jueves, 22 de agosto de 2019

SI LOS QUE NOS MANEJAN COMO SI FUÉRAMOS TÍTERES TUVIERAN TANTO PODER COMO SUPONEMOS LOS MANEJADOS Y "REPRESENTADOS" (SIN QUE NO REPRESENTEN), POR QUÉ NECESITAN ESTAR SIEMPRE ESCONDIDOS, CON TANTA POLICÍA Y EJÉRCITOS PARA SENTIRSE SEGUROS. ¿NO SERÁ QUE EL PODER LO TENEMOS LOS TRABAJADORES QUE SOMOS LA INMENSA MAYORÍA DE LA SOCIEDAD, PERO NO SOMOS TODAVÍA CONSCIENTES DE ELLO?




Tercera (y última) entrega de tres reportajes sobre la evolución política de Islandia tras el estallido social en respuesta a la crisis

De cuando el Partido Pirata estuvo a punto de gobernar un país

Rebelión
El diario
20.08.2019


- De las protestas por la crisis surgió una demanda de partidos ciudadanos de carácter antiestablishment y anticorrupción

- Las encuestas llegaron a dar al Partido Pirata un 43% del voto, pero en las elecciones generales no obtuvieron los apoyos necesarios 



Birgitta Jónsdóttir, líder del Partido Pirata de Islandia.

Las protestas de 2009 en Islandia contra la crisis económica y sus consecuencias derivaron entre muchos de los activistas en una conclusión: lo más efectivo sería participar en el sistema a través del mecanismo más convencional en las democracias representativas, los partidos políticos. "Era humillante pensar que nuestro país era así, que nos habíamos dejado engañar por banqueros y políticos, nos sentíamos muy traicionados", comenta Margrét Tryggvadóttir, de 47 años, editora de libros y muy activa durante las protestas. 

Cuando el Gobierno cayó y se convocaron elecciones anticipadas para abril de 2009, un grupo de manifestantes crearon el Movimiento de los Ciudadanos (Borgarahreyfingin) para concurrir a las elecciones. La idea era contar con una plataforma apartidista que representara en el Parlamento a quienes habían participado en las protestas, que además se identificaban con el interés público. "Y me dije, 'Vale, voy a presentarme yo. (…) Si no lo hago, entonces mis hijos no querrán vivir aquí cuando crezcan, así que tengo que hacerlo'", recuerda Margrét. 

En su programa, el Movimiento recopiló demandas provenientes de las protestas: una investigación independiente de la crisis económica supervisada por expertos internacionales, medidas de emergencia en favor de los hogares y de las empresas, aumentar la transparencia de la administración pública y una nueva constitución redactada por los ciudadanos, entre otras. El Movimiento se autodefinió como una instancia temporal y decidió que dejaría de existir cuando consiguiera sus objetivos o cuando estuviera claro que no iba a poder conseguirlos. 

En las elecciones el Movimiento consiguió el 7,2% de los votos, y Margrét se convirtió en una de los cuatro diputados ciudadanos. Cuando unos pocos meses antes nunca se habría imaginado a sí misma entrando en política, ahora se había convertido en uno de los 63 diputados que representaban a la gente de Islandia en el llamado Alþingi, considerado el parlamento activo más antiguo del mundo, que en su forma original fue establecido en el año 930 cerca de la actual Reikiavik. 

Los diputados más veteranos miraban a estas caras nuevas con suspicacia, y Margrét encontró que también los diputados novatos de los partidos establecidos se llevaban mejor con ella y sus colegas del Movimiento que con los diputados veteranos de sus propios partidos. "Estábamos ansiosos por empezara a cambiar las cosas, estábamos allí para cambiar las cosas, no para convertirnos en parte del sistema", cuenta Margrét. 

Este entusiasmo, sumado a la situación de crisis, ayudó a que los nuevos diputados pudieran contribuir a ciertos cambios que aumentaron la transparencia de la actividad parlamentaria y por ejemplo se introdujo el principio de plena competencia para la distribución de fondos públicos. También fue durante esa legislatura cuando se lanzó el proceso constitucional ciudadano, en parte gracias al apoyo de los diputados del Movimiento. 

Pero la política parlamentaria resultó ser más compleja de lo que parecía desde fuera. "Lo que el público ve es lo que pasa en la sala de plenos, pero lo que el público nunca ve es todo lo que ocurre entre bastidores", dice Margrét. "Y lo peor es que los diputados tratan de ganar puntos haciéndose favores unos a otros y cosas así. Y yo no quería tener nada que ver con eso, porque las cosas no deberían funcionar así. Pero así es como funcionan". De lo que más se acuerda es del poco interés que los diputados veteranos mostraron por el proceso constitucional, y de que sólo aceptaban introducirlo en la agenda y discutirlo si antes los nuevos diputados, como Margrét, daban su apoyo a otras cuestiones. 

Además, lo que había llevado al Movimiento hasta el Parlamento y que era su principal rasgo de identidad –el hecho de no ser un partido convencional sino un movimiento ciudadano– también acabó siendo uno de sus principales puntos débiles. No tener una estructura de partido ni mecanismos claros de toma de decisiones, y tratar de representar a un movimiento de base amplio y fluido no facilitaban ser consistentes y productivos en el Parlamento. 

En marzo de 2012 Margrét y otro de los diputados ciudadanos fundaron un nuevo partido, llamado Amanecer (Dögun), para presentarse con él a las elecciones de abril de 2013. "Cuando empezamos a trabajar en Amanecer yo dije, 'Quiero un partido político que sea estable (…) en el que podamos trabajar y en el que esté claro cómo funciona todo'. Porque con el Movimiento de los Ciudadanos no había sido así, y fue por eso que las cosas se nos fueron de las manos". Amanecer respondía al mismo impulso y tenía básicamente el mismo programa que el Movimiento, pero en las elecciones de 2013 solo consiguió el 3,10% y no obtuvo ningún diputado al no llegar al umbral electoral, que en Islandia es del 5%. 

En aquellas elecciones, en las que el Partido de la Independencia y el Partido Progresista volvieron al poder –formando la misma coalición conservadora que había gobernado Islandia hasta la crisis–, fue otro de los cuatro diputados ciudadanos originales, la poeta y artista Birgitta Jónsdottir, que había cofundado por su lado el Partido Pirata (Píratar), quien comenzó lo que más adelante a punto estuvo de ser una revolución en el Parlamento y en el Gobierno islandeses. 

