¿Hacia un gobierno PSOE-Ciudadanos? Sus propuestas laborales, de pensiones y fiscales
Rebelión
Viento Sur
29.04.2019
Nota de la edición:
Tras la victoria del PSOE en las elecciones de ayer y los resultados del
resto de partidos, planea la posibilidad de que pudiera llevarse a cabo
un pacto entre el PSOE y Ciudadanos. Rescatamos este artículo escrito
la semana pasada en el que se analiza lo que podría significar uun
gobierno de esas características.
* * *
La
práctica totalidad de las encuestas apuestan por la victoria electoral
del PSOE. Varias de las mismas prevén que podrá alcanzar la mayoría
necesaria para investir a su candidato Pedro Sánchez mediante un
acuerdo,con una de entre dos perspectivas contrapuestas. La primera con
Unidas Podemos y todos o parte de los partidos ERC y Junts per Catalunya
y los vascos del PNV y EH Bildu; la segunda con Ciudadanos (Cs). La
campaña electoral del PSOE se basa en afirmar la necesidad de derrotar
al bloque reaccionario y de equiparar a sus tres componentes, de los que
se dice que forman una sola derecha aunque vayan con tres siglas. Como
ha dicho Jaime Pastor,
la competencia entre ellas no impide que compartan un mismo proyecto de
nacionalismo español recentralizador y uniformizador,
neoconservadurismo patriarcal y xenófobo y neoliberalismo austeritario.
Cs, por su parte, ha dicho un día sí y otro también que su objetivo es
echar a Pedro Sánchez y para ello ha afirmado que cuentan con el PP,
omitiendo desvergonzadamente que también les serían necesarios -y
aceptarían, como en Andalucía- los votos de VOX.
Sin embargo, no
es descartable que “si dan los números” la opción gubernamental que se
imponga sea la de un acuerdo PSOE-Cs. En cuanto al PSOE, no solo porque
alguno de sus principales dirigentes ha afirmado hace ya unas semanas
que esa podía ser la mejor opción sino por la presión de una parte
importante de sus barones que se oponen radicalmente a cualquier acuerdo
con Unidas Podemos y con quienes “quieren romper España” y defienden
propuestas socioliberales y centralistas. Cs ha mostrado repetidamente
que puede cambiar de posición fácilmente si ello le permite alcanzar
cuotas de poder y puede considerar que tiene graves riesgos de
descomposición si queda alejada del poder y se aleja la perspectiva de
lograr la hegemonía en la derecha.
Además de los aspectos
internos a los partidos, la opción del PSOE-Cs para formar gobierno es
la preferible por el IBEX 35. Piensan que la alternativa del bloque
reaccionario puede provocar reacciones nacionales, feministas,
ecologistas y anti-austeridad muy extendidas y la del PSOE apoyado por
Unidas Podemos (¿o con su integración en el gobierno?) y nacionalistas
de diverso tipo puede atentar contra sus intereses de clase. Confían en
que el PSOE y Ciudadanos mantendrían lo esencial de la reforma laboral y
de una fiscalidad muy favorable para los altos ingresos y las rentas
del capital. A pesar de que el programa electoral del PSOE contiene
elementos progresivos, gran parte de los mismos tienen un importante
grado de inconcreción y, sobre todo, el PSOE tiene una amplia
trayectoria de programas y promesas incumplidas. Tanto ese programa como
las medidas sociales adoptadas por el gobierno Sánchez se han producido
para ampliar su base electoral y pueden olvidarse una vez obtenida una
situación “más confortable”, sobre todo, si como señalan los economistas
críticos, repunta la crisis económica [1], cuando más necesaria es la
firmeza en la defensa de las conquistas sociales.
Su declaración
de que el objetivo de su campaña es “ganar la batalla del voto centrado,
moderado, sensato y moderno”, ratifica esa desconfianza. Ante el riesgo
de conformación de un gobierno de este tipo, parece interesante
analizar las propuestas de ambos partidos en materia laboral, de
pensiones y fiscales.
Laborales, mantenimiento de la flexibilidad pro-empresarial
Pedro
Sánchez prometió que derogaría la reforma de 2012. Ni siquiera se ha
planteado la derogación de la de 2010 aprobada por un gobierno de su
partido, basada en principios muy similares a la del PP. Una vez
instalado en el gobierno se rebajó la anulación a “las medidas más
restrictivas” de la de 2012, que ahora se reitera. El gobierno Sánchez
ha utilizado como pretexto para no derogarla que solo disponía de 84
diputados. Pero con esos mismos diputados ha aprobado decretos leyes que
han sido convalidados posteriormente por el Congreso. Si hubiera tenido
la voluntad de derogarla hubiera podido presentar una propuesta y
llamar a los sindicatos y movimientos sociales a se movilizaran para
exigir su aprobación y obligar a “retratarse” a quienes se opusieran.
