IU y PCE estudian ampliar la ‘Querella Borbón’ a
partir de los nuevos datos que vinculan aún más las acciones del director del
CNI y Corinna zu Sayn-Wittgenstein
Redacción/Tercerainformación
21/03/2019
Enrique Santiago, candidato de IU por Madrid al
Congreso y secretario general del PCE, considera que “resulta inadmisible que
desde los propios servicios de inteligencia del Estado se dedicaran medios
materiales y humanos para dar protección privada a amistades de Juan
Carlos de Borbón, además de ocultar o hacer desaparecer documentos probatorios
que ponen de manifiesto actividades particulares del entonces jefe del Estado y
sus socios”.
(Saben aquél que diu: Noy, que sabes tú por qué el amor es ciego? ¡Que pollas me importa a mi si ve o no ve, si yo lo que quiero es joder!)
Izquierda Unida y el Partido Comunista de España, responsables junto al Foro de
Abogados y Abogadas de Izquierda, de la querella criminal registrada hace
cerca de cuatro meses en el Tribunal Supremo contra el anterior jefe del
Estado, Juan Carlos de Borbón, y otras siete personas por la supuesta
comisión en conjunto de 13 delitos, estudian ampliar esta actuación judicial a
partir de los nuevos datos aparecidos hoy en los medios de comunicación. Las
nuevas informaciones vinculan aún más las actuaciones de la amiga del rey
emérito y empresaria comisionista, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, y del
director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), general Félix Sanz Roldán,
y encajan en los presuntos hechos delictivos denunciados previamente.
El abogado Enrique Santiago, candidato de IU
por Madrid al Congreso y secretario general del PCE, además de uno de los
principales impulsores materiales de la querella, señala que “tal y como
recogimos ya en la misma, consideramos que el CNI se convirtió bajo las órdenes
del que a día de hoy sigue siendo su director en el apéndice de una
organización criminal en la que presuntamente se integraban los querellados,
cuya finalidad era el cobro de supuestas comisiones ilegales por realizar
gestiones políticas y comerciales propias de altos cargos del Estado”.
Para Santiago, “resulta inadmisible que desde los
propios servicios de inteligencia del Estado se dedicaran medios materiales y
humanos para dar protección privada a amistades de Juan Carlos de Borbón,
además de ocultar o hacer desaparecer documentos probatorios que ponen de
manifiesto actividades particulares del entonces jefe del Estado y sus socios,
la mayoría de ellas incompatibles con sus funciones de Estado en buena medida
incompatibles con las leyes españolas”.
El candidato de IU por Madrid al Congreso entiende que
lo publicado ahora “pone de manifiesto que el CNI vino operando no para
garantizar la seguridad del Estado, sino para ocultar ante los organismos de
control económico, de investigación y de persecución penal españoles la posible
comisión de conductas y acciones ilegales, muy posiblemente delictivas”.
Enrique Santiago recuerda que el entonces jefe del
Estado y hoy rey emérito “recibió y recibe a lo largo de los años una
importante asignación de dinero público para desempeñar con dignidad tales
funciones, asignación que parece se complementaba de forma indebida con el
cobro de esas supuestas comisiones ilegales. Además, la mencionada organización
criminal que denunciamos se dedicó a ocultar estas comisiones ante la Hacienda
Pública, así como a las personas que las recibían”.
En la querella presentada por IU, el PCE y el Foro de
Abogados y Abogadas de Izquierda ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo el
pasado 5 de diciembre se tipificaban ya en relación a Félix Sanz Roldan los
supuestos delitos de encubrimiento, descubrimiento y revelación de secretos,
omisión del deber de perseguir delitos, así como amenazas de muerte
condicionales.
Por su parte, a Corinna zu Sayn-Wittgenstein se le
vincula con los delitos tipificados de blanqueo de capitales, cohecho,
usurpación de funciones públicas, encubrimiento, tráfico de influencias,
corrupción entre particulares y constitución de grupo criminal.
Enrique Santiago lamenta que “a pesar de que los
indicios vinculados a este caso han seguido ampliándose con la continua
aparición de nuevos hechos y datos, nos sorprendente que a fecha de hoy, casi
cuatro meses después de interponer la querella, y habiendo cumplido
escrupulosamente con el depósito de la fianza de 12.000 euros que nos exigió el
Supremo para estudiarla, no exista aún ni un pronunciamientos del Alto Tribunal
ni de ninguna institución del Estado, incluyendo a la Fiscalía, para emprender
la más mínima investigación. Seguimos confiando en que no se pase del silencio
al reino de la impunidad”.
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