MI TUMOR SE VENDE EN EL EXTRANJERO
Un hospital público, el Gregorio Marañón de Madrid, ha
cedido miles de muestras de tejido humano a una empresa extranjera que las
comercializa
ELENA G.
SEVILLANO
EL PAIS,
MADRID
Periodista del equipo de
Investigación
25.07.2016
Miles de muestras de tejido humano han salido en los últimos años de uno de
los mayores hospitales públicos de España, el Gregorio Marañón, en Madrid, con destino a
distintas empresas farmacéuticas y de diagnóstico de todo el mundo que han
pagado centenares de dólares por utilizarlas en sus investigaciones. El
hospital ha permitido que un intermediario, la empresa estadounidense TriStar,
obtenga en exclusiva y de forma prácticamente gratuita muestras de las biopsias
realizadas durante décadas en el centro. En lugar de crear un banco de tejidos
público (biobanco) al que pudieran acceder otros
investigadores, la empresa ha tenido el monopolio de las muestras que los
pacientes cedieron para fines de investigación sin saber que años después
contribuirían al lucro de esta compañía privada.
Imagen del hospital Gregorio
Marañón.
Esta insólita relación comercial de exclusividad entre un hospital público
y una empresa se ha plasmado en cuatro contratos, el primero de 2009 y el
último de julio de 2014, firmados por el entonces jefe de Anatomía Patológica
del centro, Emilio Álvarez, el presidente de TriStar y responsables de la
Fundación de Investigación del Gregorio Marañón. El objeto son las
micromatrices de tejidos (tissue microarrays o TMA, en sus siglas en inglés),
instrumentos que permiten agrupar en una sola lámina, y estudiar a la vez,
centenares de casos de tumores. El contrato establece que TriStar encarga la
fabricación de estos TMA —cuya materia prima son las biopsias de los pacientes—
al hospital, que debe “tramitar de inmediato los pedidos” porque estos tienen
“prioridad sobre cualquier otro proyecto de investigación del hospital”.
La exclusividad llega hasta el punto de que TriStar exige, y el hospital
firma, que el centro no puede “competir de ninguna forma con las actividades de
TriStar” ni “hacer negocios con empresas farmacéuticas o de diagnóstico”. El
acuerdo, que está clasificado como “confidencial” pero al que tuvo acceso EL
PAÍS, recoge una compensación económica para el centro que, según los expertos
consultados, supone entregar de forma prácticamente gratuita un material que en
el mercado internacional alcanza los 1.000 dólares por TMA. De los 462.000
euros ingresados por el hospital y la fundación desde 2009, casi 250.000 se han
destinado a nóminas. El beneficio (overhead) para la fundación ha sido de
65.800 euros.
El hospital reconoce que solo entre
noviembre de 2012 y diciembre de 2015 el hospital ha cedido a TriStar más de
4.300 TMA o bloques divididos (un bloque de parafina que contiene una porción
de muestra). Cada TMA puede contener a su vez hasta centenares de muestras de
distintos materiales biológicos. En casi todos los casos los pacientes los
cedieron cuando les hicieron las biopsias para uso en investigación sin ánimo
de lucro sin conocer cuál iba a ser su destino final. Prácticamente todas las
muestras son de antes de 2007, año en que se aprobó la Ley de investigación biomédica, lo que permite
que no sea necesario un consentimiento informado si los datos están
anonimizados, como es el caso.
El hospital insiste en la legalidad del contrato con TriStar y afirma que
todas las cesiones de muestras se hicieron en el marco de proyectos de
investigación autorizados por el Comité Ético de investigación clínica del
hospital. En los archivos del centro se conservan siete dictámenes favorables de
este comité que autorizaron, entre 2010 y 2014, otros tantos proyectos de
Emilio Álvarez en colaboración con TriStar. Sin embargo, no consta una sola
memoria o informe sobre sus avances o resultados. El centro reconoce que no
hizo seguimiento de esos proyectos y carga toda la responsabilidad en Emilio
Álvarez, que lideró el servicio de Anatomía Patológica durante 30 años y que
actualmente está acusado de liderar una trama de malversación que
utilizaba las instalaciones y los medios del hospital para fines privados. Este
diario, con ayuda de expertos y durante cinco meses, tampoco ha encontrado
ninguna publicación científica relacionada con los proyectos de investigación
que supuestamente usaban los TMA.
