El cacao fiscal del Gobierno
Rebelión
República de las ideas
01.10.2018
El doctor Sánchez, puestos a plagiar, ha copiado al xenófobo Torra y para
festejar sus 100 primeros días de gobierno montó en la Casa de América todo un
espectáculo, con fuegos artificiales incluidos; un gran show al que invitó a
todos los que consideró personajes importantes del Reino, para que fueran
testigos de su aparición apoteósica llena de luces y efectos especiales y del
anuncio que iba a realizar, del que los palmeros de la Moncloa habían
adelantado ya su carácter de trascendental.
Y la montaña parió un ratón. Sin haberlo pactado con ningún otro partido y
solo con sus 84 diputados, prometió, nada más y nada menos, que una
modificación exprés de la Constitución, en 60 días y no para algo importante,
sino para eliminar los aforamientos. Pero al día siguiente supimos que no se
trataba de todos, sino solo de los de los políticos, que son una proporción muy
pequeña del total; y tampoco para todos los procesos judiciales, sino
únicamente para los que hacen referencia a su vida privada. Total, que el efecto
del anuncio duró dos días o un día y medio. Más tarde han afirmado que también
se suprimirían los aforamientos por delitos de corrupción. En resumen, que no
saben qué hacer ni cómo hacerlo y por eso, cosa insólita, lanzan la pelota al
Consejo de Estado sin presentarle ningún texto escrito.
Así ocurre con la mayoría de las promesas que está realizando este
Gobierno. Son conscientes de que no está en su mano cumplirlas (si lo
estuviera, quizás no las prometerían) pero les sirven para la propaganda
electoral. Sánchez pretende lanzar el siguiente mensaje: por mí no queda, son
los otros partidos los que ponen palos en las ruedas. Con estos mimbres es muy
difícil saber qué quieren hacer con los impuestos. De hecho, los anuncios y
contra anuncios se han multiplicado. Pero, en cualquier caso, se han dicho
tantos disparates que conviene aclarar por lo menos algunos de ellos.
De lo poco que hasta ahora han confirmado es que quieren elevar 2 o 3
puntos el tipo marginal del IRPF para rentas superiores a 140.000 euros. La
ministra lo ha corroborado el otro día en la Cope, lo cual no quiere decir que
no se desdiga o que finalmente no consigan aprobar la medida. Parece que la
demanda procede de Podemos, pero me temo que ni unos ni otros saben de lo que
están hablando. La medida anunciada se dirige, según dicen, a los que obtengan
una renta superior a 140.000 euros anuales. Lo cual tenía sentido con
anterioridad a 1996, en que el IRPF era un impuesto personal y sintético que
recaía sobre la totalidad de los ingresos del contribuyente, que se acumulaban,
fuesen de la clase que fuesen, en una sola base imponible, a la cual se le
aplicaba una única tarifa progresiva. Pero a partir de esa fecha el impuesto
deja de ser sintético, y se fractura en dos bases imponibles, que nunca se agregan,
con sus respectivas tarifas.
En la actualidad, una se denomina general y engloba las rentas de trabajo,
pensiones (incluyendo el rescate de los fondos) y alquileres, y otra que llaman
eufemísticamente del ahorro, pero que lo que realmente grava son las rentas de
capital de cualquier clase y con tipos mucho más reducidos que los de la tarifa
de las rentas del trabajo. Por eso no se puede hablar de contribuyentes con
rentas superiores a 140.000 euros. Sin sumar las bases ni siquiera se puede
saber quiénes son.
Supongo que lo que intentan afirmar es que se elevará 2 o 3 puntos el tipo
marginal de la tarifa general a los contribuyentes que tengan bases imponibles
del trabajo, superiores a 140.000 euros, sean cuales sean sus ingresos de
capital, que continuarán tributando al mismo tipo. Enunciado así, el tema
presenta una serie de contradicciones difíciles de justificar.
- Es evidente que no se puede afirmar que se sube el impuesto a los contribuyentes cuya renta sea superior a 140.000 euros. Habrá muchos con ingresos muy por encima de esta cantidad al sumarles la renta de capital y a los que la medida no les afecte en absoluto.
- Incluso, al no acumular en el
impuesto los distintos tipos de ingresos en una sola base imponible,
resulta casi imposible discriminar por el total de la renta.
- Es difícil de creer que el
objetivo de la medida sea gravar más a los ricos, si las rentas de capital
se dejan al margen. Y no es que yo no crea que existe una gran desigualdad
entre las propias rentas de trabajo (solo hay que considerar las
desorbitadas remuneraciones, indemnizaciones y fondos de pensiones de los
altos ejecutivos de las grandes empresas y multinacionales) y, por lo
tanto, la conveniencia de aplicar una tarifa progresiva, pero la no acumulación
de las rentas de capital deja todo repleto de lagunas y paradojas.
