Doce empresas se embolsan en Madrid el 64% del dinero
público para residencias y acumulan ya 135 geriátricos
Kaos en l ared
Publicado el May 26, 2020
- La Comunidad destina 260 millones al año a financiar plazas en geriátricos que explotan entidades privadas; de ellos, 166 se los reparten los 12 grandes grupos
- Los tres principales grupos en Madrid –Amavir, Orpea y DomusVi– reciben fondos públicos para el 92% de los centros que tienen en la región
- El Gobierno del PP aprobó en 2001 un plan para construir 32 residencias y garantizó por contrato a sus gestores privados que recibirían dinero público durante medio siglo
- La gran desproporción: los geriátricos madrileños tienen el 13% de las plazas residenciales de toda España y acumulan el 31% de los fallecidos en este tipo de centros
La Comunidad de Madrid se ha convertido
en un infierno para los mayores que viven en residencias. En
los tres últimos meses, más de 5.900 residentes han fallecido
con covid-19 confirmado o con sintomatología compatible con el virus. Son el
31% del total de muertes por la enfermedad en geriátricos de España (19.000, a 24 de mayo). Y ello a pesar de que
en la región sólo están el 13,5% de las plazas residenciales –51.582
de un total de 381.158–, según los últimos datos del Imserso (Instituto de
Mayores y Servicios Sociales) correspondientes a 2018 y elaborados con la
información que facilitan las propias comunidades. La desproporción entre
ambos porcentajes es gigantesca y deja en evidencia que algo
se ha hecho muy mal en Madrid.
Infierno actual para los residentes… y paraíso
inversor para los grandes grupos geriátricos desde hace dos
décadas. Los Gobiernos del PP han aplicado una decidida política de
favorecimiento del sector privado. Por una doble vía: poniendo en sus manos un
número creciente de geriátricos y trasvasando a las empresas cuantiosos fondos
públicos.
infoLibre ha analizado la propiedad y los ingresos de
origen público de las 474 residencias que están actualmente operativas en
Madrid y las principales conclusiones son las siguientes:
- Los doce principales grupos gestionan 135 residencias, es decir, el 28% del total.
- Esos doce grupos –11 sociedades mercantiles y la asociación Mensajeros de la Paz– se quedan con el 64% del dinero público destinado a financiar plazas en los geriátricos madrileños. De nuevo, una llamativa desproporción: con el 28% de centros acaparan el 64% de los euros que salen de las arcas de la Comunidad.
- Los tres principales grupos en Madrid –Orpea, Amavir y DomusVi– reciben fondos públicos para el 92% de las residencias que tienen en la región. Suman 61 centros y sólo cinco son privados.
Este periódico explica a continuación cómo funciona el modelo
de gestión de los geriátricos aplicado por todos los Gobiernos del PP –desde
Alberto Ruiz-Gallardón hasta Isabel Díaz Ayuso– y detalla después quiénes son
esos doce grandes grupos, cuántas residencias tiene cada uno y qué ingresos de
origen público reciben.
Pero antes de entrar en esos dos grandes bloques, es
necesario realizar un par de aclaraciones metodológicas. Se ha
considerado que son grandes grupos aquellos que cumplen dos
requisitos al mismo tiempo: tener al menos cuatro residencias
e ingresar más de cinco millones al año de procedencia pública. Una vez
obtenidos todos los datos sobre residencias y facturación, infoLibre se
puso en contacto con las once empresas y la asociación para confirmar que la
información era correcta. Nueve grupos contestaron con transparencia a las
preguntas planteadas, dos se limitaron a señalar que la información
era pública (Aralia y Ballesol) y uno no respondió (Los Nogales).
EL MODELO RESIDENCIAL DE MADRID
Es habitual a la hora de hablar de los tipos de geriátricos
hacer una división entre públicos y privados. Pero, a la hora de analizar las
concesiones de la Administración a las empresas o la financiación de los
centros, es necesario hilar más fino. Entre otras razones porque hay residencias
públicas de gestión privada y también porque existen concesiones que tienen
condiciones muy diferentes (por ejemplo, plazos de cinco años o de 50).
Así que, en el caso de la Comunidad de Madrid, hilar fino supone
distinguir al menos entre cinco tipos de centros: los públicos puros, los
públicos de gestión privada, los del llamado Plan Velocidad, los privados con
plazas concertadas y los puramente privados. Veámoslo.