“El objetivo de la cesión de muestras de un biobanco público es compartir
conocimiento con la comunidad científica, no el lucro, al menos en España”,
señala Itziar de Lecuona, investigadora del Observatorio de Bioética y Derechode la
Cátedra Unesco de la Universidad de Barcelona y profesora del mismo centro. “No
se puede disfrazar la fabricación de TMA para cederlos a una empresa como si
fueran proyectos de investigación”, añade. Y, sobre el conflicto ético que
planea sobre este caso, se pregunta: “¿Debe un biobanco público estar a
disposición de intereses privados?”
Enrique de Álava, presidente de la
Sociedad Española de Anatomía Patológica, coincide con la investigadora: “No es
un proyecto de investigación en sentido estricto sino que es un programa de
fabricación de matrices de tejidos para que una compañía externa los aproveche”.
En su opinión, se trata de prácticas “cuestionables desde el punto de vista
ético y que revelan descontrol por parte del hospital, que hace recaer en el
investigador la responsabilidad de los hechos”. “Hay empresas españolas y el
propio hospital que podría haber fabricado las matrices de tejido e investigar
con ellas lo que hubiera sido de mucho más provecho para la investigación
nacional”, concluye. Otros tres especialistas con los que ha hablado EL PAÍS,
que pidieron anonimato, coinciden con su diagnóstico.
Los responsables del hospital y de la fundación declinaron hablar con EL
PAÍS y solo contestaron por escrito a algunas cuestiones a través de un
portavoz. El presidente de TriStar, Milan Bhagat, que en febrero se ofreció a
responder preguntas por email, no volvió a estar localizable y poco a poco fue
reduciendo los pedidos de TMA al hospital. En marzo fue despedida una técnica
contratada con los fondos de TriStar y a finales de abril, la otra. Las
dependencias permanecen cerradas y el proyecto parece desmantelado. El
hospital, sin embargo, se niega a confirmar si ha cancelado el proyecto o si ha
abierto una investigación. Álvarez aseguró, a través de sus abogados, que el
acuerdo cuenta “con la debida asesoría y dictamen legales”, la aprobación de la
fundación y del comité de ética.
AVISOS QUE
CAYERON EN SACO ROTO
Los avisos de varios médicos y otros trabajadores a la dirección del
hospital han caído en saco roto. Uno de ellos es de marzo de 2015. En un
informe interno de esa fecha, elaborado por directivos del hospital para saber
si las acusaciones de malversación que ahora investiga un
juzgado de Madrid son ciertas, uno de los especialistas de
Anatomía Patológica alerta sobre la salida masiva de muestras biológicas. “Nos
indica que revisemos los proyectos de investigación que tiene activos el doctor
Álvarez ya que, en su opinión, están saliendo un número importante de bloques
del archivo del servicio”, escriben los autores.
No fue esa la única advertencia. Meses antes, los trabajadores de Anatomía
Patológica escribieron al director médico denunciando algo más que el uso
privado del hospital que hacían Álvarez y los otros médicos ahora imputados.
Dos inspectoras de la Consejería de Sanidad lo resumen así en otro informe al
que ha tenido acceso EL PAÍS: “Consideran inexplicable la concesión de dos
laboratorios en el servicio a un 'americano' que se beneficia del material
existente en el archivo de enfermos operados en el hospital y se acusa al
doctor Álvarez de tener montado un negocio en secreto con él”. Este escrito,
que la dirección del hospital ignoró en su momento, figura ahora en el sumario
del caso de malversación.
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