La euforia de los fondos
europeos oculta la deuda pública que acumula el Estado español
Fuentes: Rebelión
Rebelion (España) / 28.08.2021
Coincidiendo
con el anuncio de la Comisión Europea sobre el primer desembolso de 9.000
millones de euros de prefinanciación para España, con cargo al Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia, el Banco de España ha publicado el incremento, en
tan solo un mes, de 23.478 millones de euros de la deuda pública en junio.
El Banco de España
ha publicado los datos de la deuda pública de
junio. La deuda neta de las Administraciones públicas (Gobierno, seguridad
social, comunidades autónomas y corporaciones locales) aumentó en ese mes en
23.478 millones de euros, hasta alcanzar los 1.425.620 millones (1,4 billones).
Pero esa cifra
no es la deuda pública real, ya que resta a la deuda pública bruta lo que le
deben a las Administraciones públicas. Es una operación contable correcta, pero
sirve para ocultar que la deuda de las Administraciones públicas es en realidad
de 1.719.307 millones (1,7 billones).
Además, hay
otra deuda de otras entidades cuyo garante son las Administraciones públicas
que no se contabiliza (AENA, ADIF, RENFE o avales del ICO). Esa otra deuda, de
la que no se facilitan datos, podría sumar otros 600.000 millones. Por tanto,
la deuda pública total real estaría en torno a los 2,3 – 2,4 billones de euros.
Ecologistas en
Acción denuncia que si se utilizan estos datos “sin cocinar”, el incremento
real de la deuda pública bruta en el mes de junio, según el Banco de España,
fue de casi treinta mil millones en un solo mes (29.914 millones).
Si se comparan
estas cifras con los 69.500 millones en transferencias no reembolsables de los
fondos Next Generation EU, que están previstos para financiar gastos durante
siete años (de febrero de 2020 a diciembre de 2026), la disparidad es
abrumadora. Y si se solicitaran los créditos a los que puede optar el Estado
español –lo que sumaría otros 70.000 millones de euros– estos terminarán
incrementando las cargas públicas por la vía directa de los créditos.
Por otro lado,
las transferencias no reembolsables provienen de créditos que la UE contraerá
con los mercados de capitales y que serán pagados en gran parte por el
incremento de las aportaciones que se verá obligado a realizar el Estado
español a la UE, o a través de los nuevos impuestos que la UE pretende ir
dictando.
También hay que
tener en cuenta que una condición para recibir estos desembolsos es acometer
ajustes, como la reforma laboral y de las pensiones. De momento, la UE ha
realizado el primer desembolso sin condicionar a ese compromiso, pero el
Gobierno español se ha comprometido a abordarlo antes del segundo desembolso de
10.000 millones de euros a finales de este año 2021.
Por último,
Ecologistas en Acción recuerda que es una de las entidades que se ha posicionado
en contra de los fondos NGEU por las repercusiones sociales y
por el lavado verde que esconden. El Gobierno español, con su Plan de
Recuperación y Resiliencia, bajo la proclama del ‘crecimiento verde y digital’,
ha decidido destinar estos fondos hacia el vehículo eléctrico, el hidrógeno
verde, las fábricas de baterías, los megaproyectos de energías renovables del
oligopolio energético y del sector inmobiliario, la digitalización de la
agricultura y del turismo masivo, la construcción de viviendas y el AVE. De
esta manera ha contribuido a inflar nuevas burbujas que necesitan enormes
cantidades de recursos materiales y combustibles fósiles, que van a los grandes
grupos de capital y que caminan en sentido contrario a la urgente e inaplazable
transición ecológica.
El Plan
responde así a una nueva estrategia de acumulación y recomposición del capital
financiero a costa del sobreendeudamiento público, y reforzará la privatización
y su control sobre sectores estratégicos (agua, energía, minerales, tierras).
Por todo ello,
Ecologistas en Acción denuncia que los fondos europeos son un plan de rescate a
los principales grupos de capital del IBEX 35, que intensificará el
sobreendeudamiento público y la crisis social, ecológica y climática. La
organización ecologista pide al Gobierno español que realice un análisis
crítico de las consecuencias sociales y ambientales que conllevan estos fondos.
También que rectifique y encare un Plan real de transición ecosocial de forma
urgente, que haga frente a la crisis estructural y al escenario de
decrecimiento de recursos energéticos y materiales.
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