Diputados ‘piratas’
 
En noviembre de 2012 Birgitta y otros activistas habían fundado el Partido Pirata islandés partiendo de lo que se ha dado en llamar "política pirata": una postura muy clara por la transparencia y contra la corrupción, apoyo a mecanismos de democracia directa y la defensa y promoción de los derechos civiles, con un énfasis particular en las libertades de información y de expresión y en el derecho a la privacidad. 

En las elecciones de abril de 2013 los Piratas superaron mínimamente el umbral electoral con el 5,10% del voto, y Birgitta y dos de sus colegas se convirtieron en los primeros diputados piratas del mundo en un parlamento nacional. 

Los Piratas comenzaron muy activos su andadura parlamentaria. Apoyaron las plataformas de democracia digital directa y el proceso constitucional para recoger así la ambición original de los manifestantes –y de gran parte de la ciudadanía– de ganar control sobre el proceso político. Además el Partido Pirata propuso también una reforma de los derechos de autor, que los bancos separaran completamente sus ramas comerciales y de inversión, reducir la jornada laboral a 35 horas semanales y relajar la prohibición de las drogas. 

Más adelante durante la legislatura los Piratas también acabarían proponiendo que Islandia aceptara la criptomoneda bitcoin y que concediera asilo político al filtrador Edward Snowden, temas más propiamente piratas y no tan ligados a las demandas del gran público. Unos años antes, en 2010, la propia Birgitta había alcanzado fama internacional cuando colaboró con WikiLeaks en la producción y distribución de "Asesinato colateral", un vídeo con imágenes filtradas de un helicóptero de guerra estadounidense que había herido y matado a varios civiles en Irak en 2007. 

De una forma que el Movimiento no había conseguido, los Piratas sí supieron mantener la atención y el apoyo de la gente gracias a estar mejor estructurados y al carácter más estratégico de sus acciones y comunicaciones. Además, su forma de trabajo radicalmente abierta (los piratas sugerían discutían y votaban las propuestas de su partido de forma descentralizada en un foro online) y su actitud claramente protransparencia, anticorrupción y antielitista resonaron con una ciudadanía que aún desconfiaba de la política tradicional. 

Desde su entrada en el Parlamento, la popularidad de los piratas aumentó rápidamente, y a finales de enero de 2016 era el partido con una mayor intención de voto según las encuestas, un 37,8%, cuando los dos partidos en la coalición gobernante apenas pasaban del 30% entre ambos. 

Tres meses más tarde, en abril de 2016, la publicación de los Papeles de Panamá reveló que el primer ministro islandés y su familia habían ocultado dinero en paraísos fiscales. La noticia provocó unas protestas aun más multitudinarias que las de 2008-2009, y poco después el primer ministro se vio obligado a dimitir. En ese momento, las encuestas daban al Partido Pirata un 43% de intención de voto, una cifra que en unas elecciones podría incluso acabar dándole el Gobierno en solitario (en un sistema electoral diseñado para que se gobierne en coalición), y que era más del doble que la del Partido de la Independencia (21,6%), el socio principal de la coalición entonces gobernante. 

Tras la dimisión del primer ministro, en verano se convocaron elecciones anticipadas para octubre de 2016, y durante unas semanas en Islandia y Europa se habló de los Piratas como los posibles vencedores en las elecciones. Aunque formalmente el partido no tenía líderes sino que era una plataforma horizontal, Birgitta era su personalidad más icónica y reconocible. En un momento en que el Reino Unido acaba de votar por el brexit en un referéndum, y cuando parecía que Donald Trump podía tener opciones reales de llegar a la presidencia de Estados Unidos, Birgitta aparecía también en las portadas internacionales como la posible primera ministra pirata del mundo.

Protestas en Reikiavik en 2016. BEN GRUBER
 
Sin embargo esa fue la cumbre de los Piratas en intención de voto, que a finales de septiembre de 2016 se había reducido mucho, hasta el 20%, aún entonces mínimamente por delante del Partido de la Independencia. Y cuando en octubre llegó el momento de votar, finalmente los electores se decidieron por los partidos tradicionales. Los Piratas recibieron el 14,5% de las papeletas (10 escaños), por detrás del Partido de la Independencia, que llegaba al 29% (21 escaños), y del Movimiento de Izquierda-Los Verdes, con el 15,9% (10 escaños). 

Ninguno de esos dos partidos consiguió formar una coalición de gobierno, y entonces los Piratas tuvieron su oportunidad pero tampoco lograron los acuerdos necesarios. Finalmente, y antes de que tuvieran que repetirse las elecciones, el Partido de la Independencia consiguió seguir en el Gobierno gracias al apoyo de dos pequeños partidos de centro. 

Pero menos de un año después, en septiembre de 2017, el Gobierno volvió a caer, esta vez a causa de un escándalo provocado por el hecho de que el padre del nuevo primer ministro no hubiera reconocido su contribución a que se eliminara la información penal de un hombre condenado por haber violado a un menor. Se convocaron de nuevo elecciones anticipadas para el mes siguiente y Birgitta, agotada por todo el trabajo y la exposición pública, decidió no volver a presentarse. Antes de acabar la legislatura, los Piratas trataron de dar un último impulso a varias reformas que facilitaran la aprobación de la nueva constitución escrita por los ciudadanos. Pero, una vez más, la mayoría de los diputados no apoyaron este proceso. 

"Puedes entrar en el sistema para tratar de obtener una comprensión más profunda de cómo funciona. Pero, en general y a no ser que se dé algún tipo de situación extraordinaria en la que puedes transformar completamente el sistema, no creo que puedas conseguir ningún cambio realmente fundamental", dice hoy Birgitta. 

En las elecciones de octubre de 2017, los Piratas obtuvieron el 9,2% del voto y seis diputados, cuatro menos que en la legislatura anterior. Y la coalición de gobierno que surgió de los comicios fue novedosa e inesperada, con el Movimiento de Izquierda-Los Verdes como socio principal con el apoyo de los conservadores Partido de la Independencia y Partido Progresista. 