1. RESIDENCIAS PÚBLICAS: 25
De los 474 geriátricos operativos a día de hoy –la Comunidad
habla oficialmente de 475 porque incluye un centro en Las Rozas
que está registrado pero aún no ha abierto ya que está pendiente de una
licencia municipal–, sólo hay 25 de titularidad pública y gestionados por
la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS). Es decir, el
5,3% del total.
Entre esas residencias se encuentran algunas de las más
grandes de la región, lo que hace que en conjunto tengan 6.258 plazas, según
los datos de ejecución presupuestaria de 2018 presentados por el Gobierno
autonómico. En número de plazas, por tanto, los 25 centros AMAS
gestionan el 12,1% del total.
Hay que señalar que ese número lleva años completamente
estancado. En 2014, por ejemplo, las plazas residenciales de los centros
AMAS eran 6.244. O sea que la cifra se incrementó en un 0,22% en
los últimos cuatro años.
2. RESIDENCIAS DE GESTIÓN INDIRECTA: 18
Son aquellos centros propiedad de la Comunidad pero
gestionados por empresas privadas. Hay 18 y, de ellos, 16 están en
manos de alguno de los doce grandes grupos: 4 de Aralia, 3 de DomusVi, 3 de
Mensajeros de la Paz, 3 de Albertia, 2 de Clece y 1 de Amavir. Los otros dos
los llevan Sacyr Social y Grupo 5.
Las adjudicaciones se realizan mediante concursos a los que,
como norma, ya sólo se presentan este tipo de grupos –no pequeñas empresas– y
con contratos de gestión de servicios que suelen durar inicialmente un
máximo de seis años, aunque son prorrogables hasta
alcanzar los 20.
La Comunidad de Madrid paga una cantidad
anual por todas las plazas de las que dispone el centro, estén o no
ocupadas. A cambio, tiene derecho a designar a las personas que residirán
en el geriátrico respectivo, una vez que se le ha reconocido al usuario una
prestación al amparo de la Ley de Atención a la Dependencia.
En total, existen 2.668 plazas de este tipo
–que en los Presupuestos a veces se denominan “plazas residenciales propias”– y
las empresas adjudicatarias facturan en conjunto a la Administración autonómica
unos 57 millones de euros (53,4 de ellos los grandes grupos).
3. RESIDENCIAS DEL PLAN VELOCIDAD: 32 + 2
Son geriátricos construidos por empresas privadas, en
suelo público, bajo el régimen de concesión administrativa por un
periodo de 50 años. Existen 32 centros del Plan Velocidad y 30
están en manos de alguno de los doce grandes grupos: 17 de Amavir, 6 de Orpea,
4 de DomusVi, 2 de Ballesol y 1 de Los Nogales. Los dos restantes los gestionan
Ilunion y Sergesa.
Este Plan, quizá la mayor apuesta por la
privatización de residencias en Madrid, se aprobó en tres fases en los
años 2001 y 2002, cuando el presidente de la Comunidad era Alberto
Ruiz-Gallardón. Entre otras características, tal y como se detalla en un
informe de fiscalización de 2014 realizado por la Cámara de Cuentas
[puedes consultarlo aquí], destacan las siguientes:
- Los adjudicatarios construirán los centros y los explotarán en régimen de concesión de servicio público durante 50 años.
- De las 32 residencias, 26 se construyeron en suelo cedido por los Ayuntamientos y seis en solares de la Comunidad.
- Todos los geriátricos tienen 180 plazas (salvo Cenicientos y Estremera que cuentan con 82).
- La Comunidad de Madrid garantiza durante los 50 años la financiación total del 22% de las plazas de cada residencia y la financiación parcial del 13% de las plazas. Pagará, además, estén o no ocupadas esas plazas concertadas. El resto son de libre disposición del concesionario, aunque tiene que comercializarlas a un precio tasado que establece la Comunidad. Ese precio se fija a la firma de cada contrato y se va renovando según el IPC. En 2020, según indica la Consejería de Políticas Sociales, el importe medio de la plaza privada de precio tasado es de 1.750 euros al mes.
- Transcurrido medio siglo, cuando finalice el periodo concesional, la residencia y el suelo pasan a ser propiedad de la Administración.