Cualquier reforma que se pretenda hacer desde la izquierda tiene que
comenzar por retornar a un impuesto sintético con una sola base imponible y una
sola tarifa. Lo demás son juegos de artificio. En primer lugar, no parece muy
justo que las rentas de capital en todas sus modalidades tributen a un tipo más
reducido, especialmente en los tramos superiores de ingresos. Tal planteamiento
contradice la teoría tradicional de la Hacienda Pública que distingue entre
rentas fundadas (las de capital) y no fundadas (las del trabajo) y, puestos a
discriminar, defiende que las primeras tengan un trato más severo que las
segundas, ya que están asentadas en un patrimonio con el que siempre contará el
contribuyente, mientras que los que tienen únicamente rentas no fundadas solo
disponen de su trabajo. En segundo lugar, la separación de rentas reduce la
progresividad del impuesto, porque todos los que tienen conjuntamente ingresos
de trabajo y de capital tributarían seguramente a un tipo superior si todas las
rentas se acumulasen dentro de la misma base imponible.
La discriminación favorable a las rentas de capital se intenta justificar
por la libre circulación de capitales y la amenaza de deslocalización. Se
exagera el argumento interesadamente. Una cosa es la ubicación de las empresas
y otra la residencia personal, y el IRPF atiende a esta última variable, con
independencia de dónde se tenga invertido los recursos. A la hora de elegir la
nacionalidad y la residencia, la fiscalidad es una variable de segundo orden.
Por otra parte, pretender evitar la deslocalización a base de ventajas fiscales
es un proceso al infinito, porque resulta evidente que los países competidores
responderán de la misma forma. Además, de los treinta países de la OCDE, solo
hay cuatro, y con características muy distintas al nuestro, que mantengan un
impuesto dual: Suecia, Holanda, Noruega y Finlandia. Incluso Dinamarca, que fue
el primer Estado en implantarlo, ha dado marcha atrás retrocediendo al IRPF
convencional.
En u na entrevista en el programa El Objetivo , de la Sexta ,
el presidente del Gobierno afirmó con todo el descaro que “La gente rica no
paga el IRPF, eso lo tengo claro, porque tienen las SICAV, el impuesto
de patrimonio, el impuesto de sociedades…”. El doctor Sánchez no debió de
asistir a clase el día que tocó hablar de impuestos. Claro que los ricos pagan
el IRPF. Otra cosa es que paguen todo lo que deberían pagar, entre otros
motivos porque las rentas de capital no se engloban en la tarifa general y,
además, tributan a un tipo mucho más reducido y ni el Gobierno de Zapatero hizo
nada para evitarlo ni el Gobierno de Sánchez parece que tenga intención de
remediarlo.
El presidente del Gobierno ha oído campanas y no sabe dónde. “Tienen las
SICAV, el impuesto de patrimonio, el impuesto de sociedades…”. Ahora resulta
que aquellos que Pedro Sánchez llama ricos se libran de tributar por el IRPF
gracias a los impuestos de patrimonio y sociedades, cuando precisamente es al
revés. Estos impuestos, si funcionasen bien, tendrían que ser complementarios
del IRPF y actuar con el de sucesiones de cierre del sistema, y gravar aquellas
rentas que los poseedores de capital embalsan en sociedades y que, al no
repartirse en forma de dividendos, no se imputan de forma inmediata al IRPF.
El recurso a las SICAV y a otras sociedades patrimoniales es recurrente. Si
a través de ellas las grandes fortunas de este país no tributan todo lo que
deberían en el IRPF es porque los gobiernos -este y los anteriores- quieren. La
solución no es demasiado complicada, bastaría con acudir a un instrumento
antiguo, lo que se ha llamado régimen de transparencia. Imputar directamente a
los socios en el IRPF los beneficios de aquellas sociedades que tienen como
único fin administrar el patrimonio de una persona, de una familia, incluso de
un grupo de amigos. Si la administración tributaria ha actuado frente a
aquellos autónomos que se escudaban detrás de una sociedad, lo mismo puede
actuar frente a los grandes patrimonios que se cobijan también dentro de una
sociedad. En cuanto a las SICAV, Sánchez puede preguntar a sus correligionarios
Solbes y Zapatero y a sus actuales socios del PDeCAT cómo paralizaron y
anularon las actuaciones de la inspección sobre aquellas SICAV que estaban
practicando fraude de ley.
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