"Me siento profundamente privilegiada por haber recibido esa confianza de parte del pueblo islandés, hacia el que siento una tremenda gratitud. Pero, al mismo tiempo estoy también profundamente cabreada con esa misma gente por no haber hecho un mayor esfuerzo por la democracia, por no haberse esforzado más en presionar por los cambios que los Piratas estábamos tratando de introducir en el Parlamento", dice Birgitta. "Ser un pequeño grupo parlamentario significa que básicamente lo único que puedes hacer es concienciar a la gente y tratar de que se implique. Y la gente simplemente no nos escuchaba y no se implicaba. La gente lo único que quería es que fueran otros quienes resolvieran sus problemas. Y así no es como vamos a conseguir cambiar las cosas". 

¿Qué queda del despertar cívico islandés?
 
Actualmente Islandia aparece de nuevo como un caso particular de éxito: el de un país resiliente y que fue capaz de recuperarse rápidamente de una enorme crisis económica y política. La inusual coalición gobernante parece estable y la economía lleva varios años funcionando a buen ritmo, en gran parte gracias a un boom del turismo al que contribuyó la devaluación de la corona islandesa durante la crisis y que es hoy la principal industria del país por delante de la pesca. 

Sin embargo, hay quien teme una posible nueva crisis económica, y en 2018 el Banco Central islandés identificó los altos precios inmobiliarios y un posible declive del turismo como los principales riesgos para la economía. 

"Siempre intento que la gente se implique y haga cosas durante los buenos tiempos, porque es entonces cuando realmente tenemos el espacio y la energía para hacer el trabajo fundamental de preparación, para así tener algo listo cuando llegue el momento de crisis. Porque las situaciones de crisis son el único momento en que es posible introducir cambios fundamentales, cambiar las reglas del juego, (porque) el juego, como sabemos, está completamente amañado", dice Birgitta. "Y es muy difícil cambiarlo a lo largo de una maratón, y muchos piratas han empezado a hablar así, 'Este es un proyecto a largo plazo'. Y yo les digo, 'Gente, se os va la puta cabeza'. No es un proyecto a largo plazo, porque entonces acabas asimilado por el sistema y pierdes lo que te hace diferente y mejor y te conviertes en uno más de ellos, en parte del poder establecido, y esto les pasa a todos los partidos". 

El juego político puede estar amañado o no, pero sí es cierto que está profundamente sesgado a favor de los partidos políticos tradicionales y de otros actores como la banca, las grandes empresas y los lobbies profesionales. 

Una situación de crisis y de pérdida de confianza en las élites políticas tradicionales, como la ocurrida en Islandia en 2008-2009, puede aumentar el espacio para la participación ciudadana en la vida política en defensa del interés público. Pero la profesionalización y especialización de los sistemas políticos actuales, que además fueron generalmente diseñados por y para los partidos, la enorme inercia que los sistemas electorales y burocráticos tienden a generar y el hecho de que los marcos narrativos y relatos usados por los medios para cubrir la política se centran en los partidos y en sus líderes, dificultan que la ciudadanía organizada pueda establecerse como un actor político más de forma consistente y duradera. 

En Islandia los Piratas y otros grupos políticos de inspiración ciudadana han perdido visibilidad e influencia, y hay quien los acusa –como Birgitta– de haberse institucionalizado y de haber perdido lo que los hacía diferentes. La constitución redactada por los ciudadanos y aprobada por la mayoría de los votantes en un referéndum, muy progresista y que daría más poder al Parlamento frente al Gobierno y más formas de participación política a los ciudadanos, sigue en el limbo y no sólo no parece que vaya a ser adoptada en el corto o medio plazo, sino que el actual Gobierno ha lanzado un nuevo proceso de reforma constitucional centrado en los partidos con representación parlamentaria. Y las plataformas online de participación ciudadana no han conseguido una masa crítica y representativa de usuarios en otro sector aparte del de la construcción de ciertas instalaciones públicas. 

Al mismo tiempo, el ímpetu cívico surgido de la crisis y los diferentes proyectos de implicación ciudadana en política supusieron una infusión de energía y de diversidad y sacudieron un sistema en el que eran sólo unos pocos quienes tenían una capacidad de decisión real. Ahora la ciudadanía es más consciente de lo que ocurre entre los bastidores de la vida política islandesa y los representantes políticos están más sujetos a la rendición de cuentas. Además, las protestas y la mayor implicación ciudadana en política han cambiado la conversación y el relato sobre los asuntos públicos, y el Parlamento y el Gobierno están más obligados a responder a las preocupaciones de la ciudadanía. 

"Democracia no tiene que ser únicamente ir a votar de una forma convencional, eso está muy anticuado", resume Katrín Oddsdóttir, la abogada de derechos humanos que fue una de las redactoras de la nueva constitución. "Nuestro próximo paso debería ser desarrollar y profundizar la democracia, para lo que hay que usar muchas y diferentes medidas, no podemos simplemente decir, 'Oh, todos deberíamos votar online'. Eso es una gilipollez. Sino que deberíamos encontrar la forma de que la gente se interese porque realmente pueden provocar cambios con su participación". 

"Lo que es fantástico en Islandia es que, durante la crisis y después, la gente que antes sólo hablaba de televisores de plasma y de tipos de cerveza de repente empezó a hablar de legislación, la economía, el Banco Central, cuestiones muy complejas. (…) Esas conversaciones forman nuevas redes neuronales en nuestros cerebros, y también en el espacio público, y eso es muy valioso, es fantástico, y eso es lo que va a cambiar el mundo". 


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¿FEMINISMO, O LIBERACION TANTO DEL HOMBRE COMO DE LA MUJER DE LA EXPLOTACIÓN ECONÓMICA, POLÍTICA E IDEOLÓGICA Y DE LA ALIENACIÓN SOCIAL Y PERSONAL QUE IMPONE A AMBOS EL MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA?

Feminismo marxista, Teoría crítica acumulada > “Es un engaño que el trabajo asalariado sea la clave para liberar a las mujeres”: Silvia Federici

“Es un engaño que el trabajo asalariado sea la clave para liberar a las mujeres”: Silvia Federici

02/06/2014
 
 

Silvia Federici (Italia, 1942) es una pensadora y activista feminista, un referente intelectual por su análisis del capitalismo, el trabajo asalariado y reproductivo, siempre desde una perspectiva de género. Profesora en la Universidad de Hofstra de Nueva York, Federici fue una de las impulsoras de las campañas que en los años setenta comenzaron a reivindicar un salario para el empleo doméstico. “El trabajo doméstico no es un trabajo por amor, hay que desnaturalizarlo”, defiende. La escritora está de gira por España: allá donde ha estado las librerías y salas se han llenado para escucharla. Su último libro publicado en español es “Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas”, publicado por Traficantes de Sueños.

