La
aprobación del Reglamento de Crisis por parte del Consejo Europeo consigue
allanar el terreno para seguir ahondando en una propuesta que discrimina,
excluye y vulnera derechos fundamentales. Es decir, más muerte, más abandono,
más injusticia.
El Pacto migratorio europeo.
Un pacto de muerte
El Viejo Topo
20 octubre, 2023
Aunque pudiera parecer lo contrario por los titulares de prensa o por las declaraciones grandilocuentes de la Comisión Europea y de la Presidencia española de la UE, el llamado Pacto Migratorio no está, todavía, aprobado. Lo que el Consejo ha alcanzado hace tan solo unos días por mayoría cualificada, después de varias intentonas fallidas, ha sido su posición en el Reglamento de Crisis, la última pieza del Pacto de Migración y Asilo que los Estados miembros estaban pendientes de cerrar. De hecho, con esta posición de acuerdo del Consejo sobre dicho reglamento, entramos en una recta final que consiste en intentar aprobar el paquete entero de reformas migratorias antes de que termine la presente legislatura.
Pero ¿por qué
era tan importante aprobar el Reglamento de Crisis en el Consejo? Este
Reglamento es uno de los elementos clave del Pacto de Migración y Asilo que
Bruselas presentó en 2020 y que regula la normativa a aplicar en caso de
situaciones de crisis o de fuerza mayor, como el caso de las llegadas masivas de
personas migrantes. Hasta la semana pasada, este reglamento bloqueaba la
obtención de una mayoría de tres cuartos en el Consejo, necesaria para la
aprobación del Pacto Migratorio. Después de que la extrema derecha consiguiera
la victoria política consistente en acabar con las cuotas obligatorias de
reparto de refugiados, que había sido uno de sus principales caballos de
batalla y de fricción con Bruselas, el Reglamento de Crisis había pasado a ser
su otro gran objetivo en las negociaciones de la nueva normativa migratoria. El
reglamento consigue por tanto superar la mayoría cualificada, a pesar de la
denuncia teatralizada de los gobiernos húngaros y polaco sobre
la imposición de un acuerdo en contra de su opinión. Denuncia que responde más
a sus propios equilibrios internos y a la proximidad electoral que a una
oposición real a lo aprobado.
Con la
aprobación de este Reglamento, se consigue seguir avanzando en una reforma
migratoria que institucionaliza la ausencia y vulneración de derechos para las
personas migrantes, ya que lo que pretende es normalizar e institucionalizar
las prácticas vulneradoras de derechos que varios Estados miembros han venido
poniendo en marcha hasta la fecha, a pesar de las incontables denuncias por
parte de la sociedad civil, las organizaciones sociales y las propias personas
migrantes. Así, esta regulación permitirá suspender de facto los derechos en
frontera siempre y cuando se evoque cualquiera de estas tres razones: “crisis
migratoria”, “fuerza mayor” e “instrumentalización”. Si bien todos ellos son
conceptos vagamente definidos, que pueden suponer la suspensión de derechos a
gran escala, quizás el más problemático y el que hasta el momento ha rechazado
el Parlamento Europeo es el de “instrumentalización” o, tal como está definido
en la propuesta, aquellas “acciones de terceros países y agentes no estatales
que faciliten las llegadas a la UE”.
En la práctica,
tal y como apunta el European Council on Refugees & Exiles (ECRE),
de lo que estamos hablando en caso de que se apruebe definitivamente el acuerdo
con este Reglamento de Crisis, es de la posibilidad de que los Estados evoquen
una suerte de circunstancias que les permitan evadir sus responsabilidades con
respecto al asilo. Entre otras medidas, esto permitiría a los Estados miembros
retrasar el registro de solicitantes, aumentar el tiempo de detención y
aumentar el número de personas cuyas solicitudes sean tramitadas mediante
el procedimiento fronterizo, lo que puede incluso incluir a menores no
acompañados y familias. También empeoraría aún más las ya deficientes
condiciones de acogida y de prestaciones materiales y sanitarias, que ya de por
sí se encuentran muy lejos del umbral que requiere el mantenimiento de una
mínima dignidad humana, especialmente para las personas vulnerables. Crearía,
además, situaciones de discriminación contra determinados grupos de refugiados
y refugiadas, vulnerando el artículo 3 de la Convención sobre el Estatuto de
los Refugiados de 1951 y los artículos 2 y 22 de la Convención sobre los
Derechos del Niño.
