La propuesta de un Espacio de Convergencia contra la
actual UE supera las 8.600 adhesiones a los dos días de la convocatoria
MADRID ACOGERÁ UNA CONFERENCIA
EUROPEA CONTRA LA USTERIDAD ENTRE EL 19 Y EL 21 DE FEBRERO
18.01.2016
El centro
social y cultural Matadero de Madrid acogerá los días 19, 20 y 21 de febrero
unas jornadas europeas “contra la austeridad y por una Europa democrática,
sostenible e igualitaria”, cuya programación se concretará próximamente. Las
jornadas contarán con debates, grupos de trabajo y exposiciones abiertas a la
participación ciudadana. El objetivo de la iniciativa es, según los promotores,
generar un espacio de confluencia entre personas, movimientos y organizaciones
que se oponen al actual modelo de Unión Europea. “Se trata de romper con el
régimen de austeridad de la UE y democratizar radicalmente las instituciones, además
de ponerlas al servicio de la ciudadanía”, explican.
La iniciativa
se convoca después de una entrevista al exministro de Finanzas griego, Yanis
Varoufakis, publicada por el diario italiano L'Espresso el pasado 23 de
diciembre, en el que el economista anunció el lanzamiento de un movimiento
“paneuropeo” para democratizar la UE y superar la fragmentación actual de la
izquierda. De acuerdo con esta idea, el próximo 9 de febrero está prevista la
presentación del “Democracy in Europe Movement” (DiEM 25) en el Teatro
Volksbühne, emplazado en la Plaza Rosa Luxemburgo de Berlín.
El llamado a la
confluencia viene aguijoneado por palabras como las del actual presidente de la
Comisión Europea, Jean-Claude Juncker: “No puede haber decisiones democráticas
contra los Tratados Europeos”. Recientemente Juncker ha pedido asimismo para el
estado español un gobierno “estable” y que se constituya “lo antes posible”, en
sintonía con el argumentario del Partido Popular. Se da la circunstancia de que
este curtido dirigente europeo (presidente del Eurogrupo entre 2005 y 2013) y
miembro del Partido Popular Social Cristiano luxemburgués, tuvo que abandonar
en diciembre de 2013 la presidencia del Gran Ducado por las diversas
“irregularidades” cometidas por los servicios secretos, como escuchas ilegales
y malversación de fondos públicos. Jean-Claude Juncker fue entre 2005 y 2013
primer ministro de Luxemburgo, país que que pese a no ser considerado por la
Comisión Europea un “paraíso fiscal”, ha suscrito acuerdos secretos con más de 300
multinacionales para que aligeraran su carga impositiva, según las revelaciones
del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Anunciadas el
15 de enero, las jornadas incluyen un llamamiento por un Plan B contra la
austeridad y los recortes en el viejo continente, al que puede adherirse
cualquier ciudadano con su firma en http://planbeuropa.es/llamamiento/. Dos días después de que se
hiciera pública la conferencia europea, el manifiesto contaba con más de 8.600
adhesiones, entre otras la del filósofo, lingüista y activista Noam Chomsky; la
presidenta del Transnational Institute, Susan George; el economista y
exministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis; el portavoz del Comité por la
Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), Eric Toussaint; el exministro
de Hacienda alemán y cofundador de Die Linke, Oskar Lafontaine; la abogada y
expresidenta del parlamento griego, Zoe Konstantopoulou; el cineasta Ken Loach;
el sociólogo James Petras; los economistas Costas Lapavitsas y Michael Hudson;
y la Coordinadora de la Auditoria Ciudadana de la Deuda en Brasil, Maria Lucia
Fatorelli, entre otras.