Parece claro que las verdaderas razones están en otro lado, en la fuerte
oposición a esa medida de la patronal y sus organizaciones, que se
siguen beneficiando de una legislación hecha a su medida, que les
permite contratar y despedir como quieren, despedir con indemnizaciones
cada vez más bajas, establecer la prioridad de los convenios de empresa
sobre los sectoriales y no aplicarles por motivos muy amplios y un largo
etcétera, tal como se puede apreciar en el artículo de Antonio Baylos.
Tras
el aumento de 2019 del salario mínimo no se concreta más allá del
aumento “gradual” del mismo para cumplir el objetivo de la Carta Social
Europea y se sigue manteniendo una gran distancia con el de otros
Estados europeos. La equiparación salarial en el sector público se
limita a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, obviándose al
resto de las empleadas y empleados públicos. También se propone la
“mejora de las retribuciones del personal militar”. Parece evidente que
el PSOE es muy sensible a la presión de sindicatos y agrupaciones de
extrema derecha como Jusapol y de la jerarquía militar, lo que va contar
con el pleno apoyo del PP, Cs y Vox.
Cs propone que todos los
contratos sean indefinidos, salvo los de cobertura de sustituciones y
los de formación. En lugar de reglas que penalicen los despidos, plantea
la concesión de bonificaciones a las empresas que despidan menos y
mantengan plantillas más estables en cada sector. En el programa no se
pronuncian sobre la cuantía de las indemnizaciones de despido, pero a la
vista de su trayectoria sobre esta materia es indudable que se
acomodará a las pretensiones de las organizaciones patronales, que
quieren prolongar la carrera continuada hacia la baja de las mismas, así
como por una flexibilización de las causas de despido. Así, en una
presentación a los partidos ante las elecciones generales, el Círculo de
Empresarios ha reclamado reducir el coste del despido
para los trabajadores fijos (ahora 20 días si es objetivo y 33 si es
improcedente en función del año de firma) y equiparar las
indemnizaciones por despido de contratos temporales e indefinidos en 18
días por año trabajado.
En relación con la economía digital, el
programa asume la iniciativa de la patronal del sector, de adaptar la
normativa laboral a las nuevas realidades de la economía digital para
asegurar la protección social de los trabajadores e incorporar la
flexibilidad que requiere esa economía. En la patronal Adigital se
encuadran las plataformas de reparto tales como Deliveroo y Glovo, cuyo
modelo laboral ha sido cuestionado por los tribunales de justicia en
varios países europeos, incluido el Estado español, en sentencias que
han considerado fraudulenta la utilización de la figura del trabajo
independiente y cuya problemática ha sido analizado en esta web por Josépha Dirringer.
Pensiones y financiación de la seguridad social, muy insuficientes
En
materia de pensiones la única concreción positiva obrante en el
programa del PSOE es la fijación de su revalorización conforme a la
evolución de la inflación, pero no incluye la recuperación de la pérdida
de poder adquisitivo del período de congelaciones de la crisis. Con un
diseño “compartido con los interlocutores sociales” se mantiene el
factor de sostenibilidad, con el evidente objetivo de recortar la
cuantía de las pensiones. La reducción de la brecha de género de las
pensiones, mucho más elevada que la salarial (la primera alcanzaba el
33,8% en el 2016 frente al 14,2% la segunda), se despacha en una línea,
sin referencia alguna a medidas evidentes –además de las salariales- que
la rebajarían, tales como, entre otras, dar carácter retroactivo a los
recargos en las pensiones de las mujeres por hijas e hijos y concederlas
desde el primer hijo/a o la anulación de la medida que reduce, a
efectos del cálculo de la pensión, al 50% de la base mínima a partir del
cuarto año en los períodos sin cotización y que afecta en gran medidas a
las mujeres, tal como he analizado aquí.
Ninguna mención a dejar sin efecto la reforma del gobierno de Rodríguez
Zapatero (Ley 27/2011) cuyo impacto es mayor que la del PP de 2013.
Los
recortes de 2011 y 2013 están desacelerando el aumento del gasto en
pensiones, que en lo esencial se debe al aumento del número de
pensionistas, y reducido la cuantía de las pensiones iniciales. A pesar
de lo anterior, la baja de los ingresos por cotizaciones debida a la
caída salarial (solo compensada débilmente por el nuevo salario mínimo
de 2019 y el aumento de los topes máximos de cotización el 7% en el
2019) y medidas tales como las subvenciones de cotizaciones a las
contrataciones laborales, está dando lugar a unos déficits superiores a
los 18 mil millones de euros anuales.