¿Es esta crisis económica una crisis también de igualdad? 

Sí, es una crisis de igualdad y que amenaza especialmente a las mujeres. Hay muchas consecuencias de las crisis que impactan en las mujeres de forma particularmente intensa. Por un lado, los recortes de servicios públicos, de la sanidad, de la educación, de los cuidados, las guarderías… eso trae a las casas un montón de trabajo doméstico que todavía siguen haciendo mayoritariamente las mujeres. La mayoría de las mujeres trabajan fuera de casa pero siguen encargándose de este trabajo y tienen que absorber esta parte de tareas que antes eran públicas. Por otro lado, la crisis del empleo y del salario crea nuevas tensiones entre las mujeres y los hombres. Que las mujeres tengan más autonomía ha creado tensiones y un aumento de la violencia masculina. El hecho de que los hombres no tengan el poder económico y al mismo tiempo las mujeres reivindican una mayor autonomía ha creado formas de violencia masculina contra las mujeres que se pueden ver en todo el mundo.

¿En qué momento diría que estamos entonces?

Estamos en un periodo en el cual se está desarrollando un nuevo tipo de patriarcado en el cual las mujeres no son solo amas de casa, pero en el que los valores y las estructuras sociales tradicionales aún no han sido cambiadas. Por ejemplo, hoy muchas mujeres trabajan fuera de la casa, muchas veces en condiciones precarias, lo que supone una pequeña fuente de mayor autonomía. Sin embargo, los lugares de trabajo asalariado no han sido cambiados, por tanto, ese trabajo asalariado significa adaptarse a un régimen que está construido pensado en el trabajo tradicional masculino: las horas de trabajo no son flexibles, los centros de trabajo no han incluido lugares para el cuidado, como guarderías, y no se ha pensado formas para que hombres y mujeres concilien producción y reproducción. Es un nuevo patriarcado en el que las mujeres deben ser dos cosas: productoras y reproductoras al mismo tiempo, una espiral que acaba consumiendo toda la vida de las mujeres.

De hecho, usted dice que se ha identificado la emancipación de las mujeres con el acceso al trabajo asalariado y que eso le parece un error, ¿lo es?

Es un engaño del que hoy podemos darnos cuenta. La ilusión de que el trabajo asalariado podía liberar a las mujeres no se ha producido. El feminismo de los años 70 no podía imaginar que las mujeres estaban entrando al trabajo asalariado en el momento justo en el que éste se estaba convirtiendo en un terreno de crisis. Pero es que, en general, el trabajo asalariado no ha liberado nunca a nadie. La idea de la liberación es alcanzar la igualdad de oportundiades con los hombres, pero ha estado basada en un malentendido fundamental sobre el papel del trabajo asalariado en el capitalismo. Ahora vemos que esas esperanzas de transformación completa eran en vano. Al mismo tiempo sí vemos que muchas mujeres han conseguido más autonomía a través del trabajo asalarido, pero más autonomía respecto de los hombres no respecto del capital. Es algo que ha permitido vivir por su cuenta a muchas mujeres o bien que tuvieran un trabajo, mientras su pareja no lo tenía. De alguna forma esto ha cambiado las dinámicas en los hogares, pero en general no ha cambiado las relaciones entre hombres y mujeres. Y, muy importante, eso no ha cambiado las relaciones entre mujeres y capitalismo: porque ahora las mujeres tienen dos trabajos y aún menos tiempo para, por ejemplo, luchar, participar en movimientos sociales o políticos.

Es también muy crítica con organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial o la ONU. Algunos de ellos publican informes animando a la participación femenina en el mercado laboral, mientras alientan medidas de recorte que perjudican la igualdad y la vida de las mujeres…

Sí y esto es fundamental. Es un error no ver el tipo de planificación capitalista que se está desarrollando dentro del proyecto de globalización. Hubo una intervención masiva en la agenda y en las políticas feministas con el objetivo de usar el feminismo para promover el neoliberalismo y para contrarrestar el potencial subversivo que tenía el movimietno de mujeres en términos, por ejemplo, de lucha contra la división sexual del trabajo y contra todos los mecanismos de explotación. Por un lado, el trabajo de la ONU fue redefinir la agenda feminista y creo que fueron bastante efectivos. A través de  varias conferencias mundiales, por ejemplo, se presentaban así misma como la representación de las mujeres del mundo y de lo que es o no el feminismo. Por otro lado, su otro objetivo era ‘educar’ a los gobiernos del mundo en que algo tenía que cambiar en la legislación laboral para permitir la entrada de las mujeres en el trabajo asalariado.

¿Cómo salir entonces de esa trampa, cómo conseguir reivindicar la igualdad sin caer en esas trampas? Porque, por ejemplo, usted rechaza que las mujeres se incorporen en igualdad a los Ejércitos.

No a las mujeres en el Ejército, de ninguna manera. Hay que tener en cuenta que los hombres también son explotados. Entonces, si decimos simplemente que queremos la igualdad con los hombres estamos diciendo que queremos tener la misma explotación que los hombres tienen. La igualdad es un término que congela el feminismo: por supuesto que en un sentido general no podemos estar en contra de la igualdad, pero en otro sentido decir solo que luchamos por la igualdad es decir que queremos la explotación capitalista que sufren los hombres. Creo que lo podemos hacer mejor que eso, hay que aspirar a transformar el modelo entero, porque los hombres tampoco tienen una situación ideal, los hombres también deben ser liberados, porque son sujetos de un proceso de explotación. Por eso no a las mujeres en el ejército, porque no a la guerra, no a la participación en ninguna organización que nos comprometa a matar a otras mujeres, a otros hombres en otros países con el objetivo de controlar los recursos del mundo. La lucha feminista debería deicr en ese sentido que los hombres deberían ser iguales a las mujeres, que no haya hombres en los ejércitos, es decir, no a los ejércitos y no a las guerras.

¿Y cómo salir de la trampa en el caso del trabajo asalariado?

