Segunda entrega de tres reportajes sobre la evolución
política de Islandia tras el estallido social en respuesta a la crisis.
La Constitución colaborativa que quería cambiar para
siempre las reglas del juego
Rebelión
El diario
19.08.2019
- El gobierno
acató las demandas de la calle e impulsó un proceso constitucional dirigido por
la ciudadanía para reescribir la ley suprema del país
- El proyecto
de ley resultante fue criticado por su carácter "amplio y difuso" y
careció del apoyo parlamentario necesario para ser aprobado en 2013
Protestas en
Reykjavik en 2010
La crisis
financiera de 2008 golpeó a Islandia con especial dureza. Se llevó por delante
sus tres mayores bancos, el país tuvo que ser rescatado, y el Gobierno cayó
tras varios meses de protestas ciudadanas. Hasta ese momento, Islandia era uno
de los diez países más ricos del mundo según el PIB nominal per cápita y
parecía un caso de éxito en todos los frentes. El shock fue tremendo y la
pérdida de confianza en los líderes políticos y en las instituciones de
gobierno entre los manifestantes y la población en general, enorme. Así que
cuando a finales de febrero de 2009 se convocaron elecciones anticipadas para
abril, la medida supo a poco a una gran parte de los islandeses.
"La gente
nunca se siente empoderada por unas elecciones, yo incluida. Vas, votas y luego
hay unas instancias superiores que son quienes deciden el resultado",
comenta Guðrún Pétursdóttir, profesora de Ciencias de la Salud en la
Universidad de Islandia. "El sentimiento de influencia directa no está ahí".
De hecho,
cuando durante las protestas se había hablado de qué exigir, hubo manifestantes
que querían una nueva Constitución y que esta vez fuera redactada por la
ciudadanía. Los manifestantes querían reiniciar la democracia islandesa –la
Constitución en vigor databa de 1944, de cuando Islandia se separó de
Dinamarca– y pensaban que no debían ser los partidos ni los políticos quienes
reescribieran las reglas del juego en el que luego ellos eran los principales
jugadores.
Consciente de
que tenía que recuperar la confianza de la gente, la mayoría parlamentaria y el
Gobierno que surgieron de las elecciones de abril de 2009, formados por la
Alianza Socialdemócrata (Samfylkingin jafnaðarmannaflokkur, en islandés) y el
Movimiento de Izquierda-Los Verdes (Vinstrihreyfingin - grænt framboð), no sólo
recogieron la idea de reescribir la Constitución sino que, como habían pedido
los manifestantes, decidieron que la propia ciudadanía conduciría el proceso.
"Nos
sentimos en un momento histórico"
Llevó tiempo,
pero en junio de 2010 la ley que establecía los pasos a seguir fue aprobada por
el Parlamento. Se formaría un comité de siete ciudadanos expertos que
prepararía materiales y organizaría un Foro Nacional de mil personas para
discutir los valores fundamentales de Islandia. Y luego una asamblea de 25
ciudadanos electos reescribiría la Constitución basándose en esos valores
fundamentales y con los materiales preparados por los expertos como guía.
Guðrún
Pétursdóttir ocupó el puesto de presidenta del comité experto, y el Foro
Nacional tuvo lugar el 6 de noviembre de 2010. Al final, participaron unas 950
personas elegidas en un sorteo dirigido para que el conjunto fuera
representativo de la población islandesa en cuanto a género, edad y origen
geográfico.
"Los mil
que vinieron sí se sintieron empoderados, estaban orgullosos de estar allí. Era
algo nuevo para ellos, era un tipo de actividad nueva, y creo que les gustó ser
escuchados", relata Guðrún, que se emociona al recordar el encuentro.
En el Foro, los
participantes fueron divididos en mesas de unas diez personas de diferente
perfiles, y moderadores especialmente formados guiaron las discusiones mientras
un programa de ordenador tabulaba los aportes de las mesas. Al final de las
conversaciones, el Foro concluyó que la integridad y la honestidad deberían ser
los valores fundamentales en Islandia, y que había que esperarlos
particularmente de políticos y de empleados públicos. En las conclusiones
también se indicó que en la escuela los niños deberían recibir clases de ética
desde muy pequeños, que los derechos humanos y también los derechos de los
animales deberían ser respetados, y que los recursos naturales sin dueños
privados deberían ser nacionalizados.
