domingo, 3 de febrero de 2008

UNA ACTUACIÓN POLÍTICA DE LA DERECHA ESPAÑOLA (EL PARTIDO POPULAR)

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Una denuncia anónima contra una persona era motivo suficiente para que la Inquisición la condenara a morir en la hoguera.
Una denuncia anónima en la guerra incivil española de 1936 era suficiente para que esa persona acabara siendo fusilada en la tapia de un cementerio o en la cuneta de una carretera una mañana cualquiera.
Y una denuncia anónima a primeros del presente siglo XXI ha sido suficiente para que la Audiencia Provincial de Madrid iniciara un proceso judicial contra un médico y su equipo, acusados de “malas prácticas.”
Como el proceso judicial se inicia a partir de una denuncia anónima, no puede acusarse directamente al autor o autores de la misma, puesto que cualquiera ha podido ser: la propia Presidente de la Comunidad madrileña, doña Esperanza Aguirre, el entonces Consejero de Sanidad de la misma Comunidad, señor Lamela, don José María Aznar, ex Presidente del Gobierno español, yo mismo, o incluso el habitante más ingenuo de Villalpando de la Molina.
Después de tres años la Audiencia Provincial ha dictado sentencia en la que no aparecen los cargos a los que apuntaba la denuncia anónima: “malas prácticas,” cuyas “malas prácticas” venían a significar la supuesta atribución de la comisión de de 400 asesinatos al médico Luís Montes y once miembros más de su equipo del hospital Severo Ochoa, con el consiguiente archivo del caso.
La sentencia dictada viene a demostrar contrariamente a la tesis que en su día mantuvo el Consejero de Sanidad, señor Lamela que no se basaba en ningún hecho real, y que el desprestigio para la sanidad pública que habría supuesto la denuncia anónima de haber tenido algo de veracidad, no tiene ninguna razón de ser, salvo el que le quieran atribuir los que preten