PASTELEO
CORRUPTO DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRD CON GOLDMAN SACHA
Jean Paul Marat
Sociología
Crítica
20.09.2016
Ver Fuente // La semana pasada les
hablaba de los derechos sociales (al trabajo, las pensiones, la sanidad y la
enseñanza públicas, la cobertura del desempleo,…) que supuestamente protege la
Constitución española; derechos que no tenemos porque no se cumplen, son
meramente potestativos, no existen instancias a las que reclamar para hacerlos
cumplir y dependen de las decisiones y situación del “mercado” (capitalismo
para entendernos). El “derecho” a la vivienda es uno de esos casos.
El art. 47 de
la Constitución establece que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar
de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las
condiciones necesarias, y establecerán las normas pertinentes para hacer
efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el
interés general para impedir la especulación (…)”. En el caso de la Comunidad
de Madrid es el Ivima (Instituto de la Vivienda de Madrid), desde julio de 2015
Agencia de la Vivienda Social (AVS), el organismo encargado de llevar a efecto
el derecho a la vivienda contemplado en la Constitución y de promover la
vivienda social a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
En 2013 el
Ivima procedió a la venta de 2.935 viviendas de protección al fondo de
inversión Goldman Sachs, una de cuyas filiales, ELQ Investors (íntegramente
participada por ELQ Holdings cuya sede está en el paraíso fiscal de Delaware y
que está controlada, a su vez, por Goldman Sachs), se hizo con el 97,8% de
Encasa Cibeles, a través de la que operó en la compra de pisos. Según la
declaración de Juan Van Halen en abril de 2016 en la comisión de investigación
de la Asamblea de Madrid, la venta se hizo para compensar la pérdida de 100
millones de euros tras la supresión de las subvenciones que iba a recibir el
Ivima de la Comunidad de Madrid. Van Halen mintió ante la Asamblea de Madrid.
El Ivima tenía recursos suficientes para afrontar esos 100 millones de euros
porque disponía de un fondo procedente de las fianzas de arrendatarios cuyos caseros
tienen la obligación de depositarlas en el Servicio de Fianzas de
Arrendamiento.
Las fianzas de
carácter arrendaticio están reguladas por el decreto 181/1996 de 5 de
diciembre. En el art. 4, apartado 5 dice: “El Instituto podrá disponer del 70
por 100 del importe total de los depósitos y reservará el 30 por 100 restante
para las devoluciones que procedan”. El portal de vivienda de la Comunidad de
Madrid, en el apartado de la finalidad que tienen las fianzas, establece que
los recursos generados con los fondos de las fianzas irán destinados a la
promoción, rehabilitación y remodelación de la vivienda pública. Según la
memoria bianual de los años 2011-2012 (las de 2013-2014 y 2015-2016 no han sido
publicadas) el importe total de las fianzas (régimen general y concertado) a 31
de diciembre de 2012, descontadas las devoluciones y los recargos de demora,
suma más de 700 millones de euros. Tomando el 70%, que establece el decreto
181/1996 destinado a la promoción, rehabilitación y remodelación de la vivienda
pública, quedan cerca de 500 millones de euros. El Ivima en el el año 2013
tenía recursos más que suficientes para afrontar los 100 millones de euros que
Van Halen afirmó que iba a dejar de percibir. Las viviendas que se vendieron a
los fondos buitres han sido las últimas en construirse, por lo cual no se ha
podido efectuar una posible partida a la promoción de vivienda nueva.
Pero ¿y si Van
Halen no miente y no había recursos suficientes? ¿A donde habrían ido esos casi
500 millones de euros sobrantes que no se destinaron a promoción,
rehabilitación y remodelación de la vivienda pública y que son ingresos de
derecho público según el decreto 181/1996?
Suculento gallinero el de las fianzas con tanto zorro dentro.
Juan Van Halen
y Ana Gomendio, los dos directores gerentes que organizaron la venta de las
viviendas y la firmaron respectivamente, ya no están. Hay quien cree, que al
desaparecer estos dos personajes de la AVS, los pelotazos se han acabado. Nada
más lejos de la realidad.
Tanto el uno
como la otra solo fueron la punta del iceberg de todo un entramado de raíces
podridas que se encuentra dentro y que existe mucho antes de que ellos pisaran
la AVS.
El equipo de
confianza de Ana Gomendio y de Juan Van Halen, con los que trabajaron de forma
conjunta para perpetrar la venta de viviendas sigue dentro. Su mano derecha de
entonces, Francisco Javier Carmena Lozano, sigue en la Secretaría General. Pero
él sabía que lo que se estaba haciendo era ilegal porque formó parte de la mesa
de contratación, junto con Carolina Almagro Morcillo, Alicia Jiménez Corpa y
Raúl Cepedano Fernández. Dicha mesa organizó la venta de los pisos públicos y
“recibió de fuera” el pliego de condiciones para su venta a Goldman Sachs y sus
entidades pantalla. Curiosamente, el juez sólo los llamó a declarar como
testigos. Llamativamente el nombramiento de esa mesa de contratación ya no
aparece en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) ¿Escondiendo la
basura bajo la alfombra?
