CORRUPCIÓN, POLÍTICA Y 24-M

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5).- Corrupción y 24-m (19/05/2015)

En esta introducción para El Hurón del artículo sobre las elecciones municipales y autonómicas del pasado 24-M, nos enfrentamos a uno de los análisis más complejos y difíciles de realizar sobre los resultados globales, y sobre los particulares de las negociaciones, pactos y repartos posteriores, que es, sin duda, el de la influencia política de la corrupción, el de calibrar con alguna aproximación cuánto voto han podido perder la dos grandes fuerzas políticas en el Estado español debido a la corrupción. Intentaremos analizar muy brevemente qué posibles influencias ha podido tener en dichos resultados la corrupción estructural que caracteriza al capitalismo español y a su Estado.

Una de las razones que explican esa dificultad, probablemente la fundamental, estriba en que la corrupción normalizada no es mal vista en el Estado, y menos en lo que se denomina «mundo empresarial», tal como hemos expuesto en artículos anteriores. Esto hace que sólo sea cuantificable y calificable en sus expresiones manifiestas, pero apenas en la anodina vida cotidiana.

Otra de las razones es que la llamada «ciencia social», la sociología, para entendernos, no está capacitada para estudiar las corrupciones por dos obstáculos cualitativos insuperables para esta llamada «ciencia social»: uno, que la raíz de la corrupción es la misma que la raíz de la economía mercantil desde sus orígenes históricos; y otra, que esta raíz se entrelaza rápidamente con otras motivaciones sociopolíticas formando una totalidad, cuyo estudio exige recurrir al método dialéctico, algo también imposible para el mecanicismo positivista y neokantiano de la sociología que, con su célebre «cuantofrenia» denunciada por Sorokin, absolutiza el individualismo metodológico burgués.

Resultado de ello es que la sociología ni quiere ni puede prestar atención a la unidad entre economía y política, unidad que tiene en las corrupciones uno de los engranajes de influencia recíproca más efectivos. Si la sociología intentase profundizar en las relaciones político-económicas tendría que hacer un doble esfuerzo: superar sus propias limitaciones pero también las de la contabilidad de la economía capitalista. La entera estructura conceptual de la economía política está diseñada para negar u ocultar lo más posible la explotación asalariada, el proceso de extracción de plusvalía mediante la explotación burguesa de la fuerza de trabajo. La ignorancia sociológica al respecto es involuntaria solo en parte, frecuentemente es consciente: estricta voluntad de no saber qué es y cómo funciona el modo de producción capitalista.

Ahora bien, la cuantificación sí sirve para descubrir algunos efectos externos que nacen de las internas contradicciones del capitalismo. Permite saber, por ejemplo, que la corrupción supone aproximadamente el 1% del PIB de la UE; que las mafias ganan alrededor de 5.500 millones-€ anuales con tráfico de personas de África a Europa y de Nuestra América a EE.UU., y que han obtenido no menos de 15.700 millones-€ en los últimos quince años con el tráfico humano entre África y la UE; que el narcotráfico y la prostitución suponen el 0,85% del PIB del Estado español; que en 2014 aproximadamente el 33% de la clase obrera del Estado trabajase en «negro», con el demoledor impacto que ello supone para la recaudación fiscal, ya de por sí muy debilitada por las «amnistías» fiscales, prebendas, ventajas y descuentos legales que el Estado burgués concede a las grandes fortunas, mientras que casi 1.300.000 pequeños ahorradores han sido estafados en menos de diez años mediante las «ofertas preferentes» de la banca.

Todo esto y más puede descubrir la contabilidad económica siempre que tenga medios adecuados y sobre todo voluntad política, lo que depende de las disputas entre las fracciones de la burguesía, las presiones del reformismo y la fuerza de masas de la izquierda, cuestión sobre la que nos extenderemos en otros escritos. A pequeña escala también es difícil luchar contra la corrupción en talleres, bares, restaurantes y comercios, aunque se incoen expedientes a algo más de un centenar de talleres de coches en la Comunidad de Madrid; o como en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca se «descubra» que el 90% de los bares y restaurantes tienen contabilidad B: casi al instante han respondido asociaciones de pequeños empresarios poniendo en solfa o minimizando el asunto incluso con argumentos legales basados en las ambiguas lagunas de la jurisprudencia al respecto. De cualquier modo, una doble contabilidad bien manipulada deja un beneficio extra aún después de haber pagado la multa siempre que la ley vaya por detrás de la trampa.