Respecto a la diferencia en el régimen económico de las
plazas, hay que señalar que en las de financiación total el
usuario paga una cantidad a la Administración autonómica que se determina en
función de su capacidad económica y la Comunidad abona la totalidad del coste a
la empresa que presta el servicio. En las de financiación parcial,
en cambio, el usuario abona en torno al 60% del coste de la plaza directamente
a la empresa que lleva el geriátrico y la Comunidad le abona el 40% restante.
En definitiva, el Gobierno del PP le garantizó a las empresas
privadas que recibieron la concesión que recibirían dinero público
durante medio siglo y que el suelo –en Madrid uno de los elementos más
caros en la construcción– lo pondrían las Administraciones.
Además de estos 32 geriátricos del Plan Velocidad, hay que
mencionar otros dos que cuentan con una concesión de características
similares, pero adjudicados con anterioridad. Se trata de un centro de
Amavir en Leganés, cuyo contrato se firmó en 1993 –en la última legislatura con
el PSOE en el Gobierno madrileño– por un periodo de 50 años, y otro de DomusVi
en Coslada, adjudicado en 1996 por un periodo concesional de 40 años.
En total, estas 34 residencias reciben anualmente de las
arcas de la Comunidad alrededor de 54 millones de euros (51,4
de ellos los doce grupos principales)
4. RESIDENCIAS CONCERTADAS: 127
Se trata de residencias privadas con las que la
Comunidad contrata un determinado número de plazas para que atiendan a
personas mayores con derecho a asistencia residencial. Son las llamadas plazas
concertadas.
La práctica totalidad de plazas concertadas en la Comunidad
se rigen por el Convenio Marco de 2017, que cubre tanto las de financiación
total como parcial. En este momento, hay 127 geriátricos con plazas
concertadas. La Administración financia en ellos unas 9.600 camas al
año, de ellas cerca del 40% de forma parcial, en las que la
aportación mínima del usuario son 950 euros y la máxima 1.504 euros.
El precio por plaza y día que paga la
Comunidad es de 56,69 euros en los casos de financiación total
y 24,21 euros en los de financiación parcial (IVA incluido).
En conjunto destina unos 149 millones a este concepto, de los
que 61,2 millones van a la caja de los doce principales
grupos.
El Convenio Marco autoriza un número máximo de plazas que
se pueden concertar en cada centro, a partir de la oferta que realizan
las empresas. Esa oferta está directamente relacionada con la
demanda de particulares que exista en la zona. Si hay mucha, ofrecen
menos plazas a la Administración. Luego, cada año, la Comunidad contrata un
número determinado de plazas respetando siempre el máximo autorizado.
En las residencias conviven, por tanto, personas con plazas
concertadas y otras totalmente privadas. Pero la ley prohíbe establecer
diferencias entre ellas a la hora de recibir los servicios del centro.
5. RESIDENCIAS PRIVADAS: 270
Los 270 geriátricos restantes de la región comercializan
todas sus plazas de forma privada. Son el 57% del total de
centros.
El dato más destacado al analizar su propiedad es que muy
pocos pertenecen a alguno de los doce grandes grupos. En total, estos gestionan
135 centros y sólo 29 son privados. Trasladado a porcentajes, controlan
el 28,5% del total de residencias pero sólo el 10,5% de las que son de
financiación totalmente privada. Dicho de otra manera: esos grupos se
dedican a gestionar mayoritariamente geriátricos que viven en buena parte del
dinero público.
La misma conclusión se obtiene, lógicamente, si nos fijamos
en las cifras de facturación y no en el número de centros. De
los aproximadamente 260 millones que la Comunidad destina anualmente a
financiar plazas residenciales en entidades privadas, 166 millones van a la
caja de alguno de los doce grandes grupos. Es decir, el 64% del total.
Con esos 260 millones, el Gobierno autonómico financia cada
año unas 14.800 plazas en centros que explotan
entidades privadas, sumando las de las residencias de gestión indirecta,
las del Plan Velocidad y las concertadas.
LOS DOCE GRANDES GRUPOS
A continuación, infoLibre detalla quiénes son
los 12 principales grupos del sector residencial, los centros que tienen y lo
que facturan a la Comunidad. Respecto a las cifras de ingresos hay que tener en
cuenta tres cuestiones:
- Todos los importes están indicados con IVA. Las sociedades mercantiles deben pagar luego el 4% por este impuesto.