Isabel Pinilla
Albarrán es Directora Gerente de AVS desde julio de 2015. En 2007 era Directora
General de Administración del subárea de Coordinación General de Vivienda en la
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid.
Hizo carrera en ámbitos de vivienda y urbanismo en este municipio hasta 2015,
en el que cesó para pasar a ocupar el máximo cargo de la AVS, con lo que vemos
que nunca ha estado lejos de los temas de vivienda y suelo en un Ayuntamiento
en el que Ana Botella vendió también viviendas a fondos buitre. El Ayuntamiento
presidido entonces por la señora Botella, vendió las 1.860 viviendas públicas
al fondo de inversión Blackstone-Magic Real Estate, de la que era consejero su
hijo y del ex Presidente del Gobierno, señor Aznar, José María Aznar Botella.
Todo queda en “la famiglia”.
Entre las dos
instituciones madrileñas que por entonces gobernaba el PP se vendieron en 2013
casi 5.000 pisos a fondos buitre. Ello propició que muchos inquilinos fueran
puestos de patitas en la calle al subirles brutalmente los alquileres. Queda
claro que el PP es una trama mafiosa creada para delinquir. Igualmente se
confirma que la estrategia del capital es la de la rapiña con el objetivo de
compensar su tendencia a la caída de la tasa de ganancia y sus problemas de
acumulación en este largo período de la crisis capitalista. La estrategia es
apropiarse de nuevos mercados antes públicos.
Pero estos no son detalles aislados.
Celso Baragaño
Cavero fue director del Área Económica-Administrativa del entonces Ivima,
cuando se vendieron las viviendas a los fondos buitre en 2013, algo que sólo
puede comprobarse desde agencias de prensa, dado que el borrado de las huellas
del pasado en el BOCM es una práctica frecuente. Baragaño, que fue cesado a
petición propia en 2015 fue, mientras desempeñaba su cargo, administrador único
(2014) de la sociedad BMP Estudio Financiero, lo que no esta muy claro que
fuese compatible con el desempeño de cargo público. Cabe señalar que sus dos
socios en la empresa, Alberto Portuondo Coll y Miguel Ángel Montero Quevedo
fueron dos testaferros de Rodrigo Rato en Bankia, ayudándole a dar sus
conocidos pelotazos. Portuondo ingresó en la cárcel por corrupto en agosto de
2016.
Pero por encima
de todos los cargos políticos y de libre designación del antiguo Ivima y actual
AVS se encuentra siempre el Consejero correspondiente. Pablo Cavero Martínez de
Campos fue Consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la
Comunidad de Madrid mientras se vendieron las viviendas. Lo que valió en el
caso de los EREs de Andalucía para Griñán y Chaves debiera valer para Pablo
Cavero. ¿O es qué no hay ninguna responsabilidad en el hecho de que bajo su
mandato se vendiera vivienda pública de modo supuestamente fraudulento y
delictivo? Parece que todo quedó en una simple responsabilidad política, lo que
indica que hay quienes están dispuestos a parecer gilipollas que no se enteran
de lo que se hace en su Consejería con tal de que no les caiga la del pulpo con
la justicia, la cuál en España deja casi todo que desear.
Pues bien, el
brazo “incorrupto”, o en eso insiste ella, del PP, doña Esperanza Aguirre le
premió concediéndole una concejalía en el Ayuntamiento de Madrid, que tampoco
es moco de pavo. Acabado el mandato de la señora Aguirre, Pablo Cavero ahora
trabaja en el mismo sitio en el que en su día contrataron por unos meses a su
protectora, cuando ésta hizo el paripé de dimitir de la política: en la empresa
de cazatalentos Seeliger y Conde, que cada vez tiene más pinta de lobby muñidor
de alianza de intereses “público”-privados.
Antonio Morenés
Giles (curioso el primer apellido, eh) es un notario que estuvo implicado, en
su calidad de corredor de bolsa, en asuntos turbios con el supercomisario
europeo y ex Ministro Miguel Arias Cañete, según nos cuentan “los genoveses”
aquí y aquí, Morenés estuvo inhabilitado 2 años como corredor de bolsa por sus
“malas prácticas”. Y Cañete cayó, como siempre, de píe.