El Foro también
concluyó que en las elecciones el voto de cada persona debería valer lo mismo
independientemente de su circunscripción electoral. Como en España y en otros
países, en Islandia los votos individuales acababan teniendo un mayor o menor
peso electoral según la población de su circunscripción, lo que en Islandia
daba una influencia sobredimensionada a candidatos procedentes de las zonas con
pocos habitantes donde la poderosa industria pesquera estaba establecida.
Pero no todo el
mundo estaba contento con el Foro Nacional, y hubo gente del ámbito académico
que criticó el proceso deliberativo y dijo que las conclusiones eran banales y
superficiales. "Claro que no hubo un análisis en profundidad en plan,
'¿Qué quieres decir realmente con derechos de los animales?'", responde
Guðrún. "En general, la impresión era que se deberían respetar los
derechos de los animales. La mayoría de la gente estaba de acuerdo: 'Muy bien,
lo incluimos'".
Guðrún
Pétursdóttir, presidenta del comité experto, habla en una conferencia en 2013.
LIFT CONFERENCE PHOTOS
Tras el Foro,
los ciudadanos interesados podían presentarse a una elección en la que se
escogería a los 25 miembros de la Asamblea Constitucional que reescribiría la
Constitución. Y se apuntaron un total de 522 personas, muchas más de las que
esperaban los organizadores.
A estos
candidatos se les dio tiempo en la radio pública para que se presentaran y
hablaran de su visión para la nueva constitución, y muchos además también
utilizaron las redes sociales para promover sus propuestas. Hay quien recuerda
aquellos días de radio como algo hermoso: horas y horas de personas de todo
tipo hablando de cómo querían contribuir a cambiar Islandia para mejor.
Sin embargo,
prestar atención, escuchar y leer, y luego escoger entre más de 500 candidatos
era complicado, y además los principales medios de comunicación no mostraron
mucho interés en la campaña. Luego, el voto fue según un sistema nunca antes
usado en Islandia y que parecía fastidioso. Las papeletas tenían 25 líneas para
que cada elector clasificara sus candidatos preferidos (uno o tantos como
quisiera hasta 25), y luego los votos serían distribuidos proporcionalmente
según unas complicadas ecuaciones. Actores conservadores, y en particular el
Partido de la Independencia (Sjálfstæðisflokkurinn) –en el Gobierno hasta la
crisis y que se había opuesto al proceso constitucional desde el principio–,
pidieron a sus seguidores que ignoraran estos comicios.
Finalmente, la
elección se celebró el 27 de noviembre de 2010 y de ella surgieron las 25
personas que formarían la Asamblea Constitucional que redactaría la nueva
constitución. La mayoría de las elegidas eran de Reikiavik, con educación
superior y algún tipo de perfil público, y había varios profesores de
universidad y periodistas, y otras conocidas por aparecer en los medios de
comunicación.
La
participación solo llegó al 35,9%, un porcentaje en realidad elevado en
aquellas circunstancias, según quienes defienden el proceso. "Hubo unas
80.000 personas [de un censo de 232.000] que se complicaron la vida para poder
entender todo el proceso y votar", comenta Guðrún. "Uno de cada tres
la verdad es que no está nada mal".
Pero quienes se
oponían al proceso constitucional entendieron que la participación era
demasiado baja para que el voto fuera legítimo, y gente conectada con el
Partido de la Independencia refirió la elección al Tribunal Supremo, que en
enero de 2011 la declaró inválida debido a aspectos técnicos. Mucha gente vio
esta decisión como políticamente motivada, ya que la mayoría de los jueces
habían sido nombrados por el propio Partido de la Independencia durante sus 18
años en el Gobierno.
La decisión
judicial disolvía la recién formada Asamblea Constitucional, a lo que la
mayoría progresista en el Parlamento respondió creando un nuevo órgano, ahora
llamado Consejo Constitucional, al que invitó a las mismas 25 personas que
habían sido elegidas en los comicios, y de esta forma el proceso pudo
continuar.