- Las cifras de facturación se refieren únicamente a las residencias, no a los centros de día que en muchos lugares funcionan en el mismo inmueble y también reciben dinero de origen público. Con una excepción: en el caso de los geriátricos de gestión indirecta, las empresas emiten una factura conjunta por ambos servicios, y por tanto no se puede desglosar.
- No se contemplan los ingresos de las seis residencias municipales que también gestionan estos grupos (dos DomusVi, dos Mensajeros de la Paz, una Amavir y otra Albertia). En estos casos es el Ayuntamiento quien encarga la gestión a la entidad privada, aunque previamente el Consistorio ha firmado un acuerdo con la Comunidad de Madrid para que financie parte de las plazas.
1. AMAVIR: 21 residencias, 33,1 millones de dinero público
Amavir fue el gran beneficiado por el Plan Velocidad,
al obtener 17 de las 32 residencias que se adjudicaron en 2001 y 2002. A ello
hay que sumar la que ya tenía, con condiciones de explotación similares, en
Leganés.
Cuenta también con un centro de gestión indirecta y otro
con 85 plazas concertadas.
Por estos 20 geriátricos Amavir ingresó 33,1 millones
de dinero público en 2019.
Gestiona además la residencia municipal de Patones.
Por tanto, el 100% de sus centros cuentan
con ingresos de origen público.
Como detalló infoLibre en una anterior entrega de
esta serie de investigación sobre las residencias, Amavir cuenta
en España con 41 centros y es el octavo grupo más grande
del sector. El principal accionista de Amavir es la
sociedad francesa Maisons de Famille SAS, que
a su vez es filial del fondo de private equity Creadev.
Este último pertenece a la Asociación Familiar Mulliez, que cuenta con más
de 150 empresas en 50 países. Entre ellas, Alcampo, Decathlon, Leroy Merlin o
Norauto. La revista Challenges calculaba en 2019 la fortuna
de Gerard Mulliez y su familia en 32.000 millones de euros, la
quinta más grande de Francia.
2. ORPEA: 23 residencias, 26 millones de dinero público
Orpea es el grupo que más residencias tiene en Madrid.
Y también el que más ingresa por la vía de los conciertos del Acuerdo Marco:
14,4 millones por 1.041 plazas en 13 geriátricos.
Además, cuenta con otros seis centros del Plan
Velocidad, por los que percibe algo más de 11,5 millones al año.
En las cifras anteriores no se incluye la residencia Orpea
Mirasierra, un centro atípico porque no sólo es residencia de
mayores, sino que también tiene 148 plazas concertadas para atender a personas
con discapacidad física. Un contrato por el que ingresa más de seis millones al
año.
Los otros tres geriátricos de Orpea (La
Moraleja, Loreto y Carabanchel) son privados.
A nivel estatal, Orpea es el quinto grupo más
importante. El propietario único de la mercantil española Orpea Ibérica SA
es la francesa Orpea SA, cuyo principal accionista es
el Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB),
una sociedad estatal (Crown corporation) que gestiona los ahorros para
la jubilación de 20 millones de canadienses. También forma parte del
accionariado de Orpea una compañía de inversión controlada por la familia
Peugeot (FFP Invest).
3. DOMUSVI: 17 residencias, 26 millones de dinero público
DomusVi obtiene dinero público en 15 de sus 17
centros. Los únicos privados son el de Arturo Soria, en Madrid, y el de
Tres Cantos.
De esos 15, cuatro se enmarcan en el Plan
Velocidad y un quinto –en Coslada– cuenta con características
similares de adjudicación. Por ellos ingresa de la Comunidad algo más de 7,7
millones anuales.
Otros cinco geriátricos conciertan
435 plazas por vía del Acuerdo Marco y le reportan a DomusVi 7,2
millones de euros.
Tres más son de gestión indirecta y los
ingresos de origen público ascienden a 11 millones al año.
Por último, la multinacional también tiene dos
concesiones municipales en Valdemoro y Torres de la Alameda.
DomusVi es la empresa líder del sector
en España. Con 138 geriáticos, es la única que tiene implantación en
todas las comunidades autónomas. La mayoría del capital de esta multinacional
lo tiene el fondo de inversión inglés Intermediate Capital Group (ICG).
El otro accionista relevante es Sagesse Retraite Santé, propiedad del
multimillonario francés Yves Journel, fundador del grupo en 1983.