Morenés Giles
tiene su oficina notarial en la Calle Serrano n.º 30 de Madrid. En esa oficina
se firmó la venta de viviendas por parte de la Comunidad de Madrid a los fondos
buitre. Lo llamativo es que una de las marcas de esos fondos de inversión
compradores, Azora, se encuentra allí mismo. Pero lo mismo sucede con Lazora y
así con unas cuantas más. Uno se pregunta si la línea de Serrano se está
convirtiendo en una especie de Miami Connection, en un paraíso fiscal local o
bien en ambas cosas.
Los nombres de
estas entidades son muchos: Azora, Lazora, Fidere, Hispania Real Socimi, Encasa
Cibeles,…En realidad son compañías pantalla con Consejos de Administración en
los que se repiten consejeros y todo ello acaba en Goldman Sachs. Hagan la
prueba, que Internet es un gran chivato.
Y es que esto
de las sociedades cruzadas con miembros de consejos de Administración también
cruzados se cruza hasta familiarmente. Es el caso de Antonio Acosta Morales,
Jefe del Departamento de Obras e Infraestructuras de la EMVS, es familiar de
Aurora Acosta Morales, apoderada de Azora Gestión Inmobiliaria, filial de
Goldman Sachs. Actualmente actúa en nombre de Encasa Cibeles, fondo buitre que
compró las viviendas del IVIMA y de la que también aparece como Presidente el
señor Fernando Gumuzio, al que denominaremos el hombre ubicuo.
Cuentan quienes
afirman haberles visto frecuentemente, que los dos directivos más importantes
de la inmobiliaria Hispania, vinculada al grupo Azora, Concha Osacar
Garaicoechea y Fernando Gumucio Íñiguez de Onzoño (sí, hay gente con apellidos
así), se pasean (dicen que hasta con pelucas para pasar desapercibidos) por la
sede en obras de la AVS en la calle Basílica, 23 (allí se ha unificado el cobro
de fianzas de los contratos de arrendamiento), como si estuvieran comprobando
la evolución de las mismas y su estado. Cabe preguntarse si esta obra mayor con
supuestos contratos menores se está realizando con el objeto revalorizar el
edificio para posteriormente vender propiedad pública a los buitres de los que
hablamos, como hizo el PP en el pasado tanto en la Comunidad como en el
Ayuntamiento. El cierre de las oficinas de Av. de Asturias y de la calle
Braganza apunta por donde podría llegar el siguiente golpe.
Tal y como
informaba La Vanguardia esta misma semana, continúan vendiéndose viviendas
públicas de la AVS de la Comunidad de Madrid a fondos buitre, a pesar de las
falsas promesas de la señora Cifuentes de acabar con dichas ventas.
Conviene
conocer la memoria bianual de los años 2011-2012 en su capítulo 1, en lo
relativo a la composición del personal de la AVS. Los datos oficiales a 31 de
diciembre de 2011 nos dicen que dos tercios de dicho personal son laborales y
un tercio es funcionario. Dentro del grueso del personal laboral indefinido hay
un sector privilegiado de “vacas sagradas” que ocupan puestos no de
responsabilidad pero si estratégicos, a través de los que pasa mucho dinero y/o
información. Mantener, blindar y “apadrinar” a trabajadores en determinados
puestos a sabiendas de que se está haciendo mal responde a un determinado
interés que va más allá de su falta de profesionalidad. La Cámara de Cuentas
destacó graves irregularidades contables de la AVS tras la venta de las
viviendas en 2013. Evidentemente a la AVS le sobran los profesionales que
destapen formas de organización posiblemente criminales. Necesitan tontos
útiles dispuestos a obedecer y que carezcan de las herramientas para cuestionar
las irregularidades. Nada es casual.
La AVS es la
heredera del antiguo Instituto Nacional de la Vivienda (INV) fundado en 1939 y
controlado desde el principio por la Falange a través del Sindicato Único y la
Sección Femenina. El INV llevó a cabo el ideario de vivienda social de la
Falange, copiando para ello instrumentos del fascismo italiano. La Falange
primero y otras familias del régimen después, han controlado y siguen
controlando, de forma imperturbable a lo largo del tiempo, el organismo
encargado de la vivienda social, con toda la carga política e ideológica que
ello conlleva. Si se analiza quienes componen esos cargos intermedios o
jefaturas ocupadas por funcionarios de carrera, se ve claramente la continuidad
de las familias del régimen en la AVS.
El personal
funcionario se divide entre funcionarios de carrera e interinos. Todos los
puestos de responsabilidad y jefaturas son ocupados por funcionarios de
carrera, por imperativo legal. Pero si cumples la ley también cumples la
trampa. Al nombrar al funcionario de carrera en un puesto de responsabilidad,
como una jefatura de Servicio o jefatura de Área, se hace por el procedimiento
de Libre Designación, es decir, nombras a funcionarios que son de confianza.
Y la confianza y lealtad a los capos se premia. Veamos dos casos.
