Quién mata y
quién muere en Venezuela
aporrea.org
Rebelión
14-05-2014
Los
asesinatos de un custodio del presidente Maduro y de un destacado dirigente
chavista evidencian que la campaña de la derecha, orquestada desde Miami,
Colombia y la propia Venezuela, se ha inclinado por la violencia sin freno.
Durante los
primeros días de mayo fueron asesinados en Venezuela, con pocos días de
diferencia, un custodio del presidente Nicolás Maduro y un personaje central
del chavismo llamado Eliécer Otaiza. Ambos hechos pusieron las alarmas en rojo,
causando remezones solo comparables a los vividos en el país por la violencia
desatada entre febrero y marzo de este año.
Este último
hombre, Otaiza, había participado en la fundación del movimiento chavista, o
bolivariano, pero además tenía, cuando lo mataron, un alto cargo de
representación en el poder municipal de la capital. Junto con su hermano
mellizo, acompañaron a Hugo Chávez desde que salió de la cárcel en julio de
1994, como custodios en la romería que hizo por centenares de ciudades,
pueblos, campos y barrios venezolanos, en los que el líder bolivariano difundió
el mensaje del nuevo movimiento nacionalista brotado dos años antes, el 4 de
febrero de 1992.
No se matan
custodios presidenciales y líderes políticos todo los días en este mundo. De
hecho, los registros periodísticos solo reseñan seis casos en los últimos 23
años, cuatro de ellos en asaltos golpistas en África Central, uno en la
reciente crisis de Ucrania y un sexto en Colombia.
La razón
para un registro tan escaso de episodios criminales de ese rango en la lucha
política internacional es que eliminar a un custodio presidencial o alguien con
la trayectoria militante de Eliécer Otaiza en Venezuela, tan cercano al
gobierno como él, es un acto directo contra el centro mismo del poder. El
presidente venezolano y su ministro del Interior definieron el caso como un
“crimen político planificado desde Miami”, donde una parte de la oposición
derechista venezolana fragua sus conspiraciones, contrata mercenarios y entrena
militarmente a jóvenes estudiantes derechistas. En realidad, es más que Miami.
Se han verificado nichos de conspiración y entrenamiento en Bogotá, Táchira y
haciendas grandes de ricos ganaderos venezolanos. Algunos grupos de
paramilitares, desocupados en Colombia, se han vuelto muy activos entre la
oposición venezolana.
El punto de
partida para cualquier aproximación a lo que pasa en Venezuela es el grado de
incompatibilidad absoluta entre Venezuela como Estado-nación, como gobierno y
sistema político y como movimiento social, frente al dominio hemisférico
estadounidense. En ese contexto se desarrolla el complicado dilema interno de
saber cómo terminar lo comenzado.
Ese
distanciamiento del dominio yanqui explica que la sociedad venezolana esté
sometida desde el año 2002 a la más cruel de las presiones externas e internas
para descalabrar su gobernabilidad, frenar su desarrollo y derrotar sus fuerzas
sociales. En 12 años ha sufrido un golpe de Estado en abril de 2002, aunque
derrotado en las siguientes 47 horas, luego tres intentonas golpistas en 2003,
2004 y 2005, además de un paro industrial y petrolero. También se cuentan por
lo menos cuatro intentos de magnicidio a Chávez y alrededor de 250 agresiones a
funcionarios gubernamentales. La suma de los chavistas asesinados entre 2002 y
2014 aterroriza: 357. Incluye los siete médicos cubanos asesinados o heridos y
los 256 campesinos acribillados desde 2003.
Esa
estadística macabra acerca a Venezuela a escenarios de violencia política aguda
como el de Colombia, donde la burguesía impuso su paz social a balas,
persecución y desplazamientos. Para ser precisos, sus promotores tienen el
proyecto de convertir al país en algo similar a lo que estamos presenciando
desde un año atrás en Siria, o hace tres meses en Ucrania. Venezuela se
enfrenta al riesgo de una guerra civil provocada, dirigida y financiada por
grupos de poder de EE.UU., por gobiernos de la derecha latinoamericana, usando
para ello a sectores de la oposición venezolana que se han desprendido para
actuar como la caballería, la vanguardia necesaria que actúa en nombre de todos
los capitalistas.
Hay otros
muertos con otros responsables, que sin embargo, no definen al gobierno ni al
sistema político. Se trata de cinco obreros caídos en medio de una huelga por
acción policial bajo órdenes de un gobernador bolivariano corrupto en una
ciudad del interior, y tres más que cayeron en el Estado de Aragua, ubicado en
el centro-norte del país, en medio de una disputa entre sindicalistas clasistas
y un grupo de la burocracia gremial oficialista.