La corrupción estructural en lo económico se materializa en lo sociopolítico mediante complejos y múltiples canales a través de los que se redistribuyen parte de los beneficios legales e ilegales, también «grises», que siempre nos remiten a alguna forma de ganancia directa y/o indirectamente material: dinero, regalos, sexo, poder, influencias, etc. Más aun, en las intrincadas redes relacionales cotidianas, siempre dependientes del reparto de estos y otros beneficios y lubricadas por este mismo reparto, laten los embriones de formas micro mafiosas de acción económica y sociopolítica: que no lleguen a dar el salto a pequeñas organizaciones que bordean la ilegalidad puede ser debido a muchas razones.

Lo fundamental es que estas corruptelas de baja intensidad de la que ya hemos hablado en alguna ocasión y a las que tendremos que volver en otros comentarios por su enorme importancia, son extremadamente difíciles de cuantificar y menos en los resultados electorales porque su masiva penetración cotidiana está asentada y asegurada por la quíntuple función del dinero como medida del valor; medio de circulación; medio de acumulación; medio de pago y como dinero mundial. La totalidad de la vida social está determinada por esta quíntuple función del dinero, determinación tanto más omnipotente cuanto que además está desmaterializada por el perverso y reaccionario efecto del fetichismo de la mercancía.

La normalidad cotidiana con la que se acepta y practica esta «pequeña» corrupción surge de la imbricación de los factores expuestos dentro de la vida más o menos precaria, pero siempre precaria, que sufre la población explotada que vive de salario directo, social, público, diferido, indirecto. La burguesía tiene otra forma de ver y practicar la corrupción. Solamente cuando la amarga experiencia acumulada durante varios años en los que, junto a los efectos empobrecedores de la crisis, las masas van viendo que la corrupción y la podredumbre generalizadas multiplican su malestar a la vez que enriquecen a la minoría en el poder, sólo entonces empiezan a notarse los directos efectos políticos que causa la podrida realidad corrupta, pero no siempre sucede así.

La sociología no está preparada para investigar --ni tampoco quiere hacerlo-- las concatenaciones entre los procesos socioeconómicos y psicopolíticos que, bajo la presión de las corrupciones múltiples, terminan influyendo en los resultados electorales. En los últimos años han emergido a la prensa tantas corrupciones soterradas durante tiempo que han sido uno de los detonantes del drástico agravamiento de la crisis internacional del nacionalismo español. Nos encontramos ante la clásica sinergia de contradicciones parciales que generan una compleja contradicción cualitativamente superior cuyo estudio exige el empleo del método dialéctico, verdadero «satán bolchevique» para el academicismo neokantiano de la sociología «neutral», subvencionada por empresas privadas y burocracias estatales. A pesar de la innegable actualidad e influencia sociopolítica y económica de la corrupción estructural, multiplicada en los últimos años, es extremadamente difícil encontrar investigaciones serias realizadas desde la sociología.

Nuestra búsqueda ha dado muy pocos resultados, exceptuando los cuatro textos que citamos, y el cursillo de verano sobre la corrupción política organizado en Donostia por la fiel UPV, utilizado por el PNV, en representación y defensa de la burguesía vasca, para emborronar el problema. Los cuatro textos son: F. Gordillo, J.M. Arana, L. Mestas y J. Salvador:  «Compatibilidad y confianza entre votante y candidato ¿Es posible un sistema de votación más justo?». Psicología Política, Valencia, Nº 45, 2012, pp. 27-41. R.F. González; L.F. García y Barragán y F. Laca Arocena: «Validación de una batería para identificar el papel de la ideología en las decisiones electorales» Psicología Política, Valencia, Nº 49, 2014, pp. 59-82. Sandro Giachi: «Dimensiones sociales del fraude fiscal: confianza y moral fiscal en la España contemporánea». Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Madrid Nº 145, 2014, pp. 73-98. Y J. Mª García Blanco: « Burbujas especulativas y crisis financieras. Una aproximación neofuncionalista», Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Madrid Nº 150, 2015, pp. 71-88.