Para hacer frente a estos
déficits, las propuestas del PSOE se mantienen en una absoluta vaguedad:
se establecerá “una senda de cinco años para superar y eliminar el
déficit del sistema de Seguridad Social a través de la adopción de un
conjunto de medidas que garanticen la sostenibilidad financiera de largo
plazo del sistema”; se anuncia que las cotizaciones “soporten los
gastos de naturaleza contributiva”… lo que ya está en vigor de 2013. No
se considera aumentar nuevamente el tope máximo de cotización, que sigue
dejando sin cotizar a una parte importante de los salarios más elevados
(sólo en Comunidad Autónoma Vasca se ha estimado por el movimiento de
pensionistas que cien mil personas asalariadas perciben salarios que
superan ese tope). Ese aumento podría ir acompañado de un aumento, en
menor cuantía, del tope máximo de pensiones, ya que las personas de
salarios más elevados se benefician comparativamente de tener
itinerarios laborales más estables y una esperanza de vida mayor que las
de salarios más bajos y, por lo tanto, de más duración en el cobro de
las pensiones. Dicho lo anterior, un cierto incremento puede ser
razonable para compensar la reducción del salario por el mayor descuento
de la cotización, evitando así la presión hacia las pensiones privadas
de los salarios más elevados. Esta medida proporcionaría inmediatamente
ingresos más elevados mientras que el aumento del gasto que se
produjera, además de más reducido en el caso de ser más bajo el aumento
del tope, se dilataría en el tiempo dado el acceso progresivo a la
jubilación de las personas concernidas.
Se dice que aumentará progresivamente la aportación del Estado para hacer frente al acceso a la jubilación de la generación del baby boom, a
partir de 2030-35. El Fondo de Reserva de las pensiones estaba previsto
para “suavizar” el aumento del gasto debido a ese proceso, pero la
caída de los ingresos ha dado lugar al agotamiento del mismo. A ello han
contribuido las reformas laborales de 2010 y 2012, al debilitar la
negociación colectiva sectorial y flexibilizar al máximo las relaciones
laborales y con ello provocar una enorme caída salarial. Esa situación
exige claramente aumentar los ingresos, pero el PSOE no contempla
eliminar esas reformas para favorecer el aumento de los salarios, ni
aumentar las cotizaciones empresariales, cuyos tipos se mantienen
constantes desde hace muchos años.
Por su parte, Cs propone
reducir más aún los ingresos del sistema de la seguridad social, al
ampliar desde uno a dos años la tarifa plana de los autónomos (60
euros/mes) y eximirles del pago de cuotas en los dos años siguientes a
la paternidad/maternidad, así como cuando tengan ingresos inferiores al
salario mínimo. También se incluye la bonificación al 100% de las
cotizaciones empresariales –no las correspondientes al trabajador o
trabajadora y que se deducen de su salario- durante una incapacidad
temporal por causas relacionadas con el embarazo o parto y durante el
disfrute de los permisos por maternidad y paternidad. Varios de los
beneficios que se proponen para los autónomos se aplican con
independencia de sus ingresos, frecuentemente poco controlados, y de que
tengan o no trabajadores/as asalariados/as que trabajen para ellos o
trabajen en exclusiva o mayoritariamente para un empleador y son
congruentes con la posición de Cs de favorecer el “emprendedurismo”.
Salvo
esta reducción de los ingresos, las propuestas de Cs sobre pensiones
son inexistentes, salvo la de revalorización periódica… siempre que sea
compatible con la sostenibilidad del sistema. Como la entienden se puede
apreciar por su abstención en la convalidación del Decreto ley que
acordó la subida del 1,6% para el 2019. Lo que si contempla su programa
es la compatibilidad entre la realización de un trabajo asalariado y la
percepción al 100% de la pensión de jubilación. Bajo una forma
aparentemente atractiva se oculta que es una forma de obligar a las
personas jubiladas a trabajar para complementar unas pensiones de
cuantía cada vez más reducida si quieren mantener un nivel de vida
decente. Esa compatibilidad contribuiría a crear un mercado de trabajo
específico para las jubiladas y jubilados, como ya ocurre en el Reino
Unido y Estados Unidos. Tal como sucede en estos países se concretaría
sobre todo mediante contratos a tiempo parcial que harían el puente
entre el trabajo tiempo completo y la jubilación íntegra.
Es
probable que un gobierno PSOE-Cs sea muy “sensible” a las
reivindicaciones patronales de reducir el gasto en pensiones y, en todo
caso, bajar sus aportaciones. Así se ha manifestado el Círculo de
Empresarios que ha reclamado hace unas semanas una reducción de las
cotizaciones sociales a cargo de los empresarios (23,6%), elevando la de
los trabajadores (4,7%), para que esté más "proporcionada".
