El
manifiesto que acusa falsamente al Gobierno de aceptar las 21 exigencias de
Torra y de ceder a la autodeterminación
El comunicado pactado entre los convocantes acusa al
presidente de Gobierno de cesiones que no ha realizado
Entre los 21 argumentos que citan, algunas no se han
ejecutado como la petición de "hacer efectivo el derecho de
autodeterminación"
Consideran que Sánchez cedió a "trasladar a los
políticos presos a la cárcel de Lledoners", obviando que la decisión fue
tomada por el juez Pablo Llarena
eldiario.es
10/02/2019
El manifiesto leído por los periodistas Carlos
Cuesta, Albert Castillón y María Claver en la marcha de Colón parte de una
premisa falsa: da por hecho que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "aceptó
las 21 exigencias del secesionismo". El texto leído durante la
concentración celebrada este domingo en Colón ante 50.000
personas bajo el lema "Por una España unida ¡Elecciones
ya!" había sido consensuado por los colectivos convocantes, entre los que se
encontraba PP y Ciudadanos.
El
texto leído este domingo llega a afirmar que Sánchez ha negociado con los
partidos soberanistas los presupuestos "ofreciendo a cambio la soberanía
nacional", algo de lo que no existe la más mínima evidencia, puesto que el
Gobierno siempre ha dicho que no aceptará ningún planteamiento que afecte a la
unidad de España ni tampoco un referéndum de autodeterminación.
La veintena de puntos a los
que aluden son las peticiones que el president Quim Torra
trasladó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su reunión el pasado 20
de diciembre en el palacio de Pedralbes. Este documento, difundido con el
título Un pacto de Estado para
solucionar el conflicto entre España y Catalunya, no se hizo público
hasta este martes en la mesa de partidos catalanes que debaten sobre el proceso
soberanista.
Entre
los 21 argumentos a los que hacen referencia los más relevantes nunca han sido
aceptados por el Ejecutivo socialista. Ni Sánchez ni el Gobierno ni nadie en el
PSOE ha pactado "hacer efectivo el derecho de autodeterminación" de
Catalunya. Otras acusaciones se basan en meras opiniones, como la que alude a
la reversión del "retroceso de la calidad democrática de España" o el
freno al "deterioro de la imagen de España en el mundo".
Los
convocantes de la marcha de este domingo, programada para hacer frente a la
"alta traición a España" que según los organizadores habría cometido
el Gobierno atribuyen a Pedro Sánchez decisiones de otros poderes del Estado.
La supuesta cesión de los socialistas en el tratamiento que se le ha dado a los
líderes secesionistas que están en prisión tampoco lo ha sido. El manifiesto
culpa a Sánchez de "trasladar a los políticos presos a la cárcel de
Lledoners". El responsable de esa decisión no fue nadie del Gobierno, sino
el único con capacidad para hacerlo, el magistrado del Tribunal Supremo que
instruyó la causa del procés, Pablo Llarena.
Otro
de los ataques el Ejecutivo socialista consiste en asegurar que "cedió al
torcer el criterio jurídico de la Abogacía del Estado". Los partidos
independentistas siempre han utilizado como condición para aprobar los
presupuestos que el Ejecutivo diese órdenes a la Fiscalía para retirar las
graves acusaciones que mantiene contra los dirigentes independentistas. La
Fiscalía ha mantenido la misma calificación que tenía con el Gobierno del
Partido Popular. La Abogacía del Estado ha acusado a los líderes del procés de
un delito de sedición, que conlleva 15 años de cárcel y ha rebajado la
acusación de rebelión que sí había formulado cuando la dirigía el Gobierno de
Mariano Rajoy.
En
los 21 puntos que el equipo de Torra hizo llegar al presidente del Gobierno en
diciembre, fruto del diálogo electoral, se instaba a Pedro Sánchez a dejar
atrás la vía judicial contra el independentismo, cuyos dirigentes se sentarán
en en banquillo a partir de este martes procesados por rebelión.
Entre
estas peticiones de Torra se encuentra la figura a la que se aferraron PP,
Ciudadanos y Vox para salir a la calle a exigir elecciones anticipadas: la
petición de un "mediación internacional" para facilitar las
negociaciones. El Gobierno llegó a aceptar la presencia de "un
relator" antes de que el diálogo con los independentistas naufragase el
pasado viernes. Los lectores del manifiesto han obviado que este punto está
descartado desde el viernes tras el punto y final a las conversaciones entre la Generalitat y el
Gobierno.
Aunque
no se enmarca en uno de los 21 puntos, en el texto que difundió Torra también
se aludía a la necesidad de llegar a un pacto de Estado, otra concesión que no
se ha realizado desde el Gobierno central. Otras sugerencias también incluyen
ideas muy generalistas centradas en la defensa de la regeneración democrática
como "garantizar la separación de poderes" y "poner fin a la
limitación de derechos fundamentales".
Los
últimos siete puntos se centran en la desfranquización de España. En ellos,
apuestan por emprender este proceso y abrir un debate sobre la monarquía,
aislar a los grupos neofascistas, realizar una política efectiva de fosas
comunes y eliminar los privilegios derivados de la dictadura. A su vez también
solicitaron la nulidad de los juicios celebrados durante el franquismo, como
"un paso imprescindible de memoria histórica".
Esta
última pretensión todavía no se ha cumplido. Por ahora, el Ejecutivo se ha
limitado a condenar el consejo de guerra que acordó la ejecución de Companys y
afirmar la "plena dignidad" del político. Anular los juicios
celebrados durante la dictadura es complejo y requiere una modificación del marco legal que
está en trámite en el Parlamento gracias a un acuerdo de PSOE y ERC.
La
cesión ante los 21 puntos no es la única acusación que lanzan contra el
Ejecutivo socialista. En el documento, reseñan que el presidente cedió ante lo
secesionistas "al recibir con lazos amarillos al presidente de la
Generalitat en Moncloa". Semejante afirmación da a entender que el palacio
presidencial se engalanó con símbolos que se utilizan para pedir la libertad de
los presos. Todo lo que sucedió es que Torra acudió con un lazo en la solapa de
su americana a la reunión con Sánchez.
Asimismo
los partidos convocantes de la concentración en Colón aseguran que la cita de
diciembre entre Torra y Sánchez supuso aceptar una "bilateralidad entre
iguales en la reunión de Pedralbes".
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