De
manera planificada y sistemática llevan a la muerte la atención primaria
madrileña
Publicado el 4 de noviembre de 2022 /
Por Coordinadora
Antiprivatizacion de la Sanidad-Estatal
kaosenlared
Este era el panorama de ayer en los PAC de Madrid. Unos cerrados, otros sin médico, reubicación improvisada de profesionales… La Atención Primaria madrileña está ya en sus últimos estertores. En breve, otro paso de gigante hacia la privatización sin duda.
No nos engañemos. La
desastrosa situación sanitaria de Madrid no ha caído del cielo. Es resultado de
un proceso de desmantelamiento y privatización de la sanidad, iniciado en
2004 con el apoyo y/o el silencio de: asociaciones y sindicatos subvencionados,
partidos políticos de «izquierdas», sociedades «científicas», colegios
profesionales, etc. Todos ellos dedicados a ocultar que los instrumentos que
han permitido este desastre son leyes estatales que el Gobierno actual había
prometido derogar y no lo ha hecho.
Mientras tanto las movilizaciones de la izquierda institucional llevan a la gente, que si responde a los llamados a manifestarse, a un callejón sin salida, gritan defender la sanidad publica mientras guardan silencio sobre la derogación de las leyes que permiten su privatización, y que los partidos del gobierno, a los que parecen querer proteger, prometieron derogar, pero al igual que la ley mordaza continuan manteniendo en vigor.
Sobre la reconversión de las urgencias extrahospitalarias de Madrid
La reconversión de los
servicios de urgencias extrahospitalarias de Madrid (SAR para las zonas
rurales, SUAP para las urbanas) responde al intento del PP de minimizar el
desgaste que le puede suponer la reactivación, por parte de la izquierda
institucional, de las plataformas y mareas que siempre aparecen en época
pre-electoral y ahora preparan movilizaciones aprovechando el cierre de los
SUAP desde la crisis del COVID.
El PP ha anunciado la
creación de cerca de 80 puntos de atención urgente (PAC), que funcionarán con
tan sólo los recursos de 40 centros rurales (SAR) más las escasas unidades de
médicos y personal de enfermería que quedaba en los desmantelados SUAP. En
definitiva, supone desmontar la atención urgente rural, incrementar la jornada
de sus trabajadores y pasarles la responsabilidad de cubrir la atención
sanitaria en el doble de puntos que hasta ahora.
Es importante recordar
que desde el inicio de la pandemia hace casi 3 años se cerraron los SUAP,
quedando sin ningún recurso sanitario entre las 21 y 8 h poblaciones de más de
100.000 habitantes, muchas de las cuales no disponían de ningún hospital
cercano. Esto se tradujo en escasas movilizaciones que se extinguieron
rápidamente, en contraste con un incremento de las pólizas de seguros de
asistencia sanitaria privada. Ahora, la creación de los PAC, con la mitad de la
plantilla necesaria para garantizar la asistencia sanitaria, supondrá un nuevo deterioro
de la asistencia, lo que facilitará aún más el crecimiento de los seguros
privados.
Por otra parte, este
plan busca ir reduciendo progresivamente el horario de atención primaria en el
turno de tarde para ir acabando con ese turno, reconvirtiendo esas horas en
atención urgente. Este experimento ya se ha aplicado en otros puntos del Estado
en los últimos años por diferentes partidos y ha supuesto una reducción de
plantillas muy importante. Cómo ejemplo, centros de salud que redujeron su
horario de atención primaria hasta las 17 horas (previamente existían dos
turnos, de 8 a 15 y de 14 a 21 horas) y que disponían de 20 médicos, han pasado
a tener 13 médicos, lo que implica para la Administración un “ahorro” para la
administración de 7 puestos de medicina (un recorte de cerca de medio millón de
euros anuales en cada centro de salud jibarizado) y para los pacientes una
reducción de la accesibilidad.
También es conveniente
recordar que Madrid está siendo campo de experimentación en cuanto a
desmantelamiento sanitario desde el 2005 (la friolera de 17 años) sin que los
sindicatos mayoritarios del sector hayan visto a necesidad de plantear
movilizaciones contundentes (las convocatorias de huelga en servicios de
Urgencias, con servicios mínimos del 100%, acaban siendo simplemente medidas
simbólicas). Estos sindicatos, aunque ahora se rasgan las vestiduras, llevan
colaborando con el proceso de desmantelamiento con su silencio o incluso con su
firma en mesa sectorial desde ese año 2005. Así se sucedieron, por ejemplo y
sin ánimo de ser exhaustivos, el cierre de los laboratorios públicos de
Vallecas, Coslada y Aranjuez para trasladar la carga de trabajo al
macrolaboratorio privado; o la licitación y adjudicación de la gestión de 11
hospitales a empresas privadas; o el vaciamiento de los ambulatorios de
Quintana y Pontones para cedérselos a una empresa privada.
Tenemos que valorar la
situación a nivel estatal, que los árboles no nos impidan ver el bosque. Casi
tres años tras el inicio de la pandemia asistimos a un escenario aterrador por
todo el Estado: ambulancias medicalizadas sin médico, consultorios y transporte
sanitario suprimidos en zonas rurales, cierre de servicios de urgencias y
supresión de centros de salud por las tardes en barrios de grandes ciudades, hospitales
comarcales en deterioro continuo (y nos tememos condenados a su desaparición en
no mucho tiempo), demora de semanas para lograr una cita con el médico de
cabecera, cierre de agendas sine
die que impiden acceder al especialista… Como
resultado de todo lo anterior, en algunos puntos ya se alcanzan tasas de tuberculosis similares
a las de países africanos. Por el lado de los profesionales sanitarios la
situación no es mejor: saturación, abandonos y renuncias, o emigración a otros
países en los que son mejor tratados.
Es imprescindible
recordar que, en la primera ola, el 28 de abril de 2020, mientras pacientes
morían en los pasillos de los abarrotados hospitales de muchos lugares del
Estado, el presidente del “gobierno más
progresista de la historia” compareció en TV anunciando que, dada la
situación, “probablemente habría
que blindar la sanidad en la Constitución”. Poco después,
Unidas Podemos, PSOE y PP aprobaron un “Acuerdo
para la reconstrucción de la sanidad”. Hoy ya sabemos en
qué consistía: manos libres para que la derecha continúe haciendo el trabajo
sucio, desmantelando el sistema gracias a las leyes estatales que el gobierno
progresista mantiene en vigor.
¿Una defensa real de
la Sanidad Pública debe exigir a los gobiernos autonómicos que paren de
privatizar y recuperen lo privatizado? Sí, pero no es suficiente. Si queremos
mirar al futuro, si queremos que nuestros servicios públicos no se vean
arrastrados por las tremendas crisis que la economía de mercado amenaza con
sufrir en próximos años, es necesario también pedir a los gobiernos estatales
que en su rango de competencias protejan la Sanidad Pública y elaboren un nuevo
marco legal que prohíba expresamente la opción de contratar servicios públicos
con empresas privadas. Más de dos décadas con este marco privatizador ya han
demostrado sus consecuencias nefastas. Por eso, si queremos que nuestros
objetivos sean algo más de un arma electoral de quita y pon, al manido eslogan
“la sanidad pública no se vende, se defiende”
debemos añadir, hoy y siempre, “gobierne
quien gobierne”.
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