Castilla-La
Mancha. Humo y tierra quemada
El
"molinismo" hunde Podemos
David Llorente
Vientosur
30.05.2019
Los resultados de Unidas Podemos en las elecciones
autonómicas de Castilla-La Mancha han sido desastrosos. De los 141.693 votos
(13,08%) que lograron en total Podemos (107.463, 9,92%) y Ganemos-LV-IU
(34.230, 3,16%) en 2015 se ha pasado a los 74.372 votos (6,96%) que ha obtenido
Unidas Podemos (Podemos-IU-EQUO) en 2019; y de los dos escaños –casi tres- que
se lograron entonces se ha pasado a no obtener ningún escaño ahora. Es decir,
se han perdido la mitad de los votos y toda representación en las Cortes
regionales. Un desastre sin paliativos.
El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del
Gobierno regional, José García Molina, que ha presentado su dimisión como
Secretario General de Podemos junto a la de todos los miembros de su Consejo de
Coordinación, se ha negado, sin embargo, a admitir cualquier relación entre
estos resultados y el cogobierno en minoría con el PSOE de García-Page o la
propia campaña electoral. Pero hay un elefante en la habitación.
Como ya expuse en un artículo anterior, la entrada en
el Gobierno regional se decidió mediante una consulta-trampa que vinculaba esa
entrada a la aprobación de los presupuestos regionales, privando
deliberadamente a los inscritos e inscritas de Podemos de la posibilidad de
optar por la aprobación de unos presupuestos con avances sin necesidad de
entrar en el Gobierno de García-Page, una opción que, de haberse contemplado, probablemente
habría sido mayoritaria. En cualquier caso, y con independencia de cómo se hizo
aquella consulta, el cogobierno en minoría con el PSOE de García-Page ha
resultado un evidente fracaso y se ha demostrado innecesario, inútil y, sobre
todo, contraproducente.
Ha sido innecesario porque ya habíamos echado del
Gobierno regional al PP de Cospedal al inicio de la legislatura mediante un
acuerdo de investidura sin necesidad de cogobernar y porque era en el
parlamento autonómico donde Podemos tenía una posición decisiva y podía
fiscalizar al Gobierno desde una oposición autónoma, mientras que en el Consejo
de Gobierno el voto de Podemos ha sido irrelevante. En las Cortes decidía
Podemos, mientras que en el Consejo de Gobierno ha decidido García-Page.
Ha sido inútil porque, como era previsible,
García-Page no ha cumplido y ha impedido que el Gobierno remitiese a las Cortes
las dos leyes –la de Garantías y la de Participación Ciudadana- cuya aprobación
constituía un compromiso inequívoco del cogobierno y que podían haberse
presentado perfectamente en las Cortes desde nuestro Grupo Parlamentario, lo
que al menos habría obligado al PSOE a retratarse en la votación. Permanecer en
el Gobierno de García-Page cuando este había evidenciado hasta la humillación
que no tenía intención de cumplir no tiene otra explicación que el afán de
aferrarse al sillón y negarse a admitir el error de haber entrado.
Pero sobre todo ha sido enormemente contraproducente
porque Podemos pasó de ser alternativa a ser partícipe directo de las políticas
antisociales, insostenibles y represivas del PSOE de García-Page, como la
externalización de servicios públicos, el apoyo a la minería especulativa o a
la ganadería intensiva de las macrogranjas o la petición de penas de cárcel
para los repobladores y repobladoras de Fraguas, además de guardar un clamoroso
silencio ante escándalos del PSOE como el caso Incarlopsa. Obviamente, el fracaso del
cogobierno y la claudicación ante el PSOE de García-Page han tenido graves
consecuencias políticas y electorales para Podemos. Para el PSOE de
García-Page, en cambio, este abrazo del oso de manual ha resultado un
negocio redondo.
A ello se añade una campaña electoral que ha sido un verdadero
cúmulo de despropósitos. Sin duda el más sonado fue la propuesta de plantear el
empadronamiento en Castilla-La Mancha como criterio de priorización en el
acceso al empleo público, lo que implica asumir el marco discursivo de la
derecha de la disputa por la escasez entre la gente de abajo y del los de
aquí primero, en lugar del discurso de la izquierda sobre la igualdad de
derechos y el reparto de la riqueza frente a la minoría privilegiada. Esta
ocurrencia de José García Molina, que no pasó por el Consejo Ciudadano
Autonómico de Podemos ni tampoco fue acordada con los socios de la coalición
electoral, provocó el desmarque público de Izquierda Unida y el rechazo unánime
de todos los sindicatos representativos de la Función Pública, que la tacharon,
con razón, de xenófoba e inconstitucional. Concitar en tu contra la difícil
unidad sindical en plena campaña electoral es, a todas luces, un error
monumental.
