimos medidas distintas y opuestas a lo
aprobado.
Además, la Mesa estatal se
ha consolidado como instrumento para blanquear los persistentes recortes en las
pensiones públicas. No es extraño por tanto que los acuerdos del Decreto Ley
pactados el día 31 de Julio tengan como objetivo: “Seguir de una manera y otra
retrasando la edad de jubilación para compensar los recortes de las prestaciones.
Como no se adoptan decisiones definitivas que garanticen a las personas
pensionistas unas pensiones públicas dignas y suficientes los acuerdos
adoptados pretenden resolver el problema haciendo que, ante la insuficiencia de
las pensiones, las personas trabajadoras y pensionistas prolonguen su vida
laboral y/o compatibilicen trabajo y pensión.”
En el pacto se incluyen las decisiones respecto a:
1.Prolongar y desregular
todavía más la edad de jubilación.
Hay que recordar que estos mismos actores ya firmaron la reforma de 2011, que
elevó la edad de jubilación desde los 65 hasta los 67 años.
• La ampliación de los supuestos de la jubilación parcial, como ejemplo.
mujeres que tienen pocos años de cotización por dedicarse a los trabajos de
reproducción y cuidados y necesitan de un segundo trabajo para mejorar su
pensión, autónomos y sectores en general con pensiones bajas.
El incremento con carácter
semestral del 2% de la pensión demorada. Se trata de retrasar la edad de
jubilación para reducir los gastos de pensiones, aunque suponga para muchos
colectivos especialmente castigados igualar la edad legal de jubilación con la
esperanza de vida.
• La modificación de la
jubilación activa; se elimina el requisito de contar con la carrera completa de
cotización para tener acceso a la jubilación activa y reconocer la
compaIbilidad de la jubilación activa con los incentivos de la jubilación
demorada.
Las organizaciones pensionistas no nos olvidamos que retrasar la edad de
jubilación aumenta las dificultades de nuestra juventud para encontrar un
trabajo digno y tener un futuro con derechos.
2. Tímidas e insuficientes
mejoras en materias como:
La mejora de las condiciones del contrato de relevo, la recuperación del
coeficiente multiplicador del 1,5 para los contratos fijos discontinuos o el
nuevo reglamento de jubilación anticipada por trabajos penosos pendiente de la
creación de un grupo de trabajo, aunque positivas no ocultan el cambio
sustancial que se realiza al compatibilizar trabajo y pensión que precarizará
de un solo golpe, salarios y pensiones.
3.Dar más capacidad a las
Mutuas patronales para presionar sobre las bajas de incapacidad temporal.
• En el Decreto Ley que
dará cobertura al acuerdo se incluyen criterios a tener en cuenta en el
Convenio de colaboración para agilizar pruebas médicas a personas en
incapacidad temporal comprometido en el V Acuerdo de Negociación Colectiva,
• Se ha acordado una
propuesta de convenio marco a suscribir con el INNS, los servicios públicos de
salud y las mutuas colaboradoras con la SS para que estas puedan contribuir,
previo consentimiento informado del paciente, a acelerar los procesos de
recuperación en determinadas patologías traumatológicas.
Partimos de la misma
filosofía anterior; como no se adoptan decisiones firmes para la mejora y
desarrollo de los sistemas sanitarios públicos, se pretende solucionar el
problema poniendo en manos de las mutuas, los diagnósticos y tratamiento de las
patologías traumatológicas. Las garantías del control de los médicos de la SS
del proceso les parecen insuficientes a los firmantes del acuerdo, y determinan
que a lo largo del proceso todas las patologías de este ámbito sean gestionadas
por las mutuas.
Conclusión:
Este llamado “cuarto acuerdo” de pensiones ni aborda ni toma medidas para
satisfacer las demandas más urgentes de las personas pensionistas. Nuestras
demandas no han sido atendidas.
Además de seguir exigiendo la recuperación del poder adquisitivo de las
pensiones perdido desde 2011, cuestión que tendremos en cuenta en los próximos
presupuestos, seguimos planteando la urgencia de;
• La mejora sustancial de
las pensiones mínimas a niveles del SMI, que posibiliten a las personas
pensionistas unas condiciones de vida dignas.
• Recuperar la tasa de
reemplazo salario pensión que se está reduciendo por los recortes de las
reformas.
• Adoptar decisiones para
acabar con la brecha de género que se sitúa en el 37%.
• Cumplimiento de la Ley
21/2021 que determina la exigencia de la realización de la Auditoría de cuentas
de la Seguridad Social.
• Revalorizar las pensiones
de miles de pensionistas que han sido perjudicados en su pensión por los
coeficientes reductores de la jubilación anticipada con 40 o más años
cotizados.
• Garantizar el SPP
(Sistema Público de Pensiones) de pensiones mediante la creación de empleo de
calidad y la mejora sustancial de los salarios y cotizaciones.
• Derogar la ley 12/2022 de
fomento de los PPEs.
Nada de esto ha formado
parte del orden del día de esas reuniones de la “Mesa de Diálogo Social” y
queda clara la distancia entre lo que se acuerda en la Mesa y las necesidades
urgentes de las personas pensionistas.
Tras más de seis años de movilizaciones las organizaciones de pensionistas
estamos siendo ninguneadas como interlocutores legítimos de las personas
pensionistas. El mes de mayo, solicitamos un encuentro con la ministra de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Elma Saiz Delgado y seguimos
esperando respuesta.
Por todo ello, nos
afirmamos en la necesidad de promover este otoño un amplio proceso de
movilización para exigir que sea escuchada la voz de los pensionistas y situar
en la agenda como una cuestión central para toda la sociedad la defensa del
Sistema Público de Pensiones. Por ello nos reafirmamos en la convocatoria
descentralizada a partir del 30 de setiembre en torno el día internacional de
los mayores y la marcha sobre Madrid el 26 de Octubre.
Llamamos a abrir debates en
los barrios y pueblos, en los centros de trabajo y en el conjunto de la
ciudadanía trabajadora contra los efectos regresivos de estas nuevas reformas.
GOBIERNE QUIEN GOBIERNE,
LOS DERECHOS Y LAS PENSIONES PUBLICAS SE DEFIENDEN
ASJUBI40 (Asociación
Jubilación Anticipada sin Penalizar)
COESPE (Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de
Pensiones)
EHPM (Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria)
MADPP (Movimiento Andaluz por la Defensa de las Pensiones Públicas)
MODEPEN (Movemento Galego en Defensa das Pensións e os Servizos Públicos)
UNIDAD COESPE (Coordinadora Estatal de Pensionistas)
PLATAFORMAS DE PENSIONISTAS de Badajoz, Móstoles…
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