La necesidad de
un espacio de confluencia frente a la actual UE se apoya en “el ejemplo de
Grecia”, subraya el llamamiento, que afirma defender una visión “solidaria e
internacionalista”. Frente a la austeridad se plantean, además, diferentes
propuestas: una política fiscal justa; el cierre de paraísos fiscales; la
remunicipalización de los servicios públicos; el reparto igualitario de todos
los trabajos (incluyendo los cuidados en condiciones de dignidad); un modelo
productivo basado en las energías renovables y reformar o abolir el pacto
fiscal europeo (denominado formalmente Tratado de Estabilidad, Coordinación y
Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria). La adopción de estas medidas
implicaría un giro en el paradigma dominante, contra el que ya se han impulsado
movimientos como Blockupy, la Campaña No al TTIP, el Alter Summit, las
Euromarchas y la huelga general europea de 2012, entre otros. Sin embargo, “es
necesaria una mayor coordinación y cooperación práctica para la movilización a
nivel europeo”, afirma el llamamiento.
Rubricado por
los eurodiputados de Izquierda Plural, Marina Albiol y Javier Couso; los
diputados de Podemos en el Parlamento Europeo, Miguel Urban y Lola Sánchez; la
diputada autonómica de la CUP, Anna Gabriel; la alcaldesa de Barcelona, Ada
Colau; el primer edil de Cádiz, José María González “Kichi” y el concejal de
Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, el
manifiesto por un Plan B se sustenta en el siguiente diagnóstico: “La actual UE
está gobernada de facto por una tecnocracia al servicio de los intereses de una
pequeña, pero poderosa, minoría de poderes económicos y financieros”. Esta
situación, agrega el documento, ha permitido el resurgimiento de los discursos
de la extrema derecha y de planteamientos xenófobos y nacionalistas en muchos
países de Europa.
Tampoco “el
régimen de crisis de la UE” iniciado en 2008, “que privatiza los bienes comunes
y destruye los derechos sociales y laborales”, afronta las causas de la gran
recesión, es más, se basa según el manifiesto suscrito por más de 150 políticos
y activistas sociales en la privatización de los bienes comunes y la
destrucción de los derechos sociolaborales, la desregulación del sistema
financiero y la captura corporativa de las instituciones de la UE a través de
los grandes lobbies y las puertas giratorias”. Prueba de estas “soluciones
falsas” y teñidas de opacidad son los Tratados de Libre comercio e Inversión
(TTIP) como el que negocian actualmente la Unión Europea y Estados Unidos, el
Acuerdo Integral de Economía y Comercio (CETA) entre Canadá y la UE; o el
Acuerdo en Comercio de Servicios (TISA) en el que participan 23 países.
Uno de los
puntos de partida para el manifiesto y las jornadas es el análisis de lo
sucedido en julio de 2015 en Grecia: “Un golpe de estado financiero ejecutado
desde la Unión Europea y sus instituciones contra el gobierno de Tsipras”. La
consecuencia de ello fue que el pueblo heleno continuó sometido a las políticas
de austeridad, que habían rechazado en dos ocasiones en las urnas. La
conclusión del proceso, según los promotores del llamamiento por un Plan B, es
que las instituciones actuales de la UE son “incompatibles” con la democracia y
con el cumplimiento del rol de garantes de los derechos básicos que exigen los
ciudadanos. Frente a la hegemonía de las políticas “austeritarias” se han
alzado voces y movimientos como “Por un Plan B en Europa”, “Austerexit” o “DiEM
25”, que han denunciado el “chantaje” del Tercer Memorando de Entendimiento
impuesto al país heleno. Otro de los puntos en los que insisten los activistas
es la respuesta “insolidaria”, incluso “xenófoba”, de la Unión Europea y los
estados miembros ante la llegada de refugiados de Oriente Medio y África.
Oficialmente la UE sostiene una retórica favorable a los derechos humanos, pero
el manifiesto por un Plan B subraya la “hipocresía” de este discurso, como
puede apreciarse en las políticas comerciales o en la venta de armas.
Rebelión ha
publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de
Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras
fuentes.
*++
No hay comentarios:
Publicar un comentario