Esto es diferente porque en muchos casos el trabajo asalariado es la única forma en la que podamos ser autónomas y no estamos en la posición de decir no al empleo. La cuestión es considerar el trabajo asalariado como una estrategia más para la liberación, no como la gran estrategia para liberarnos. Por ejemplo, en EEUU la cuestión del trabajo reproductivo no se tiene en cuenta para nada e incluso cuando las mujeres luchan por liberarse de las tareas de cuidado eso solo se tiene en cuenta como una forma de que ellas puedan dedicar más tiempo al trabajo fuera de casa. El capitalismo devalúa la reproducción, y eso significa que devalúa nuestras vidas para continuar devaluando la producción de trabajadores. Es un asunto fundamental que no se está teniendo en cuenta. Así que no se trata de decir no al trabajo asalariado sino de decir que el trabajo asalariado no es la fórmula mágica para liberar a las mujeres. Las mujeres no están afuera de la clase trabajadora, la lucha feminista debe estar totalmente imbricada en la lucha trabajadora.

Entonces, ¿qué más estrategias se pueden seguir para conseguir esa liberación?

El trabajo que la mayoría de mujeres hacen en el mundo, que es el trabajo reproductivo y doméstico, es ignorado. Y ese trabajo es la base del capitalismo porque es la forma en la que se reproducen los trabajadores. El trabajo de cuidados no es un trabajo por amor, es un trabajo para producir a los trabajadores para el capital y es un tema central. Si no hay reproducción, no hay producción. Si ese trabajo que hacen las mujeres en las casas es el principio de todo lo demás: si las mujeres paran, todo para; si el trabajo doméstico para, todo lo demás para. Por eso el capitalismo tiene que devaluar este trabajo constantemente para sobrevivir: ¿por qué ese trabajo no está pagado si mantiene nuestras vidas en marcha? La corriente de la que yo provengo vimos que si el capitalismo tuviera que pagar por este trabajo no podría seguir acumulando bienes. Y al menos que lidiemos con este asunto no produciremos ningún cambio en ningún otra plano.

¿Defiende el salario para el trabajo doméstico?

Sí. Muchas feministas nos acusan de institucionalizar a las mujeres en casa porque entienden que esta demanda es una forma de congelar a las mujeres en los hogares, pero es exactamente lo contrario, es la forma en que podemos liberarnos. Porque si este trabajo es considerado como tal los hombres también podrán hacerlo. El salario sería para el trabajo, no para las mujeres.

Sí, pero aún hoy son las mujeres las que hacen mayoritariamente ese trabajo, esa sigue siendo la tendencia a pesar de que ha habido otros cambios, ¿qué haría cambiar esa inercia?

La tendencia es esa porque la ausencia de salario ha naturalizado la explotación. ¿Te imaginas que los hombres hubieran hecho un trabajo industrial gratis durante dos años porque es lo propio de los hombres? Estaría totalmente naturalizado, igual que lo está el trabajo doméstico, que está ligado a la feminidad y a lo que se considera propio de las mujeres. En una sociedad conformada para las relaciones monetarias, la falta de salario ha transformado una forma de explotación en una actividad natural, por eso decimos que es importante desnaturalizarla.

¿Y la forma de desnaturalizarla es precisamente mediante un salario?

Sí, es un primer paso para hacerlo. Pero nunca vemos el salario como un fin, sino como un medio, un instrumento para empezar la reivindicación. Ya solo pedir un salario tiene el poder de revelar toda un área de explotación, de sacar a la luz que esto es un trabajo propiamente dicho, y que es esencial para el capitalismo, que ha acumulado riqueza gracias a ello.

¿No se corre el riesgo de perpetuar así la división sexual del trabajo?

No, es una forma de romperla. Se puede demostrar que la división sexual del trabajo está construida sobre la diferencia salario-no salario.

Sin embargo, en muchos países como España el trabajo doméstico ya está reconocido como tal (no con todos los derechos) y aún así ese trabajo sigue siendo femenino mayoritariamente, es decir, que esté remunerado no ha hecho que los hombres se incorporen a esos empleos. ¿Por qué pensar entonces que pagar por las tareas del hogar hará que los hombres se incorporen a ese área?

En una situación en la que el trabajo doméstico no es reconocido como trabajo y millones de mujeres lo hacen gratis en todo el mundo, las mujeres que lo hacen por dinero están en una situación de debilidad, de no poder negociar mejores condiciones. Yo espero que se construya un nuevo movimiento feminista que una a las mujeres que hacen trabajo doméstico pagado y a las que lo hacen no pagado. Empezar una lucha sobre qué significa este trabajo, reivindicar nuevos recursos al servicio de este trabajo y proponer nuevas formas de organización. Este trabajo se hace separadas las unas de las otras y hace falta unión, nuevas formas de cooperación que nos permitan unir nuestras fuerzas para contestar esta devaluación del trabajo doméstico. La conexión entre mujeres y trabajo doméstico es muy fuerte y no será fácil, pero creo que sí se podrían conseguir cosas. La reinvidicación del salario para el trabajo doméstico ha sido muy liberadora porque muchas mujeres podían comprender así que lo que hacían era trabajo y era explotación, y no algo natural.


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miércoles, 21 de agosto de 2019

LA DEMOCRACIA EMPIEZA POR EL CONOCIMIENTO REAL, EFECTIVO Y PERSONAL DEL QUE ELIGE. Y SI ELIGE TIENE QUE PODER DESTITUIR Y PODER PEDIR RESPONSABILIDADES AL ELEGIDO SI ES QUE ESTE SE DISPONE A MEAR FUERA DEL TIESTO. DESPUÉS DE HABER MEADO NO, ANTES DE QUE MEE



Segunda entrega de tres reportajes sobre la evolución política de Islandia tras el estallido social en respuesta a la crisis.

La Constitución colaborativa que quería cambiar para siempre las reglas del juego

Rebelión
El diario
19.08.2019


- El gobierno acató las demandas de la calle e impulsó un proceso constitucional dirigido por la ciudadanía para reescribir la ley suprema del país 

- El proyecto de ley resultante fue criticado por su carácter "amplio y difuso" y careció del apoyo parlamentario necesario para ser aprobado en 2013 




Protestas en Reykjavik en 2010
 
La crisis financiera de 2008 golpeó a Islandia con especial dureza. Se llevó por delante sus tres mayores bancos, el país tuvo que ser rescatado, y el Gobierno cayó tras varios meses de protestas ciudadanas. Hasta ese momento, Islandia era uno de los diez países más ricos del mundo según el PIB nominal per cápita y parecía un caso de éxito en todos los frentes. El shock fue tremendo y la pérdida de confianza en los líderes políticos y en las instituciones de gobierno entre los manifestantes y la población en general, enorme. Así que cuando a finales de febrero de 2009 se convocaron elecciones anticipadas para abril, la medida supo a poco a una gran parte de los islandeses. 