Lo que
define al proceso bolivariano es el ataque permanente de Washington y las
burguesías latinoamericanas para derrocarlo. En ese escenario de tensiones
constantes, el gobierno y la dirección política del chavismo se debate entre
políticas duales que en muchos casos han sido acertadas, pero en otras ha
convertido los crímenes en casos policiales, incluso aislados, donde el
proyecto revolucionario contenido en el Programa de la Patria y el Golpe de
Timón se subordina al incidente. En ese tratamiento policial del incidente se
disuelve la fuerza social que debe sostener la defensa de las conquistas del
proceso revolucionario y hacerlo avanzar.
El mapa de
la muerte. Pero estas dos víctimas resonantes del sicariato político opositor
en el país no aparecieron en el escenario como si fueran sucesos policiales, y
menos como caprichos de la revancha derechista. Otaiza y el miembro de la
seguridad de Maduro son apenas dos síntomas escandalosos del drama nacional en
curso.
Entre
febrero y mayo, una parte de la oposición protagonizó una “revuelta de ricos”,
como tituló con buen tino periodístico el corresponsal de The Guardian,
sorprendido por el atuendo personal y los autos lujosos de las personas que vio
en las marchas y en las barricadas. De esa revuelta resultaron 48 muertos, de
los cuales solo 15 son opositores.
A lo
sorprendente en términos humanos de esta estadística, se suma una sorpresa más
desconcertante. Estas dos cifras de muertos se invierten en las cabezas de
gente desinformada –la mayoría–, que se orienta por las informaciones editadas
cuidadosamente en las cadenas televisivas y diarios dominantes y por
periodistas sin escrúpulo como Jorge Lanata, o diputados asociados a los
opositores venezolanos, como Federico Pinedo.
Entre el día
12 de febrero y el día 28 de marzo, cadenas como NTN24, de Colombia, CNN, y
diarios como El País y ABC, de España, Miami Herald, El Nacional de Caracas y
Clarín, de Buenos Aires, ubicaron dentro del acontecimiento venezolano 21
imágenes fotográficas de alta violencia, pero ocurridas en otros países. Las
copiaban de las “redes sociales” desde fuentes armadas en territorio venezolano
y colombiano. Una de las principales agencias de esa información falsa fue la
empresa de medios de J. J. Rendón, ex asesor de Juan Manuel Santos y Uribe
Vélez, uno de los más destacados conspiradores venezolanos en el exterior (vive
en Miami desde 2006).
Con esas
imágenes de muerte y violencia construyeron informes periodísticos falsos. En
cada una de ellas aparecían jóvenes o mujeres golpeadas por agentes de
seguridad. Esas fotografías o filmaciones de video fueron usadas por los
editores para titular informes en los que afirmaban que “el gobierno dispara y
tortura a la sociedad civil y estudiantes opositores”, como dijeron la CNN y el
Miami Herald y replicaron los otros medios.
Con esa
falsificación a gran escala lograron dos cosas. Convencer a medio planeta de
que en Venezuela existe una dictadura asesina y al mismo tiempo, invertir los
hechos de la realidad: mucha gente quedó convencida de que los muertos son
todos opositores. “Jóvenes estudiantes indefensos que salen desarmados a las
calles para reclamar por sus derechos democráticos contra un gobierno despótico
que les dispara a mansalva”, así relató el conductor Jorge Lanata en uno de sus
programas, quizás una proyección psíquica para satisfacer un deseo profundo.
Esta estafa
informativa deliberada se convierte en grosería periodística cuando hurgamos en
la realidad. Resulta que de los 15 caídos de la oposición solo 5 son de
responsabilidad gubernamental y apenas 3 por acción de la militancia chavista.
En términos
de responsabilidad política, todos los muertos, incluidos los de gente
opositora, fueron causados por la “revuelta de ricos” comenzada en febrero sin
fin previsto. El día miércoles 7 de mayo, dos meses y medio después, aún
continuaban los actos violentos de los grupos opositores. Hay señales de otra
revuelta para junio, amparados en el Mundial de Fútbol.
A diferencia
de los dirigentes de la oposición venezolana y sus socios periodísticos y
parlamentarios en el exterior, el gobierno se hizo responsable por las acciones
de sus miembros. Destituyó al jefe policial que desobedeció la orden
presidencial de no disparar el 12 de febrero y mantiene a una decena de
guardias nacionales procesados judicialmente, en algunos casos por ejercer actos
de violencia personal.
