El Gobierno aprueba la reforma de la estiba y los trabajadores lo acusan de acabar con uno de los últimos reductos de ‘trabajo decente’
Por Kaos. Laboral y economía
24.02.2017
El Gobierno ha aprobado finalmente el polémico real decreto de reforma del régimen de los trabajadores de la estiba portuaria, para adoptarla a la normativa de la Unión Europea, y a pesar de que no se ha logrado llegar a un acuerdo con los trabajadores del sector. En la rueda de prensa posterior a la […]
El Gobierno ha aprobado finalmente el polémico real decreto de reforma del régimen de los trabajadores de la estiba portuaria, para adoptarla a la normativa de la Unión Europea, y a pesar de que no se ha logrado llegar a un acuerdo con los trabajadores del sector.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha defendido que la norma aprobada hoy contempla la “máxima flexibilización posible a favor de los trabajadores”, pero ha justificado su aprobación ante la obligación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El ministro ha asegurado que la aprobación de este real decreto supone sólo “un principio” para que se abra el proceso de negociación colectiva entre la patronal y los sindicatos, que podrá durar un año. En ese sentido, De la Serna ha criticado que la huelga convocada por los sindicatos aporta “inestabilidad” y “presión” a esta negociación. “No ayuda nada si no todo lo contrario”, ha añadido, para recordar que “las situaciones pre-huelga han dado lugar a problemas de funcionamiento de los puertos”. Ahora, “nuestra responsabilidad es establecer una serie de servicios mínimos que garanticen el abastecimiento”.
Los sindicatos de estibadores -la Coordinadora de Trabajadores del Mar, CCOO, UGT, CIG y CGT– tienen convocado un calendario de tres semanas de paros en los puertos a partir del próximo 6 de marzo en contra de la aprobación de la medida.
De la Serna ha justificado en su comparecencia ante la prensa que el de la estiba es “el único sector en el que no existe libertad de contratación en nuestro país”, por lo que era necesario modificar la Ley de Puertos de 2010, permitiendo a las empresas no tener que participar obligatoriamente en el capital de las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (SAGEP) y dando luz verde a que “contraten libremente”.
En esa línea, el titular de Fomento ha recordado la multa a la que se enfrenta España por este asunto, que asciende a 21,5 millones de euros, a los que se sumaban otros 134.000 euros cada día que pasase hasta que se acometiese la reforma legal, aprobada hoy.
Asimismo, ha defendido que el Gobierno “lleva cerca de dos años negociando con sindicatos y patronal”. Este diálogo “nos ha permitido llevar a la Comisión Europea todos los requerimientos y solicitudes que nos han ido presentando los sindicatos hasta el límite que nos ha permitido la Comisión”.
La reforma aprobada hoy contempla que no haya que acudir de forma obligatoria a los centros portuarios de empleo para ser contratado en el sector, abriéndose la posibilidad de que sea suficiente acreditar más de 100 días de trabajo en cualquier puerto de la UE para poder acceder.
Para llevar a cabo este cambio el real decreto contempla un periodo transitorio de tres años, el máximo que ha permitido Bruselas tras haber transcurrido ya un año desde la primera sentencia, de acuerdo con el ministro. Así, el primer año las empresas tendrán que contratar el 75% a través de las SAGEP, porcentaje que bajará al 50% el segundo año y al 25% el tercero.
“Ahora comienza otro proceso, el de la negociación colectiva, que puede durar hasta un año y se pueden acordar otro tipo de cuestiones que no pueden figurar en una ley”, ha explicado De la Serna, que considera que hay “margen más que suficiente para llegar a acuerdos que garanticen los derechos sociales de los trabajadores”. Por ello, ha hecho un llamamiento para que se “intensifiquen las reuniones” entre los sindicatos y la patronal, “porque estamos convencidos de que si hay voluntad se puede llegar a un acuerdo”.
RESPUESTA DE LOS TRABAJADORES
Los estibadores han acusado al Ministerio de Fomento de defender únicamente los “intereses” de las grandes empresas con el real decreto de reforma del régimen de los trabajadores de la estiba portuaria. Según la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), esta medida “solo logrará la desestabilización de una de las industrias más prósperas de este país”.
Los trabajadores de la estiba rechazan de manera “absoluta y enérgica” el real decreto ley aprobado por el Gobierno, ya que se trata de una norma “autoritaria y abusiva” que, además de ir “mucho más allá de lo que pide Europa” en la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, “no responde a la defensa de los intereses de los ciudadanos españoles sino al de las grandes empresas, muchas de ellas multinacionales”.
“La norma que hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros solo logrará la desestabilización de una de las industrias más prósperas de este país, un reducto en el que desarrollan su labor algunos de los pocos colectivos que mantienen condiciones de trabajo decentes”, se lamenta la Coordinadora.
Según este colectivo, a pesar del diálogo y consenso ofrecido el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha preferido “seguir adelante con un plan que solo busca el bienestar de la patronal”. “Tan evidente es esta falta de ecuanimidad que esta tarde ha citado a los empresarios, y no a los trabajadores, ya con el decreto aprobado, a una reunión en el Ministerio”, critican los estibadores, que reconocen que su única salida pasa por una huelga.
“La única medida de presión que les queda a los trabajadores para llamar la atención de la opinión pública y el resto de los grupos políticos sobre este abuso del Gobierno es ejercer su derecho a la huelga”, señala CETM, que recuerda que los paros comenzarán el próximo 6 de marzo.
Asimismo, los trabajadores de la estiba apelan a la “responsabilidad” y el “sentido común” del los grupos políticos para que esta iniciativa, “que esconde un expediente de regulación de empleo para 6.150 trabajadores organizados y con capacidad de negociación colectiva”, no se apruebe en el Congreso.
Agencias/Prensa
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