"La gente nunca se siente empoderada por unas elecciones, yo incluida. Vas, votas y luego hay unas instancias superiores que son quienes deciden el resultado", comenta Guðrún Pétursdóttir, profesora de Ciencias de la Salud en la Universidad de Islandia. "El sentimiento de influencia directa no está ahí". 

De hecho, cuando durante las protestas se había hablado de qué exigir, hubo manifestantes que querían una nueva Constitución y que esta vez fuera redactada por la ciudadanía. Los manifestantes querían reiniciar la democracia islandesa –la Constitución en vigor databa de 1944, de cuando Islandia se separó de Dinamarca– y pensaban que no debían ser los partidos ni los políticos quienes reescribieran las reglas del juego en el que luego ellos eran los principales jugadores. 

Consciente de que tenía que recuperar la confianza de la gente, la mayoría parlamentaria y el Gobierno que surgieron de las elecciones de abril de 2009, formados por la Alianza Socialdemócrata (Samfylkingin jafnaðarmannaflokkur, en islandés) y el Movimiento de Izquierda-Los Verdes (Vinstrihreyfingin - grænt framboð), no sólo recogieron la idea de reescribir la Constitución sino que, como habían pedido los manifestantes, decidieron que la propia ciudadanía conduciría el proceso. 

"Nos sentimos en un momento histórico"
 
Llevó tiempo, pero en junio de 2010 la ley que establecía los pasos a seguir fue aprobada por el Parlamento. Se formaría un comité de siete ciudadanos expertos que prepararía materiales y organizaría un Foro Nacional de mil personas para discutir los valores fundamentales de Islandia. Y luego una asamblea de 25 ciudadanos electos reescribiría la Constitución basándose en esos valores fundamentales y con los materiales preparados por los expertos como guía. 

Guðrún Pétursdóttir ocupó el puesto de presidenta del comité experto, y el Foro Nacional tuvo lugar el 6 de noviembre de 2010. Al final, participaron unas 950 personas elegidas en un sorteo dirigido para que el conjunto fuera representativo de la población islandesa en cuanto a género, edad y origen geográfico. 

"Los mil que vinieron sí se sintieron empoderados, estaban orgullosos de estar allí. Era algo nuevo para ellos, era un tipo de actividad nueva, y creo que les gustó ser escuchados", relata Guðrún, que se emociona al recordar el encuentro. 

En el Foro, los participantes fueron divididos en mesas de unas diez personas de diferente perfiles, y moderadores especialmente formados guiaron las discusiones mientras un programa de ordenador tabulaba los aportes de las mesas. Al final de las conversaciones, el Foro concluyó que la integridad y la honestidad deberían ser los valores fundamentales en Islandia, y que había que esperarlos particularmente de políticos y de empleados públicos. En las conclusiones también se indicó que en la escuela los niños deberían recibir clases de ética desde muy pequeños, que los derechos humanos y también los derechos de los animales deberían ser respetados, y que los recursos naturales sin dueños privados deberían ser nacionalizados. 

El Foro también concluyó que en las elecciones el voto de cada persona debería valer lo mismo independientemente de su circunscripción electoral. Como en España y en otros países, en Islandia los votos individuales acababan teniendo un mayor o menor peso electoral según la población de su circunscripción, lo que en Islandia daba una influencia sobredimensionada a candidatos procedentes de las zonas con pocos habitantes donde la poderosa industria pesquera estaba establecida. 

Pero no todo el mundo estaba contento con el Foro Nacional, y hubo gente del ámbito académico que criticó el proceso deliberativo y dijo que las conclusiones eran banales y superficiales. "Claro que no hubo un análisis en profundidad en plan, '¿Qué quieres decir realmente con derechos de los animales?'", responde Guðrún. "En general, la impresión era que se deberían respetar los derechos de los animales. La mayoría de la gente estaba de acuerdo: 'Muy bien, lo incluimos'". 



 Guðrún Pétursdóttir, presidenta del comité experto, habla en una conferencia en 2013. LIFT CONFERENCE PHOTOS
 
Tras el Foro, los ciudadanos interesados podían presentarse a una elección en la que se escogería a los 25 miembros de la Asamblea Constitucional que reescribiría la Constitución. Y se apuntaron un total de 522 personas, muchas más de las que esperaban los organizadores. 

A estos candidatos se les dio tiempo en la radio pública para que se presentaran y hablaran de su visión para la nueva constitución, y muchos además también utilizaron las redes sociales para promover sus propuestas. Hay quien recuerda aquellos días de radio como algo hermoso: horas y horas de personas de todo tipo hablando de cómo querían contribuir a cambiar Islandia para mejor. 

Sin embargo, prestar atención, escuchar y leer, y luego escoger entre más de 500 candidatos era complicado, y además los principales medios de comunicación no mostraron mucho interés en la campaña. Luego, el voto fue según un sistema nunca antes usado en Islandia y que parecía fastidioso. Las papeletas tenían 25 líneas para que cada elector clasificara sus candidatos preferidos (uno o tantos como quisiera hasta 25), y luego los votos serían distribuidos proporcionalmente según unas complicadas ecuaciones. Actores conservadores, y en particular el Partido de la Independencia (Sjálfstæðisflokkurinn) –en el Gobierno hasta la crisis y que se había opuesto al proceso constitucional desde el principio–, pidieron a sus seguidores que ignoraran estos comicios. 

Finalmente, la elección se celebró el 27 de noviembre de 2010 y de ella surgieron las 25 personas que formarían la Asamblea Constitucional que redactaría la nueva constitución. La mayoría de las elegidas eran de Reikiavik, con educación superior y algún tipo de perfil público, y había varios profesores de universidad y periodistas, y otras conocidas por aparecer en los medios de comunicación. 

La participación solo llegó al 35,9%, un porcentaje en realidad elevado en aquellas circunstancias, según quienes defienden el proceso. "Hubo unas 80.000 personas [de un censo de 232.000] que se complicaron la vida para poder entender todo el proceso y votar", comenta Guðrún. "Uno de cada tres la verdad es que no está nada mal". 