4. ARALIA: 4 residencias, 15 millones de dinero público
Las cuatro residencias de Aralia son de gestión indirecta y sus ingresos anuales de origen público se
elevan a 15 millones de euros.
El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, anunció en febrero su intención de retirar
la concesión a tres de estos centros – situados en el Ensanche de Vallecas,
Peñuelas y Leganés– por subcontratar a empleados de forma ilegal.
La retirada de una concesión es una medida que, hasta
ahora, jamás ha adoptado un Gobierno madrileño. Queda por ver
si se concreta ese anuncio.
Aralia gestiona a nivel estatal 19 geriátricos. De acuerdo
con las últimas cuentas presentadas en el Registro Mercantil, correspondientes
a 2018, el 63,1% de Aralia estaba controlado por José Luis Ulibarri y
su familia (su mujer Milagros Fernández Alonso y los tres hijos del
matrimonio, Soledad, Enrique y Adriana). Ulibarri está procesado en dos piezas del caso
Gürtel por pagar sobornos a cambio de adjudicaciones y fue detenido en la operación Enredadera.
5. MENSAJEROS DE LA PAZ: 9 residencias, 12,1 millones de
dinero público
La asociación que preside el sacerdote Ángel García–conocido
como padre Ángel– gestiona nueve centros en la
Comunidad de Madrid y todos perciben ingresos de origen público.
Tres son de gestión indirecta y reportan a la organización
7,5 millones, mientras que cuatro son concertados y en 2019 ingresaron 4,6
millones, a cambio de poner a disposición de la Comunidad 281 plazas.
Las otras dos residencias son concesiones municipales y
se encuentran en Pinto y en Campo Real.
Mensajeros de la Paz es la principal organización del tercer
sector en el ámbito de las residencias en España. Gestiona en total 110
geriátricos. Fundada en 1962 por el sacerdote Ángel García, la
presencia de la asociación ya no se limita a España. Está legalmente
constituida en 50 países de cuatro continentes.
6. BALLESOL: 11 residencias, 9,5 millones de dinero público
Ballesol tiene tres geriátricos privados –todos en el centro
de Madrid– y ocho que se nutren de dinero público.
Seis de esas residencias conciertan en conjunto 435
plazas con la Administración autonómica, por las que ingresan 6,2
millones de euros al año.
Otras dos son del Plan Velocidad y le reportan a Ballesol unos 3,3 millones anuales.
A nivel estatal, Ballesol tiene 46 geriátricos, lo que
le convierte en el sexto grupo más importante del sector. Su accionista
mayoritario es Santa Lucía Compañía de Seguros y Reaseguros SA (con
el 75,29% del capital), una aseguradora propiedad tres grupos familiares
que lideran Modesto Álvarez Otero –quien en la
última lista Forbes de los cien españoles más
ricos figura en el puesto 59–, Carlos Javier Álvarez Navarro –quien
ocupa el puesto 83 en la mencionada lista Forbes–, y José
Luis Díaz López.
7. ALBERTIA: 6 residencias, 9,1 millones de dinero público
De las seis residencias de Albertia, tres son de
gestión indirecta y le aportaron unos ingresos de 9,1 millones de euros
en 2019. Hay que señalar que en dos de esos centros –Las Vegas, en
Ciempozuelos, y Plata y Castañar, en Madrid–, Albertia recibió la adjudicación
formando parte de una UTE (unión temporal de empresas) con la Fundación
Rey Ardid. Esta entidad, que tiene su sede en Zaragoza, gestiona 13
residencias en Aragón y 1 en La Rioja.
Albertia también se llevó la concesión del geriátrico municipal de
Majadahonda.
Los otros dos centros de la empresa son privados.
Albertia gestiona en total 12 geriátricos en España. Su
principal accionista es Guillermo de Aranzabal Agudo, un
importante bodeguero al frente de la sociedad La Rioja
Alta SA, que comercializa entre otras la marca Viña Ardanza.
8. LOS NOGALES: 9 residencias, 7,9 millones de dinero público
Seis residencias de Los Nogales reciben dinero de origen público,
mientras que las otras tres son privadas.
En concreto, cinco cuentan en total con 451 plazas
concertadas al amparo del Convenio Marco. Una concertación que le
aporta 6,2 millones de euros al año.
