Ataque a las pensiones: el
Gobierno PSOE-Unidas Podemos comienza a aplicar la agenda de recortes que exige
Bruselas
KAOSENLARED
27 Dic, 2020
Según un documento elaborado por el Ministerio de Inclusión y
Seguridad Social, el Gobierno de coalición va a enviar a Bruselas una propuesta
de reforma para ampliar el período del cómputo del cálculo de la pensión de
jubilación de 25 a 35 años.
Esta medida, sin
embargo, es solo una parte de la reaccionaria agenda de recortes en políticas
estructurales que se avecina y que será avalada por el “Gobierno más
progresista de la historia”- la nueva contrarreforma laboral será otra-, como
condicionalidad para recibir los 140 mil millones del fondo de recuperación
anti-covid19 destinado al Estado español.
El Ministro de
Seguridad Social, José Luis Escrivá, y la parte socialista del Gobierno de
coalición, tenían reservada una amarga sorpresa para su socio de coalición
Unidas Podemos, respecto a la política de un tema tan delicado socialmente como
son las pensiones. Nada menos que un recorte en las futuras pensiones de entre
un 5,5% y un 6,3%, por la ampliación en 10 años del período de cómputo para el
cálculo, que pasaría de 25 a 35 años.
Pedro Sánchez
rememora así la reforma de Zapatero de 2011, que amplió de 15 a 25 años,
todavía en proceso, el período de cómputo. Algo que es solo la antesala de la
extensión del cómputo a toda la vida laboral, y de facto es ya prácticamente
eso, ante la dificultad que está suponiendo actualmente tener carreras
profesionales de más de 35 años para las y los trabajadores del Estado español.
Todo, por fuera del Pacto de Toledo y después de haber aprobado ya duras
reformas en pensiones, estás sí consensuadas con su socio de Gobierno y los
sindicatos burocratizados de CCOO y UGT, en el marco del Pacto y el acuerdo
parlamentario. La excusa son las exigencias en reformas estructurales impuestas
de la UE para recibir el ingente fondo anti covid-19, que pasan por un fuerte
recorte de las pensiones y la profundización de la contrarreforma laboral,
además de solventar problemas de homogeneización del mercado interno.
Así, entre
bambalinas se ha movido Sánchez y sus ministros, devolviendo el golpe a Pablo
Iglesias de algunos movimientos en la sombra de éste, como la presentación
pública de una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado acordados entre
ellos previamente, para presentar una enmienda contra los desahucios y los
cortes de suministros a familias vulnerables. O, la insistencia pública de la
subida, aunque escasa, del salario mínimo, por ejemplo. Un golpe difícil de
encajar para Unidas Podemos dada la sensibilidad de gran parte de su electorado
y de su base social hacia las políticas de recortes de pensiones -incluido un
amplio movimiento de pensionistas, que hay que ver cómo va a reaccionar-, pero
también de la propia base del PSOE.
CCOO y UGT se
han declarado contrarios a esta ampliación. Sin embargo, recordemos que la
reforma de Zapatero ya contó con su beneplácito en la misma dirección, por lo
que está por ver si su oposición no pasa de ser meramente formal por el hecho
de haber planteado la reforma sin pasar previamente por la mesa de diálogo
social, o si plantean acciones de lucha.
El Pacto de Toledo queda tocado
En realidad, y
como se ha señalado, todo empezó con la pantomima de la aprobación del
documento del Pacto de Toledo sobre la reforma de las pensiones en el Congreso
de los diputados, hace apenas unas semanas. Aunque lo acordado, con el refrendo
de una gran mayoría parlamentaria, ya implicaba importantes ataques a las
pensiones al retrasar la edad de jubilación, acercándola lo más posible a los
67 años, evitando a toda costa las jubilaciones anticipadas. Y abriendo, además,
un proceso de privatizaciones muy peligroso, al imponer la creación de fondos
de pensiones públicos bajo gestión privada, para gestionar privadamente los
aportes de las y los trabajadores surgidos de la negociación colectiva y a
costa de parte de las futuras subidas salariales, y todo para complementar las
pensiones públicas.
La ampliación
del período lleva a un cómputo que abarca en la práctica la vida laboral total
de gran parte de las y los trabajadores, puesto que pocos podrán alcanzar este
número de años dada la fragilidad del mercado laboral español, con índices de
desempleo históricos que difícilmente bajan del 15% de la población activa.
Además de condenar a las futuras generaciones que si por algo se caracterizan
es, precisamente, por la precariedad laboral y el desempleo, a recibir
pensiones de miseria. Será, pues, un golpe duro para amplias capas de las y los
trabajadores jóvenes y mujeres, consecuencia de los pocos años de cotización
efectiva de media que podrían llegar a tener, y con muy bajos salarios, que es,
y todo apunta será, la realidad fundamental en sus dificultosas y complicadas
carreras laborales hasta su jubilación.
El ataque y la
consecuente rebaja de las pensiones, por lo tanto, será muy importante para los
derechos sociales de las y los trabajadores que verán así amenazados gravemente
sus ingresos después de años y años de trabajo y explotación. Es un ataque
directo a un derecho esencial que debería permitir una vejez en condiciones de
vida digna, algo que como se ve el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos por muy
de izquierdas y progresista que se declare, como gestores del capitalismo, son
incapaces de garantizar. Lo cierto es que en cuanto ese derecho se universaliza
y comienza a alcanzar prestaciones un poco más cuantiosas, enseguida es
estigmatizado y valorado como insostenible para las arcas públicas.