Pero quienes se oponían al proceso constitucional entendieron que la participación era demasiado baja para que el voto fuera legítimo, y gente conectada con el Partido de la Independencia refirió la elección al Tribunal Supremo, que en enero de 2011 la declaró inválida debido a aspectos técnicos. Mucha gente vio esta decisión como políticamente motivada, ya que la mayoría de los jueces habían sido nombrados por el propio Partido de la Independencia durante sus 18 años en el Gobierno. 

La decisión judicial disolvía la recién formada Asamblea Constitucional, a lo que la mayoría progresista en el Parlamento respondió creando un nuevo órgano, ahora llamado Consejo Constitucional, al que invitó a las mismas 25 personas que habían sido elegidas en los comicios, y de esta forma el proceso pudo continuar. 

El Consejo comenzó a trabajar a principios de abril de 2011. Sus 25 miembros tenían la lista de valores fundamentales procedente del Foro Nacional, los materiales preparados por el comité de expertos presidido por Guðrún, espacio de oficina y algunas salas y ordenadores en un antiguo edificio universitario, y tres secretarios. Y menos de cuatro meses para redactar una nueva constitución para Islandia, ya que se les dio el fin de julio como plazo de entrega. 

"Nos sentimos en un momento histórico. Estábamos sentados en una sala en un edificio de la universidad y pensamos que ese era un momento en la historia en el que podíamos abandonar o ser valientes y –aunque nos frustraba que el proceso se hubiera tambaleado tanto– continuar y tratar de completar la tarea que nos habían encargado, y hacerlo por la gente", recuerda Katrín Oddsdóttir, una de las 25 miembros del Consejo, entonces estudiante de Derecho y hoy abogada de derechos humanos. "Y eso también nos animó, en plan, 'Venga, vamos a conseguirlo'".  

Katrín y sus colegas se dividieron en tres comités para trabajar en áreas diferentes: uno, derechos civiles y recursos naturales; dos, la organización del Estado; y tres, el sistema electoral y otros mecanismos de participación política. "Decidimos, 'Vale, estamos intentando hacer algo para cambiar nuestra sociedad, así que vamos a intentar ya ser nosotros ese cambio: vamos a intentar ser lo más transparentes posible, porque así queremos que sean los políticos; y vamos a intentar ser lo más eficientes posible, porque así queremos también que sean ellos'", relata. 

Los integrantes del Consejo querían que el proceso de reescritura fuera participativo pero el calendario no les era propicio: tuvieron que trabajar durante las semanas previas al esperado verano, cuando los islandeses piensan en dónde ir de vacaciones (a mediados de 2011, la economía se estaba recuperando) y desconectan de casi cualquier otro tema, cuenta Katrín. Y como ya había ocurrido con la elección para la Asamblea Constitucional, los grandes medios islandeses mostraron poco interés en el trabajo de las 25 personas que estaban reescribiendo la ley suprema de Islandia. 

Los tres comités se reunían una vez a la semana para poner su trabajo en común y discutirlo, y ese encuentro semanal se emitía en vivo por internet y la sala estaba abierta a cualquier persona que quisiera asistir. Los 25 también publicaban cada semana su documento de trabajo en una página web y en Facebook, y pedían a la gente que hiciera comentarios, críticas y sugestiones. "Lo pusimos en internet y pensamos, 'Ah, mierda, va a ser una locura, viendo lo mal que se comporta a veces la gente en internet'", recuerda Katrín. "Pero luego no fue para nada así, la gente era muy respetuosa y el diálogo era exquisito. La gente se tomó en serio tratar de colaborar, o tratar de expresar sus ideas, pero no intentó insultarnos ni reducirlo a cuestiones personales ni nada así". 

"Mi teoría es que les habíamos mostrado mucho respeto al decir, 'Venid a hacer esto con nosotros', y que nos respondieron con el mismo respeto con su forma de hablarnos. Y esta era la misma gente que luego hablaba o comentaba en los medios así como [gruñe], diciendo cosas horribles", continúa Katrín. Al final, el Consejo acabaría recibiendo 3.600 comentarios y 370 sugerencias por parte del público. 

Los 25 también se pusieron en contacto con expertos para tratar cuestiones particulares. Cuando estaban escribiendo los artículos sobre el medio ambiente, consultaron con un profesor de Derecho Ambiental. Cuando estaban con los artículos relativos a la protección de la infancia, consultaron con Unicef. 

"Nosotros, las personas que vivimos en Islandia, queremos crear una sociedad justa en la que cada persona tenga las mismas oportunidades. Nuestros diversos orígenes son una fuente de riqueza para nuestra sociedad, y juntos somos responsables de la herencia de las próximas generaciones y del patrimonio de nuestro país, de su historia, sus recursos naturales, su lengua y su cultura", así empieza el texto constitucional que el Consejo de 25 ciudadanos aprobó con unanimidad y entregó al Parlamento dos días antes del plazo, el 29 de julio de 2011. 

En la ceremonia de entrega, la presidenta del Parlamento recibió la nueva propuesta de Constitución como “algo que realmente no tenía muchas ganas de aceptar”, dice Katrín, y hubo muchos diputados que tampoco parecían muy entusiasmados ante la imagen de estas 25 personas que entraban en el Parlamento con una nueva propuesta de ley suprema bajo el brazo. 

En la misma línea que el Foro Nacional, el Consejo no había escrito una constitución muy detallada sino que había dejado espacio a la interpretación, para que fueran leyes particulares las que fueran aportando el necesario nivel de detalle. Los 25 habían tratado de usar un lenguaje claro y que todo el mundo pudiera entender, y la propuesta de constitución respondía al espíritu de las protestas y daba a los ciudadanos más formas para participar en el proceso político. Estipulaba que con apoyo del 2% del electorado la ciudadanía pudiera hacer propuestas legislativas al Parlamento, y que con el 10% pudiera exigir un referéndum sobre leyes recién aprobadas. El texto también modificaba el sistema electoral y establecía que el voto de cada persona debía tener el mismo peso independientemente de su circunscripción. 

La propuesta de constitución enfatizaba la protección de los derechos humanos y mencionaba explícitamente los sectores de población más vulnerables, como niños y refugiados, y estipulaba que también los derechos de los animales debían ser respetados. Asimismo, establecía que los recursos naturales que no estuvieran en manos privadas debían convertirse en propiedad pública. También protegía las libertades de información y de prensa, y reforzaba el papel del Parlamento frente a otras instituciones políticas y le daba un rol más importante en la supervisión de las finanzas del Estado. 