El grupo cuenta además con un geriátrico del Plan
Velocidad, por el que ingresa de la Comunidad 1,7 millones anuales.
Los Nogales opera únicamente en la Comunidad de Madrid. Es un
grupo familiar creado por Pascual Berlanga Sarmentera, quien junto
a su mujer y sus dos hijos controla el capital de la compañía.
9. VITALIA HOME: 4 residencias, 7,7 millones de dinero
público
Vitalia Home dispone en la Comunidad de tres
residencias concertadas y de una privada. Estaba a punto
de abrir un quinto centro en Moratalaz, donde de hecho trasladó a
residentes sin covid-19 del geriátrico de Leganés donde fallecieron 96 personas, pero de
momento no cuenta con residentes propios.
Los tres centros donde concierta plazas aportan al grupo unos
ingresos de 7,7 millones de euros. Se trata de geriátricos grandes que
contratan con la Comunidad 486 camas, lo que de hecho convierte a
Vitalia Home en el segundo grupo con mayor número de plazas concertadas,
a pesar de que sólo tenga tres residencias con este tipo de acuerdos.
Vitalia Home es el tercer grupo a nivel estatal, con 51
residencias. Como desveló infoLibre, los verdaderos dueños de Vitalia
Home se esconden en seis sociedades de las islas Jersey,
un territorio fiscalmente opaco. El 6 de marzo de 2017, el fondo de
inversión británico CVC anunció la adquisición del 80% de Vitalia Home. Para
esa compra, CVC montó una estructura que pasa por Holanda, Luxemburgo y Jersey,
con el fin de “optimizar fiscalmente” la inversión y ocultar la identidad de
quienes ponen el dinero.
10. SANITAS: 19 residencias, 7,2 millones de dinero público
Aunque Sanitas es el tercer grupo de Madrid por número de
residencias, baja en el ranking de ingresos de origen público hasta el noveno
puesto. Ello por una doble razón. Primero, que de los grandes grupos, es
con diferencia el que tiene más centros privados (9). Segundo, que en los
diez geriátricos donde concierta plazas, no suele ofrecer un número muy alto a
la Administración, de forma que en total suman sólo 422.
El resultado es que los ingresos de origen público de las diez
residencias concertadas se sitúan en 7,2 millones de euros.
En España, Sanitas gestiona 46 residencias y es el séptimo
grupo empresarial más grande. Pertenece a BUPA, una multinacional
británica aseguradora, que no
tiene accionistas y se supone que tampoco ánimo de lucro,
puesto que los beneficios debe reinvertirlos en la propia compañía.
11. CLECE: 4 residencias, 6,6 millones de dinero público
De las cuatro residencias que gestiona Clece en la
Comunidad, dos son de gestión indirecta y las otras dos son
privadas.
Los ingresos de las arcas de la Comunidad que
terminan en Clece por esta vía ascienden a 6,6 millones de euros.
Con 61 geriátricos, Clece es el segundo grupo empresarial más
importante a nivel estatal. Es una filial de ACS, cuyo principal
accionista es el también presidente del Real Madrid Florentino Pérez, dueño del 12,5% de la compañía.
A continuación se sitúan Alberto Cortina y Alberto Alcocer –primos
y conocidos como los Albertos–, que tienen el 5,07%. Los tres
figuran entre los hombres más ricos de España: Pérez ocupa el 9º
puesto, Cortina el 23º y Alcocer el 24º.
12. CASABLANCA: 8 residencias, 5,8 millones de dinero público
Casablanca es el segundo grupo que más residencias
privadas tiene en Madrid (4), sólo por detrás de Sanitas. Las otras
cuatro son concertadas.
En 2019, los ingresos de origen público ascendieron a 5,8
millones de euros, por las 384 plazas acogidas al Convenio
Marco.
Casablanca tiene nueve centros (uno en Toledo además de los
de Madrid). El principal accionista del grupo es Ignacio Fernández-Cid
Plañiol, quien además ocupa la Presidencia de una de las patronales del
sector, la Federación Empresarial de la Dependencia (FED). Desde
este cargo está siendo especialmente activo en rechazar cualquier
responsabilidad de los gestores de las residencias en lo que ha ocurrido
durante la pandemia. «Nos han dado solo medicación para sedar
a los ancianos, no para tratarlos», es su principal argumento.
*++
No hay comentarios:
Publicar un comentario