La mayoría de los 140.000 millones irán para aumentar los
enormes beneficios de las grandes empresas
Los fondos
europeos que se van a recibir y van a ser la razón justificativa de los
recortes estructurales, que van a sufrir la clase trabajadora y las clases
populares, como consecuencia de las exigencias de Bruselas. Y no solo en las
pensiones sino también en la profundización de las contrarreformas laborales de
Zapatero y Rajoy, van a dirigirse en su gran mayoría a garantizar los negocios
y los beneficios de las grandes empresas españolas.
Sobre todo,
respecto de los 72.000 millones a fondo perdido que va a recibir el Estado
español y que es la parte más jugosa, al tratarse de ayudas directas, para las
grandes corporaciones empresariales. Solo en 2021 se espera que lleguen unos
27.000 millones, según los presupuestos recientemente aprobados.
El Gobierno de
coalición del PSOE y Unidas Podemos ha preparado todo un procedimiento administrativo
que va a garantizar que esos fondos lleguen encauzados hacia grandes proyectos
que van a encabezar sociedades mixtas público-privadas, bajo un paraguas
jurídico que han denominado PERTE (proyectos estratégicos para la recuperación
y transformación económica). En esos proyectos que van a ser de gran magnitud
para garantiza un gasto potente y rápido de los recursos, van a jugar el papel
de locomotora las grandes empresas asociadas con el Estado, que realmente será
quien corra con todos los riesgos, la inversión de los capitalistas va a estar
plenamente asegurada.
El Gobierno de
coalición va a confiar la ejecución de esos recursos, en definitiva, a la gran
empresa porque solo así se pondrán en marcha “proyectos de gran envergadura,
que no acaben enfangados en problemas de ejecución, e incluso, que haya menos
resquicios para la corrupción” (sic), según señalaban hace algunos días fuentes
de la Administración.
Bajos salarios y bajos impuestos para las empresas y las
grandes fortunas son el corolario del déficit de las pensiones
Mientras la
crisis generada por la pandemia golpea duramente los ingresos fiscales del
Estado y las continuas ayudas a las empresas rebajando cotizaciones,
facilitando moratorias y exenciones a la seguridad social de las empresas,
profundizan el déficit de la seguridad social, el Gobierno de coalición no se
ha planteado en ningún momento aumentar significativamente los ingresos
atacando los beneficios de las grandes empresas, las entidades financieras y
los grandes capitalistas.
Venimos de un
sistema fiscal que ha ido incrementando desde la crisis de 2008 los ingresos
recaudados por impuestos indirectos, los más injustos socialmente hablando.
Durante el último período tras la crisis de 2008, se recuperaron también los
ingresos por IRPF, sin embargo, el impuesto de sociedades, el que pagan las empresas
más grandes, se ha reducido a la mitad. Esto contrasta con el hecho de que los
beneficios de las grandes empresas del IBEX 35 crecieron durante los últimos
años, mientras los salarios sufrieron fuertes devaluaciones.
Así, las
empresas del IBEX 35 han ganado un 11,3% más desde 2008, mientras los salarios
han disminuido de media un 4,2%, según un estudio de Oxfam Intermon. Las
bajadas salariales, además tienen picos muy superiores en algunos casos, para
los más precarizados que pueden llegar al 20%. Para hacernos una idea del
volumen de beneficios de las empresas del IBEX 35, tenemos que señalar que en
2017 alcanzaron los 40.238,98 millones de euros, mientras en 2018 fueron de
39.187 millones, un 2,6% menos. En 2019, ya con la desaceleración económica bajaron
hasta los 27.792 millones de euros. Sin embargo, es evidente que el volumen de
beneficios es enorme. Pues bien, pese a eso se han incrementado la recaudación
por IRPF, mientras el Impuesto de Sociedades como se ha comentado se ha
reducido a la mitad.
Frente a esta
situación el Gobierno “más progresista de la historia” ha planteado únicamente
reformas fiscales epidérmicas para aumentar la recaudación en apenas 9.000
millones entre 2021 y 2022, según las estimaciones más optimistas. Limitándose
en el impuesto de Sociedades a limitar algunas exenciones por dividendos y
plusvalías aplicadas a las participaciones de las empresas españolas en
filiales extranjeras. Bajándolas del 100% actual al 95%. Dejando abandonada la
idea de un tipo fijo mínimo del 15%, para evitar que las empresas sometidas a
un nominal del 25%, acaben pagando cifras ridículas incluso por debajo del 10%.
Mientras en el
IRPF solo se han incrementado dos puntos sobre las rentas salariales de más de
300.000 euros únicamente, en lugar de los dos puntos para los de más de 130.000
euros y más de cuatro para los de más de 300.000 euros que era lo acordado
originalmente entre PSOE y Unidas Podemos. Por no hablar del impuesto sobre el
Patrimonio sobre las grandes fortunas que prácticamente está bloqueado por
muchas comunidades autónomas, son las que lo gestionan, que solo subiría un
punto del 2,5% al 3,5%. Las Socimis también han visto incrementar sus
obligaciones tributarias pasando a ser del 15%.
En definitiva,
la ampliación del tiempo de cómputo para el cálculo de la pensión, de llevarse
a cabo, será un ataque directo a los derechos esenciales de la clase
trabajadora y las clases populares por parte del Gobierno que se autocalifica
como “el más progresista de la historia” pero que beneficia a las grandes
empresas mientras ataca derechos esenciales de los trabajadores. Por ello, hay
que llamar a la movilización unitaria, impulsando asambleas democráticas en los
centros de trabajo y enseñanza, para forzar un calendario de luchas que
desborde a las burocracias sindicales y lograr así doblar el brazo al Gobierno
para garantizar unas pensiones dignas.
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