Las otras
siete personas de la oposición, cayeron por efecto de sus propias acciones,
dentro de las barricadas o en accidentes individuales en acciones violentas. La
Fiscalía llamó a este tipo de casos “muerte indirecta”, porque no hubo
intencionalidad. Puede ser, pero en términos políticos, sí existe una causa
identificada: las barricadas organizadas por ellos mismos como parte de una
revuelta “de ricos”.
De esas
acciones contra el gobierno resultaron muertos tres militantes opositores por
sus propias manos: a uno le explotó un mortero que preparaba contra la Guardia
Nacional, otro se electrocutó derribando una valla publicitaria para hacer una
barricada y el tercero se cayó de una terraza en un barrio rico de Caracas,
luego de disparar contra los cuerpos de seguridad del Estado.
Así se
desprende de estas cinco fuentes consultables en la web: Red de Apoyo por la
Justicia y la Paz, Provea, Amnistía Internacional, Red de colectivos La Araña
Feminista, Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV, y el diario web
Aporrea, que llevó el registro diario de las víctimas mortales.
El resto de
los fallecidos por actos violentos se divide en dos tipos de personas: 15
vecinos y vecinas sin actividad política, que podrían ser contabilizadas como
ni chavistas ni antichavistas. Los otros 18 caídos mortales eran chavistas o
bolivarianos de tres tipos: 10 están registrados como miembros de los cuerpos
de seguridad pública del Estado (Custodia Presidencial, GNB, PNB y el SEBIN), 1
era fiscal del Ministerio Público, el resto tenía actividad militante conocida
con el PSUV o agrupaciones sociales bolivarianas. A estos dos últimos grupos
pertenecieron Eliécer Otaiza y el guardaespaldas presidencial.
Al fascismo
no se le discute. La periodista radial y militante bolivariana Hindu Anderi se
preguntaba en un artículo de opinión reciente: “¿Después de Otaiza quién
sigue?” (Aporrea, 5 de mayo 2014). El aparente tremendismo de la expresión
puede confundir a quienes creen, a veces con ingenuidad, que la política, en su
dimensión más histórica, se reduce a una cuestión de poder, de relaciones de
fuerza o, peor, de hechos consumados a los que hay que adaptarse.
La respuesta
a la inquietante cuestión planteada por Anderi nos devela las complejas
dimensiones del acontecimiento venezolano.
La dimensión
mediática nos muestra que mientras no se modifique la cultura dominante, ellos
tendrán ganada esa batalla, porque el mensaje elaborado en los medios
encontrará en “la gente” el sentido común que necesita para convertir en verdad
hasta la mentira más grosera. Por ejemplo, que Venezuela es una dictadura, que
no hay libertad de prensa y que los muertos son inocentes estudiantes
opositores.
En cambio,
la dimensión político-militar no está en las manos de ellos. La defensa del
proceso bolivariano dependerá de que tenga, como comprensión rectora, que “al
fascismo no se le discute, se le destruye”, como gritaba Buenaventura Durruti
durante la Guerra Civil Española, contra los republicanos, socialistas y
comunistas moderados de la República.
Matar altos
funcionarios, custodios presidenciales o agentes de la Guardia Nacional
Bolivariana es un acto límite en cualquier enfrentamiento político, en este
caso entre chavismo y antichavismo. Allí nace la justificable duda de la
periodista venezolana Hindu.
En términos
más amplios, también es un acto límite en la conducta humana, matar ciudadanos
desarmados por diferencias de opinión o llevar una remera roja del chavismo o
un tatuaje del rostro de Chávez en el brazo. Los opositores venezolanos han
atravesado esos límites humanos. Atravesaron alambres en las calles para
degollar, incendiaron 11 planteles universitarios, estaciones de subte,
rociaron con gasolina a guardias nacionales y les tiraron yesqueros encendidos,
envenenaron un depósito de agua potable en Mérida. Llegaron al extremo de
comenzar a quemar un preescolar estatal con 75 niños y sus maestras adentro.
Estas
fronteras humanas en la lucha política solo son traspasadas cuando una de las
partes se convenció de hacer la guerra a la otra. En ese punto nace lo que
desde 1921 se conoce como fascismo, que en la definición del primero que la
estudió en el terreno europeo “es la decisión de la burguesía de actuar con
métodos de guerra civil contra las fuerzas del proletariado y sus partidos” (La
lucha contra el fascismo en Alemania, L. Trotsky, Edic. Pluma, pp. 56).
