El que los ciudadanos normales o súbditos medievales camuflados nos hayamos tomado la política a chirigota, o cuando más a un juego de palabras, derecha/izquierda, dejando que en nuestro nombre determianaran nuestras vidas, tiene eso, que ahora con un apretujon de manos entre Mariano Rajoy y Rubalcaba, para sellar lo que a ellos les ha llegado como órdenes a cumplir y hacernos cumplir desde las sombras de despachos, hoteles, o tugurios de lujo, nos están llevando, y persisten en llevarnos, a la miseria material de aquí a muy pocos años, caso de que nosotros, los que verdaderamente creamos la riqueza y sufrimos las consecuencias de los mandatos que se nos imponen contra nuestros interes no reaccionemos.
No se trata de un Felipe sí/Felipe no (a mi juicio Felipe no), sino del marco político que tienen pensado aplicarnos los que mandan a Mariano Rajoy y Rubalcaba que nos aplique.
Lea quien sepa leer, y quien no sepa que aprenda a leer, pero que lea, porque nos estamos jugando la existencia si no le prestamos atención a la política y paralizamos la que se nos viene encima.
*
PP y PSOE rechazan someter a referéndum el tratado de libre comercio entre EEUU y la UE
Los dos grupos mayoritarios en el Congreso rechazan, junto con PNV,
CiU y UPyD, una moción para someter a referéndum el acuerdo de libre
comercio que negocian en secreto EEUU y la UE
El partido de Rajoy se queda solo al negar que el Congreso constituya un grupo de trabajo que analice el tratado
Rajoy y Rubalcaba, en una imagen de archivo.
Izquierda Unida ha denunciado en múltiples ocasiones
que PP y PSOE coinciden en la mayoría de sus votaciones en el
Parlamento Europeo o sobre los asuntos relacionados con la política
comunitaria. El martes sumaron otra muesca en la cuenta cuando los dos
partidos mayoritarios rechazaron en el Congreso someter a referéndum el
futuro acuerdo de libre comercio que negocian EE UU y la UE.
La Izquierda Plural (grupo que reúne a IU, ICV-EUiA y CHA) planteó una
moción a cuenta de la negociación de la Asociación Transatlántica para
el Comercio y la Inversión ( denominado TTIP por sus siglas en inglés).
La moción instaba al Gobierno a rechazar el actual proyecto y a que, en
cualquier caso, su futura ratificación se someta a la voluntad de los
ciudadanos de la unión. En último término pedía que, al menos, la
Comisión de Asuntos Exteriores constituyera un trabajo para arrojar luz
sobre unas conversaciones que, hasta ahora, se están llevando en
secreto.
Los dos primeros puntos fueron rechazados
por PP y PSOE, además de por CiU, UPyD y PNV. "Se trata de la creación
de un área de libre comercio y no hay participación de la sociedad
civil. Las negociaciones se están llevando a cabo a espaldas de la
soberanía de los Estados de la UE y queríamos que el Congreso
participara", se lamenta la diputada de ICV Laia Ortiz, que critica el
acuerdo tanto por el fondo como por las formas con las que se está
negociando.
La moción (que se puede consultar íntegra aquí) fue defendida el martes el diputado José Luis Centella
y aseguró en la tribuna que "el tratado busca fundamentalmente acabar
con la regulación que hay en la UE" y "primar los derechos de los
inversores sobre los de los ciudadanos". El secretario general del PCE
acusó además a PP y PSOE de teatralizar sus diferencias de cara a las
próximas elecciones: "Quienes mandan en la UE, más allá de los
rifirrafes de la campaña, son los intereses a los que la
socialdemocracia y la derecha europea han supeditado la firma de este
tratado".
El TTIP ha generado un sinfín de críticas desde que el presidente de EE
UU, Barack Obama, anunciara el inicio de unas negociaciones que, de
momento, son secretas. "La UE tiene los mejores estándares sociales y
medioambientales del mundo y con este pacto, sale perdiendo", asegura
Laia Ortiz. Y estos derechos, sostiene La Izquierda Plural, corren serio
peligro en caso de que el acuerdo salga adelante.
El
tratado incluye además la instauración de un sistema de arbitraje para
salvar las diferencias que se produzcan entre empresas y gobiernos que
dejaría muchos asuntos al margen de la jurisdicción de los Estados.
Este tipo de resolución de conflictos ya se ha puesto en marcha en
otros acuerdos similares que han permitido a grandes corporaciones a
cobrar indemnizaciones millonarias por cambios legislativos que
contrariaban su negocio. Algo parecido a lo que pedían los promotores de
Eurovegas antes de dar la espantada.
La ONG Amigos
de la Tierra pone un ejemplo: los 1.770 millones de euros que tuvo que
pagar Ecuador a la petrolera Occidental por rescindir el contrato entre
ambas después de que la compañía vendiera el 40% de sus derechos de
producción a otra sin cumplir la obligación de contar con el consenso
del Gobierno.
*++
No hay comentarios:
Publicar un comentario