El
Gobierno español debe elegir
- Los datos son devastadores para la economía:
cae el 18,5% en el trimestre y un 22% de tasa interanual
- El Gobierno tiene que decidir: plegarse a los
intereses de la derecha económica o hacer política económica para la población
no rica
- El impuesto a las grandes fortunas ha
desaparecido y la derogación de la contrarreforma laboral del PP está
congelada
Sin Permiso El lunes, 3
de agosto de 2020
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Conferencia de
Presidentes. EFE/Chema Moya
Daniel Reventós, editor de Sin
Permiso
Podía ser más o menos previsible, pero los
datos son devastadores para la economía del reino de España: cae el 18,5%
en el trimestre y un 22% de tasa interanual. Más de un millón de empleos
destruidos en este segundo trimestre. Según datos de la Encuesta de Población
Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). No hay
precedentes de una situación remotamente parecida.
La economía
española tiene unas debilidades estructurales conocidas como
son la especialización productiva y una dependencia de sectores muy volátiles,
un sector público reducido y unos niveles
de pobreza, de desigualdad y de precariedad laboral
desproporcionados para una economía considerada “rica”. La desigualdad es
particularmente elevada. El índide de Gini es de los más desigualitarios de la
Unión Europea.
La situación para la mayoría de la población no rica es devastadora.
Debe recordarse una vez más que esta situación se da no a partir de una
situación parecida a la que empezó la crisis de 2008 sino precisamente cuando la
mayor parte de la población no rica ya había sido castigada por las medidas de
austeridad impuestas por la mayor parte de gobiernos del mundo. En el
reino de España, durante la crisis que se inició en 2008, los ricos sacaron
réditos gracias a las políticas económicas de los gobiernos de turno en este
período del PSOE y del PP. Entre 2007 y 2017, antes de la pandemia de la
covid-19, el 1% de los más ricos en el reino de España incrementó su riqueza un
24% mientras que el 90% solamente lo hizo un 2%, según el relator de
la ONU Philip Alston.
Decíamos en una pequeña nota editorial que “[C]on pasos cada vez más
decididos, el actual Gobierno de coalición se retira de sus medidas más progresistas.”
El llamado “Gobierno más progresista de la historia”, sea eso ajustado a la
realidad o simple ridiculez propagandística, tiene que decidir: o
plegarse a los intereses de la patronal y la poderosa derecha económica, o
hacer política económica en beneficio de la población no rica. Ante la
campaña decidida de la extrema derecha y la derecha extrema contra este
Gobierno en clara connivencia con distintos aparatos del estado como el
judicial y militar, si opta por razones de “realismo” y “mal menor”
por la primera alternativa, este Gobierno tiene los meses contados. Si opta por
la segunda puede ampliar su base social y mantenerse con los apoyos que le
dieron la posibilidad de gobernar. El Gobierno hasta el presente está optando
por la primera alternativa. El impuesto a las grandes fortunas ha desaparecido
del horizonte, la derogación de la contrarreforma laboral del PP está en el
congelador y la propuesta “estrella” del muy limitado Ingreso
Mínimo Vital ya ha demostrado pocas semanas después de su
aplicación las previsibles insuficiencias, las trabas burocráticas absurdas
y todos los
defectos propios de los subsidios condicionados, como era fácil de
prever excepto para los entusiastas poco analíticos. Pero quizás debamos
explicarlo con más detalle.
La política económica, tal como indica el orden de las palabras, es
primero política y después económica. No hay nada más constatablemente falso
que las cantinelas más repetidas por casi todos los gobernantes europeos
incluido el Gobierno español: “Unidad para salir de la pandemia”, “son las
medidas que el país necesita”, “todos debemos sacrificarnos para salir
adelante”, “toda la población saldrá beneficiada”, etc., etc. Ni una medida de
política económica mínimamente importante es neutral en un sentido preciso: que
perjudica o beneficia a toda la población. Toda medida de política económica
perjudica a unos sectores sociales y beneficia a otros. Cosa bien distinta es
la (supuesta) justificación que se da en cada caso por parte de los
responsables gubernamentales. Primero se decide a qué sectores sociales
va a favorecerse y después se instrumentan los medios económicos que hará
posible lo primero. El Gobierno tiene la facultad de redistribuir o de
trasladar el dinero de la parte superior a la inferior y a la intermedia y
viceversa. Esta es la responsabilidad y elección de todo Gobierno, incluido el
actual: de qué parte está. Las monsergas de que está con “todo el país”, “toda
la población” y la “unidad de todos” ya sabemos que son de cara a la galería y
falsas hasta la médula. No se puede apoyar a la vez a la CEOE y a los
trabajadores y trabajadoras, no se puede contentar a las empresas del IBEX
y al 21% (seguro que ahora es un porcentaje mayor como pronto corroborarán los
datos) de la población que es pobre.
Desde Sin Permiso hemos explicado repetidamente que en
la actual situación, además de las medidas evidentes como la retirada de la
contrarreforma laboral del PP, es preciso la instauración de una renta
básica de una cantidad al menos igual al umbral de la pobreza y de una
renta máxima o una aproximación mediante un impuesto a las grandes fortunas que
no sea simbólico. Por ejemplo, con un impuesto del 10% a la decila más rica en
patrimonio de la población del reino de España (sin contar su vivienda de
residencia por lujosa que fuera), podrían obtenerse más de 96.000 millones de
euros. Una cantidad muy superior a las pensiones de jubilación. Y los ricos
seguirían siendo ricos: estamos hablando no de propuestas radicales, sino de
resistencia.
Son medidas defensivas, son medidas de resistencia ante una situación
extraordinaria, son medidas que podrían ampliar la base social de este
Gobierno. El Gobierno decidirá si ese es el camino que quiere emprender o el
contrario, como parece haber elegido.
Aquí solamente se ha comentado acerca de las
medidas de política económica, no se ha mencionado otras de tipo democrático (o
su contrario) del actual Gobierno como su pasividad cómplice ante los restos franquistas
muy vivos del Tribuna Supremo con los presos políticos
catalanes, o la complicidad con la monarquía borbónica corrupta. Tiempo habrá
para volver a ello.
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