En la
Venezuela bolivariana ha brotado el sujeto fascista, un bicho casi desconocido
en su historia política contemporánea. Al revés de Argentina, Brasil, El
Salvador o Chile, brotó en febrero de este año, aunque las puntas de sus
pezuñas fueron vistas varias veces desde abril de 2002.
No es
necesaria la existencia de un “proletariado” o de fuertes partidos marxistas o
anarquistas, como los de aquellas décadas iniciales. El chavismo y su poderoso
movimiento social les huelen a lo mismo, aunque no lo sean, porque enfrentan a
enemigos similares. El fascismo contemporáneo mutó y se adaptó al tipo de
enemigos “nacionales” y “plebeyos”, que debe enfrentar en países como los
nuestros.
Para
comprender su aparición este año y no antes, debe recordarse que la actual
generación de jóvenes pertenecientes a familias ricas y medias altas fue
amamantada en los últimos 14 años por una sola mamadera: odio al chavismo, como
si fuera el mismísimo Lucifer rojo.
En esta
década y media de cinco gobiernos continuos del líder bolivariano y su
continuador, Nicolás Maduro, la derecha venezolana ha sufrido la mayor cantidad
de derrotas que derecha alguna haya registrado en este planeta. 17 sobre 18
procesos de votación de escala nacional. Perdió el control del dispositivo de
la renta petrolera y el gobierno que la mantenía encarnada oficialmente en el
modo de vida norteamericano, sus valores, finanzas, empresas y cultura. La
cultura dominante en Venezuela no depende solo la de la clase dominante. Está
en fuerte y permanente disputa con una cultura de izquierda inspirada en el
ideario socialista del siglo XXI. Sus calles, simbología gubernamental,
discursos, medios oficiales y comunitarios y su movimiento social bolivariano
son muestra de ello.
Esta breve
suma es suficiente para producir horror entre los privilegiados, no solo de
Venezuela.
Los
componentes activos de este sujeto fascista son los estudiantes de las
universidades privadas y privatizadas. También algunos desprendimientos
lúmpenes de la clase pobre de los barrios marginales de Caracas y de dos o tres
ciudades grandes. Sus operadores en el terreno son grupos de paramilitares
asociados y financiados por la Fundación Internacionalismo para la Democracia,
dirigida por el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. También cuentan con
apoyo táctico de grupos neonazis llegados de Europa como la conocida Otpor, la
que junto a otras ONG como la NED, Canvas, AEI y Freedom House, orientan,
organizan y arman con tácticas y métodos diversos, a más de 2 mil estudiantes
entrenados militarmente en Miami y Colombia en técnicas de guerra (civil) “de
baja intensidad”.
El informe
oficial presentado el pasado 2 de mayo por el ministro del Interior de
Venezuela, Rodríguez Torres, es, además de pormenorizado, suficientemente
basado en datos, fuentes, testimonios y documentación obtenida por el gobierno
bolivariano (Ver: “30 claves del plan insurreccional contra Venezuela”, poderenlared.com del 5 de mayo 2014).
El carácter
de este sujeto social nuevo obliga a repensar todo lo que enfrentaron la
“revolución bolivariana” y su gobierno hasta ahora. Especialmente la estrategia
de defensa, por aquello que aconsejaba Durruti, entre otros que sufrieron el
tiempo del fascismo europeo. Si el fascismo no es destruido, la “revolución
bolivariana” se encaminará inexorablemente hacia una derrota como la
guatemalteca de 1954, la argentina de 1955, la brasileña de 1964, la chilena de
1973, la peruana de 1975, la boliviana de 1977, o la salvadoreña de 1982. El
otro camino es igual de peligroso aunque sea distinto, porque se basa en la
ilusión de que una “oposición democrática” enfrentará a otra que no lo es.
Quién mata y
quién muere en Venezuela no es una crónica periodística o una estadística
social. Para que no se convierta en un registro pervertido, grotesco, del
desastre humano en marcha, debe ser parado “antes de que sea tarde”, como le
advirtió al presidente Maduro el capitán de la Guardia Nacional Bolivariana,
José Guillén Araque, el 12 de febrero, “muerto de un balazo en la frente el 17
de marzo mientras trataba de impedir una barricada” (L. Bracci, Alba Ciudad,
15/4/14).
La frase la
dio a conocer el propio presidente en el velatorio el 18 de ese mes, sin
embargo su contenido lo trasciende hasta la necesidad de un programa social,
político y militar: impedir que el fascismo venezolano se convierta en
temprano.
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