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La cosa del negocio inmobiliario Casa Real-Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV) es como sigue:
El Rey y dos hermanas suyas, Pilar y Margarita, venden una finca en Madrid (4.230 metros cuadrados) heredada de su padre a CPV por 2,7 millones de euros que cobran en tres cheques al portador en Febrero de 2002. Por esta venta y por hacer de intermediarios entre ellos, dos familiares borbónicos Bruno Alejandro Gómez Acebo y Marcos Gómez Acebo, cobran como comisión la friolera de 1,5 millones de euros, o sea, mas de un tercio del valor de la compra (para tontos no está nada mal), al fin y al cabo l acosa va de tontos, porque CPV también paga más de lo que vale la finca, en total 4,2 millones, cuando en realidad el Rey y hermanas se conforman con los 2,7 millones cobrados.
Meses después de la compra (Diciembre 2002) con implicación de una estafa de pro medio, el Juzgado numero 9 de Primera Instancia de Madrid declara la quiebra de Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), lo cual no parece muy descabellado dados los meneos que le da a la caja, y a partir de aquí, se lía la manta un tanto.
La finca del Rey y familia que compra CPV y paga, estando en quiebra la vende a Nesgo, S.L. en junio de 2006, pero sin salirse de la órbita de la tontería, esta vez con la Caja de Ahorros de Cataluña, que se vuelve tonta de remate y sobre un bien que vale 2,7 millones de euros, lo cobrado por el Rey y familia, establece una hipoteca de 5 millones de euros, con cuya cantidad de dinero ajeno Nesgo, S.L. puede comprar l afinca. ¡Así, sí, así cualquiera!
En la declaración de quiebra por el Juzgado de Madrid se decretó “deshacer” operaciones de las realizadas hasta el 1 de enero 1999, en base a la cual, los borbónicos comisionistas Bruno Alejandro y hermano Marcos Gómez Acebo, tendrán que aflojar la guiíta y devolver el 1,5 millones de euros que con tanto sudor y esfuerzo se llevaron. Poquito más y el mismo Juzgado podría haber incluido en su Decreto deshacer toda la operación para que el Rey y familia tuvieran que devolver también los 2,7 millones de euros cobrados, porque el resultado final de todo este zancocho del negocio de tontos y hasta este punto, es que la finca sobre la que se ha montado el tenderete y trasiego de millones van millones vienen “presenta a día de hoy claros signos de abandono.”[1]
Pero todo este negocio de tontos no acaba aquí, la cosa sigue, hay tomate.
*
[1] 20 Minutos, 26/03/08, hoja 8.
La cosa del negocio inmobiliario Casa Real-Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV) es como sigue:
El Rey y dos hermanas suyas, Pilar y Margarita, venden una finca en Madrid (4.230 metros cuadrados) heredada de su padre a CPV por 2,7 millones de euros que cobran en tres cheques al portador en Febrero de 2002. Por esta venta y por hacer de intermediarios entre ellos, dos familiares borbónicos Bruno Alejandro Gómez Acebo y Marcos Gómez Acebo, cobran como comisión la friolera de 1,5 millones de euros, o sea, mas de un tercio del valor de la compra (para tontos no está nada mal), al fin y al cabo l acosa va de tontos, porque CPV también paga más de lo que vale la finca, en total 4,2 millones, cuando en realidad el Rey y hermanas se conforman con los 2,7 millones cobrados.
Meses después de la compra (Diciembre 2002) con implicación de una estafa de pro medio, el Juzgado numero 9 de Primera Instancia de Madrid declara la quiebra de Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), lo cual no parece muy descabellado dados los meneos que le da a la caja, y a partir de aquí, se lía la manta un tanto.
La finca del Rey y familia que compra CPV y paga, estando en quiebra la vende a Nesgo, S.L. en junio de 2006, pero sin salirse de la órbita de la tontería, esta vez con la Caja de Ahorros de Cataluña, que se vuelve tonta de remate y sobre un bien que vale 2,7 millones de euros, lo cobrado por el Rey y familia, establece una hipoteca de 5 millones de euros, con cuya cantidad de dinero ajeno Nesgo, S.L. puede comprar l afinca. ¡Así, sí, así cualquiera!
En la declaración de quiebra por el Juzgado de Madrid se decretó “deshacer” operaciones de las realizadas hasta el 1 de enero 1999, en base a la cual, los borbónicos comisionistas Bruno Alejandro y hermano Marcos Gómez Acebo, tendrán que aflojar la guiíta y devolver el 1,5 millones de euros que con tanto sudor y esfuerzo se llevaron. Poquito más y el mismo Juzgado podría haber incluido en su Decreto deshacer toda la operación para que el Rey y familia tuvieran que devolver también los 2,7 millones de euros cobrados, porque el resultado final de todo este zancocho del negocio de tontos y hasta este punto, es que la finca sobre la que se ha montado el tenderete y trasiego de millones van millones vienen “presenta a día de hoy claros signos de abandono.”[1]
Pero todo este negocio de tontos no acaba aquí, la cosa sigue, hay tomate.
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[1] 20 Minutos, 26/03/08, hoja 8.
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