La Cámara de Cuentas confirma la
irregularidad de la adjudicación a Blackstone
Madrid abre la puerta a denunciar a los
responsables de la venta de 1.860 pisos de la EMVS
Rebelión
04.07.2016
Ahora Madrid ve que hay base para
denunciar por lo penal y por lo mercantil a los impulsores de la venta de 18
promociones municipales de vivienda en la época de Ana Botella.
El
Ayuntamiento de Madrid considera que “hay base para actuaciones judiciales, y
no hay la menor duda de que las ejecutaremos” contra los responsables de la adjudicación en 2013 de parte de los inmuebles de la
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) al fondo
Blackstone. Así lo ha declarado el concejal Economía y Hacienda, Carlos Sánchez
Mato, en declaraciones la mañana del viernes durante la segunda sesión de la
comisión municipal que investiga esta venta, por la que el consistorio de Ana
Botella (PP) vendió 18 promociones de la EMVS, incluidas 1.860 viviendas en
distintos regímenes de alquiler, además de locales y plazas de garaje. El PSOE,
a través de su portavoz de Urbanismo, Mercedes González, ha anunciado que
pedirá la reapertura del caso,que ya fue desestimado por un juzgado madrileño, al contrario que lo sucedido con la venta paralela de 2.935
viviendas del IVIMA -la empresa autonómica de vivienda-.
La
Cámara de Cuentas publicó su ayer informe definitivo sobre esta adjudicación,
después de que un primer informe estableciera varias irregularidades en el
proceso. A grandes rasgos, este organismo externo que supervisa las cuentas
públicas en la Comunidad de Madrid mantiene su dictamen y estima que la
adjudicación se produjo al margen de las normas de contratación pública y de
las propias normas de la EMVS, atendiendo “exclusivamente a reglas de
mercado”: Sin pliego de condiciones, y sin que en las actas del consejo de
administración de la EMVS figure la aprobación de la venta.
Con
la base de este nuevo dictamen, representantes de los tres grupos municipales a
excepción del PP han interrogado a Rafael Requena, antiguo director jurídico de
la EMVS, la exinterventora general del Ayuntamiento, Beatriz Vigo Martín
-cesada la semana pasada por Sánchez Mato-, y el miembro de la consultora PWC,
Manuel Márquez. Además, han intervenido también la portavoz de la Asociación de
Afectados por la Venta de viviendas de la EMVS, Arantxa Mejías, y el abogado
Mariano Benítez de Lugo, responsable de la querella -hoy archivada- interpuesta
por la asociación y de la denuncia interpuesta por el Grupo Municipal del PSOE.
Los
representantes de Ahora Madrid (el propio Sánchez Mato), PSOE (Mercedes
González) y Ciudadanos (Miguel Redondo) han querido saber cómo se pudo ejecutar
una venta con esas consecuencias -los nuevos contratos implementados por
Fidere, la actual adjudicataria, suponen aumentos de renta de hasta el 43%,
según los inquilinos- que, entre otras cosas, no protegió el derecho de
los residentes a ser informados y a plantear su derecho al tanteo y retracto,
dado que las 18 promociones de viviendas en alquiler lo eran con derecho a
compra pasados 10 años.
La
respuesta de Requena, responsable jurídico de la EMVS bajo Ana Botella, se ha
basado en un argumento técnico: la venta de bienes patrimoniales está excluida
de los requisitos establecidos en la directiva europea sobre contratación
pública, y por lo tanto no se le puede aplicar la ley de contratos del sector
público, que impone los principios de publicidad y concurrencia. La responsable
de la intervención de cuentas del Ayuntamiento de Madrid ha señalado por su
parte que su capacidad de control no incluye a las empresas municipales,
regidas por el derecho mercantil.
En
respuesta a Sánchez Mato, Requena ha confirmado que el consejo de
administración tenía sus funciones completamente delegadas en la figura del
consejero delegado, Fermín Oslé, y que “no se informó al consejo de
administración previo a la venta” de las 18 promociones. El representante de
PWC, Manuel Márquez, ha contradicho un aspecto de la declaración de Requena, al
afirmar en distintas ocasiones que la consultora “no valoró ni tasó los
activos”. El letrado de la EMVS ha declarado lo contrario ante
preguntas de Sánchez Mato: “la valoración de los activos se hizo teniendo en
cuenta la que estableció Pricewaterhouse Cooper”.
Según
Requena, el hecho de que PWC no sea una tasadora homologada por el Banco de
España no revestía importancia, ya que “ese requisito no era de aplicación en
este caso”. Los representantes de PWC han declarado que establecieron una
'horquilla' entre los 115 y los 130 millones por las 18 promociones, pero que
en ningún caso esto era una tasación. El contrato fue adjudicado por 128
millones a Blackstone, con dos millones adicionales de rebaja por supuesta
morosidad de los inquilinos. Esta rebaja es uno de los dos aspectos que más
llamó la atención de la Cámara de Cuentas, dado que no consta ningún informe
sobre morosidad entre los expedientes de la EMVS.
De
igual modo, tanto la Cámara como los grupos municipales sospechan de la
existencia de una factura por valor de 2,4 millones de euros cursada por la
intermediadora Itaca en el momento del traspaso a Fidere. Esta factura
levantó las sospechas del organismo supervisor al no figurar en el contrato una
descripción detallada de los trabajos asociados a ese cobro, y al tener la
sociedad Itaca 3.000 euros de capital social en el momento de la obtención del
contrato. “No hay un contrato que refleje ese pago de la factura, así que no
sabemos cómo sale ese cálculo. Más allá de que sale de los bolsillos de los
madrileños y las madrileñas”, ha declarado Sánchez Mato en un receso de la
sesión.
Sobre
el posible conflicto de intereses en su labor de supervisión a las cuentas de
la EMVS y al tener como cliente -con apenas dos meses de diferencia- a la otra
empresa del consorcio que resultó adjudicatario -la sociedad Magic Real State,
que formaría una UTE con el fondo Blackstone-, el representante de PWC
se ha defendido señalando que la consultora “no participó en el proceso de
venta”, y ha recordado que la prestación de servicios se realizó en
momentos distintos, después de que Magic ya hubiera sido seleccionada como
adjudicataria.
La
nulidad de los contratos y la reversión de la venta sigue siendo una cuestión
delicada. En palabras de Sánchez Mato, “hablamos de irregularidades incluso
penales y también de vulneración de normas mercantiles. Pero [en el caso de] la
reversión son actuaciones de derecho civil. Esto podría hacer imposible la devolución”,
ha anunciado. Un criterio con el que no coincide Mariano Benítez de Lugo, que
representa legalmente a los hogares afectados por la venta. Este letrado
discrepa de que haya que acudir a un procedimiento civil para lograr la nulidad
y reversión de la venta, y ha criticado en numerosas ocasiones un
informe del nuevo director de servicios jurídicos de la EMVS, en el que se
posiciona contra la petición de nulidad. Benítez de Lugo ha pedido al
Ayuntamiento que salga de sus “planteamientos minimalistas” con respecto al
problema, y que haga lo posible jurídica y políticamente para sentar a negociar
a Fidere, el fondo que se quedó finalmente con las 18 promociones.
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