Pues bien, lejos de rectificar, el candidato de Unidas
Podemos optó por huir hacia adelante y quedarse solo defendiendo la propuesta
de marras. No en vano, esta iba envuelta, entre otras, en un programa de
campaña que exhibía en su portada a José García Molina en solitario en medio de
la estepa castellana subido a una lujosa moto de gran cilindrada en cuyo espejo
retrovisor aparecía reflejada su cara con la mirada perdida en el horizonte,
una fiel plasmación gráfica de la ética y estética del molinismo y de su
concepción de la política y del partido. De la multitud indignada en las plazas
al líder visionario en el páramo. Mientras tanto, en la campaña, sobre el
terreno, cundía la desorganización.
Pero difícilmente puede realizarse una campaña creíble
y sólida cuando durante toda una legislatura no solo se ha seguido una
trayectoria política errática y con fuertes bandazos, sino que además se ha
llevado a cabo un desmantelamiento metódico y completo de toda la organización.
En un polémico artículo publicado en diciembre de 2016 que constituía una
verdadera declaración de principios e intenciones, José García Molina ya
advertía que “habrá que hablar de los que sobran en Podemos”. Y,
efectivamente, bajo su dirección se ha practicado una política sistemática de
exclusión y acoso contra cualquier persona que no se plegase a un seguidismo
ciego y acrítico del molinismo; una política sectaria que ha atravesado
todos los niveles y ámbitos de la organización, desde el Consejo Ciudadano
Autonómico a los círculos, pasando por el Grupo Parlamentario y las redes
sociales oficiales del partido, consagradas al culto al líder. Al final sobraba
tanta gente que el partido quedó reducido a poco más que una camarilla de
afines en torno al Secretario General.
Sin duda, uno de los capítulos más bochornosos ha sido
la campaña de difamación dirigida contra mi persona a través de liberados de
esa camarilla que me acusaron falsamente y sin pruebas de trato sexista y
discriminatorio en un lamentable escrito que fue convenientemente filtrado a
los medios de comunicación. En los días siguientes, José García Molina
aprovechó la coyuntura para desautorizarme públicamente como portavoz
parlamentario y María Díaz, la Secretaria de Organización, hizo declaraciones a
la prensa en las que, vulnerando mi derecho a la defensa y a la presunción de
inocencia, se refería a las acusaciones como hechos y afirmaba que no se podía
poner en duda su veracidad. Afortunadamente, la maniobra fue ampliamente
percibida como un torpe y repugnante intento de purga política, pero no deja de
evidenciar crudamente hasta qué extremo de miseria moral y falta de escrúpulos
se ha sido capaz de llegar. La querella que presenté por delito de injurias y
calumnias ha sido ya admitida a trámite y ahora quienes firmaron esas falsas
acusaciones deberán acudir al juzgado a declarar como imputados.
No se trata en absoluto de un hecho aislado. La lista
de malas prácticas del molinismo es francamente extensa, pero no es
propósito de este artículo hacer inventario. No obstante, sí resulta
especialmente preocupante la sospechosa opacidad en torno a las finanzas del
partido y la rotunda negativa de José García Molina a mostrar la contabilidad
completa que se le ha reclamado reiteradamente desde el Consejo Ciudadano
Autonómico. Por un principio básico de transparencia, una de las primeras
tareas de la gestora que se nombre por la dirección estatal o de la nueva
dirección autonómica que resulte electa debería ser auditar las cuentas del
partido en la región.
El final indigno y patético del molinismo ha
estado verdaderamente a la altura de toda su gestión. Aunque José García Molina
ha dimitido de su cargo como Secretario General de Podemos, ha seguido
aferrándose a su cargo de Vicepresidente Segundo de García-Page y cobrando del
Gobierno regional. En cualquier caso, asumir responsabilidades no consiste
solamente en dimitir de cargos, sino también y sobre todo en admitir errores y
rendir cuentas de una gestión. Pero el Vicepresidente Segundo de García-Page ni
siquiera ha tenido la decencia de convocar al Consejo Ciudadano Autonómico de
Podemos para dar la cara, analizar los resultados y ofrecer un balance
colectivo al electorado y la militancia, lo que habría mostrado un mínimo de
respeto por toda la gente que ha participado en la campaña y por la
organización de la que ha sido Secretario General. Simplemente ha huido en su
moto dejando tras de sí un rastro de nada más que humo y tierra quemada. Tanta
paz lleve como descanso deja.
29/095/2019
David Llorente, Diputado y Portavoz de Podemos en las Cortes de
Castilla-La Mancha
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