El Consejo
comenzó a trabajar a principios de abril de 2011. Sus 25 miembros tenían la
lista de valores fundamentales procedente del Foro Nacional, los materiales
preparados por el comité de expertos presidido por Guðrún, espacio de oficina y
algunas salas y ordenadores en un antiguo edificio universitario, y tres
secretarios. Y menos de cuatro meses para redactar una nueva constitución para
Islandia, ya que se les dio el fin de julio como plazo de entrega.
"Nos
sentimos en un momento histórico. Estábamos sentados en una sala en un edificio
de la universidad y pensamos que ese era un momento en la historia en el que podíamos
abandonar o ser valientes y –aunque nos frustraba que el proceso se hubiera
tambaleado tanto– continuar y tratar de completar la tarea que nos habían
encargado, y hacerlo por la gente", recuerda Katrín Oddsdóttir, una de las
25 miembros del Consejo, entonces estudiante de Derecho y hoy abogada de
derechos humanos. "Y eso también nos animó, en plan, 'Venga, vamos a
conseguirlo'".
Katrín y sus
colegas se dividieron en tres comités para trabajar en áreas diferentes: uno,
derechos civiles y recursos naturales; dos, la organización del Estado; y tres,
el sistema electoral y otros mecanismos de participación política.
"Decidimos, 'Vale, estamos intentando hacer algo para cambiar nuestra
sociedad, así que vamos a intentar ya ser nosotros ese cambio: vamos a intentar
ser lo más transparentes posible, porque así queremos que sean los políticos; y
vamos a intentar ser lo más eficientes posible, porque así queremos también que
sean ellos'", relata.
Los integrantes
del Consejo querían que el proceso de reescritura fuera participativo pero el
calendario no les era propicio: tuvieron que trabajar durante las semanas
previas al esperado verano, cuando los islandeses piensan en dónde ir de
vacaciones (a mediados de 2011, la economía se estaba recuperando) y desconectan
de casi cualquier otro tema, cuenta Katrín. Y como ya había ocurrido con la
elección para la Asamblea Constitucional, los grandes medios islandeses
mostraron poco interés en el trabajo de las 25 personas que estaban
reescribiendo la ley suprema de Islandia.
Los tres
comités se reunían una vez a la semana para poner su trabajo en común y
discutirlo, y ese encuentro semanal se emitía en vivo por internet y la sala
estaba abierta a cualquier persona que quisiera asistir. Los 25 también
publicaban cada semana su documento de trabajo en una página web y en Facebook,
y pedían a la gente que hiciera comentarios, críticas y sugestiones. "Lo
pusimos en internet y pensamos, 'Ah, mierda, va a ser una locura, viendo lo mal
que se comporta a veces la gente en internet'", recuerda Katrín.
"Pero luego no fue para nada así, la gente era muy respetuosa y el diálogo
era exquisito. La gente se tomó en serio tratar de colaborar, o tratar de
expresar sus ideas, pero no intentó insultarnos ni reducirlo a cuestiones
personales ni nada así".
"Mi teoría
es que les habíamos mostrado mucho respeto al decir, 'Venid a hacer esto con
nosotros', y que nos respondieron con el mismo respeto con su forma de
hablarnos. Y esta era la misma gente que luego hablaba o comentaba en los
medios así como [gruñe], diciendo cosas horribles", continúa Katrín. Al
final, el Consejo acabaría recibiendo 3.600 comentarios y 370 sugerencias por
parte del público.
Los 25 también
se pusieron en contacto con expertos para tratar cuestiones particulares. Cuando
estaban escribiendo los artículos sobre el medio ambiente, consultaron con un
profesor de Derecho Ambiental. Cuando estaban con los artículos relativos a la
protección de la infancia, consultaron con Unicef.
"Nosotros,
las personas que vivimos en Islandia, queremos crear una sociedad justa en la
que cada persona tenga las mismas oportunidades. Nuestros diversos orígenes son
una fuente de riqueza para nuestra sociedad, y juntos somos responsables de la
herencia de las próximas generaciones y del patrimonio de nuestro país, de su
historia, sus recursos naturales, su lengua y su cultura", así empieza el
texto constitucional que el Consejo de 25 ciudadanos aprobó con unanimidad y
entregó al Parlamento dos días antes del plazo, el 29 de julio de 2011.