Dejando de lado otras críticas comunes a los cuatro artículos que nos remiten a lo arriba expuesto sobre las limitaciones de la «ciencia social», sí hay que decir que aunque sus temáticas tienen relaciones estrechas y hasta muy estrechas con la corrupción, y a pesar de que han sido escritos en unos años en los que la corrupción y las elecciones están en primera plana mediática por razones obvias, pese a ello las corrupciones no están presentes. Como si no existieran. Semejante vacío impide conocer una de las motivaciones ideológicas y psicopolíticas que están determinando el ciclo electoral en el que estamos inmersos.

Antes de seguir debemos advertir que una cuestión muy importante a tener siempre en cuenta es el tipo de elecciones que analicemos –municipales, forales y autonómicas, estatales y/o europeas-, diferencia que en determinados contextos y coyunturas, y sobre todo realidades de naciones oprimidas, pueden llegar a ser determinantes. Pero ahora, en este texto y por exigencias de espacio y tiempo ya que sólo podemos analizar tendencias muy generales, nos vemos en la necesidad de soslayar tales diferencias recordándolas cuando sea imprescindible.

Conviene recordar que durante los años de burbuja financiero-inmobiliaria y de aparente «progreso económico», aumentó el endeudamiento de las clases trabajadoras debido a las políticas de los gobiernos del PP desde 1996 potenciando un irracional y suicida consumismo que reforzaba la sensación de «libertad». En esta coyuntura, las noticias sobre la corrupción apenas generaban efectos político-electorales si los comparamos con los actuales: en 2000 el PP obtuvo el 44,5% del censo, casi seis puntos más que en 1996. Con semejante apoyo masivo la burguesía desplegó triunfante su cínica doble moral: rezar y corromper. Pero un rosario de escándalos, manipulaciones y desprecios --Prestige, Foto de las Azores, manipulación de los atentados islamistas en Madrid, etc.-- dieron la victoria en 2004 al PSOE con el 42,64%, mientras que el PP se desplomaba al 37,33%.

A finales de 2004 el llamado «milagro español» parecía tener visos de eterna realidad y el sistema político no prestó atención ninguna a las crisis internacionales que desde la mitad de los ’90, si no antes, anunciaban la proximidad de una debacle que ya para 2006 aparecía como inminente. Al calor de la ficción, el PSOE volvió a ganar en 2008 subiendo incluso al 43,87% quedándose el PP en el 39,94%. Los primeros datos de la Gran Crisis aparecieron en EEUU a finales de 2006 y estallando en 2008, momento en el que las ya endeudadas clase trabajadora, «clase media» y pequeña burguesía de los pueblos oprimidos por el Estado empezaron a cerciorarse de que sus deudas eran cada vez más pesadas, que se hundía la capacidad de compra, que ascendía el paro, que el gobierno no sabía qué hacer, y que la corrupción además de generalizada arruinaba a muchos y enriquecía a pocos.

Se había gestado la «tormenta perfecta»: durante 2010 se agudizaron estas y otras certidumbres agravadas por los primeros recortes sociales aplicados por el PSOE y sobre todo por el PP de Madrid con sus salvajes ataques a servicios públicos básicos como sanidad, educación, transporte…, precisamente en la ciudad más endeudada del Estado debido a la mezcla explosiva de corrupción, neoliberalismo e ineficacia del PP. En la primavera de 2011 surge la indignación y las mareas sociales como síntesis de una interacción entre espontaneidad y grupos, colectivos y asociaciones de base organizadas activas muchas de ellas desde las protestas contra la invasión de Irak en 2003; en ese verano se reforma el artículo 135 de la Constitución por presiones exteriores, y en noviembre el PSOE pierde el gobierno al hundirse en el infierno del 28,73% y el PP toca el cielo con el 44,62%. En la Comunitat Valenciá, emporio de podredumbre, el PP obtuvo la friolera del 48,61%. En el Principat Catalá las toleradas corruptelas de CiU no impidieron que ganase en 2010 con el 38,43%, varios puntos más que en 2006.

La aplastante victoria del PP en 2011 y en ascenso de CiU en 2010 significaba que la corrupción todavía no era un problema grave para una amplia masa de votantes. Dentro de las mareas sociales, de los indignados, del 15M, de otras luchas obreras y populares aumentaba rápidamente la conciencia crítica sobre el terrible efecto de las corrupciones y su conexión interna con la debacle socioeconómica y la incapacidad política, pero aún era una conciencia restringida a sectores intelectualmente formados y combativos. Iba a hacer falta la fusión en la malvivencia cotidiana de empobrecimiento masivo, represión creciente, reivindicaciones nacionales, corrupción ostentosa, crisis galopante y avance organizativo de las luchas populares, entre otras condiciones, para que la «tormenta perfecta» se transformase en «crisis perfecta» del bipartidismo.