La respuesta pública a la nueva constitución fue mixta: mientras por lo general gustó a actores sociales y políticos progresistas, por otro lado los partidos en la oposición, sectores conservadores y parte del mundo académico se mostraron críticos con ella, tal y como ya lo habían sido durante todo el proceso constitucional. 

Un proyecto constitucional sin resolución
 
Como siguiente paso, el Parlamento decidió que en octubre de 2012 habría un referéndum no vinculante sobre la propuesta de constitución. En la consulta, los ciudadanos islandeses tuvieron que contestar no una sino seis preguntas diferentes: una general sobre si querían que esta se convirtiera en su nueva constitución (el 67% dijo que sí), y cinco cuestiones sobre las propuestas más polémicas del texto (las cinco fueron aprobadas con una clara mayoría). La participación fue del 49%, una cifra que de nuevo actores críticos con el proceso usaron para deslegitimarlo al señalar que ni siquiera la mitad de los electores habían votado. 

Tras el referéndum, el Parlamento envió el texto constitucional a la Comisión de Venecia, un organismo consultivo del Consejo de Europa formado por expertos en Derecho Constitucional. En su opinión oficial, emitida en marzo de 2013, la Comisión de Venecia remarcó la dimensión participativa del proceso y comentó positivamente sobre "el esfuerzo [del texto] para dar una mayor transparencia y claridad al funcionamiento de las instituciones del Estado". 

Pero la Comisión también fue bastante crítica con algunos aspectos de la propuesta de constitución. Dijo que muchas de las disposiciones estaban formuladas "en términos demasiado amplios y difusos", y que el sistema institucional propuesto era "demasiado complejo y estaba marcado por la falta de consistencia". 

El Parlamento islandés modificó el texto constitucional siguiendo las recomendaciones de la Comisión de Venecia. Y al fin, casi tres años después del inicio del proceso, el texto redactado inicialmente por 25 personas elegidas entre la ciudadanía, y que una mayoría de votantes habían apoyado en un referéndum, estaba listo para ser adoptado como la nueva ley suprema de Islandia. Para esto, una mayoría de diputados debían votar a favor de la propuesta de constitución, después tendría que haber elecciones, y luego el recién elegido Parlamento debería igualmente aprobar la nueva constitución por mayoría.  

En esos momentos, ya estaban muy próximas las siguientes elecciones generales, previstas para abril de 2013, así que apenas había tiempo para que el Parlamento discutiera y votara sobre la propuesta de constitución. Una mayoría de los diputados, 32 de los 63, se declararon públicamente a favor del nuevo texto constitucional. Y, aun así, el bloqueo de los partidos en la oposición y la falta de resolución por quienes supuestamente sí apoyaban la nueva constitución impidieron que el Parlamento la votara antes del fin de la legislatura. 

Las elecciones dieron el poder a una coalición entre el Partido de la Independencia y el Partido Progresista (Framsóknarflokkurinn, y –a pesar de su nombre– un partido agrario de centro-derecha), quienes habían gobernado hasta la crisis y que en esta campaña apenas habían hablado de la nueva constitución. Y una vez en el poder y con mayoría en el Parlamento, simplemente ignoraron el tema. 

"Desde nuestro punto de vista, si crees en una sociedad democrática la forma de cambiar la Constitución es según dice la propia Constitución, y no intentando dejar de lado los procedimientos normales", resume Birgir Ármansson, un veterano diputado del Partido de la Independencia. 

"Fue un cambio demasiado grande para que los políticos lo aceptaran, se sintieron demasiado amenazados", lamenta por su parte Guðrun. "Los políticos caen muy, muy rápidamente en la trampa de pensar que ellos son mejores para preparar y gestionar y decidir qué cambios hay que hacer en la sociedad. (…) El proceso constitucional es un muy buen ejemplo de lo incapaz que es el Parlamento para tener en cuenta la voz de la gente". 

"Esa es la clave de cualquier sistema: siempre trata de mantenerse a sí mismo, es precisamente por eso que es un sistema", analiza Katrín, que en la actualidad preside la Sociedad Constitucional, un pequeño grupo ciudadano de presión para que la propuesta de constitución sea finalmente adoptada. 

A pesar de los esfuerzos de la Sociedad Constitucional, la cuestión no es ahora mismo uno de los temas más candentes en Islandia, hoy ya recuperada de la crisis económica. Aun así, si se les pregunta explícitamente muchas personas sí dicen que preferirían la constitución redactada por los ciudadanos a la que el país tiene actualmente. Y, de hecho, a finales de 2017 una mayoría de islandeses, un 55%, consideraban que renovar la Constitución del país era bastante o muy importante. 



 Rojiverdes, conservadores y centristas formarán gobierno en Islandia, liderados por la primer ministra Katrín Jakobsdóttir. EFE
 
Quizá como respuesta a ese dato, en enero de 2018 la nueva jefa de Gobierno, Katrín Jakobsdóttir, del Movimiento de Izquierda – Los Verdes, lanzó un nuevo proceso de reforma constitucional, pero esta vez centrado en los partidos políticos con representación parlamentaria, cuyos líderes conformaron el comité encargado de revisar la actual Constitución de Islandia, y con una duración prevista de siete años. La primera ministra recalcó que el proceso de reforma incluiría consultas públicas, algo que de momento su gobierno no ha detallado. 

Por su lado, Katrín Oddsdóttir, de la Sociedad Constitucional, no se rinde, sigue siendo optimista y piensa que la propuesta de constitución que redactaron ella y el resto de los 25 ciudadanos será aprobada antes o después – quizá precisamente en respuesta a una nueva crisis financiera y política. Además, también está convencida de que las protestas y las diferentes iniciativas ciudadanas tras la crisis de 2008 ya han cambiado la sociedad islandesa y la han hecho más consciente y comprometida políticamente. 

"Aunque la gente está mucho más calmada (actualmente), ya no salimos cada día de cacerolada a la calle, sí hay un una conciencia que antes no teníamos de que el poder nos pertenece (…), y eso es algo muy valioso", dice Katrín. "Y creo que la base es un profundo amor por la democracia. En serio. Sé que suena cursi, pero es como si ahora somos nosotros quienes tenemos el poder, como si hubiéramos estado viviendo bajo una mentira y fuimos capaces de romperla". 

 

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