En la ceremonia
de entrega, la presidenta del Parlamento recibió la nueva propuesta de
Constitución como “algo que realmente no tenía muchas ganas de aceptar”, dice
Katrín, y hubo muchos diputados que tampoco parecían muy entusiasmados ante la
imagen de estas 25 personas que entraban en el Parlamento con una nueva
propuesta de ley suprema bajo el brazo.
En la misma
línea que el Foro Nacional, el Consejo no había escrito una constitución muy
detallada sino que había dejado espacio a la interpretación, para que fueran
leyes particulares las que fueran aportando el necesario nivel de detalle. Los
25 habían tratado de usar un lenguaje claro y que todo el mundo pudiera
entender, y la propuesta de constitución respondía al espíritu de las protestas
y daba a los ciudadanos más formas para participar en el proceso político.
Estipulaba que con apoyo del 2% del electorado la ciudadanía pudiera hacer
propuestas legislativas al Parlamento, y que con el 10% pudiera exigir un
referéndum sobre leyes recién aprobadas. El texto también modificaba el sistema
electoral y establecía que el voto de cada persona debía tener el mismo peso
independientemente de su circunscripción.
La propuesta de
constitución enfatizaba la protección de los derechos humanos y mencionaba
explícitamente los sectores de población más vulnerables, como niños y
refugiados, y estipulaba que también los derechos de los animales debían ser
respetados. Asimismo, establecía que los recursos naturales que no estuvieran
en manos privadas debían convertirse en propiedad pública. También protegía las
libertades de información y de prensa, y reforzaba el papel del Parlamento
frente a otras instituciones políticas y le daba un rol más importante en la
supervisión de las finanzas del Estado.
La respuesta
pública a la nueva constitución fue mixta: mientras por lo general gustó a
actores sociales y políticos progresistas, por otro lado los partidos en la
oposición, sectores conservadores y parte del mundo académico se mostraron
críticos con ella, tal y como ya lo habían sido durante todo el proceso
constitucional.
Un proyecto
constitucional sin resolución
Como siguiente
paso, el Parlamento decidió que en octubre de 2012 habría un referéndum no
vinculante sobre la propuesta de constitución. En la consulta, los ciudadanos
islandeses tuvieron que contestar no una sino seis preguntas diferentes: una
general sobre si querían que esta se convirtiera en su nueva constitución (el
67% dijo que sí), y cinco cuestiones sobre las propuestas más polémicas del
texto (las cinco fueron aprobadas con una clara mayoría). La participación fue
del 49%, una cifra que de nuevo actores críticos con el proceso usaron para
deslegitimarlo al señalar que ni siquiera la mitad de los electores habían
votado.
Tras el
referéndum, el Parlamento envió el texto constitucional a la Comisión de
Venecia, un organismo consultivo del Consejo de Europa formado por expertos en
Derecho Constitucional. En su opinión oficial, emitida en marzo de 2013, la
Comisión de Venecia remarcó la dimensión participativa del proceso y comentó
positivamente sobre "el esfuerzo [del texto] para dar una mayor
transparencia y claridad al funcionamiento de las instituciones del
Estado".
Pero la
Comisión también fue bastante crítica con algunos aspectos de la propuesta de
constitución. Dijo que muchas de las disposiciones estaban formuladas "en
términos demasiado amplios y difusos", y que el sistema institucional
propuesto era "demasiado complejo y estaba marcado por la falta de
consistencia".
El Parlamento
islandés modificó el texto constitucional siguiendo las recomendaciones de la
Comisión de Venecia. Y al fin, casi tres años después del inicio del proceso,
el texto redactado inicialmente por 25 personas elegidas entre la ciudadanía, y
que una mayoría de votantes habían apoyado en un referéndum, estaba listo para
ser adoptado como la nueva ley suprema de Islandia. Para esto, una mayoría de
diputados debían votar a favor de la propuesta de constitución, después tendría
que haber elecciones, y luego el recién elegido Parlamento debería igualmente
aprobar la nueva constitución por mayoría.