Fiscales, sujetas a la disciplina de la UE
La
posición del PSOE en materia de fiscalidad se basa en avanzar “hacia el
saneamiento de las cuentas públicas, la reducción del déficit y la
deuda y la sostenibilidad fiscal de medio plazo”. Reconoce que la mejora
de la competitividad de la economía española y los elevados beneficios
de las empresas durante los últimos años se han debido, en gran medida, a
salarios muy bajos y empleos muy precarios, favorecidos por la reforma
laboral del Gobierno del PP, pero omiten su responsabilidad por la
reforma laboral de 2010. Presentando de forma poco creíble que es
posible la cuadratura del círculo propone el aumento del gasto social en
educación, sanidad, dependencia, infancia y viviendas en alquiler para
jóvenes, así como el fomento de la inversión productiva y la transición
ecológica e infraestructuras y, a la vez, la reducción del déficit
público y de la deuda pública.
Propone medidas positivas, pero de
escasa concreción, como la de reforzar la progresividad del sistema
fiscal, la convergencia hacia el promedio de la recaudación fiscal de la
Unión Europea –que en la actualidad es inferior en más de 6 puntos a la
media de la UE- y el aumento de la aportación de las grandes empresas y
los contribuyentes de ingresos más altos y de mayores patrimonios. Se
dice que la desigual tributación de las rentas del capital y las del
trabajo deben ser mejoradas de forma “equitativa”, pero no se propone su
sujeción a los mismos tipos impositivos. Por no ir muy hacia atrás, la
experiencia del giro antisocial del gobierno de Rodríguez Zapatero en el
2010 cuando congeló las pensiones, redujo el sueldo de los funcionarios
y empleados públicos y el gasto en las prestaciones contra la
dependencia para cumplir con los diktats de la Unión Europea y la
aprobación exprés de la reforma del art. 135 de la Constitución que
prioriza absolutamente los objetivos de déficit y deuda públicos,
muestra que la prioridad de los gobiernos del PSOE es la de cumplir con
esos objetivos fijados por la Troika aunque sea al precio de aplicar
políticas austericidas de recortes sociales e incumplir sus promesas
electorales.
Cs propone limitar al 44% el tipo máximo del IRPF,
frente al actual del 45% para las rentas superiores a 60.000 euros
anuales, para “garantizar que los impuestos nunca sean confiscatorios” (sic).
Considerando que pueden mejorar su posición electoral en la “España
vaciada”, quieren reducir el 60% del IRPF “a todas las personas que
vivan en riesgo de despoblación”. También propone deducciones para
familias con hijos y la bonificación al 100% en los Impuestos de
Sucesiones y Donaciones, de forma que “Nadie tendrá que renunciar nunca
más a una herencia por no poder pagar” ese impuesto. En otros muchos
aspectos de las políticas públicas, en lugar de establecer medidas
imperativas para conseguir fines sociales opta por los incentivos
fiscales a favor de los empresarios y propietarios. Por ejemplo,
mientras que critica los controles de los alquileres de las viviendas,
dice que el acceso a la vivienda “a precios asequibles” se favorecerá
mediante la mejora de esos incentivos. En correspondencia lógica con la
reducción de los ingresos públicos y con la prioridad repetida con
insistencia del saneamiento fiscal, las propuestas sociales son
prácticamente inexistentes y, las que existen, van dirigidas en buena
parte a los empresarios. Así, mientras que no aprobaron el salario
mínimo de 900 euros para 2019, a fin de combatir la pobreza laboral los
trabajadores percibirían un “Complemento Salarial Garantizado”. Ello
permitiría desplazar a los presupuestos públicos, financiados mediante
impuestos pagados muy mayoritariamente por las y los trabajadores, la
responsabilidad de que éstos y éstas perciban ingresos mínimos, mientras
que los empresarios aumentan sus beneficios pagando salarios muy bajos.
En
definitiva, la posición débil del PSOE y la agresiva de Cs en esta
materia contribuyen a que el gasto social se financie a cargo de la
mayoría trabajadora, mientras que los ricos y las grandes empresas,
mediante la ingeniería financiera, el fraude y los paraísos fiscales
apenas pagan impuestos, dando lugar a lo que Miguel Urbán ha calificado como la revuelta fiscal de la nueva aristocracia global.
Nota:
[1] François Chesnais, en “De nuevo sobre el impasse económico histórico del capitalismo mundial”, Viento Sur, nº
163, señala que la incapacidad de la economía mundial para mantener el
crecimiento económico durante más de 10 años después del estallido de la
crisis de 2007-2008 “refleja una avería del motor de acumulación a
largo plazo”, por lo que las crisis se van reproducir de forma
periódica.
Mikel de la Fuente es profesor de Derecho del Trabajo y miembro de la redacción de Viento Sur
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