Que algo sí empezaba a cambiar se pudo intuir en el retroceso de CiU del 38,43% de 2010 al 30,68% en diciembre de 2012: un retroceso incomprensible si no tenemos en cuenta la diferencia cualitativa que impone la opresión nacional española que agudizaba el ascenso soberanista e independentista, pero que, en cuanto sociedad con uno de los mayores niveles de corrupción del Estalo, sí podía expresar el creciente rechazo social de esas prácticas, como se comprueba con el retroceso de CiU al 21,49% en 2015, aun admitiendo que la derecha catalanista tiende a bajar en las municipales para recuperarse en las autonómicas y estatales.

Otros indicios sobre movimientos de fondo los encontramos en las elecciones europeas de 2014 y en las autonómicas andaluzas de comienzos de 2015. Comparando las europeas de 2009 con las de 2014, salvando también todas las distancias, vemos las espectaculares caídas del PP del 42,12% en 2009 al 26,06% y del PSOE del 38,78% al 23%, y la irrupción de Podemos con el 7,97%. En cuanto a las andaluzas se repite el desinfle del PP que en 2012 tuvo el 40,66% bajando al 26,72% en las adelantadas de 2015, mientras que el PSOE retrocedió del 39,52% al 35,43%, apareciendo podemos con 14,84%. Pensemos una cosa: si al 9,28% de C,s le sumamos lo del PP tenemos que la derechas más españolista obtuvo el 36% en Andalucía. Resulta significativo que en su conjunto el bipartidismo en Andalucía -PSOE y PP/C,s- baje por igual, poco más de cuatro puntos, teniendo en cuenta la enorme corrupción político-sindical.

En las municipales estatales de 2007 el PP tuvo el 36,1%, en 2011 el 37,53% y en 2015 el 27,05%. Por su parte la evolución del PSOE ha sido el 35,31%, 27,79% y 25,02%, respectivamente. Sumando los resultados entre los dos grandes partidos, vemos que en las municipales del 2007 llegaron al 71,41% del censo, bajando al 65,32% en 2011 y cayendo al 52,07% en 2015; es decir, el bipartito ha perdido el 19,34%. Como venimos diciendo, es muy difícil cuantificar con alguna exactitud la influencia de la corrupción en este retroceso. Sabemos que C,s, con su demagógica campaña de «limpieza», ha obtenido un muy magro 6,55% a pesar de los altibajos del apoyo mediático. Si sumamos PP y C,s vemos que el nacionalismo español más reaccionario ha obtenido el 33,60% comparado con el 37,53% de las municipales de 2011, sólo un 3,93% menos: poco castigo «limpiador» para tanta corrupción.

Es más arriesgado hacer estas mismas cuentas entre el PSOE y Podemos e IU y otras candidaturas surgidas recientemente, porque la mayoría no existían en las municipales de 2011. A todo esto hay que añadir un dato muy significativo: la participación ha sido del 63,27% en 2007, el 66,23% en 2011, y el 64,93% en 2015, o sea, que la abstención ha aumentado un 1,30% en medio de la «crisis perfecta», lo que ha ido sobre todo en detrimento de la derecha, pero no en forma de oposición frontal a su política y a su corrupciones, sino como llamada de atención dentro del mismo bloque reaccionario.

Resumiendo, todo indica que los efectos de la corrupción han hecho más daño al centrismo reformista de PSOE-Podemos, y a las fuerzas de izquierda que le han apoyado o se han presentado por su cuenta, que al bloque de centro derecha hegemonizado por el PP. Las encuestas de intención de voto para las próximas elecciones generales de noviembre de 2015 realizadas tras el 24-M sugieren, hasta ahora, una relativa tendencia a la recuperación del PP y del PSOE a costa de un estancamiento de C,s y Podemos, respectivamente. De confirmarse esta dinámica de recuperación se validaría la tesis de que no debemos sobrevalorar el efecto concienciador de las corrupciones en la lucha por democratizar la política estatal ya que, en realidad, está arraigado en lo más hondo del nacionalismo español, lo que resulta muy preocupante, muy preocupante, como iremos viendo.

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