En esos
momentos, ya estaban muy próximas las siguientes elecciones generales,
previstas para abril de 2013, así que apenas había tiempo para que el
Parlamento discutiera y votara sobre la propuesta de constitución. Una mayoría
de los diputados, 32 de los 63, se declararon públicamente a favor del nuevo
texto constitucional. Y, aun así, el bloqueo de los partidos en la oposición y
la falta de resolución por quienes supuestamente sí apoyaban la nueva
constitución impidieron que el Parlamento la votara
antes del fin de la legislatura.
Las elecciones
dieron el poder a una coalición entre el Partido de la Independencia y el
Partido Progresista (Framsóknarflokkurinn, y –a pesar de su nombre– un partido
agrario de centro-derecha), quienes habían gobernado hasta la
crisis y que en esta campaña apenas habían hablado de la nueva
constitución. Y una vez en el poder y con mayoría en el Parlamento, simplemente
ignoraron el tema.
"Desde
nuestro punto de vista, si crees en una sociedad democrática la forma de
cambiar la Constitución es según dice la propia Constitución, y no intentando
dejar de lado los procedimientos normales", resume Birgir Ármansson, un
veterano diputado del Partido de la Independencia.
"Fue un
cambio demasiado grande para que los políticos lo aceptaran, se sintieron
demasiado amenazados", lamenta por su parte Guðrun. "Los políticos
caen muy, muy rápidamente en la trampa de pensar que ellos son mejores para
preparar y gestionar y decidir qué cambios hay que hacer en la sociedad. (…) El
proceso constitucional es un muy buen ejemplo de lo incapaz que es el
Parlamento para tener en cuenta la voz de la gente".
"Esa es la
clave de cualquier sistema: siempre trata de mantenerse a sí mismo, es
precisamente por eso que es un sistema", analiza Katrín, que en la
actualidad preside la Sociedad Constitucional, un pequeño grupo ciudadano de
presión para que la propuesta de constitución sea finalmente adoptada.
A pesar de los
esfuerzos de la Sociedad Constitucional, la cuestión no es ahora mismo uno de
los temas más candentes en Islandia, hoy ya recuperada de la crisis económica.
Aun así, si se les pregunta explícitamente muchas personas sí dicen que
preferirían la constitución redactada por los ciudadanos a la que el país tiene
actualmente. Y, de hecho, a finales de 2017 una mayoría de islandeses, un 55%,
consideraban que renovar la Constitución del país era bastante o muy
importante.
Rojiverdes,
conservadores y centristas formarán gobierno en Islandia, liderados por la
primer ministra Katrín Jakobsdóttir. EFE
Quizá como
respuesta a ese dato, en enero de 2018 la nueva jefa de Gobierno, Katrín
Jakobsdóttir, del Movimiento de Izquierda – Los Verdes, lanzó un nuevo proceso
de reforma constitucional, pero esta vez centrado en los partidos políticos con
representación parlamentaria, cuyos líderes conformaron el comité encargado de
revisar la actual Constitución de Islandia, y con una duración prevista de
siete años. La primera ministra recalcó que el proceso de reforma incluiría
consultas públicas, algo que de momento su gobierno no ha detallado.
Por su lado,
Katrín Oddsdóttir, de la Sociedad Constitucional, no se rinde, sigue siendo
optimista y piensa que la propuesta de constitución que redactaron ella y el
resto de los 25 ciudadanos será aprobada antes o después – quizá precisamente
en respuesta a una nueva crisis financiera y política. Además, también está
convencida de que las protestas y las diferentes iniciativas ciudadanas tras la
crisis de 2008 ya han cambiado la sociedad islandesa y la han hecho más
consciente y comprometida políticamente.
"Aunque la
gente está mucho más calmada (actualmente), ya no salimos cada día de
cacerolada a la calle, sí hay un una conciencia que antes no teníamos de que el
poder nos pertenece (…), y eso es algo muy valioso", dice Katrín. "Y
creo que la base es un profundo amor por la democracia. En serio. Sé que suena
cursi, pero es como si ahora somos nosotros quienes tenemos el poder, como si
hubiéramos estado viviendo bajo una mentira y fuimos capaces de romperla".
Primera
entrega: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=259457
*++
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