El primero es
el de María Jesús Martín Nieto. En abril de 2007 le tocó una vivienda pública
en el PAU 4, Móstoles Sur, Parcela 105. En 2009 entró a formar parte de una
bolsa de funcionarios interinos. En 2010 fue Responsable de la Oficina de Entregas
de Promociones del Plan Joven de la Comunidad de Madrid, siendo sus superiores
jerárquicos Francisco Carmena Lozano y Juan Van Halen. Mientras desempeña este
puesto solicitó el ingreso en la lista de vivienda en Majadahonda ¿Se pueden
tener dos viviendas públicas? ¿Alguien con el cargo que entonces tenía debe
obtener antes una vivienda pública que personas con mayores necesidades y menor
salario? Incluso en el caso de que hubiese renunciado voluntariamente a su
primera vivienda pública ¿debe acceder a una segunda del mismo tipo? ¿Alguien
que es responsable de la Oficina de Entrega de Viviendas debe entrar en
concurso para acceder a una? La vivienda de Majadahonda es ahora propiedad de
Encasa Cibeles. En sólo 6 años esta mujer ha pasado de funcionaria interina a
Directora del Área Económica y de Promoción y Rehabilitación de la Vivienda
Social de la AVS desarrollando su meteórica carrera bajo la protección de sus
superiores antes citados.
El comisario de
policía Vicente García Novoa, imputado judicialmente y expedientado
internamente por sus irregulares actuaciones en un caso en el que se acusaba al
PSOE de Ciempozuelos de corrupción, fue contratado en 2008 por la Consejería de
Vivienda del gobierno autonómico de Esperanza Aguirre como asesor (“técnico de
apoyo a la secretaría general técnica”), con salario de unos 4.000 euros brutos
mensuales.
Salvo honrosas
excepciones, la mayoría de los que ocupan jefaturas prácticamente no han tenido
experiencia laboral que en la AVS. Aprueban la oposición a la primera, a veces
a la segunda y con la jefatura en la mano. Tienen vinculaciones familiares
directas o indirectas con el ejército y/o con el urbanismo y la construcción
tanto en el ámbito privado como público así como con la “Obra”, requisitos sine
qua non para ser de confianza del político de turno.
La amenaza de
que te hagan la vida imposible o incluso te despidan del trabajo si dices o
haces algo que cuestione el orden existente, siempre está presente. Pero ha
habido empleados valientes que se han atrevido a dar la cara y a cumplir con su
obligación de denunciar cuando se está vulnerando la ley así como los derechos
de los ciudadanos ante la Administración Pública.
La represión
contra ellos ha sido brutal. Las vejaciones, humillaciones, los ataques contra
la intimidad y el honor por sus superiores y sus compañeros pelotas son parte
de la cotidianeidad. La solidaridad corporativa de la institución con el/la
maltratador/a se plasma en la negación de derechos consolidados y la imposición
de sanciones disciplinarias muy graves, con suspensión de empleo y sueldo.
Lo que hoy está
sucediendo con la corrupción en la AVS y la EMVS no se entiende sin la dinámica
inmobiliaria que se inicia en España en la década de los 90 del pasado siglo.
La primera Ley del Suelo del Ministro Boyer, con el PSOE en el gobierno, introdujo
un sesgo especulativo muy fuerte que mercantilizó brutalmente lo que tendría
que ser un derecho y se convirtió en un negocio más que boyante. Promotores,
contratistas, constructoras, arquitectos, ayuntamientos y bancos encontraron su
maná. Con Aznar, el milagro económico de su gobierno consistió en hiperbolizar
al máximo dicha especulación a través de una segunda Ley del Suelo en el que el
principio rector ya no era justificar qué suelo era urbanizable sino cuál no lo
era. La burbuja especulativa fue creciendo, a la par que la corrupción
urbanística, mientras los bancos aparentaban dar amplísimas facilidades para la
compra, cuando lo que en realidad sucedía era que los pisos se pagaban cada vez
a plazos más largos porque los precios se habían disparado hasta las nubes.
Mientras tanto, las administraciones, para no competir “deslealmente” con
la iniciativa privada capitalista, iban reduciendo más y más su oferta pública
tanto en alquiler como en propiedad. Llegada la crisis, con sus lacras de paro
galopante, las hipotecas privadas se convirtieron en horcas para los
hipotecados y los lanzamientos (desahucios) se contaron por muchas decenas de
miles. Como en el caso de la venta al por mayor de suelo público, las
administraciones (en Madrid la Comunidad y el Ayuntamiento) hicieron el milagro
del pan para hoy y el hambre para mañana, al vender a los fondos de inversión
(buitres) propiedad pública (las viviendas que eran suyas), descapitalizándose
la propia administración y provocando nuevos desahucios.
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