La mejor prueba de los peligros del
TTIP y el CETA
Una empresa
canadiense anuncia una demanda millonaria contra España
Rebelion
Nueva Tribuna
28.10.2015
La empresa canadiense Edgewater quiere demandar a
España por rechazar el proyecto de una mina de oro a cielo abierto en Cabana de
Bergantiños, Galicia. La empresa canadiense Edgewater quiere demandar a España
por rechazar el proyecto de una mina de oro a cielo abierto en Cabana de
Bergantiños, Galicia.
El pasado 22 de
octubre, la empresa canadiense Edgewater Exploration LTD anunció su intención de exigir una indemnización a
España por la negativa del gobierno gallego a abrir una mina de oro en
Corcoesto, en el municipio de Cabana de Bergantiños, La Coruña.
El proyecto de la mina estaba promovido por una filial de Edgewater, Mineira de
Corcoesto SLU, cuya sede se encuentra en Panamá. Según el comunicado, la
compañía “utilizará todos los medios disponibles para defender sus intereses.
Si España no accede a compensar de forma inmediata a la empresa por las
pérdidas de inversión y oportunidad, acudirá al tribunal de arbitraje previsto
en el tratado bilateral entre España y Panamá”.
En su momento,
el rechazo social contra el proyecto fue masivo. Los habitantes de la zona y
numerosas organizaciones sociales y ambientales denunciaban el enorme impacto
que iba a suponer el proyecto, que preveía el uso de 1,5 toneladas de cianuro y 4 millones
de litros de agua al día. De haberse aprobado se hubiesen
removido más de 200 millones de toneladas de rocas y generado lixiviados que se
almacenarían en una balsa química semejante a la que se rompió en Aznalcollar,
amenazando al río Anllóns y la Ría de Corme Laxe.
La empresa se
apoya en el Acuerdo para la promoción y la protección recíproca de inversiones
entre el Reino de España y la República de Panamá, que entró en vigor en julio
de 1998, al encontrarse la sede de Mineira de Corcoesto en Panamá. En su
artículo 12 contempla varias vías de solución de controversias entre inversor y
Estado. En particular el inversor puede acudir “a un tribunal de arbitraje ad hoc establecido de acuerdo con el
Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Comercial Internacional o al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI)”. Una demanda a uno de estos tribunales privados
podría exigir el pago de unacompensación millonaria a los contribuyentes
españoles.
Amigos de la
Tierra denuncia que existe un histórico de casos, en el que grandes empresas han
demandado a Estados ante tribunales de arbitraje en el marco de acuerdos
comerciales y de inversiones. Algunos ejemplos demuestran cómo las
transnacionales utilizan estos mecanismos para beneficiarse económicamente y
coartar todo tipo de herramientas de protección social y ambiental que
contravengan sus intereses:
-La petrolera
estadounidense Occidental Petroleum Corporation denunció a Ecuador cuando el país
latinoamericano puso fin al contrato de una concesión de extracción de petróleo
con Occidental, lo que dio lugar a la mayor compensación jamás concedida a un
inversor: 1.770 millones de dólares.
-La compañía
energética sueca Vattenfall pidió en 2009 una compensación de 1.400 millones de
euros de Alemania bajo un tratado internacional de protección de las
inversiones en el sector energético, por la anulación de un proyecto de
generación eléctrica de carbón en Hamburgo que atentaba contra la calidad del
agua. Con esta amenaza, consiguió finalmente que se rebajasen los requisitos
ambientales.
-Basándose en
el Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio entre EE.UU, Canadá y Méjico, la empresa
estadounidense Lone Pine Resources Inc. pide una
compensación económica a Canadá de 250 millones de dólares por la introducción
de una moratoria al fracking en Quebec desde mayo de 2013.
LA UE YA HA
PAGADO 3.500 MILLONES A INVERSORES EXTRANJEROS
En lo que
concierne a los países europeos, diferentes gobiernos de la Unión Europea ya
han pagado al menos 3.500 millones de euros a inversores extranjeros privados mediante
cláusulas de tratados comerciales y de inversión. Una factura que ha tenido que asumir la ciudadanía europea.
Tras finalizar
la XI Ronda de Negociaciones del TTIP, Amigos de la Tierra recuerda a las
partes negociadoras las amenazas que suponen el TTIP y el CETA, con este nítido
ejemplo de lo que pasaría si la Unión Europea aprobase el Tratado
Transatlántico de Comercio e Inversiones entre EEUU y la EU (TTIP), y
ratificara el acuerdo comercial con Canadá (CETA). Ambos prevén mecanismos
de resolución de controversias, lo que abriría el camino a que
empresas estadounidenses y canadienses exijan indemnizaciones cuando consideren
que sus beneficios están viéndose vulnerados. “En contrapartida, ni los
estados, ni mucho menos la población contará con mecanismos para defender sus
derechos y el medio ambiente. Una situación que se tercia del todo intolerable
y que pondrá en jaque el desarrollo de las legislaciones ambientales y
sociales, la defensa del territorio y la protección del medio ambiente, la
justicia y la democracia”, señala Amigos de la Tierra.
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