Es decir, la
medida trata de apuntalar un violento sistema común de asilo cuando el
principal desafío que tenemos no es ni mucho menos regular la excepcionalidad,
sino atajar el incumplimiento de las obligaciones legales sobre el derecho
internacional al asilo y los derechos humanos, y todo ello en medio de una
profunda y continua crisis del Estado de derecho en la UE. Además, es necesario
recordar que el marco legal y jurídico actual ya proporciona flexibilidad a
los Estados miembros para hacer frente a eventos de crisis que se produzcan en
sus fronteras, incluso permitiendo derogaciones. Eso sí, estrictamente
circunscritas por los Tratados y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de
la UE. Por tanto, lejos de añadir un mecanismo que facilite la adaptación a
situaciones excepcionales, lo que provocaría la implementación de la
“instrumentalización” es una nueva vuelta de tuerca en la necropolítica
migratoria: aumento de la detención, más restricción al derecho al asilo, más
deportación y más justificación irracional de políticas racistas, eurocéntricas
y estigmatizantes.
Es también un
gravísimo retroceso que, en el marco de las negociaciones para alcanzar la
ansiada mayoría de los tres cuartos del Consejo Europeo, el gobierno italiano
de la extrema derecha de Meloni haya conseguido que la cláusula alemana de
salvaguarda de la actividad sobre las ONGs de búsqueda y rescate fuera
retirada, permitiendo que su actividad pueda criminalizarse. Las declaraciones
del ministro italiano de exteriores Antonio Tajani sobre el rescate en el mar
son una muestra explícita del discurso de la extrema derecha de criminalización
de las ONGs: el «problema no es salvar» a los inmigrantes en
el Mediterráneo, sino “no tener organizaciones gubernamentales que los recojan
y los lleven a Italia[1]”. Un
continuismo con el clima antipersona que reina en Europa y que acaba
normalizando tragedias como la sucedida en Phylos, donde cientos de personas
murieron ahogadas por la ¿negligencia? de los guardacostas griegos, y sobre la
que pesa una denuncia colectiva de víctimas cuyas vidas, parece, no merecen ser
ya recordadas.
En definitiva,
la aprobación del Reglamento de Crisis por parte del Consejo Europeo no da por
cerrado el Pacto Migratorio pero sí consigue allanar el terreno para seguir
ahondando en una propuesta que discrimina, excluye y vulnera derechos
fundamentales. Es verdaderamente preocupante que durante estos años de negociación,
desde que la Comisión presentara el pacto hace ya tres años[2],
la extrema derecha haya conseguido empeorarlo aún más, demostrando su gran
capacidad para marcar la agenda migratoria de la Unión. Sin embargo, creo que
sería un error si señalásemos únicamente a la extrema derecha como única
culpable de esta política que destruye derechos e inocula una visión xenófoba
de la migración humana. Tenemos que ampliar el foco y señalar a los cómplices
necesarios para aplicar esta necropolítica migratoria, que no son otros que la
gran coalición del extremo centro que gobierna la Unión.
Como ejemplo de
esta lepenización de los espíritus de la gran coalición
europea en cuanto a política migratoria se refiere, tenemos el gobierno de
Pedro Sánchez. Este ha pasado de iniciar su primera presidencia acogiendo al
barco de rescate y salvamento marítimo Aquarius, al que la extrema derecha del
gobierno italiano de Salvini le negó puerto seguro, a ser felicitado por la
ministra alemana, Nancy Faeser, quien afirmaba que la Presidencia española del
Consejo de la UE ha realizado un “excelente trabajo” para llegar a la propuesta
de texto actual que permite la criminalización de las ONGs de búsqueda y
rescate por parte del gobierno ultraderechista de Meloni. Ha sido también el
gobierno español quien ha abogado recientemente por un aumento de la externalización
de fronteras que incremente los esfuerzos para detener la migración en origen[3],
y quien ha justificado la indefendible actuación de las fuerzas policiales
españolas en la frontera de Melilla. Además de mantener en el limbo
administrativo a, al menos, medio millón de personas en su territorio.
Pero el Pacto
Migratorio todavía no está aprobado, y por tanto aún hay tiempo para pelear
contra la institucionalización de la vulneración de derechos que pretende
cerrar la Presidencia española del Consejo. Es fundamental exigir a los socios
de gobierno y de investidura del PSOE que incluyan el rechazo a esta reforma en
el acuerdo para que Pedro Sánchez sea presidente. Es fundamental recuperar la
movilización social contra la Europa Fortaleza, denunciando no solo sus
consecuencias sino también a sus culpables, y, por tanto, no solo a la extrema
derecha sino también a quienes aplican sus políticas migratorias. Todavía
tenemos una oportunidad para frenar este pacto de muerte que está convirtiendo
el Mediterráneo en una gran fosa común.
Fuente: VientoSur
Notas:
[1] https://www.agenzianova.com/es/news/migranti-sempre-piu-vicina-lintesa-a-livello-ue-per-il-regolamento-sulla-gestione-litalia-chiede-tempo/
[2] Aquí hay un enlace a un artículo resumen de los
puntos más lesivos del Pacto Migratorio que escribí cuando se
presentó https://vientosur.info/el-pacto-de-la-verguenza/.
[3] https://www.statewatch.org/media/4067/eu-council-pres-paper-migration-preventive-model-12990-23-rev1.pdf
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