Isla Mayor, Trebujena y Lebrija integran la 'Plataforma por un río vivo' que batallará para evitar la obra del Puerto de Sevilla.
Con el convencimiento de que la unión hace la fuerza, los arroceros y los regantes del Guadalquivir han decidido dejar a un lado sus históricas diferencias con los ecologistas para aliarse con las asociaciones verdes en la batalla contra el dragado de profundización del río que reclama el Puerto de Sevilla: ganarle al fondo dos metros más (los 6 actuales pasarían a 8) y rentabilizar así la nueva esclusa más amplia, que ha costado 163 millones de euros.
El objetivo de los colectivos unidos en esta coyuntura es ganar cuanto antes el respaldo de las cofradías de pescadores gaditanas (Sanlúcar, Chipiona, Cádiz, Punta Umbría, etcétera) y del máximo número de ayuntamientos afectados de Sevilla, Huelva y Cádiz, sobre todo de las Marismas de Doñana y de la desembocadura. También pondrán en aviso a las autoridades europeas.
Recabar apoyos es "urgente" antes de que el Consejo de Participación de Doñana apruebe si acepta o rechaza el dragado, sobre la base de los nuevos estudios científicos del estuario que lo desaconsejan, y antes de que el Ministerio de Medio Ambiente se pronuncie definitivamente. Desde WWF, Juanjo Carmona advirtió que no sería lógico que el Consejo de Doñana acepte el dragado tras el informe negativo de los científicos.
Ayer convocaron una reunión en el centro cívico de la Buhaira (Nervión) para reactivar la Plaforma por un río vivo, pero asistieron 13 entidades y ayuntamientos, menos de lo previsto. Sólo estaban tres consistorios donde gobierna IU en solitario o en coalición: Isla Mayor (IU), en la persona de su alcalde, Ángel García; Trebujena (IU) y Lebrija (PSOE-IU) en la persona de la delegada de Medio Ambiente, Francisca Saborido, quien admitió que su grupo promoverá charlas para difundir los efectos negativos del dragado y pedirá al Pleno que rechace la obra, pero no sabe si el PSOE lo apoyará.
El alcalde de Isla Mayor planteó la posibilidad de que finalmente se apruebe el dragado, a juzgar por las últimas declaraciones de los responsables políticos, por lo que pidió que la plataforma tenga preparado un plan de acción para este caso. "¿Quién pagará los efectos sociales y ambientales del dragado?" es la pregunta que, según el regidor Ángel García, debe responder el Ministerio si da luz verde al dragado.
Julián Borja, presidente de la Federación de Arroceros de Sevilla, admitió la alianza coyuntural con los ecologistas en este punto y lamentó que se quiera llevar a cabo el dragado como sea, pese a la entrada de sal que les perjudicaría. "El Puerto va como el Cid Campeador, primero la esclusa y luego todo lo demás", se quejó Borja, quien criticó que llevan años pidiendo en el desierto vías para la modernización del sector que permita ahorrar en el uso del agua.
El gerente de los arroceros, Manuel Cano, advirtió que no quieren el dragado porque implica también modificar y ampliar los ángulos de las curvas de navegación del río para facilitar los giros a los buques grandes, "con lo que el río será más recto y entrará con más potencia el agua salada".
La asociación de empresarios de ecoturismo de Doñana, representada por Beltrán Ceballlos, opinó que los argumentos económicos son los únicos con los que el Puerto de Sevilla intenta defender a ultranza el dragado y planteó la necesidad de que la plataforma aporte también argumentos económicos contrarios a su ejecución. También había representantes de los regantes, de empresarios de Chipiona y de las entidades agrarias Asaja y UPA.
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